FINANCIAMIENTO DEL ESTADO

El revuelo de los últimos días ha sido por la llamada Ley de Financiamiento, que no es otra cosa que una propuesta de reforma tributaria adicionada con algunos micos, que el gobierno plantea como una solución al problema fiscal, pero que no pasa de ser un paño de agua tibia, como ese que cada cierto tiempo coloca con el mismo fin, y cuyos efectos no alcanzan a solucionar de fondo los problemas y necesidades de recursos en las finanzas públicas. Se trata simplemente de hacer un quite a las presiones que por el pecho le hacen los organismos multilaterales para asegurar el pago de la deuda pública a los especuladores internacionales del dinero agrupados en los fondos de inversión y que son tenedores de los bonos de deuda que frecuentemente está colocando el Ministerio de Hacienda en los mercados de capitales para conseguir los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado. Lo diferente que ocurre esta vez, es que por la espalda también está recibiendo otra presión, de modo que hoy Duque se encuentra entre la espada y la pared, porque la comunidad nacional ya se está manifestando de manera activa y en las calles, en oposición a dicha reforma, motivada por la grave situación pecuniaria de las familias, cuyo empobrecimiento secular ya lleva tres décadas y ha llegado a niveles intolerantes, así la vicepresidenta diga que la protesta obedece a influencias extranjeras de Rusia y Venezuela. La pobre Martuchis, como diría el periodista Samper, anda bien perdida.

Claro, el gobierno prefiere atender prioritariamente a los acreedores, que le tienen puesta la espada en el pecho, y resolver a los de la pared con el Esmad, así haya muertes y no se sepa para dónde se desvíe la protesta, ahora que los síntomas de descomposición social, derivados de la misma situación, son alarmantes. Por eso la reforma se aprueba en el Congreso o se aprueba. No hay otra alternativa; porque los Fondos tumban gobiernos, mientras que el pueblo no tiene fuerza para ello.

Pero la realidad va mucho más allá de la simple maniobra para evadir la presión del FMI, el BM, el BID, el BPI y la OCDE, porque el problema de las finanzas públicas es estructural y no se corrige con simples reforma tributarias, por lo cual cada tres o cuatro años hay que hacer otra y el faltante de recursos sigue igual. Más cuando el enfoque neoliberal de las finanzas públicas busca la plata donde no hay, porque grava a los pobres y exonera a los ricos, siendo que los pobres no tienen para sobrevivir, mucho menos para pagar impuestos.

El factor estructural comienza con la carencia de un banco amigo, como cualquier empresa, que le de la mano ante los problemas financieros. En teoría, el Banco de la República debe ser el instrumento del gobierno para resolver los problemas fiscales, pero este organismo no le pertenece al gobierno sino al BPI, el banco que controla la familia Rothschild desde Suiza y que obliga a que la principal fuente de ingresos del Estado sean las deudas. Luego sigue los impuestos a la actividad extractiva que realizan las multinacionales, pero estas no pagan tributo con el argumento de la doble tributación; en seguida, los capitalistas rentistas, que son los verdaderos ricos con capacidad de pago, pero estos están exentos de impuestos. Se necesita una estructura financiera que utilice los impuestos directos, pero hoy se utiliza los indirectos que afectan más a los pobres. La base gravable depende del Excedente Económico el cual proviene del aparato productivo, pero este se está desecando, de modo que el mayor aportante al PIB son las empresas financieras, que son del sector parásito de la economía. Una estructura sentada sobre deuda, deuda y más deuda, nunca podrá alcanzar la autonomía y sostenibilidad financiera. Y así, sucesivamente, se pueden listar todos los factores estructurales que originan la crisis fiscal y que impiden la solución definitiva del financiamiento del Estado.

EL REGRESO DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Cuando el capitalismo rentista, aglutinado en los fondos de inversión, se tomó el poder de Estado a través de Reagan y Thatcher, en los años 80 desplegó un feroz ataque de desprestigio contra el Estado del Bienestar utilizando la propaganda sucia y con la aquiescencia de algunos intelectuales auspiciados por los mismos fondos. Se le censuró la deuda pública, que en ese entonces era mucho menor que la de ahora, se le calificó de despilfarrador, siendo que eso no era culpa del tipo de Estado sino del régimen político, peyorativamente se le denominó populista, como si precisamente eso no fuera la esencia del Estado Social y en fin, todo tipo de diatribas que escondieron la verdadera causa del ataque bajo el concepto de “crisis del Estado del Bienestar”, que no era otra cosa a su necesidad de cambiarlo para establecer su modelo económico basado en el uso del organismo para sus fines empresariales.

Hoy, pasadas tres décadas de la consolidación del esquema mediante el Consenso de Washington suscrito en noviembre de 1989, se puede hacer el balance y los resultados se están viendo en las calles de varias ciudades tanto de Latinoamérica como de Europa. Después de 30 años la gente está saliendo a protestar contra los efectos sociales de dicha modalidad de capitalismo y los impactos en la vida humana. Ahora estamos presenciado cuál era el futuro que anunció Cesar Gaviria con su famosa frase de “bienvenidos al futuro” que lanzó el día de su posesión en 1990.  

El desastre comenzó en noviembre de 1990 con la Ley 51 de Rudolf Hommes y se consolidó a mediados de 1991 con la nueva constitución política, a través de la cual arrebataron el Banco de la República de las manos del presidente, para, bajo una supuesta y falsa autonomía, colocar el organismo de rodillas al servicio del Banco de Pagos Internacionales (BPI) que desde Basilea Suiza, controla la familia Rothschid; y de ahí en adelante, toda la avalancha de privatizaciones para trasladar los bienes públicos al escenario del mercado y desmantelar el anterior Estado del Bienestar.

Ahora, 30 años después, vemos que la privatización de los bienes públicos, que se convirtió en el gran negocio de los empresarios inescrupulosos, ha sido uno de los factores del empobrecimiento generalizado de las clases medias hacia abajo, por el alto porcentaje de los ingresos familiares que se comen las elevadas tarifas que los privados cobran por la producción de los bienes públicos para que su negocio sea altamente rentable. Los otros factores son las políticas económicas que propician desempleo y los elevados impuestos que el Estado requiere cobrar para pagar la deuda a los fondos de inversión y que recae sobre los más pobres porque los ricos están exentos de tributación.

Que ese modelo se derrumba, es una realidad. Solo falta esperar un poco de tiempo. Por ello nuevamente se está añorando el Estado del Bienestar y muy poco se piensa en cambiar es sistema económico, ya que el sistema alternativo, el socialismo, no tiene vigencia histórica porque su mecanismo de funcionamiento que es la planificación en reemplazo del mercado, no permite el ritmo de crecimiento necesario ni la innovación adecuada. Toca entonces dentro de este mismo sistema capitalismo cuyo mecanismo de funcionamiento es el mercado, aplicar las medidas para evitar el sacrificio de la especie humana, lo cual solo es posible por la vía del manejo del Estado. Pero el viejo Estado del Bienestar, no es procedente al pie de la letra, por cuanto dicho tipo de Estado era adecuado al capitalismo industrial y las economías cerradas, en otra coyuntura histórica. Sin embargo, los fundamentos, principalmente en lo que se refiere al manejo de lo público y a la política fiscal redistributiva con impuestos directos y progresivos, sigue siendo válida, por lo hoy es razonable pensar que, haciendo los ajustes necesarios, no podemos olvidar el regreso del Estado del Bienestar.

PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

Dice el Artículo 39 de la Ley 152 de 1994, que el alcalde elegido “impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato” y agrega que una vez elegido el Alcalde, “todas las dependencias de la administración territorial y, en particular, las autoridades y organismos de planeación, le prestarán a los candidatos electos y a las personas que éstos designen para el efecto, todo el apoyo administrativo, técnico y de información que sea necesario para la elaboración del plan”. Es decir la norma legal no dice que para comenzar la elaboración del plan de desarrollo, el gobernante debe estar posesionado, lo cual realiza ya el próximo año. En tal sentido, desde que el electo recibió la credencial de la Registraduría se debió haber comenzado la elaboración del plan. No sabemos cuántos y cuáles están aplicando debidamente la norma, porque el llamado “proceso de empalme”, cuyas bondades están por demostrarse, parece que absorbe la transición del período de gobierno y distrae a los elegidos sobre el cumplimiento de la citada norma del plan.

