POPAYÁN NO NECESITA CANDIDATOS

Circula por las redes sociales una lista con más tres decenas de aspirantes a la alcaldía de Popayán, donde la mayoría, por no decir todos, corresponden a impulsos de vanidad y narcisismo con una sobredosis de autoestima, más que a la plena convicción de tener la sabiduría y competencia para regir un proceso sostenido de desarrollo endógeno, que tanto necesita este territorio para responder a los innumerables problemas económicos y sociales.

Popayán lo que necesita no son candidatos ni mucho menos candorosos, sino que al tenor de la ley 131 de 1994 y considerando la preocupante situación económica, social, física e institucional que afronta, cualquier fenómeno de pugnacidad o competición de carácter electoral en la cancha política, no concuerda con los requerimientos apropiados para salir de la coyuntura presente. Es más pertinente, pero sobre todo conveniente y necesario aunque de muy escasa viabilidad, realizar un concierto entre todos los actores municipales, empresariales, gremiales, civiles, comunales, etc., y, utilizando técnicamente una metodología apropiada, mediante consenso o mayoría, definir un programa sostenido de cambio que, en el marco del desarrollo endógeno, la democracia participativa y la descentralización política, defina trayectorias para la construcción colectiva futura de territorio, con la contribución desinteresada de todas las fuerzas que conforman el conglomerado municipal. Después y una vez definido el programa, identificar el perfil de quien debería ser el rector de ese proceso de construcción de futuro, quien, lo más probable, no sea salido del tradicional escenario politiquero que durante tantos años le ha causado perjuicios a la comunidad municipal y donde los méritos se logran con base en servilismo y lambonería, por cuanto el caso trataría de un ejercicio de gerencia pública postmoderna.

No es hora de confrontaciones electorales ni de manipular espíritus, sino de tomar conciencia ciudadana y sumarse a una empresa colectiva de cambio, que enderece las sendas para la reconstrucción municipal y la salvación de los principios y tradiciones que históricamente han hecho parte de la identidad local, por lo cual es necesario pensar en que Popayán no necesita candidatos.

LAS RÉMORAS DEL PLAN NACIONAL

Ya está en el Congreso el proyecto de plan de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”, un nombre por cierto rimbombante, donde se consignan todas las acciones que el gobierno pretende realizar en los tres años y medio que le quedan del período constitucional, las cuales se agrupan en cinco capítulos, además de dos definiciones de políticas generales, la de paz y las poblacionales, complementadas con las políticas macroeconómicas.

Sin duda, es un ambicioso catálogo de propósitos con muy buenas intenciones y además pertinente y consecuente con la realidad y los requerimientos del pueblo colombiano, que responde a las expectativas de cambio que generó la elección presidencial. Está claramente definido todo lo que se piensa hacer, o sea que contiene el qué. Pero deja interrogantes acerca del cómo, con quién y con qué herramientas. Por los recursos financieros se ve que no hay problema y que está financiado; pero los medios y el ambiente institucional y operativo, generan dudas.

Por lo general y de acuerdo a la teoría de la planificación, un plan contiene definidos los puntos de llegada, las rutas o trayectorias por donde marchará el proceso y los instrumentos que garanticen la viabilidad real en al marco de la institucionalidad. Pero el plan del presente gobierno muestra debilidades en cuanto al marco de condiciones, supuesto y requisitos que se deben cumplir para facilitar la realización de todas las acciones que contempla este instrumento de gestión gubernamental.

La pregunta que surge es, si se cuenta con la capacidad institucional suficiente para realizar en tan corto tiempo toda la lista de actividades contempladas, ya que no bastan las entidades del orden nacional, sino que requiere de la contribución de los organismos territoriales, a quienes competen varias de las funciones para el logro de muchos propósitos. Y, sobre todo, lo más importante, si la comunidad está suficientemente organizada y cualificada para intervenir en los procesos de gestión necesarios.

En el trasfondo del plan se percibe claramente que para la realización de las acciones, es necesario fortalecer la democracia participativa y la descentralización política, lo cual implica aclarar si el centralismo bogotano está dispuesto a ceder algo de su poder y si las comunidades locales y principalmente los concejos municipales, están dispuestos a satisfacer los requisitos técnicos y organizacionales para que la gestión pública se realice en ese marco, que, por demás, está contenido en el espíritu de la constitución política pero que hoy no ha pasado de ser simple discurso.

