EL IMPACTO DE LA PRIVATIZACIÓN VIAL

La norma constitucional permite que todo sea privatizable en Colombia, excepto los bienes de mérito, que por su misma esencia, no es posible que lleguen a manos privadas. La privatización de los bienes públicos es uno de los pilares del modelo neoliberal, que se apoderó del mundo para proteger al capitalismo rentista, es decir los intereses de los especuladores internacionales del dinero que ahora les llaman inversores. La justificación ha sido siempre la de qué se trata de ganar eficiencia y eficacia, lo cual está comprobado que no es cierto, y de que el Estado no tiene recursos para sostener el suministro de este tipo de bienes, argumento que tampoco es verdad. 

Pero lo cierto es que en la realidad no se presenta ni lo uno ni lo otro. Las privatizaciones se han utilizado más con fines politiqueros y de corrupción, que con propósitos de mejorar la gestión pública, como se puede ver en el caso de privatización de las carreteras mediante el mecanismo de la concesión, lo mismo que en otros asuntos pertenecientes al sector de tránsito y transporte. Hoy vemos que las multas, los trámites, el recaudo y otros, son operados por empresas privadas donde también hay participación de capital extranjero. 

Lo más aberrante y descarado en toda esa ola privatizadora de los sectores de infraestructura, tránsito y transporte, es lo de la carreteras, que se entregan a empresarios privados por período de treinta años, con el argumento de que el privado se encargará del mantenimiento de la obra, la cual en la mayoría de casos es construida con recursos públicos, cuyo cobro de peajes se realiza con tarifas escandalosas, lo que genera magnitudes espeluznantes en los ingresos del empresario privado, que asume los irrisorios costos del mantenimiento cuya calidad deja mucho que desear; pues en muchos casos el estado de la obra presenta deficiencias que entorpecen o arriesgan la circulación por dicha vía. 

Lo curioso del esquema es que las empresas concesionarias siempre son las mismas y coincidencialmente, con el tiempo se sabe que esas mismas son aportantes que financian campañas electorales. Parece entonces que no hay tal argumento de mejoramiento vial sino un negocio de intercambio independiente de la situación financiera de la obra. Se presume que lo menos importante es el servicio de la vía y lo que predomina es el ingreso de quien necesita recuperar la inversión, no en la infraestructura sino en la campaña electoral. 

Hoy el país está atestado de peajes, pero en las vías de mayor tráfico vehicular. Dicen que existen cerca de 170 en todo el país lo cual es exagerado, como ocurre en la vía panamericana en el Valle del Cauca, donde entre Cali y La Paila, en una distancia aproximada de 120 kilómetros, hay cuatro peajes, o sea uno cada 30 kilómetros, como si el costo de mantenimiento de esa vía fuera tal elevado como para que un vehículo pequeño de uso particular tenga que pagar 80 mil pesos para ir y regresar. Se estima que por ese tramo circulan más de 15 vehículos diarios, o sea que calculen cuanto ingreso representa para el concesionario.

Pero claro que las cuentas alegres del negociado de las concesiones afecta otros sectores de la actividad económica; ya el sector de turismo está poniendo el grito en el cielo por las cifras de encarecimiento de los viajes por tierra lo mismo que el sector de transporte de carga al que le han obligado a elevar las tarifas afectando también el comercio, de manera que por las agallas de los inversionistas electorales, se está haciendo un bumerán el impacto de la privatización vial.

LA REFORMA TRIBUTARIA QUE SE VIENE

El gobierno nacional con su habitual costumbre de mentir y tratar de engañar a la opinión pública, dice que Colombia necesita una refirma tributaria para subsanar los elevados gastos en que incurrió por motivo del Covid-19 y se alista para introducir un paquete dentro del típico enfoque neoliberal, es decir impuestos indirectos y estructura regresiva, pero oculta el verdadero motivo de dicha reforma que radica en la presión de los organismos multilaterales como el FMI y la OCDE, cuya misión es proteger en los países que intervienen, los intereses de los especuladores internacionales del dinero o los agiotistas del mundo. 

El problema fiscal colombiano es de fondo y no por los gastos de una pandemia que es coyuntural, el cual se inició con la Ley 51 de 1990, cuando se modificó la estructura de financiamiento del Estado que luego se consolidó con la Constitución de 1991. Antes de esa fecha, en época del Estado Interventor-Benefactor, el esquema de financiamiento del organismo se basaba en los impuestos directos, principalmente el impuesto al patrimonio y los aranceles, y el carácter progresivo de los mismos, más la emisión de dinero del banco central; pero ahora las finanzas públicas se sustentan en la deuda, que es la esencia del modelo neoliberal y que el fisco adquiere en el mercado de capitales. 