También dice la misma ley, conocida como “ley orgánica del plan de desarrollo”, en su artículo 31, que “los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales”, lo cual significa que el contenido y la metodología del plan debe ser fijada por la corporación administrativa. No obstante, cabe la pregunta sobre cuántos y cuáles concejos municipales han expedido el acuerdo respectivo para definir los términos y condiciones que establece la ley.

La situación, en esas condiciones del vació que dejan los concejos, es muy peligrosa, como se ha visto en los últimos períodos. El DNP, que es el mayor enemigo de la descentralización en Colombia, aprovecha el hueco para llenarlo atropellando la autonomía municipal consagrada en la Constitución y la misma ley. Ese organismo nacional, cuya misión es penetrar en Colombia las directrices neoliberales que fijan los organismos multilaterales,  aprovecha para imponer sus criterios y métodos, pasando por encima de los intereses de los alcaldes elegidos y los verdaderos requerimientos de las comunidades municipales. Utilizando los ya conocidos mecanismos de chantaje y bajo el disfraz de supuesta asesoría, obliga a que los municipios elaboren el plan bajo el criterio financierista, típico del enfoque neoliberal, convirtiendo a los alcaldes en mandaderos de la Nación.

Probablemente esta vez ocurrirá lo mismo y tal vez peor, si consideramos el estilo demostrado por el gobierno nacional. Por lo cual, corresponde a las organizaciones sociales del municipio, en primer término, pero ante todo al alcalde elegido, estar expectante y no permitir, ante el vacío normativo dejado por el concejo, la injerencia del centralismo bogotano en la elaboración del plan. El alcalde debe hacer valer su competencia fijada por la ley de ser la máxima autoridad de planeación en el municipio, para sobreponer las normas constitucionales y legales en materia de autonomía municipal, por encima de los propósitos del DNP en la realización del proceso de formulación del plan de desarrollo.

EL VOTO DEL DÍA DE LAS ELECCIONES

La semana pasada quedó comprobado que está ocurriendo algo trascendental en Colombia, lo que fue anunciado el 27 de octubre con los resultados electorales: la ciudadanía ya no aguanta más las políticas neoliberales que durante lo que va corrido del presente siglo, para no ir más atrás, están azotando la dignidad humana. Ya la gente reaccionó y está manifestando su protesta contra ellas, igual que en muchos países del mundo occidental, donde el modelo del capitalismo rentista impuesto por los fondos de inversión, está sacrificando principalmente a las clases populares para satisfacer los desmedidos apetitos del capitalismo financiero internacional. Pero las políticas neoliberales no dependen del presidente, por lo cual no es razonable enfocar el ataque contra Duque. En el Estado de Derecho, las acciones del gobierno siempre deben estar montadas sobre una ley que las permita, por lo que el culpable, por encima del presidente que presenta los proyectos de ley, es el Congreso que las aprueba.

Del ordenamiento institucional del país y ante la situación del desorden social que vendrá, se deducen varias reflexiones: existe una gran energía social acumulada durante un quinto de siglo ocasionada por los golpes del neoliberalismo, la cual requiere de un liderazgo apropiado y pertinente para que se convierta en un proyecto político de largo alcance electoral; pero dicho liderazgo, ni individual ni colectivo, se vislumbra todavía. Por la vía de las manifestaciones y protestas públicas no se logra el cambio de las políticas deteriorativas de la dignidad humana, sino mediante actos legislativos para modificar normas constitucionales y leyes que permitan los actos de gobierno necesarios. Por lo tanto, las elecciones determinantes del futuro próximo, no serán las del presidente sino las del Congreso. Se necesitan congresistas que voten los proyectos de ley considerando el interés general y el bien común, no como sucede hoy, que los congresistas venden su voto a los lobistas, quienes pagan coima para que decidan sobre leyes que benefician a los grupos económicos, o le venden el voto al gobierno mediante mermelada, para aprobar las propuestas neoliberales. Mientras el Congreso siga siendo el mismo, la situación de país seguirá igual, así se haga paro todo el tiempo o se elija al presidente más antineoliberal del mundo.

Lo anterior significa que, más que marchas y paros, lo que se necesita es un proceso pedagógico que propicie el cambio en la cultura política de la base electoral. Mecanismos didácticos que neutralicen la propaganda sucia de los neoliberales y que propicien la toma de conciencia sobre el sentido de las políticas de gobierno. Se requiere una conciencia generalizada de que se debe votar con base en el interés general y el bien público, en lugar del interés personal del puesto, del contrato o de la paga por el voto. Se debe difundir un patrón de comportamiento que neutralice la tendencia de ser miembro de la clientela política de un gamonal electoral, para que se apoye a candidatos que vayan al congreso de cambiar las normas legales que hoy permiten las políticas neoliberales. Toda esa capacidad de movilización en los espacios públicos se debe convertir de campañas de concientización casa a casa por los barrios y veredas del país. La marcha del pasado 21 de noviembre y los actos de los días siguientes, son la primera parte del proceso pero lo que sigue es cambiar a los congresistas, por lo que la siguiente faena política debe ser propiciar un cambio en los electores que conduzca a una nueva forma de definir el voto del día de las elecciones.

EL OBJETIVO LOGRADO

Sin duda, el tema público que ha ganado la primera línea en la opinión durante los últimos días es el de la marcha de protesta convocada por los sindicatos y los estudiantes para este jueves 21 de noviembre. Por supuesto que las marchas y las manifestaciones de protesta por lo general no pasan de ser como saludos a la bandera, porque al día siguiente todo sigue igual, ya que la movilización social propiamente eficaz y efectiva, es la del día de las elecciones, si se eligen congresistas honestos y que voten a favor o en contra de los proyectos de ley, motivados por el bien común y el interés general, no como ocurre hoy, que los galafardos del congreso votan según las coimas que les pagan los lobistas o la mermelada que el gobierno les suministra.

De todos modos, en el caso de la convocatoria de la presente semana, se ha visto gran acogida y el respaldo con el pensamiento de la ciudadanía es masivo. Falta ver si ese pensamiento se traduce en acciones reales y si la gente finalmente acude a las concentraciones convocadas. Tanto ha sido el apoyo moral a la marcha que el gobierno está asustado y con ello basta, aunque la gente no marche.

El principal propósito que se está alcanzando es el de que la elite de poder actual, que se concentra básicamente en el uribismo, se entere que la gran mayoría de los colombianos no está con ellos. Que ya no tienen el respaldo masivo de la ciudadanía, que anteriormente habían logrado con mentiras, engaños y propaganda sucia. Esos métodos inmorales los pueden aplicar una o dos veces, pero no más. A pesar de que esta vez también están difundiendo mensajes terroristas para timar a la opinión pública y contrarrestar el ímpetu de la marcha, ya pocos les creen.

Le realidad es que el descontento generalizado frente a la situación socioeconómica del país, rebosó la copa y aunque la gente no vaya a la calle, ya se ha evidenciado que la comunidad nacional no aguanta más. Probablemente el ejemplo de Chile ha sido ilustrativo y motivacional, o simplemente las vivencias en carne propia han hecho reaccionar a la gente. El desempleo, que sumando el abierto, subempleo y el disfrazado, llega casi al 50 % y el desmejoramiento de las condiciones de vida familiar que esto arrastra, más las consecuencias en el costo de vida derivadas de la privatización de los bienes públicos y la importación de artículos de consumo por el desecamiento del aparato productivo, ya está ahogando a la mayor parte de las familias de ingresos bajos y medios. Con el agravante de que la esperanza en el Estado, que toda sociedad tiene para que le brinde protección, en Colombia no opera porque el Estado ha abandonado al pueblo y se ha dedicado solo a pagar las deudas a los especuladores internacionales del dinero en lugar de atender el gasto social.

