EL LASTRE DE LAS PRIVATIZACIONES

Una de las herramientas del capitalismo rentista, que se tomo el poder de Estado en 1980 sustentado con el ideario neoliberal, es la de privatizar los bienes públicos para restarle carga al fisco, con la finalidad de bajarle el riesgo al servicio de la deuda, lo que constituye el corazón del modelo neoliberal. El argumento es falaz, como todos los soportes de esa corriente de pensamiento seriamente alimentada con los paradigmas de Harvard, cuyo criterio básico es el de la ineficacia del Estado y la carencia de recursos para la administración adecuada en beneficio de la ciudadanía.  

Así, con este pretexto, la Constitución Política promulgada en 1991 crea el piso jurídico para que todo sea privatizable, excepto los bienes de mérito, que siempre deben estar a cargo del Estado; y con ello, se desbordó un torrente de privatizaciones de todos los servicios que estaban a cargo del organismo en concordancia con el Estado del Bienestar que se sostuvo hasta 1980 y que fue víctima de un ataque feroz durante ese decenio de parte de los capitalistas rentistas.  

Privatización de la salud, la educación, los servicios básicos domiciliarios, los servicios públicos colectivos, las comunicaciones, la seguridad social, los servicios de tránsito y transporte y en general todo lo necesario para conformar la canasta familiar; y lo más descarado, la privatización de las carreteras. Claro, no todas, sino las que pueden generar ingresos al capitalista privatizador, o sea las de mayor tráfico vehicular. El argumento trivial era, en un comienzo, de que el inversionista privado podía construir la vía; pero, también privatizaron carreteras ya existentes y de propiedad de todos los colombianos.  

Pasados ya tres decenios desde cuando se implantó el modelo neoliberal, hoy podemos hacer un balance de resultados y verificar si los argumentos del gobierno de Cesar Gaviria han brindado los beneficios sociales y económicos que nos ofrecieron, evidenciando que no era verdad tanta belleza. Hoy vemos el desastre en la salud, los escándalos en tránsito y transporte, la crisis en el servicio de energía eléctrica, las quejas por los servicios de agua y aseo y, con gran despliegue, la inconformidad generalizada por la desfachatez con que se han privatizado las principales carreteras del país. 

Al principio era justificable que, debido a la elevada inversión, la construcción de nuevas carreteras fuera privatizada y por eso el derecho de explotación para recuperar lo invertido; pero ya en los últimos años se ha convertido en un negocio dudoso de concesionar peajes para alimentar la voracidad de los empresarios. En carreteras públicas ya existentes, establecen sin compasión cualquier cantidad de peajes sin argumentos, ni técnicos ni financieros, sino para facilitar que inescrupulosos inversionistas se aprovechen de la explotación de los bienes públicos.

Debido al valor de esta clase de bienes para la vida humana, motivo por el cual son de carácter público, el nicho natural de ellos es el Estado. Es este organismo, el que, por razones sociológicas y leyes naturales, quien se debe encargar de la administración de los bienes públicos. Pero después de 30 años de neoliberalismo, ya la costumbre está enraizada y se ha sembrado una cultura de resignación, que está generando reacción ante la propuesta de regresar lo público al seno del Estado. Ahora se considera normal la privatización y si el Estado interviene para regresar lo público a su nicho natural, se arma el escándalo con diatribas como la de la expropiación, la de imputar un caos, la del calificativo de dictatorial, como si lo normal fuera la privatización y la enfermedad fuera el regreso a su lecho natural, convirtiéndose esto en el lastre de las privatizaciones.

EL PAPA FRANCISCO LO DIJO PRIMERO

Los amigos del gobierno están celebrando con euforia el discurso que pronunció Petro en la asamblea de la ONU, en el cual les cantó la tabla a las élites de poder mundial, señalando verdades incontrovertibles, ya sustentadas con estudios y argumentos tanto de la las ciencias sociales como de las naturales; lo cual, por el escenario donde se habló que tiene audiencia universal, tiene mucha trascendencia  y se destaca por la osadía de restregarle la verdad en la cara a los grupos de poder económico y político global. 

