OTRA VEZ LÓPEZ EN EL DNP

 Desde 1958, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha sido el enclave en la institucionalidad colombiana para introducir las políticas y medidas que convienen y favorecen a los núcleos de poder económico que gobiernan la economía mundial. En esa época, se trataba de implantar las relaciones internacionales neocolonialistas, ingeniadas por los industriales de los países triunfantes en la segunda guerra, para extender las empresas multinacionales hacía los países que en ese tiempo llamaban del tercer mundo. En Colombia, a través de la CEPAL, se inyectó el denominado Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, con el cual se modernizó la economía y se concentró el “desarrollo” en cuatro polos que hoy padecen los cinturones de miseria y descomposición social. Por fortuna, era la época del capitalismo clásico con predominio del sector industrial y sustento conceptual en la teoría keynesiana, por lo cual el empleo era el principal propósito de la política macroeconómica, así que los puestos de trabajo eran abundantes. 

Pero en 1980 la modalidad de capitalismo cambió y se introdujo el capitalismo rentista cuyos núcleos de poder económico que gobiernan la economía mundial, ya no son industriales sino rentistas organizados en fondos y a quienes llaman inversores. Pero el DNP siguió cumpliendo su misión, o sea la de obedecer a las fuerzas internacionales, tarea que cumplen acogiendo las directrices de los organismos multilaterales como el FMI, el BM y el BID, que son controlados por esos mismos núcleos de poder. 

En la época del presidente Samper, a quien los neoliberales le tenían temor porque había dicho en campaña que le iba a poner corazón a la apertura y presentó una propuesta de alto contenido social, El Salto Social, el organismo de planeación se convirtió en un “palo en la rueda” para Samper insistiendo a toda costa introducir el enfoque neoliberal en la política social, en contra del enfoque humanista que, por esa época, promovía el partido liberal. La Unidad de Desarrollo Social (UDS) estaba a cargo de Jesús Duarte, un funcionario proveniente del BID, que se acompañaba de la llamada Misión Social. 

Fue cuando, después de varios episodios que mostraban el obstáculo del DNP frente a las directrices de la presidencia, Samper retiró del cargo al director del departamento y procedió a designar a Cecilia López, persona de confianza del presidente, como directora del DNP. Por supuesto, los críticos y principalmente los neoliberales, pusieron el grito en el cielo con el argumento de que la señora López no era tecnócrata, como para ocupar un cargo eminentemente técnico, lo cual es muy discutible. Porque la tecnocracia es el argumento para sustentar la injerencia de las fuerzas internacionales en la definición de políticas y programas neoliberales.

Ahora estamos presenciando un episodio similar, aunque no igual. Sigue el DNP obedeciendo a las directrices neoliberales que se oponen a los ajustes progresistas en las políticas nacionales, por lo cual el director del departamento, que no es un cargo técnico sino de direccionamiento estratégico, debe ser ocupado por un perfil que entienda y comprenda el compromiso del gobierno actual de redireccionar las políticas neoliberales hacia objetivos de mayor contenido humanista y democrático. El gobierno ha designado a otro personaje López, esta vez a Alexander, y probablemente también se dirá que no es tecnócrata. Pero la cabeza del departamento es para implantar el direccionamiento estratégico de la entidad, de modo que los ejecutivos, estos sí técnicos, puedan aplicar sus métodos e instrumentos de gestión en concordancia con la dirección de políticas institucionales, de ahí que en el caso del presidente Petro y similar a lo del presidente Samper, se repite que otra vez López en el DNP.  

EL DESVÍO DE LA CONFRONTACIÓN POLITICA

Es lamentable el escenario que han construido los principales acores de la novela política colombiana, que ha llegado a niveles tan bajos, que está poniendo en riesgo la estabilidad institucional y la convivencia pacífica de la población, ya, por cierto, bien deteriorada como consecuencia de las tres décadas de políticas neoliberales agravadas con los efectos de la ideología de la postmodernidad; pero, tras de gordo, hinchado.

Desde cuando terminó el comunismo primitivo, que la mitología cristiana llama paraíso terrenal, y surgió el modelo de producción esclavista, la especie humana ha estado polarizada en dos bandos que actúan con base en sus intereses, en concordancia con el instinto natural y, particularmente en Colombia, desde 1810 cuando apareció la Patria Boba, siempre ha estado presente el conflicto en la historia nacional. Pero ahora, desde el año 2023, la situación ha llegado a extremos lamentables por la confrontación entre los neoliberales, representados por los partidos tradicionales, y los humanistas, representados por los movimientos progresistas.