Con la sola convocatoria a la marcha ya el gobierno y las élites de poder están enterados. Están suficientemente ilustrados en que las políticas neoliberales que aplican desde el gobierno ya, y después de un cuarto de siglo, han agotado la paciencia de la gente y la capacidad de resistencia de la vida humana está saturada, por lo que pronto puede direccionarse el proceso, hacia un cambio profundo en las estructuras del Estado y el ordenamiento institucional del país, de manera que con esa situación en la esfera mental, por ahora es suficiente para declarar el objetivo logrado. 

EL TRASFONDO DEL NEOLIBERALISMO

El término neoliberal fue introducido por Wilhelm Ropke de la escuela alemana, para hacer referencia al conjunto de postulados que sustentan la modalidad del Capitalismo Rentista, ese que Keynes le llamaba capitalismo de especulación, para distinguirlo del capitalismo de inversión, que constituía la esencia del capitalismo clásico. Hoy y después de medio siglo de avances y conquistas, esta modalidad de acumulación se ha consolidado tanto en el mundo occidental que ya, atacarlo desde afuera es casi un imposible. Hay que esperar que él solito se derrumbe, lo cual no está muy lejos.

Conquistaron el poder de Estado en 1979-81 con la elección de Reagan en USA y Thatcher en el RU y desde ahí extendieron su dominio que en Latinoamérica se institucionalizó con el Consenso de Washington suscrito justamente, hace 30 años. Coronaron su meta de coger al Estado como marrano de su lucrativo negocio, después que en la década de 1920 el capitalismo rentista había experimentado el alto riesgo de prestarle su capital a las empresas privadas, que están expuestas a las inclemencias del mercado para pagar los intereses de la deuda. Creyeron que el Estado nunca quiebra por lo tanto su objetivo es prestarle plata al Estado y mandarlo a cobrar impuestos para que les pague sus acreencias.

Hoy los rentistas está agrupados en los fondos de inversión y organizados internacionalmente para operar su negocio con cobertura global, para lo cual utilizan los diversos organismos multilaterales como el BM, el FMI, la OCDE y el más peligroso, el Banco de Pagos Internacionales (BPI) cuya sede está en Basilea Suiza y que es el banco de los bancos centrales; estos que fueron arrebatados a los gobiernos nacionales, para que con el argumento de una supuesta autonomía del banco central, se colocarán de rodillas ante el BPI. El Banco de la República de Colombia no le obedece al Presidente sino al BPI.

Los fondos de inversión con el apoyo de los organismos multilaterales, destruyeron el Estado Moderno, al cual redujeron solo pedir préstamos mediante la colocación de papeles en los mercados de capitales y a recaudar impuestos para pagar la deuda. Los fines esenciales del Estado que se basan en el servicio a la comunidad, se echaron a la basura.

El propósito de las políticas neoliberales es el de bajar el gasto público y el de frenar la inflación. El primero porque el dinero de los impuestos debe orientarse prioritariamente a pagar la deuda y el segundo porque la inflación pone en riesgo las ganancias de los rentistas que hace su negocio especulativo mediante la compra de papeles de renta fija. Con esta política, se destruyó el aparato productivo y se generó un nivel de desempleo que deterioró la calidad de vida de la gran masa de población. La pobreza es generalizada y el Estado no puede ayudar a disminuirla porque este organismo está dedicado únicamente a pagar el servicio de la deuda. Y sin Estado, apague y vámonos.

En tales condiciones y después de 30 años, el descontento de la población es general, y ya están produciéndose las manifestaciones de protesta en contra del modelo, sin necesidad de que nadie las promueva y menos desde centros internacionales, por cuanto todos los países viven la misma situación incluidos los europeos. Tampoco es la protesta por motivos puntuales sino por el acumulado general de tantos años que afecta todos los frentes de la vida social y cuya verdadera causa es el trasfondo del neoliberalismo.

LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA

La violencia siempre ha estado presente en la región pero en los últimos días se está saliendo de madre. Aunque muchos creen que los asesinatos de indígenas y líderes sociales es consecuencia de las tomas de carreteras y tierras, las versiones oficiales dicen que se debe a la presencia del narcotráfico en el territorio y si esto es así, quiere decir que las medidas contra los cultivos de uso ilegal no han dado resultado. La señora vicepresidenta, que se ha caracterizado porque casi todo lo que dice son estupideces, le atribuye la culpa a Santos por el proceso de paz. Otros señalan la oposición de las organizaciones sociales frente a los cultivos; pero a ciencia cierta, la causa real aún está en veremos. 

Si se trata de los actores del narcotráfico, el gobierno insiste en aplicar medidas de política para solucionar un problema que tienen causas en factores de mercado. Las medidas de política no propiciarán los resultados esperados de modo que no es mediante la erradicación, ya sea voluntaria, negociada, manual o fumigada, como se logrará la solución; y mucho menos, llenando de tropa los territorios. Si las causas radican en fenómenos de mercado, que tienen origen en la gran demanda de consumo existente en Europa y Norteamérica y en la presión de los canales de comercialización existentes en los mercados de consumo, pues es lógico que se debe atacar con estrategias de mercado que compitan con las ilegales y propicien el desplazamiento de los cultivos hacia los productos legales, en lugar de aplicar medidas de política. La fórmula debe ser pertinente con la causa.

El primer aspecto que se debe corregir es el de la estructura de comercialización de los productos de economía campesina. Hoy hay deficiencias estructurales en cuanto a infraestructura y superestructura que no permiten el flujo comercial de los productos lícitos. El segundo aspecto es relacionado con el tipo de productos sustitutos, los cuales deben tener condiciones que los haga competitivos frente a los ilegales. El tercero es el de la organización empresarial de los productores, que debe contener un enfoque gerencial capaz de abordar los asuntos de mercado con probabilidades de éxito, todo dentro de una sola estrategia integral que encierre también elementos sociales y culturales.

Pero el gobierno se niega, a pesar de que conoce la situación, a aplicar medidas pertinentes y eficaces y se concentra en imputarle al gobierno anterior y el proceso de paz la causa del problema, como si con ello se lograra la solución, la cual se agrava si pretende que la militarización es la alternativa. Al contrario, las armas y los factores beligerantes, con más fuerza agravan el problema, porque es el mismo lenguaje de la ilegalidad y la cultura mafiosa, cuyo proceder se basa en el amedrentamiento y el asesinato por cualquier motivo.

Por supuesto, la estrategia debe ser de abajo para arriba, mediante procesos endógenos concertados, que inicien en el nivel municipal, pase al nivel departamental para luego recibir el apoyo y respaldo del gobierno nacional. Pero, lógicamente, corresponde a la Nación adoptar la política pública consecuente con la realidad objetiva y crear los mecanismos operativos, técnicos y financieros apropiados para el logro de los objetivos, de modo que finalmente se alcance la solución en la situación de violencia.

REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO POLÍTICO

Los resultados electorales del pasado domingo y los hechos recientes en toda Suramérica, generan pensamiento sobre lo que será el futuro político nacional y por supuesto sus efectos en materia de social. Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, han observado sucesos políticos de trascendencia, que muestran el desplome del modelo de globalización financiera con el poder concentrado en el BPI y diseminado a través del FMI y los diversos fondos de inversión. Era una crónica anunciada desde 2008 por el deterioro del aparato productivo y la destrucción del Estado Moderno, que lógicamente tendría que conducir al empobrecimiento general y la miseria, que ya el pueblo no aguanta y la copa se rebosó.

Con los eventos continentales se va aclarando el debate político y con ello el derrumbe de la guerra sucia neoliberal asustando a la gente con el tal castrochavisto. La gente ya sabe que en ninguna parte, nadie está proponiendo montar sistema socialista, ni el clásico de Lenin ni el del Siglo XXI de Dieterich. Lo que la gente quiere es el desmonte del modelo neoliberal, pero dentro del mismo sistema capitalista.

Los resultados electorales recientes permiten hacer varias deducciones, por ahora especulativas porque no hay evidencias aun, pero con alta dosis de lógica. Parece que la polarización Petro-Uribe se está desmoronando porque a pesar de la cultura política caudillista de Colombia, ya no tienen la relevancia de los últimos años en el escenario político. Con ello, surge la idea de que el debate guerra-paz que concentró la discusión política ya está desgastado y es hora de trascender el tema. La guerrilla ya no cuenta con el protagonismo de antes y siguen existiendo fenómenos de violencia, como en toda la historia de Colombia, ahora desde otros ángulos del conflicto. Y el tema de la corrupción, ni fu ni fa. Parece que ya la sociedad se acostumbró a este flagelo y a nadie le importa que los corruptos sigan administrando el Estado.