Si el llamado plan de desarrollo, que no es más que un plan de gobierno, no contempla el marco de condiciones y requisitos para llevar a cabo las intenciones que contiene, por muy adecuado que sea a la realidad nacional, se queda rezagado frente a los propósitos. Ya vimos el caso: existe similitud del capítulo 5 “Convergencia Regional” con el plan de del período 2010-2014, que, en esa época, no se logró por las mismas razones que aquí se están exponiendo, es decir por la necesidad de que, principalmente en el medio comunitario, se brinden las condiciones apropiadas para la participación social en los procesos de gestión pública; caso contrario, será muy difícil sobrepasar las rémoras del plan nacional.

INSUFICIENCIAS DEL PLAN

Examinando el anteproyecto del plan de desarrollo para el período 2022-2026 en la versión presentada ante el Consejo de Planeación, vemos un muy bajo relieve en el tema relacionado con la gestión pública, lo cual es bastante sorprendente, porque el manejo de lo público, es la causa principal de la crisis colombiana y porque ahí, en la gestión pública, se ubican las herramientas con las cuales se pretende introducir el cambio prometido, que no es otra cosa diferente al desmonte de las políticas neoliberales. Si el Estado no se acomoda por dentro, no podrá realizar las tareas adecuada en el contexto nacional del país real. 

Vemos algunos puntos que muy tímidamente se refieren al asunto y, claro, con ese contenido se puede sustentar los ajustes pertinentes, sobre todo en los niveles territoriales, que es donde más se sienten la ineficacia y la impertinencia de la gestión pública; pero implica que, por deducción, se precisen las acciones que conlleva el propósito del plan. No es contundente, ni directa, ni concreta, la propuesta que contemplan este plan, que, en sí mismo, constituye el primer eslabón del proceso de gestión.  

Vale la pena resaltar las anotaciones en el capítulo 5 “Convergencia Regional”, cuyo espíritu es similar al plan del primer gobierno de Santos, en tanto señala que “La convergencia regional es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país”. Aquí, en este capítulo, se anotan los llamados “catalizadores” e incluye los puntos relacionados con los aspectos territoriales, donde se contemplan superficialmente temas sobre la gestión púbica. 

De todo el escrito, se deducen conclusiones, sin duda, trascendentales, importantes y consecuentes con la situación real, pero si no se leen con detenimiento, pasan desapercibidas. Entre otras cosas, se deduce que el plan contempla la implementación del enfoque de desarrollo endógeno; pero se refiere, simplemente, al reconocimiento de la democracia participativa, cuando esta debería ser un objetivo central de todo el plan. Dice que se conformará áreas urbanas con actividades que promuevan el valor de la estructura ecológica, siendo que esta estructura constituye la columna vertebral de la gestión ambiental urbana. Contempla acciones supramunicipales con un enfoque regional, pero no señala los ajusten en la gestión territorial necesarios para que este propósito sea viable. 

Hace un reconocimiento a la participación comunitaria destacando la ingeniería social, pero no contempla los ajustes en el código de régimen municipal, que hoy se cocina en el Ministerio del Interior, para que este sea concordante con el plan de desarrollo y en general, los ajustes a la normatividad del POT que, durante un cuarto de siglo, no ha arrojado los resultados esperados. 

En general, todos esos propósitos señalados en este capítulo necesitan la creación de un piso jurídico apropiado para que se desarrolle la descentralización política, sin la cual la descentralización administrativa seguirá anquilosada, el enfoque territorial de los PDET seguirá siendo una falacia, el ordenamiento territorial un cuento, las corporaciones administrativas los mismos entes politiqueros que son hoy y la democracia participativa una ilusión que solo está escrita en un papel. 

Por supuesto, sin la decidida contribución de las entidades territoriales, las intensiones del plan nacional se quedarán frustradas, porque muchas de las acciones contempladas, corresponden a las funciones y competencias de los departamentos y municipios, por lo cual las próximas elecciones de organismos territoriales son de trascendental importancia para el gobierno nacional y para el éxito del plan de desarrollo, que si no se ajusta durante la discusión en el Congreso, será aprobado con las ya señaladas insuficiencias del plan.