Pero, parece que no son propiamente inéditas las palabras del presidente colombiano. Los mismos temas y las mismas afirmaciones, solo que sin destacar tanto lo relacionado con la coca, en otras palabras, muy parecidas, ya las había dicho el Papa Francisco en el Encíclica Laudato Sí, también llamada “El cuidado de la casa común”, que fue publicada el 24 de mayo de 2015 y, como toda encíclica, tuvo suficiente difusión y publicidad hace ya siete años. Por lo tanto, lo de Petro no fue tan novedoso que digamos, solo que lo dijo en el escenario político e institucional central del poder mundial. Tanto fue el impacto de la encíclica, que los líderes del poder financiero global, Rothschild, Rockefeller y Kissinger, visitaron el Vaticano posteriormente y no se sabe que hablaron con el Papa, pero se cree que lo “regañaron” por lo que escribió en el documento. 

No cabe duda que el capitalismo rentista sustentado en el ideario neoliberal que domina el mundo desde 1980, está acelerando el deterioro de la vida humana con la complicidad de oligarquías criollas que existen en todos los países subdesarrollados y que se nutren con las migajas que el capitalismo financiero internacional deja caer de la mesa. 

Algunas de las palabras textuales de Laudato Sí, que permiten ver la similitud con el contenido del discurso de Petro son las siguientes: 

“Existen propuestas de internacionalización de la Amazonia, que sólo sirven a los intereses económicos de las corporaciones transnacionales”. 

“Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo…” 

“Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de identidad”. 

“Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo” 

“La deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica. De diversas maneras, los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro.” 

“Mientras tanto, los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente”. 

“Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones.” 

“Pero el poder conectado con las finanzas es el que más se resiste a este esfuerzo, y los diseños políticos no suelen tener amplitud de miras. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario?” 

“Es necesario que los países desarrollados contribuyan a resolver esta deuda limitando de manera importante el consumo de energía no renovable y aportando recursos a los países más necesitados para apoyar políticas y programas de desarrollo sostenible”. 

Entonces, está bien que se aplauda la intervención magistral de Petro en la ONU, pero no se debe desconocer que el Papa Francisco lo dijo primero.

LA FALACIA DE LOS PRECIOS SUBSIDIADOS

 El capitalismo se caracteriza en que, el mecanismo que hace funcionar el sistema, es el mercado, el cual está compuesto por oferta, demanda y precio y además, cuenta con sus propias leyes, que son implacables y determinantes de los fenómenos económicos, con el agravante de que, después de 1980, con el imperio del capitalismo neoliberal, el mercado se convierte en la máxima autoridad económica a quien todos los actores, incluido el Estado, le tienen que obedecer, además de que dispone de un clan de defensores que padecen de mercadolatría y no aceptan que el Estado intervenga bajo ninguna circunstancia. 

Desde cuando predominan las políticas neoliberales, la privatización de los bienes públicos ha sido el principal karma y con ello el poder del mercado arrasa con todo, permitiendo que el Estado meta las manos, solo que se trate de intereses políticos o de élite económica. La norma es que se deje en plena libertad a las fuerzas del mercado, para que estas fijen los precios y condicionen los demás fenómenos económicos, como ocurre con el precio del dólar, que antes, en época del capitalismo clásico, lo fijaba la Junta Monetaria como autoridad económica, pero que ahora lo fija el mercado de divisas.  

En este contexto económico, el concepto de racionalidad se basa en que haya sometimiento al mercado. En época neoliberal, se es racional, si los hechos son concordantes con la ley del mercado; y todo lo demás, son los “fallos” del mercado, como cuando se realiza una asignación que se aparta de sus leyes y lesiona la eficiencia del mismo.  Por lo tanto, está por fuera de la racionalidad económica neoliberal, imponer subsidios a bienes que no son servicios públicos o que no corresponden directamente necesidades básicas humanas, como el caso de la focalización del gasto social. 

El subsidio a la gasolina establecido por razones políticas para evitar protestas generalizadas, es un fallo del mercado, o algo así como un engaño a la economía desde el punto de vista neoliberal. Tal vez, en el capitalismo clásico del Estado del Bienestar con soporte keynesiano, hubiese sido normal y hasta bien visto el subsidio; pero en época actual, cuando desde la constitución política para abajo son neoliberales, mantener subsidios se aleja de la racionalidad económica que bien han difundido los alumnos de Harvard. 