El descontento está manifiesto. Un porcentaje importante votó por candidatos de origen cívico que se agruparon en la diversidad de partidos que hoy existen, siendo el Partido Verde el más notable, porque otorgó aval a candidatos que triunfaron. Este partido fue el mayor protagonista de la alternativa política, desplazando al Polo y a la Colombia Humana. Con ello, las perspectivas de Fajardo se abren puertas, lo que crea una contradicción porque este personaje es claramente defensor del neoliberalismo, corriente que está cayendo en picada.

Por su parte el Partido Liberal, que estatutariamente debería ser la organización que confronte al neoliberalismo, hoy está en las garras del decano de esta corriente política y se ha convertido, simplemente, en un traficante de avales y protector de corruptos, sin que ninguno profese seriamente la doctrina socialdemócrata consignada en su plataforma ideológica.

Pero también queda claro, que si Colombia entra en la corriente suramericana de desmontar el modelo neoliberal, debe surgir otro dirigente, diferente a Gustavo Petro, que lidere la propuesta anti-neoliberal, por cuanto este personaje ha demostrado errores en la conducción política y no corresponde plenamente con los fundamentos de la tradición política nacional, como se puede ver en la magnitud de las personas que no están de acuerdo con él.  

Por supuesto más temas se podrían considerar en el análisis, pero el espacio es insuficiente para incluir todas las reflexiones sobre el futuro político.  

CULPABLES DE LA VIOLENCIA ELECTORAL

Claro que Colombia es un país violento por idiosincrasia, según se deduce de los hechos históricos de los dos siglos anteriores, desde la guerra boba, los siete conflictos intestinos del Siglo XIX, la violencia Liberal-Conservadora y el conflicto sociopolítico con guerrilla y paramilitares del Siglo XX. Y también se había visto que en época electoral los actos beligerantes se acentuaban por el enfrentamiento liberal-conservador, de donde surgió la ley seca y la militarización.

Pero creo que nunca antes, desde 1958 para acá, se había visto tanta pugnacidad y ataques individuales, porque los de rojo y azul eran colectivos, como los que se han visto en esta campaña electoral. Amenazas y atentados contra candidatos, ataques a sedes políticas, insultos y riñas en los triviales foros en medios y universidades, injurias y calumnias en la publicidad y en las redes sociales, enemistades por causas electorales y en fin, todo tipo de diatribas e improperios entre unos y otros por defensa o ataque de un candidato, siempre haciendo referencia a la persona, sus defectos y principalmente su pasado.

Es una situación preocupante en el seno de la cultura de violencia que reviste al país, porque puede evolucionar para empeorar con efectos impredecibles. Por ello es conveniente que quienes tienen posibilidades de hacer algo, traten de implantar mecanismos para disminuir el nivel de pugnacidad y virulencia en el debate electoral.

Probablemente, si se cumpliera con rigor el espíritu de la Ley 131 de 1994, los factores de violencia serían menores. Es necesario bajar la relevancia al candidato y elevar la trascendencia al programa de gobierno, para desviar el objeto de la confrontación hacia propósitos de interés público y alejarlo de los atributos privados de los candidatos, de modo que baje la posibilidad de concentrar la atención en el personaje y elevar la mirada sobre la propuesta. Así, los ataques personales tendrían menor cabida y los factores de violencia serían menos fuertes.

Con ello vemos que el Consejo Nacional Electoral tiene gran responsabilidad en la permisión del caldo de cultivo que gesta la violencia electoral. A pesas de que existe el piso jurídico basado en la ley, hace falta la reglamentación, el desglose del espíritu de la norma y los mecanismos prácticos que obliguen a la aplicación rigurosa del propósito del legislador. Este organismo, en su calidad de máxima autoridad en el régimen político, podría establecer obligaciones y prohibiciones que regulen el proceso en el marco del programa de gobierno y disminuir los factores que alimentan el escenario de la confrontación entre personajes.

De otro lado, los partidos y movimientos también tienen su aporte de responsabilidad, por cuanto se han convertido en mercaderes de avales, para favorecer intereses electorales futuros yo para alimentar sus apetitos monetarios, dejando de lado la verdadera filosofía de un partido, como canal conductor de proyectos políticos y fórmulas para que el Estado responda a los requerimientos de la sociedad en materia de condiciones de vida. De esta manera entonces, vemos que si bien es cierto la idiosincrasia, que se alimenta desde el hogar y en la niñez del individuo durante la etapa de formación del carácter, es una causa fuerte en los fenómenos de violencia, hay otros aspectos inherentes al régimen político que también hacen sus contribuciones como culpables de la violencia electoral.

EL MITO DEL CAPITAL

Desde el inicio del sistema capitalista, por allá en el siglo 18, los teóricos definieron dos, como los factores determinantes de la economía, a los cuales también se les sumó la tierra para completar tres; pero los susceptibles de manejar deliberadamente a través de políticas, son el capital y el trabajo. Desde entonces, el juicio en las políticas económicas se concentra en establecer a cuál de los dos se le conceden los privilegios. Por supuesto, como el Estado siempre ha estado en manos del factor capital, las políticas han favorecido a este factor y salvo en contadas excepciones, conceden beneficios al factor trabajo, casi siempre, porque la protesta social ha llevado a esta decisión.      

El argumento central para la definición de políticas siempre ha sido el mismo: que los capitalistas le hacen un favor a la sociedad porque sin este factor no hay empleo ni progreso. O sea la sociedad salió a deberles. Sin embargo tendríamos que detenernos a reflexionar en este argumento por dos razones fundamentales: una, porque ahí cabe la pregunta de si es primero el huevo o la gallina; y dos, porque también cabe la pregunta sobre qué es lo principal, si el elemento vivo o el elemento inerte.

Desde la época del pensamiento clásico se dijo que la única fuerza que crea valor en una sociedad es el trabajo humano, o sea que sin éste, no existiría el capital. Ya desde los griegos de Aristóteles esto se había señalado         . De otro lado, la fuerza que tiene vida es el trabajo mientras que el capital es un elemento muerto. Por sí solo no dinamiza procesos.

Qué pueden hacer los capitalistas con sus activos, si no están presente los trabajadores que los muevan?? De hecho, hoy con tanta acumulación de capital en Norteamérica y Europa, fruto del empobrecimiento del resto del mundo, los ricos están atesorando en lingotes de oro, porque ya no saben qué hacer con su capital. Lo mismo le ocurre a usted, cuando tienen un capital y quiere hacer un negocio, pero no encuentra los trabajadores para el efecto. En cambio, una persona sin capital dinero pero dotada de capital humano, se rebusca y a partir de las horas de trabajo, puede generar ingresos y acumular activos. Es el trabajo el factor que permite dinamizar los procesos de utilización del capital y no al revés.

Entonces no hay tal que el capital le hace un favor a la sociedad y que por esta razón las políticas deben favorecer este factor. Es al contrario. Por eso, el argumento central de la Ley de Financiamiento, que fue concebida para favorecer al capital con el pretexto engañoso de que era para generar empleo, se cae por su propio peso. Las estructuras tributarias que privilegian el capital, por el contrario, propician más el estancamiento económico por cuanto, no debe concebirse un Estado que se alimente de los impuestos a los pobres, estos que no tienen dinero para pagar. Los impuestos a los consumidores reducen más la demanda agregada y con ello la base tributaria; mientras los capitalistas, en su mayoría extranjeros, se llevan sus utilidades para el país de origen vaciando cada vez más las arcas nacionales.

Que no amenacen, ni se quejen, ni hagan chantajes los capitalistas con el falaz argumento que la vida social depende de ellos, porque la historia económica muestra que es la fuerza de trabajo la que crea el valor y que esta puede, sin capital, dinamizar procesos productivos, más cuando en Colombia existe tanta dotación de recursos naturales para aprovechar. La razón es entonces, de carácter político y no técnico. Es porque los grupos de poder prefieren favorecer deliberadamente a los ricos y no porque sus argumentos sean ciertos, que hoy han creado y difundido el mito del capital.   