Fijémonos en el crecimiento de la deuda y el pago de la misma que año tras año se incrementa en cifras escandalosas que se comen un porcentaje elevado del recaudo de impuestos. En 1991, cuando comenzó el esquema, la deuda pública ascendía a 17 mil millones de dólares equivalentes al 2,8 % del PIB, mientras que en 2020 el monto ya iba en 180 mil millones de dólares equivalente al 61.4 del PIB. A este ritmo, no nos extrañemos que en pocos años recorten el sistema general de participaciones, todo el sistema de subsidios y las pensiones, que ya las tienen en la mira para comenzar, todo con el fin de liberar recursos de los impuestos para pagar el servicio de la deuda. 

Pero lo más grave no es que escondan la verdadera causa de la reforma tributaria con el falaz argumento de los gastos por la pandemia, sino el carácter neoliberal de la estructura impositiva, donde los verdaderos ricos, los capitalistas rentistas especuladores que ahora les llaman inversores agazapados en los fondos de inversión, no pagan impuestos y las multinacionales del sector extractivo tampoco pagan, con el argumento de la doble tributación, como si las regalías por el saqueo de los recursos naturales fuera un tributo; y así mismo otras multinacionales y grande capitales que están exentos de pagar.

Entonces la solución es sencilla; pero se requiere voluntad política. Si el gobierno quiere solucionar la crisis de las finanzas públicas originada en la estructura de financiamiento del Estado, pero no quiere recurrir al instrumento clásico que es el Banco de la República porque el BPI con sede en Suiza no se lo permite, que recurra a la fórmula de que los ricos y las multinacionales paguen impuestos con justicia y racionalidad económica. Con solo eliminar las exenciones establecidas en la última reforma, ya consigue 15 billones de pesos, sin necesidad de seguir estrangulando los ingresos familiares y deteriorando aún más la calidad de vida del pueblo colombiano que ya no aguanta más con las altas tarifas de los bienes públicos privatizados y así se evitaría atizar el fuego del descontento social que con seguridad producirá la reforma tributaria que se viene.

OTRA VEZ BUENAVENTURA

Solo han pasado algunos años desde que Buenaventura estaba viviendo el fragor del conflicto social, cuando, como es tradicional, el gobierno nacional vino a hacer promesas y compromisos para apaciguar los ánimos de la masa social, y ya otra vez el clima de violencia y anarquía urbana está afectando la normalidad de las condiciones de vida de sus habitantes. 

Es cierto que existen factores de idiosincrasia o cultura local que han sido causa de la situación que desde el comienzo del presente siglo vive la comunidad porteña; pero precisamente, es ahí, en condiciones de este carácter, cuando el Estado debe ejercer su misión de regir los procesos sociales, económicos e institucionales para canalizar la ruta de construcción de futuro de la población hacia fines de interés general y beneficio colectivo, para lo cual la teoría sociológica suministra las herramientas técnicas apropiadas para tal fin. 

El gobierno nacional argumenta que la asignación de recursos para este distrito ha sido cuantiosa durante las últimas décadas; y si examinamos las cifras del ejercicio fiscal vemos que eso es cierto según el territorio donde se localizan las inversiones públicas, las cuales obedecen a las políticas de desarrollo y los intereses de los sectores privilegiados por los gobernantes. Así, queda muy claro que el gobierno nacional ha metido plata a Buenaventura en sumas cuantiosas, pero para beneficiar a las poderosas elites bogotanas que controlan el comercio exterior, sobre todo, a las potentes roscas que manejan las importaciones legales e ilegales, cuya operación se realiza con patrones mafiosos. Igual como sucedió en la revolución del medio siglo diecinueve, cuando los influyentes y poderosos importadores ganaron la lucha política y se tomaron el Estado para colocar el mercado nacional al servicio de las industrias inglesas castrando el desarrollo industrial colombiano que por esa época ya era incipiente. 

El verdadero potencial de Buenaventura no es el canal de acceso marítimo y el puerto; la riqueza de ese territorio para beneficio, no de los empresarios bogotanos sino de la población asentada en el territorio, es la biodiversidad y riqueza ambiental de la franja pacífica y su relación con los ecosistemas marinos. De qué le sirve a la población de Cisneros o Loboguerrero, por ejemplo, y menos a los asentamientos poblacionales del bajamar, que se haya construido una carretera con altísimos niveles técnicos y majestuosidad de la ingeniería civil, si la pesca artesanal sigue sin el apoyo necesario para su desarrollo, la actividad agropecuaria continental sin los mecanismos de fortalecimiento y el potencial de la biodiversidad en materia de biotecnología sigue abandonado, lo mismo que el turismo, que no es de playa como en el Caribe, sino principalmente ecológico ??? Con menos de la mitad de los recursos metidos en comercio exterior, se hubiera desplegado y fortalecido una estrategia de desarrollo endógeno que hubiera solucionado estructuralmente el actual problema social.

