EL HORROR DE LA DESCENTRALIZACIÓN

Han pasado ya más de 30 años desde que en Colombia se comenzó a hablar de la descentralización, la cual se introdujo en el escenario institucional con el argumento de que tendría muchos beneficios para la sociedad nacional, en razón al acercamiento de la comunidad con el Estado y con ello el refresco para la democracia y la mayor capacidad para el mejoramiento de las condiciones de vida, que en lenguaje académico se llaman desarrollo.

Pero desde que comenzó el presente siglo, surgieron las inquietudes e interrogantes acerca de los resultados del proceso, cuyos beneficios no han sido claros y menos aún contundentes, por lo que los académicos llegaron a la conclusión de que la sola descentralización administrativa no es suficiente para arrojar beneficios, sino se acompaña con la descentralización política y con ello el fortalecimiento de la Democracia Participativa. Sin embargo, el país lo que muestra es un recalcitrante centralismo político que concentra en la capital, el más asfixiante núcleo de las decisiones, hasta el punto de que el centralismo bogotano es una de las causas de la grave crisis institucional que inunda al país y que no se puede ocultar.

Con ello, entonces, surgieron las esperanzas de que algún día, el país tendría mayor descentralización política, entendida esta como el empoderamiento de las comunidades locales y municipales para diseñar y regir la construcción de su propio futuro y en el marco de la democracia participativa, poder aplicar métodos de gobernanza adecuados a la implementación del enfoque endógeno del desarrollo. No obstante, lo que veníamos viendo era que cada vez, el DNP se convertía en el principal enemigo de la descentralización y con métodos de chantaje e infiltración, atacaba con más fuerza la autonomía municipal consagrada en la Constitución Política.

Pero ahora sí, le colocaron la tapa. El mal llamado Plan de Desarrollo denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, incluye en el Punto 16 el Pacto por la Descentralización que, en lugar de fortalecer la descentralización política como requiere el país, sale con un nuevo enfoque que, según dice, obedece al paradigma impuesto por la OCDE y que tiene una connotación puramente financierista, al mejor estilo neoliberal. La descentralización se refiere al aumento de la generación de ingresos por parte de las entidades territoriales y particularmente el municipio. Descentralización significa para el PND que los alcaldes se dediquen a exprimir más a las comunidades municipales para aumentar los ingresos de la entidad territorial. O sea que no basta con la exprimida que pega la DIAN a las familias, sino que ahora también el municipio debe apretar más las finanzas domésticas para, supuestamente, traer mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades municipales.

Con este enfoque, no solamente se apartan de la filosofía de la descentralización que nos ofrecieron en los años ochenta, sino que distorsiona completamente la teoría de la gestión pública y el enfoque de políticas públicas concordante con los principios del desarrollo endógeno, por cuanto las fuentes de ingresos municipales son limitadas y descansan, principalmente, en los gravámenes a la propiedad de la tierra, lo que de por sí, ya está saturado, de modo que la política de descentralización del PND se convierte verdaderamente en el horror de la descentralización. 

RUMBO AL ABISMO

En los últimos días el país ha estado distraído, pensando en temas institucionales y políticos y observando cómo el gobierno está dedicado a rabiar por el Acuerdo de Paz con las Farc y a proteger a Uribe de los riesgos del encarcelamiento, reduciendo a la menor relevancia, otros aspectos de la vida nacional como es la situación de la economía. Con el agravante político de que el debate se ha convertido en insultos y diatribas de parte y parte y no en la discusión sobre propuestas de las políticas públicas que requiere la sociedad.

La relación del país con la economía mundial va en detrimento según se aprecia en las cifras de la Balanza de Pagos, con graves consecuencias en la economía interna. La recesión es un hecho que viene ocurriendo desde el año pasado, aunque las autoridades económicas lo niegan usando cifras falaces, lo cual está afectando gravemente el aparato productivo y varias ramas de la producción nacional están a punto de colapsar, como ocurre en la industria de prendas del vestuario y en la rama alimentaria. Pero también la construcción viene en descenso, además de otros sectores de servicios; y qué decir del sector agropecuario, cuya tendencia no para de descender, no solo en el café, sino también en el arroz y otros cultivos. Con dicha recesión, la primera consecuencia es el aumento del desempleo tanto de los factores, como de la mano de obra, que es el más grave por los efectos sociales que esto acarrea.