TRASCENDENCIA DEL ESTILO DE DESARROLLO

Se ha generalizado en la opinión pública, sobre todo por razones políticas, que en el mundo existen dos sistemas económicos, el capitalismo y el socialismo, los cuales difieren por motivo del mecanismo que determina su funcionamiento; el capitalismo funciona por el mercado y el socialismo por la planificación.

Lo cierto es que la historia nos muestra que el sistema planificado no es eficaz; puede ser que alivie las desigualdades sociales, pero no contiene el mecanismo apropiado para dinamizar y fortalecer el aparato productivo de modo que responda adecuadamente frente a las exigencias de desarrollo tecnológico, la productividad y la competitividad. Por eso el debate político frente a los dos sistemas es baladí, por cuanto universalmente se ha reconocido que, definitivamente, se necesita el mercado para innovar, crecer y propiciar cambios cualitativos. Por ello, lo relevante no está en dicho mecanismo, sino en el papel del Estado como instrumento social regulador de la economía.

Ante ese debate, los analistas de la CEPAL introdujeron un concepto por allá en los años ochenta, que bien sirve para dilucidar el problema y resolver el tema del mecanismo de funcionamiento del sistema, el cual, acepta el mercado y reconoce su importante papel, pero propicia el cambio en las condiciones de vida como contraposición al llamado “capitalismo salvaje”, que deteriora la calidad de vida de las mayorías y los escenarios ambientales que reproducen las condiciones de vida. Osvaldo Súnkel, José Villamil, Jorge Graciarena pero principalmente Aníbal Pinto, definen el Estilo de Desarrollo como la forma o manera en que una sociedad organiza, asigna y maneja las fuerzas productivas, o sea los objetos, los medios y la fuerza de trabajo, para resolver los tres interrogantes básicos de la economía planteados por Samuelson, sobre: qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Así, mientras el sistema se determina por las relaciones sociales de producción, el “estilo” se define por las fuerzas productivas.

Hoy, cuando el debate político se ha revestido de acaloradas discusiones por dicho asunto, más cuando el alemán Heinz Dieterich Steffan propuso en 1996 su modelo de Socialismo del Siglo XXI, la propuesta de los cepalinos puede ser una alternativa importante para darle salida política al embrollo del sistema económico. El socialismo no cabe; ni el clásico de Lenin ni el del Siglo XXI. Pero tampoco se puede permitir que el capitalismo salvaje siga destruyendo los ecosistemas y la especie humana. Entonces se necesitan cambios, aun dentro del sistema de mercado, pero de todo modos, cambios; por lo cual el planteamiento sobre modificación del Estilo de Desarrollo, como lo define Pinto, es completamente sensato y viable.

Dichos cambios en el estilo significan cambios ideológicos y culturales, que neutralicen las características del actual estilo, que es transnacional y originario en los países del norte; además de cambios en el uso de la tecnología y otros aspectos inherentes al manejo económico, como el tipo de empresas, los criterios de evaluación y por supuesto, el concepto mismo de desarrollo. Siendo absolutamente relevante y consecuencial a los ajustes en la economía, el cambio en el trato que se le concede al medio ambiente, que en el Estilo Transnacional dominante, es deteriorativo y destructor de las condiciones de vida de la especie. Muy poco se ha hablado de este tema por cuando el debate gira siempre en torno al sistema económico, pero es muy importante reconocer la trascendencia del Estilo de Desarrollo.

LA REALIDAD DEL CAMBIO TERRITORIAL

Hay reconocimiento generalizado de que la situación del Cauca es crítica por las condiciones que vive en materia económica, social, ambiental e institucional, pero lo peculiar es que todavía hay personas que afirman, que el culpable de esta situación es el gobierno nacional que tiene abandonada la región.

Sin embargo, esa imputación pudo ser totalmente cierta en el siglo pasado, cuando los enfoques del desarrollo eran de carácter exógeno y los factores de cambio para mejorar las condiciones de vida regional y local estaban en Bogotá y los países extranjeros, desde donde se esperaba que llegaran los capitales para crear empresas y con ello impulsar el empleo. Pero en este siglo y en casi todo el mundo, los factores del desarrollo son endógenos y por lo tanto los procesos de cambio se generan en el interior del territorio protagonizados por los mismos actores residentes.

Lo cierto es que si en el presente siglo, la situación de este departamento no ha cambiado para mejorar las condiciones de vida, es porque los actores regionales y locales no han construido los procesos de transformación estructural en las dimensiones del complejo regional, para avanzar hacia los fines deseados por la comunidad. Llegando ya a la quinta parte del Siglo XXI, las condiciones de vida son peores que las existentes al final del siglo pasado, por la carencia de dinámicas emprendedoras en lo económico y social, que propicien la construcción de futuro a partir del patrimonio territorial existente, principalmente en materias ambiental y humana.

Por supuesto que esos fenómenos de procesos endógenos para la construcción futura de mejores condiciones de vida, en todo el mundo se han dado siempre que exista el liderazgo local apropiado, lo cual nos indica que, una gran debilidad aquí, es precisamente, la carencia del liderazgo económico, social, institucional y político apropiado, sumado a la presencia de factores idiosincráticos que en nada se ajustan a los cánones que exige el desarrollo endógeno.

Para no ir más lejos, veamos, no más, lo que está ocurriendo en el debate electoral presente para elegir gobernantes territoriales. Sería una buena oportunidad para examinar las propuestas y ver si alguno de los candidatos se está refiriendo a la construcción colectiva del futuro, protagonizada por los mismos actores locales y con aprovechamiento de la dotación patrimonial existente. No. La ciudadanía se fija en otros aspectos del candidato, menos en la pertinencia y racionalidad de los programas presentados. Luego y durante los próximos cuatro años, nuevamente se oirá el coro de plañideras manifestando su descontento con el gobierno nacional, por una respuesta que la Nación nunca nos va a brindar, porque las políticas nacionales son simples complementos a las dinámicas de generación regional.

Es lamentable, que habiendo casos de candidatos que sí invitan a la construcción de un futuro mejor para las condiciones de vida, convocando a los mismos actores caucanos, la publicidad electoral que propicia los efectos masivos en la ciudadanía, con base en las abultadas tesorerías de campaña y movilizando clientelas sin considerar con objetividad la pertinencia de los procesos electorales frente a los verdaderos requerimientos del departamento, es lo más relevante y determinante del triunfo, alejándose de la realidad del cambio territorial.

LA CONCORDANCIA CON EL CANDIDATO

Examinando los programas de las campañas para la Gobernación del Cauca, encuentro con agrado y satisfacción que un Candidato ha incluido un tema que concuerda con los escrito en un artículo de esta columna el día 20 de marzo de 2019 con el título “Solución estructural y definitiva al bloqueo de la vía”, haciendo referencia al conflicto de tierras que existe en este departamento y que arrastra la consecuencia de que, cada cierto tiempo, las comunidades indígenas taponan la circulación por las carreteras ocasionando graves perjuicios a Popayán.

Por supuesto, no son ideas, ni del columnista ni del candidato, sino de múltiples enfoques sobre ordenamiento territorial que se encuentran en la literatura sobre el tema, expuestos por autores de diferentes lugares del mundo. El ordenamiento territorial como proceso de construcción colectiva de territorio realizado por todos los actores sociales que se asientan en la región, sin confundir con el POT que es otra cosa. El POT es un instrumento institucional que se debe utilizar para realizar la gerencia pública territorial y orientar el desarrollo territorial, mientras que la construcción colectiva de territorio es un mecanismo concertado de los actores sociales, sometido a las condiciones de los procesos económicos, sociales y culturales que ocurren en la región, donde el gobierno es solo un actor, el más importante por cuanto debe ser el rector del mecanismo y el garante de la concertación, pero no el único ni el decisorio.

Entre la gran cantidad de investigadores y autores que tratan el tema podemos destacar la propuesta de Orlando Fals Borda, quien conjuntamente con Miguel Borja, en 1997 le dieron al ordenamiento territorial un enfoque apropiado para resolver el problema del conflicto sociopolítico de medio siglo que posteriormente se está tratando de solucionar con el Acuerdo de Paz. Para Fals, el ordenamiento territorial sería un mecanismo para crear condiciones de convivencia armónica entre los actores en conflicto y así acabar la violencia y la guerra armada.