Pero esos recursos para el desarrollo local, no están en la agenda del gobierno nacional, como sí están los intereses de los agentes del comercio exterior, embebidos por la ilusión de la globalización y los tratados de libre comercio que sólo están destruyendo el aparato productivo nacional, de modo que si el Estado no reconoce las alternativas para mejorar las condiciones de vida de la población residente en su mayoría afrocolombiana y no adopta las estrategias adecuadas de ordenamiento territorial y desarrollo endógeno de la zona del pacífico, el conflicto social y la violencia seguirá presente porque las condiciones de vida de la población se mantendrá con los bajos niveles de satisfacción de necesidades que hoy existe y así, cada cuatro años veremos la floración del conflicto y seguiremos diciendo que otra vez Buenaventura. 

LA RESISTENCIA DE LA CULTURA LOCAL

Con este fenómeno de la pandemia y los esfuerzos del gobierno local por implementar medidas que disminuyan la velocidad del contagio, motivado por la saturación de dotación de camas UCI en los centros de atención hospitalaria, se reiteran conclusiones relevantes sobre el papel de la idiosincrasia, cultura o simplemente ideología, que rige la conducta individual de las personas en el marco de la vida social o comunitaria. Por supuesto, eso ya se sabía desde tiempo atrás, porque el conjunto de valores y normas de comportamiento que se basan en los patrones mentales, siempre ha sido un factor determinante en los procesos que el conglomerado humano realiza en materia económica, social, ambiental o institucional. Tanto que cuando se habla del desarrollo regional o el desarrollo local, a este aspecto se le atribuye papel determinante en el éxito a fracaso de las empresas colectivas orientadas al fortalecimiento o elevación del desarrollo. 

Estos patrones mentales que rigen la conducta humana son tan fuertes, que para modificarlos se necesita de la renovación generacional, o de herramientas institucionales muy potentes, que propicien el ajuste de pensamiento y conducta, las cuales deben ser impulsadas por los organismos del Estado y debidamente diseñadas para el logro de los objetivos, la cuales además, requieren de sabiduría, sagacidad, habilidad y capacidad gerencial de los gobernantes locales. Caso contrario, habrá que esperar que los medios de comunicaron y los instrumentos publicitarios realicen su trabajo por sí solos. 

En Cali existe un patrón de conducta social muy enraizado que hace parte de la idiosincrasia local, el cual está asociado a la música, el baile y la integración social en actividades recreativas o de esparcimiento. Casi que el principal satisfactor de la necesidad humana de ocio, al decir de Max-Neef, es la rumba. Así, alcanzar la disciplina social que el gobierno quiere para disminuir el contagio, es muy difícil y las medidas coactivas y represivas son insuficientes. 

La cultura local encierra los patrones de conciencia colectiva que no cambian de la noche a la mañana, simplemente porque se dicta una norma. En la época del “Cali Sucursal del Cielo”, entre 1965 y 1975, no hubo normas y la conducta cívica de la gente operaba de manera automática e instintiva. Igualmente cuando se derrumbó el civismo a partir de 1980, tampoco se dictaron normas. Fueron otros factores. 

Por esas razones y con el fin de que el Estado no pierda su misión de ser el rector de los procesos sociales, económicos e institucionales del conglomerado humano, para efecto de que su rumbo no se anarquice sino que se oriente al logro de fines de interés general y beneficio público, es que se han creado los conceptos y los instrumentos de gestión pública que hoy descansan sobre la gobernanza, para desarrollar la democracia participativa. Pero la aplicación de este paradigma en cualquier caso necesita de sabiduría y técnicas adecuadas. 

Lo cierto es que por más toques de queda y demás normas para hacer que la gente se quede encerrada en casa los fines de semana, serán insuficientes ante el ímpetu de la cultura local. Por eso cada fin de semana es sorprendente la cantidad de fiestas y reuniones sociales, muchas de ellas clandestinas, que la comunidad caleña realiza para darle salida a las costumbres y tradiciones que están empotradas en la conciencia colectiva de la comunidad y todo debido a la resistencia de la cultura local.