Claro, con un Estado, cuyo papel se reduce solo a atender las necesidades de los agiotistas del mundo y favorecer el negocio a los especuladores internacionales del dinero, no puede adoptar subsidios porque, el dinero del recaudo tributario, se destina con prioridad al servicio de la deuda; más cuando los ricos, que son los capitalistas rentistas y los negocios financieros, se niegan a pagar impuestos sacrificando así a las finanzas públicas. Siendo así, el organismo se encuentra en una encrucijada fiscal, donde se confrontan la realidad financiera, por un lado, y los riesgos políticos por el otro. Es una posición entre la espada y la pared, donde presionan los criterios del Estado neoliberal por delante y talanqueras del Estado del Bienestar por detrás.

Por supuesto que causa mucho malestar el alza de los precios de la gasolina, aunque se mantengan igual los precios del ACPM que afecta los costos del transporte de carga; pero la realidad es que el país tiene que aceptar que existe  el neoliberalismo y la globalización; y si eso no gusta, primero se debe desmontar el modelo neoliberal, cosa que tardará muchos años todavía; mientras tanto, dicho precio se escapa de la gobernabilidad interna, por cuanto es determinado por los precios internacionales, de modo que mantener precios subsidiados, es una mentira sobre una realidad neoliberal y con ello, lo que se presenta es la falacia de los precios subsidiados. 

ENTENDER EL DECRECIMIENTO

Cuando la ministra de minas Irene Vélez habló del decrecimiento, los periodistas bogotanos, con la ignorancia que caracteriza a la mayoría de ellos, crearon tremendo zaperoco en concordancia con su habitual estilo de periodismo escándalo, ridiculizando a la funcionaria y destacado su posible incompetencia para el ejercicio del cargo, desconociendo que ese tema, como muchos otros, tiene diversas posturas y enfoques que, aunque no se compartan, son totalmente respetables porque están sustentados en argumentos técnicos y no en caprichos subjetivos como en este caso, que el “decrecimiento ambiental”, corresponde a una propuesta que presenta un relativamente nuevo movimiento social, que reclama el derecho a menguar económicamente, y a crecer políticamente, a partir de una nueva lectura de los puntos fundamentales del programa social del ecologismo clásico, cuyos principales expositores han sido Serge Latouche  de la Universidad de Paris, Joan Martínez Alier de la Universidad Autónoma de Barcelona y Herman Daly de la Universidad de Maryland. 

Pero, para entender el decrecimiento expuesto por esa corriente francesa desde el primer decenio de este siglo, es conveniente conocer la línea de pensamiento generada en la CEPAL durante los años ochenta del siglo pasado, con exposiciones de pensadores cepalinos como Osvaldo Sunkel, Nicolo Gligo, José Villamil, Jaime Hurtubia y otros, donde se destaca Aníbal Pinto, quien, con el marco del Materialismo Histórico y la Economía Política, define que el Estilo de Desarrollo es la forma como se organizan, se asignan y en general se manejan las fuerzas productivas en una formación social.

Con la introducción de este concepto en la teoría del desarrollo, se resolvieron varias inquietudes hasta esa fecha inciertas, como el género que corresponde a la especie del desarrollo sostenible. Quedó claro que no se necesita cambiar el sistema económico para resolver problemas sociales y humanos, sino que basta con cambiar el estilo de desarrollo; igualmente, quedó claro que, en la historia del capitalismo, se reconocen dos estilos de desarrollo, por un lado, el Estilo Ascendente o Transnacional y por otro lado el Estilo Sostenible, que algunos le llama Sustentable. 

El Estilo Ascendente lleva tres siglos azotando la humanidad y gira en torno al corto plazo, la rentabilidad y los factores financieros, todo explicado con la Teoría de los Precios. El Estilo Sostenible todavía no entra a la realidad, pero sigue en debate y luchando por su aceptación universal más allá de la simple retórica de su enunciado. El Estilo Sostenible se contrapone al Estilo Ascendente y gira en torno al largo plazo, la sostenibilidad y los factores económicos, todo explicado con la Teoría del Valor. Por ello, con la teoría de los precios no es fácil comprender un concepto que se apoya en la teoría del valor. El PIB, como indicador de la contabilidad económica, está diseñado mediante la teoría de los precios y concebido para el Estilo Ascendente, por lo cual no se ajusta conceptualmente a los conceptos propios del Estilo Sostenible.