Y así mismo, otros autores consideran que la definición de reglas de convivencia para la ocupación del territorio mediante la articulación de los procesos económicos, sociales, culturales y ambientales, catalizados por el escenario del mercado, del cual no es posible substraerse, es un mecanismo idóneo para solucionar conflictos sociales derivados de la ocupación del espacio y la ocurrencia de fenómenos asociados a la dominación. Entonces es totalmente procedente que el candidato Gilberto Muñoz Coronado hoy esté proponiendo el mecanismo del ordenamiento territorial como columna vertebral de las políticas públicas de la dimensión físico-espacial del departamento, lo cual también permite, además de las reglas de convivencia, acondicionar el espacio para facilitar la ejecución de las estrategias de desarrollo económico y social en el largo plazo, que es la esencia del ordenamiento territorial, y con ello se observa que la postura del columnista no quedó en el aire sino que tuvo eco en el campo político, sin el cual no es posible que las ideas académicas se lleven a la realidad. Falta ver si el electorado también le hace eco y si la comunidad departamental aprovecha la oportunidad para aplicar la solución necesaria contando con que la idea periodística se acompaña de la concordancia con el candidato. 

MATANDO LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO

Cuando la teoría del Materialismo Histórico dijo hace casi dos siglos, que el sistema capitalista se destruiría a sí mismo, fue porque abordó el análisis con el enfoque filosófico de la dialéctica materialista y con ello encontró que el sistema encerraba la contradicción del carácter cada vez más social de la producción por un lado, y la apropiación del producto cada vez más particular, por el otro. Pero, en esa época no existía la microelectrónica y, aunque esta misma teoría reconocía el papel de las fuerzas productivas en el devenir histórico, no podía prever lo que ocurriría a finales del siglo veinte y menos aún, lo que está sucediendo ahora en el Siglo XXI.

El fenómeno de la crisis económica no es solo en Colombia y Latinoamérica sino en todo el mundo occidental, o sea el área universal que gira en torno a la economía de Estados Unidos y su banca central, la FED. El aparato productivo mundial se está secando de modo que la recesión es global, con todos los efectos que esto tiene en el campo de las relaciones económicas internacionales, el cual se reflejan en la Balanza de Pagos de todos los países. Y por supuesto, en la situación fiscal de todos los Estados, con las consecuencias que esto trae en la esfera social y con ello en la situación política.

Al matar el aparato productivo, basado en los sectores primarios y secundarios, también se acaban las fuentes de ingreso del Estado, con el agravante de que el modelo neoliberal, basa los ingresos de los capitalistas en darle préstamos a dicho organismo para alimentarse con los intereses que el fisco les paga. Para ello, aplica una política económica que carece de mecanismos de sostenibilidad en largo plazo, ya que el Estado no puede dedicarse solo a pagar intereses de la deuda, sin que tenga fuentes de ingreso. Y por el lado de la esfera social, el modelo hace énfasis en privatizar los bienes públicos de manera que los empresarios privatizadores exprimen a la sociedad mediante altas tarifas de los servicios, para garantizar el éxito financiero de su negocio, conduciendo al deterioro secular de la calidad de vida de la población de ingresos medios y bajos. Con todo esto se produce la destrucción del Estado y sin este organismo la sociedad en general queda a la deriva, sujeto a los golpes de las leyes del mercado; y como el modelo está globalizado, el fenómeno afecta a todos los países por igual y la concentración de riqueza en manos de unos pocos, en este caso los fondos de inversión, se produce a escala mundial. Destruyendo el aparato productivo y el Estado, se acaban los dos soportes básicos de la organización humana, lo cual se profundiza con el hecho de que, el afán desmedido y voraz de enriquecimiento, está también destruyendo el medio ambiente con el saqueo inmisericorde de los recursos naturales, con lo cual acabará también en un plazo no muy largo, las condiciones de vida para la especie humana.

Ya sin aparato productivo y sin Estado, apague y vámonos. La concentración de la riqueza en el sector monetario, que no es real sino cifras escritas en una pantalla de computador, tanta que hace dos años los 20 fondos de inversión más grandes acumulaban un patrimonio de 32,3 Billones de dólares, cifra que es difícil escribir en pesos, está atacando los fundamentos mismos de la economía, cuyo origen es de carácter natural e instintivo por generación espontánea de la especie humana para la conservación de ella misma sobre el globo terráqueo. La voracidad del pensamiento humano ha interferido la ley natural y ha  reducido la economía a la concentración de riqueza en unos pocos, con un mecanismo que actualmente está conduciendo a su propia destrucción por estar matando la gallina de los huevos de oro. 

LOS CAMBIOS EN EL CONCEJO

Produce curiosidad, asombro, perplejidad y hasta risa, ver las propuestas, los mensajes y los discursos que publicitan algunos candidatos a los concejos municipales, varios de ellos creyendo que son candidatos a presidente de la república, por lo que prometen asuntos bien alejados de las competencias de este organismo y de los alcances que un solo miembro puede tener, lo cual demuestra el poco conocimiento que muchos de los aspirantes tienen sobre dicha corporación y su capacidad institucional. Varios aspiran a ser miembros del concejo pero no saben ese organismo qué es ni para qué sirve. Es claro que ese organismo necesita cambios, pues sus fundamentos datan de allá, de la misma época de donde vienen casi todos los principios del régimen político y el diseño del Estado, hace más de 25 siglos; pero los ajustes al presente no son como para permitir los sueños de muchos de los aspirantes.

Las bases históricas se refieren al equilibrio que debía existir entre los distintos organismos de poder local, por lo cual debería existir varios órganos; principio que se mantuvo durante toda la época del esclavismo, se ocultó durante el feudalismo y volvió a aparecer cuando surgió el Estado Moderno. Luego se ha mantenido hasta ahora, pero no se han aplicado cambios en sus soportes conceptuales, a pesar de que a finales del Siglo XX el tipo de Estado cambió para ajustarse a los cambios de la modalidad del sistema económico.

Hoy el concejo es anacrónico respecto a los requerimientos del Estado Postmoderno y se ha convertido en una institución cuyo costo de sostenimiento es elevado para la sociedad, pero que produce unos aportes muy bajos que no compensan la carga social, la cual va más allá de la carga fiscal, esta última relativamente baja. Pero encierra en sí mismo un potencial gigantesco, si se considera el carácter del modelo de Estado, que desde hace un cuarto de siglo se trata de imponer en Colombia.

Con la transformación del modelo de Estado Burocrático y la introducción del Modelo Gerencial, el papel del concejo debe también cambiar y su modelo de operación debe ajustarse a los cánones del sistema operativo del todo el conjunto del Estado. No debe, ese organismo, seguir siendo un convidado de piedra en la gestión pública limitado únicamente a dar pupitrazos para aprobar las iniciativas del Alcalde, cuando en su seno se concentran los líderes sociales por excelencia y cuando la comunidad ha entregado en ellos la confianza para el manejo de los asuntos públicos locales.

Si bien es cierto que el centralismo político que impera en el país ha limitado mucho las competencias del concejo, la legislación vigente es suficiente para permitir otro direccionamiento estratégico del organismo, sustentado en la teoría de la gestión pública. Basta, como ejemplo, mirar el numeral 11 del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012. Van siete años y ahí está la deuda de dichas corporaciones en el cumplimiento de esa atribución legal. Y así sucesivamente, el sistema operativo del concejo no se acomoda a los requerimientos del Modelo de Estado Gerencial, hoy sometido al cumplimiento del Decreto 1499 de 2017, que obliga a la implantación del nuevo modelo de planificación y gestión.

Es ahí, entonces, donde se deben fijar los candidatos al concejo, a la necesidad de transformar el organismo sobre la base jurídica existente, para hacer de dicha corporación un componente eficiente y eficaz en el engranaje institucional de la administración del territorio, de modo que la gestión municipal se oriente al bienestar de la comunidad y a contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, precisando con pertinencia donde es que se deben hacer los cambios en el concejo.