Por supuesto, las cifras de los defensores del modelo muestran otra realidad disfrazada, especulando sobre el crecimiento para este año, que aun así, lo proyectan en menos del 3 %; pero recurriendo a sectores improductivos como es el caso del financiero o el sector gobierno, que participan en el PIB, pero por fuera del aparato productivo, de modo que en lugar de estar creciendo, la economía se está inflando, con un exagerada participación del sector parásito de la economía, que es el financiero. Y para colmo de males, cerca del 80 % de la economía colombiana pertenece a multinacionales, o sea a empresarios que llegan al país a beneficiarse del mercado nacional, sacando grandes utilidades para llevárselas a sus respectivos países.

El desecamiento del aparato productivo, donde cada día cierran empresas, marcha en una peligrosa tendencia que el país no soportará, cuando ya se agoten las posibilidades de sostener la contabilidad nacional con cifras artificiales obtenidas al debe y con una crisis social de proporciones gigantescas con su consecuencial impacto en la tranquilidad ciudadana, que tarde o temprano reventará y no se sabe con qué consecuencias, en un país que políticamente está polarizado y sembrando la rabia de lado y lado, por la distorsión que ocurre en el proceso político. Pero el gobierno, en lugar de dedicar la agenda a buscar las soluciones adecuadas, se ciñe a repetir las fórmulas de política económica, que ya se ha demostrado no sirven para nada, pues sino ya hubieran dado resultado; pues dichas medidas, son concebidas para seguir favoreciendo al capitalismo financiero internacional y a las empresas multinacionales instaladas en Colombia, las que no pagan impuesto y ahora, las extractoras, ni siquiera regalías, como se ve en la ley que adopta el mal llamado plan de desarrollo nacional que acaba de aprobar el Congreso y que en lugar de llevar al país por la senda del progreso como dice en su nombre, lo que va a acelerar es que el país marche más rápido rumbo al abismo.

SE REPITE LA HISTORIA

Las costumbres ancladas en la conciencia colectiva son asuntos tremendamente rígidos y aunque sean perjudiciales para la comunidad, se mantienen y de manera estacional, ocurren cada que las circunstancias repiten las condiciones, como se puede ver este año en la práctica política, donde, a pesar de que son criticadas y rechazadas por la opinión pública, vuelven y se realizan dentro del proceso electoral que se avecina.

No solo porque así lo establece la Ley 131 de 1994 llamada “Ley del Voto Programático”, sino también porque es concordante con la teoría gerencial de la administración pública, se supone que el día de las elecciones la ciudadanía escoge un programa de gobierno para que rija los procesos institucionales de los próximos cuatro años, por lo cual la parte trascendental del debate electoral se refiere al Programa de Gobierno que se debe inscribir en la Registraduría, conjuntamente con la candidatura. Pero, lo que se observa este año es que nuevamente, la campaña se concentra en las negociaciones y las componendas para escoger candidato, con el fin de luego mercadearlo con estrategias de marketing electoral como vendiendo una mercancía en el mercado, con la diferencia de que quien paga no es quien compra como en los productos, sino quien vende, para comprar la conciencia de los electores.

Si nos atenemos a los aspectos conceptuales de la gestión pública, el programa de gobierno se puede asimilar a un proyecto político; pues la legislación solo establece la obligatoriedad, pero no define ni detalla técnicamente su contenido. Por eso, en el pasado los candidatos se limitaban a cumplir el requisito legal de la inscripción, sin otorgarle la seriedad e importancia al objeto, muchas veces presentando un escrito cuyo contenido era un salpicón conceptual, dónde había un revuelto de objetivos, políticas, estrategias, proyectos, compromisos de campaña, posturas demagógicas y de todo como en botica, menos la esencia de un proyecto político.