Así que no es tanta la ignorancia de la ministra Vélez como la quieren mostrar los periodistas de siempre, ya que sus palabras tienen un asidero conceptual, que ya también fue tocado tangencialmente por el Papa Francisco cuando expidió la encíclica Laudato Sí, destacando el valor de la vida humana y la importancia de las condiciones del ambiente para alargar lo más posible, la permanencia de la especie sobre el globo terráqueo. Por supuesto, quienes se benefician del actual estilo predominante, no aceptan el cambio profundo del mismo, sino que maquillan y distorsionan el concepto de sostenibilidad y los ignorantes de la teoría del desarrollo, hasta se burlan de quien hace referencia al tema porque no conocen las bases teóricas necesarias para entender el decrecimiento. 

VERDADERA DIMENSIÓN DEL ALCALDE

A raíz de que el presidente dijo cuando intervenía en un acto institucional, que la fuerza pública debe “obedecer” a los alcaldes, se armó el revuelo dando papaya a sus opositores y, como siempre, los neonazis, que padecen de “militardolatria”, pusieron el grito en el cielo con una sarta de imprecaciones tratando de propiciar alarma en la opinión pública. 

Pero ese término “obedecer” tiene un sentido diferente en el campo de la gestión pública. No es que los alcaldes vayan a dar órdenes puesto que estas corresponden al comandante, sino que, con el piso jurídico de los artículos 209 y 315 de la Constitución Política, este funcionario ejerce las competencias derivadas del modelo de Estado gerencial que se desprende de las normas constitucionales y que en Colombia se viene implementando desde hace tres decenios. 

En este proceso de posmodernización del Estado, lo que ha venido ocurriendo es la introducción del enfoque gerencial en la gestión pública; y de acuerdo con las normas jurídicas y los modelo administrativos inherentes al caso, el alcalde es el gerente público por excelencia y como tal, debe aplicar el paradigma gerencial correspondiente, que, justamente, no es el que se planteó en los años noventa con el nombre de la NGP, que trataba de calcar a rajatabla el paradigma privado, sino que se trata de diseñar modelos de gerencia pública pertinentes a la realidad política, institucional, cultural y social existente en los territorios colombianos. 

La gerencia pública implica aplicar principios generales que cambian los patrones del viejo modelo burocrático donde imperaba la gobernabilidad. Hoy sobresale la gobernanza basada en el diálogo y la concertación, que no es socialización como algunos pretenden, como también los principios de la multiorganización, la participación, la flexibilidad, la innovación, la concertación y el trabajo en equipo, aplicados tanto a nivel de la macrogestión como de la microgestión publicas. 

El alcalde, ante todo, es el rector de los procesos sociales, institucionales y económicos que ocurren en el territorio de su competencia, para lo cual debe liderar al conjunto de actores municipales tanto oficiales como privados, mediante la implementación de políticas públicas construidas en el marco de la democracia participativa, es decir con la intervención de todos los actores. Entonces, en su carácter gerencial, no es jefe ni imparte órdenes, sino que propicia los escenarios para articular a todos los actores privados, civiles y oficiales, estos últimos de los órdenes nacional, departamental y local, canalizando las acciones e intervenciones en los procesos públicos hacia los fines de interés general y bien común para cumplir los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2° de la Constitución Política.   

Entonces, no es para crear pánico con las palabras del presidente, que solo se refiere a un caso de léxico o de gramática; pues el verdadero significado, que también se contempla en el artículo 91 de la ley 136 de 1994, se refiere al ejercicio de la gerencia pública correspondiente a la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, que implica el desarrollo de la descentralización para el fortalecimiento de la democracia participativa. Otra cosa es que, en la costumbre y tradición, estas competencias y retos de los alcaldes no se cumplan, por motivos del régimen político y las distorsiones en los sistemas electorales, que ocasionan desvíos en la verdadera dimensión del alcalde.