ALARMANTE COYUNTURA POLÍTICA REGIONAL

El caso del departamento del Cauca es aterrador. Asesinato de líderes sociales, y ahora también de candidatos a gobierno local, sumados a múltiples focos de violencia, complementando la tradicional situación social de desempleo y deterioro de la base económica, que persiste por lo menos desde que comenzó el presente siglo. El análisis se reitera por los columnistas de este diario y las preocupaciones de la gente ya son del diario vivir de los caucanos.

Se esperaba que por ser período electoral, este año se colocarían sobre la mesa los temas relevantes y trascendentales de la vida institucional, con miras a identificar soluciones y acciones públicas tendientes a redireccionar las tendencias de los procesos económicos, sociales e institucionales, buscando la construcción de un futuro con mejores condiciones de vida para la población residente; no obstante, lo que se aprecia en el escenario público no corresponde a las expectativas de la opinión generalizada.  Lo que se aprecia a simple vista, es que los politiqueros profesionales siguen siendo los actores protagonistas de la escena y sus prácticas y acciones siguen siendo las mismas que llevamos observando durante los últimos 30 años, desde cuando se estableció la elección popular de alcaldes.

No se sabe si es que ya no tienen imaginación o es que la mecánica electoral se realiza con patrones de conducta rígidos, pero siempre lo mismo. Las posturas narcisistas de los candidatos refrendadas en las fotos de los afiches y vallas expuestas en los espacios públicos, las manifestaciones transportadas uniformando a los asistentes con camisetas y movilizando costosos buses, las promesas de los candidatos en sus discursos que ofrecen la solución a lo divino y lo humano, y lo más preocupante, los acuerdos y negociaciones sobre la forma como se va a repartir el botín de los bienes públicos entre quienes participan en las cruzadas electorales.

Se esperaba que este año, por estar viviendo el Cauca una situación particular en el conflicto sociopolítico, por la agudización de las mafias de la actividad ilegal, por el aumento de la crisis social, entre otras, las campañas serían innovativas y cambiarían los esquemas tradicionales de trabajo, por lo menos para crear nuevas expectativas, o para mostrar pertinencia y consecuencia frente a la coyuntura; pero hasta ahora esto no se aprecia. Puede ser que para el próximo mes y medio que falta se observen cambios pero no parece viable. De otro lado, el comportamiento de los electores se muestra incierto, según las cifras sobre voto en blanco y sobre no sabe/no responde en las encuestas, lo cual es significativo, o sea que aún existe una marcada incertidumbre en la decisión electoral del próximo 27 de octubre.  

Por todo eso, no soplan vientos favorables para el futuro de corto y mediano plazo en este territorio, por cuanto los agentes del cambio, que son los gobernantes y funcionarios territoriales, no han mostrado creatividad y sagacidad para afrontar los problemas y necesidades públicas, que en esta región se revisten de especiales condiciones debido a las particularidades de la idiosincrasia o cultura local, la que no adolece de los factores más apropiados para la construcción sinérgica de objetivos de desarrollo. Corresponde entonces a las organizaciones sociales y a la opinión pública en general, llenar el vacío que dejan las organizaciones políticas para afrontar la alarmante coyuntura política regional.

LAS PENSIONES PRIVADAS NO EXISTEN

La única pensión de vejez que existe es la pública, pero FEDESARROLLO, la agencia promotora del neoliberalismo en Colombia, y Santiago Montenegro, el esbirro que ha colocado el capitalismo financiero para defender sus intereses, insisten en comparar a Colpensiones con los fondos privados, siendo que esta comparación es absurda; es como comparar toros con caballos.

La pensión de vejez tiene su fundamento por allá a finales del siglo XIX, cuando en época del Estado Prusiano se comenzó a hablar de las funciones del Estado, que luego se concretaron en Alemania mediante la Constitución de Bismarck, que ya en el siglo XX se convirtieron en políticas sociales bajo el concepto del Estado del Bienestar, cuando a este organismo se le asignó también la misión de proteger las necesidades humanas, principalmente de los pobres, que no tienen dinero para pagar la propia satisfacción.

La pensión de vejez es un asunto público, porque es de interés general que nos compete a todos los individuos de la especie, quienes, sin excepción, tendrán que llegar a la tercera edad, por su puesto, si no se mueren antes. Es un bien público que contiene el satisfactor de la necesidad humana de protección, que los adultos mayores requieren cuando ya no están en capacidad de generar sus propios ingresos, después de agotada su vida laboral. Por lo tanto y considerando el carácter público tanto de la necesidad como del satisfactor, es al Estado a quien corresponde asumir la responsabilidad frente a la prestación del servicio respectivo, para lo cual, como en todos los casos de los bienes públicos, es con el dinero recaudado en los impuestos como se debe cubrir el costo del satisfactor, el cual, se define con base en la necesidad humana y no con base en las cuotas pagadas durante la vida laboral.

Para cumplir con esta obligación del Estado, en el siglo pasado, se había creado un mecanismo con operación de carrusel, mediante el cual los jóvenes pagaban la cotización mensuales durante su vida laboral, dinero con el cual se pagaba la pensión a los viejos y si algo faltaba, entonces se cubría con recursos del presupuesto nacional; sistema que funcionaba sin mayores traumatismos y sin crear la crisis fiscal de la que se habla hoy. Pero cuando se impuso el capitalismo rentista, con el soporte conceptual del pensamiento neoliberal, se crearon los fondos privados que hoy se han vuelto un dolor de cabeza para quienes llegan a la vejez y para la situación del fisco.

Los fondos no son bienes públicos sino negocios privados. No son satisfactores de la necesidad humana de protección que requieren los viejos, sino la manera de que el capital financiero se aproveche de los ahorros de los trabajadores durante su vida laboral, que luego cuando ya están en la edad respectiva, pueden retirar mes a mes hasta que se mueran. Eso no es una pensión con carácter humanista, sino un ahorro privado obligatorio con carácter financierista. Una manera de saquear el esfuerzo de la edad laboral para que el gran capital haga negocios y se embolsille las ganancias obtenidas con el dinero de los trabajadores. Eso no es una pensión sino un ahorro privado.

Lo que ocurrió fue que desde los años noventa, con engaños los fondos privados secuestraron a los jóvenes y se dedicaron a recibir durante más de 20 años, las cuotas mensuales del ahorro, dejando al sistema del Estado sin ingresos para pagar pensiones, de manera que le tocó al presupuesto nacional asumir esa responsabilidad sin contrapartida de ingreso. Claro, así, el acumulado llegó a tal nivel que hoy la carga pensional contra el presupuesto alcanza sumas muy elevadas; por ello, la única solución para el problema fiscal es que los fondos privados se acaben y los jóvenes regresen a pagar sus cotizaciones a Colpensiones.

La carga fiscal le duele mucho a los neoliberales, porque el foco de esta doctrina es la disminución del gasto público, con el fin de que el Estado no ponga en riesgo el servicios de la deuda a favor de los especuladores internacionales del dinero y para controlar la inflación, que es el mayor enemigo de los especuladores que invierten su dinero en papeles de renta fija con el riesgo de que la inflación se les coma la renta. Entonces, no existen dos sistema de pensiones ni mucho menos alternativos, por cuando solo se cumple la función sociológica de protección a la necesidad humana en el sistema público, por lo cual las pensiones privadas no existen.

LA FALACIA DEL CRECIMIENTO

Hace unos días se presenció el debate sobre la economía colombiana en el que algunos afirmaban sobre el estancamiento y Carrasquilla sobre el crecimiento. En esta columna desde comienzos del año se anotó que había síntomas de recesión, lo que fue corroborado por el gerente del B. de la R. posteriormente. Ahora el DANE publica las cifras de la contabilidad económica y efectivamente muestra datos donde hubo crecimiento del 3% entre el segundo trimestre de 2018 y el mismo período de este año, que el gobierno utiliza para celebrar y sostener que la economía no está estancada, aunque las manifestaciones de otras variables macroeconómicas señalan lo contrario, como se puede ver en el comportamiento del desempleo, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, la caída de la oferta de dólares en el mercado externo, etc.