Desconociendo la importancia del programa, el debate se concentra más en la persona que en la propuesta y la discusión, por lo general, se dedica a escudriñar el pasado del personaje para sacarle los cueros al sol, sin importar sus competencias para la gestión pública y mucho menos, el contenido de la propuesta. Así, se vota por una persona y no por un programa como considera el espíritu de la ley y la esencia de la democracia participativa. Claro que a eso se ha reducido la política colombiana, que hoy se encuentra polarizada entre dos personajes, que aglutinan a la ciudadanía alrededor de sus posturas en contra: de un lado los enemigos del uno y al otro lado, los enemigos del otro. Casi no hay partidarios sino antagónicos.

Mientras tanto, la comunidad a la expectativa, esperando a ver si de pronto estas próximas elecciones propician un cambio en las tendencias de las condiciones de vida, que en todos los territorios se están deteriorando como efecto del proceso que sufre el país, afectado por las políticas neoliberales de los gobiernos y las consecuencias del capitalismo global, que desde hace más de tres décadas, vienen concentrando la riqueza en unos pocos países y en unas pocas personas, dejando a las naciones subdesarrolladas sumidas en la desesperanza y afrontando los conflictos internos de todo orden como los de carácter político, que no muestran un cambio de tendencia, sino que por el contrario, como se está viendo en el proceso electoral de los territorios, siempre se repite la historia.   

EL TEMA DEL DESEMPLEO

Este tema ha estado siempre, por lo menos en el último cuarto de siglo, en la mente de la gente; pero algunos gobiernos han hecho maniobras, principalmente en el DANE, para ocultar las verdaderas cifras que miden el fenómeno, las cuales en la vida real, han sido peores que las estadísticas oficiales. En el primer trimestre de 2019, la tasa ha estado por encima del 12 %, lo cual significa que, con la metodología que utiliza el DANE, el desempleo real debe estar por encima del 40 %; pues la tasa del DANE no contempla el subempleo y el desempleo disfrazado. Para este organismo, cualquier rebusque es empleo. Pero eso ya ni le preocupa a la opinión pública, que por la manipulación de la gran prensa bogotana, la audiencia tiene el pensamiento entretenido con el problema de Venezuela o con las mentiras que esos medios difunden contra los opositores al gobierno.

La verdad es que el desempleo es un mal endémico en el país cuyo origen es constitucional, por lo cual muy poco pueden hacer los gobiernos. En 1991 el Estado instauró una Constitución Política que abandonó el Pleno Empleo como hipótesis de la política macroeconómica y adoptó el enfoque de controlar la inflación como patrón determinante de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria. Desconectó el Bando de la República del Gobierno y lo colocó de rodillas al servicio de los intereses del capitalismo financiero internacional, a quien la inflación le produce el gran dolor de cabeza, por la pérdida de poder adquisitivo de los papeles de renta fija, donde los fondos colocan su capital de especulación.

A pesar del refuerzo al cuento del desempleo friccional que echó Phelps y por el cual le dieron el Nobel de Economía en 2006, sigue la Curva de Philips siendo un modelo cierto para identificar la causa estructural del desempleo en países subdesarrollado, carentes de capital y tecnología. Por eso no vacilamos en afirmar que la principal causa del desempleo en Colombia es ese afán desesperado del Banco de la República por bajar la inflación para salvar la tasa de ganancias de los inversores en papeles de renta fija, para lo cual utilizan el argumento de su función constitucional que, efectivamente, le asigna la tarea al banco de aplicar esta política, sin importar sus consecuencias en materia de desempleo. La política monetaria colombiana es típicamente contractiva, para frenar el crecimiento de la demanda agregada.

Haciéndole juego a esta política, el gobierno dice que aumenta el empleo si le bajan los costos y gastos a los empresarios, lo cual no se ha podido demostrar en el mundo real. Pero, para ello les reduce los impuestos y, principalmente, adopta medidas para disminuir los gastos de personal, golpeando de manera inhumana, la situación social de la clase trabajadora y desconociendo que la única forma de aumentar el empleo en un país como este, es mediante el incremento de la demanda agregada, que coloca dinero en las manos de la gente para que compren bienes y servicios y así los empresarios enganchan persona para atender los pedidos que hacen sus clientes. Pero los neoliberales no entienden este fenómeno y son tercos con sus fórmulas caprichosas, que otra vez han colocado en la mente de la opinión pública, el tema del desempleo.