Por lo general, la opinión pública siempre duda de las cifras del DANE, porque son del mismo gobierno, ya que no existe independencia del organismo como debería ser, y porque las metodologías y los procedimientos son ocultos a la mirada pública; pero esos datos son los oficiales de modo que toca aceptarlos pero mirarlos con detenimiento.

Si examinamos en detalle las cifras de marras, vemos con claridad que la economía no creció sino que se infló en el período referido. Hubiera sido crecimiento sólido y con fortalecimiento de la economía, si la participación del aparato productivo en el PIB se hubiera incrementado. Pero ocurrió todo lo contrario. La participación de los sectores productivos se redujo del 30.17 % en 2018 al 29.57 % en 2019. Por lo tanto el peso de los sectores improductivos se elevó del 69.83 % al 70.43 %. Los sectores improductivos viven o se sostienen del Excedente Económico que producen los sectores productivos por lo tanto si ellos aumentan, la carga sobre los productivos se aumenta y la economía se debilita.

Esta es una tendencia secular que la economía colombiana vienen sufriendo desde hace tres décadas ya que en los años ochenta, el aparato productivo participaba en el PIB con cifras cercanas al 60% mientras que ahora apenas se acerca al 30%, por lo cual cerrar el déficit fiscal se hace imposible y adoptar una estrategia sostenida de generación de empleo formal, también.

Ese 3% del que hablan las cifras es bajo, si se tiene en cuenta el comportamiento de otras variables macroeconómicas, como ya se dijo, como son el aumento de la población económicamente activa, el crecimiento de la deuda pública y el aumento de la demanda de dólares como producto de la salida de capitales de especulación por culpa del mal gobierno y las dudas que genera; de modo que no hay motivo para alegrarse porque el estancamiento de la economía se produce principalmente por el comportamiento del aparato productivo, donde se originan las fuentes para alimentar el Excedente Económico, razón por la cual se puede afirmar que las cifras de crecimiento del PIB, así como se muestran y aun considerando que son ciertas, no son señal de reactivación económica y más bien corresponden a la falacia del crecimiento.

LAS ENSEÑANZAS DE MAX-NEEF

Manfred Max-Neef fue un economista chileno que había nacido en 1932 y la semana pasada abandonó definitivamente este mundo, donde dejó importantes pensamientos y productos intelectuales que merecen reconocimiento y aprovechamiento para abordar temas de trascendencia social, sobretodo en países latinoamericanos.

En 1983 fue galardonado con el premio Right Livelihood Award, considerado el Premio Nobel alternativo de economía, diferente al premio que se otorga en Suecia, por la contribución para fortalecer al grupo económico que domina el mundo en ese momento. En época cuando se desmoronaba el paradigma del desarrollo construido en los años cincuenta para sostener el capitalismo industrial y el poder de las multinacionales; y que el capitalismo rentista, sustentado por el ideario neoliberal, se esforzaba por introducir su propio paradigma sobre el desarrollo, donde Amartya Sen fue un abanderado, este pensador latino expuso su enfoque de Desarrollo a Escala Humana que nos abrió los ojos sobre lo que debe ser la esencia del desarrollo.

Max-Neef mostró que una cosa es el desarrollo como objeto real y otra las teorías y enfoques que nos habían vendido desde los años cincuenta, haciéndonos creer que desarrollo es satisfacer las necesidades humanas con los satisfactores producidos por la cultura, la tecnología y las fábricas de Norteamérica y Europa. Nos mostró que es posible satisfacer las necesidades con satisfactores autóctonos, en la medida en que rompamos con la alienación ideológica.

La introducción de los conceptos de necesidad/satisfactor en la teoría del desarrollo, permitió precisar la razón del subdesarrollo cuando dijo que el desarrollo es histórico y tienen un fuerte factor mental. Una cosa es el desarrollo y otra la idea que la persona tienen sobre el mismo; y con ello también se comprendió a fondo el concepto de calidad de vida pensado más sobre factores humanos que sobre argumentos de mercado.

En la gestión del desarrollo también hizo aportes importantes, cuando dejó claridad que las necesidades son estables y están dadas por la ley de la naturaleza, a pesar de que también existen necesidades creadas por factores ideológicos principalmente derivados del consumismo, de modo que la gestión se debe concentrar más en los satisfactores que en las necesidades, considerando la oferta cualitativa y cuantitativa y la distribución o asignación de los mismos, abriendo así un campo de acción muy claro sobre la intervención de los actores sociales, incluyendo al gobierno, sobre lo que se debe hacer para definir políticas públicas orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida.

Y así sucesivamente, se podría seguir enumerando las contribuciones conceptuales de este pensador chileno, quien introdujo elementos para comprender la realidad del subdesarrollo bajo el enfoque de la Economía Descalza, que permite a los países dependientes examinar con objetividad su propia realidad, derivada del poder que ejercen las fuerzas económicas globales con dominio en los países del norte. Así que hoy cuando ya ha partido para siempre y no podremos ver nuevos aportes a la teoría económica, es apenas justo reconocer las enseñanzas de Max-Neef.

LA CAUSA DEL DESEMPLEO

La semana pasada dijo Carrasquilla, el flamante Ministro de Hacienda, que no sabe por qué hay desempleo en Colombia y que tampoco conoce la fórmula para combatirlo, algo que no se puede creer. Carrasquilla sí sabe pero se está haciendo el pendejo, por la misma razón que todos los neoliberales se avergüenzan, cuando se expone los efectos sociales de sus políticas, que siempre propician el desempleo. Por eso le dieron el Premio Nobel de Economía a Phelps en 2006, quien profundizó en el cuento del “desempleo friccional” para evadir la responsabilidad de la política macroeconómica en materia de desempleo.

Desde quinto semestre del programa de economía, se sabe cuál es la causa del desempleo, como para que ahora Carrasquilla diga que no la conoce. Otra cosa es que los neoliberales se hagan los güevones, como dice Rigoberto Urán. Se sabe que en un país subdesarrollado, sin tecnología propia ni suficiente ahorro interno, solo existen dos alternativas para la política macroeconómica: una sobre la base del empleo y la otra sobre la base del control a la inflación. Pero las dos no pueden ir juntas. O se adopta una política macroeconómica orientada al pleno empleo, o se formula una para controlar la inflación.

En Colombia, durante el siglo pasado, en época del capitalismo empresarial, para favorecer los intereses de los grupos de poder, principalmente los industriales, la política macroeconómica era sobre la base del empleo, considerando que de esta manera se logra que en la calle haya gente con dinero en la mano para comprar los productos de los empresarios. Pero en este siglo, en época del capitalismo rentista, para favorecer los intereses de los especuladores del dinero agrupados en los fondos de inversión, la política macroeconómica es sobre la base de la estabilidad monetaria, considerando que de esta manera se evita el riesgo de que la inflación se coma las ganancias de los capitalistas, que invierten su dinero en papeles de renta fija.

Para frenar la inflación, al primero que se le echa mano es al gasto público, bajándolo a sus mínimas proporciones, lo cual afecta obligatoriamente la demanda agregada y por lo tanto disminuye la cantidad de gente con dinero en la mano para comprar bienes y servicios, con lo cual los empresarios no crean puestos de trabajo, ya que los empleadores solo enganchan personal para atender los pedidos de sus clientes; pero si no hay pedidos ni clientes, no hay trabajo tampoco. 

Por supuesto la solución al desempleo es fácil deducirla. Otra cosa es que el capitalismo financiero internacional, a través de los organismos que lo protegen como el FMI, el Banco Mundial y ahora en Colombia también la OCDE, impongan sus mandatos a las autoridades económicas nacionales para disminuir el gasto público. Con el agravante en este país, que el desempleo es norma constitucional impuesta por el Artículo 373 de la Carta, de modo que no se trata de saber o no saber, sobre la causa del desempleo y la manera de corregirlo, sino de tener la voluntad política para aplicar las medidas tendientes a disminuirlo, por lo menos, con fines de mejorar la situación social y también de fortalecer el aparato productivo. Entonces que Carrasquilla no se haga el ignorante sobre temas que desde el nivel de pregrado ya conocen los economistas, como para que ahora salga a los medios de comunicación a decir que no conoce la causa del desempleo.