El caso sería normal, como lo ha sido durante toda la historia de la humanidad, si no fuera por la actitud y formas con que se manifiesta la confrontación. En ambos bandos toman posturas sectarias, motivadas, más por el dogma que por los conceptos y el pragmatismo frente a una realidad objetiva; ya previamente los actores tienen legítimamente su postura política definida, de modo que ningún argumento les va a convencer de la postura contraria, por lo cual la discusión es insulsa. Pero lo grave es que los ataques y defensas de ambos bandos, se sustentan en posiciones subjetivas movidas por sus propias pasiones y totalmente alejadas de las condiciones objetivas de la realidad concreta.

No se presentan ni muestran argumentos sólidos basados en hechos reales, sino mentiras, suposiciones y distorsiones de la conducta de los protagonistas del proceso político. Para atacar y defender, se tienen en cuenta la propia concepción previa y juicio subjetivo sobre el antagónico, en lugar de los hechos y la utilización de conceptos técnicos para juzgar, por lo cual el clima se ha calentado tanto, que ya invoca altos riesgos sociales derivados del desvío de la confrontación política.

EL RETO DEL MININTERIOR

 El PND Colombia Potencia de la Vida es el único compromiso serio del gobierno para ejecutar durante el período constitucional, ya que es una ley de la república de obligatorio cumplimiento; ahí se consignan las acciones que se deben realizar en el ejercicio gubernamental y se destacan los aspectos relacionados con la democracia participativa y la descentralización política, que han sido un discurso escuchado durante más de 30 años pero que no se manifiestan en la realidad de la gestión pública. El gobierno contempla la intervención de la organización comunal y en general de las organizaciones de base, en la ejecución de los programas principales del plan de gobierno. 

No obstante, la voluntad del ejecutivo no basta para que este propósito de haga realidad, ya que existen elementos de carácter práctico, operativos, que son, en últimas, los factores que determinan la viabilidad real de las políticas gubernamentales. El interrogante obligado es sobre, cuál es la idoneidad o la capacidad organizacional, el equivalente a la capacidad institucional de los organismos públicos, que poseen las organizaciones de base como para que asuman la tarea de ser ejecutores de programas de gobierno en el ámbito local. Lo cierto es que esta capacidad o idoneidad para ser protagonistas en la gestión pública es muy limitada. Tanto en aspectos administrativos como operativos y técnicos, en el momento presente las organizaciones de base, en su mayoría, no cumplen con los estándares mínimos para asumir el papel correspondiente en esta materia.

Así que el gobierno debe comenzar por el principio, si no quiere que fracasen las políticas del PND, lo cual significa adelantar primero una fase de fortalecimiento de la capacidad operativa de las organizaciones de base, para luego sí, que estas puedan entrar en la gestión de proyectos públicos. Por supuesto, revisando la estructura administrativa del orden nacional, corresponde al Ministerio del Interior asumir la responsabilidad del fortalecimiento de la capacidad operativa o el equivalente a la capacidad institucional de los entes públicos, si de verdad existe la intensión de avanzar en la construcción de la democracia participativa, lo cual quiere decir que, aunque la responsabilidad y carga del plan de gobierno es de toda la Rama Administrativa del Poder Público, por razones de su competencia el prólogo del proceso se convierte en reto del Mininterior.  

AFUERA PETRO

Revisando los hechos históricos desde la antigüedad y con mayor razón los del último siglo, se observa con claridad que los fenómenos mundiales o internacionales, están por encima y son determinantes de los hechos al interior de los países en los asuntos relacionados con ellos. Se aprecia que los centros de poder mundial ejercen influencia y dominio sobre los procesos internos y que estos finalmente se someten a aquellos.

Si esa ley histórica se cumple, el próximo presidente de Colombia no será progresista, sino salido del otro bando y prevalecerá el péndulo que en las últimas cuatro décadas se ha observado en los países de Latinoamérica. Solo cuando se derrumbe la modalidad del capitalismo rentista con el poder concentrado en los fondos, como Black Rock, por ejemplo, y regido por la FED, que se sustenta en la doctrina neo-neoclásica y su derivado neoliberal, se podrá implantar en los países dependiente un cambio del modelo económico y social, que se sostenga y perdure en el largo plazo, hasta llegar a su propósito de condiciones de vida y dignificación humana , como lo quiere el progresismo.

El capitalismo financiero internacional ha implantado los mecanismos e instrumentos para ejercer la dominación global, los cuales son muy potentes y están blindados con normas constitucionales y del derecho internacional, de modo que se convierten en un obstáculo para que los Estados, en su conjunto o sea las tres ramas, puedan aplicar políticas que permitan solucionar estructuralmente los problemas sociales y satisfacer las necesidades del pueblo.

Comenzando por el Banco de la República que raptaron mediante norma constitucional y lo colocaron a su servicio a través del BPI de Suiza, convirtiéndolo, además, en autoridad económica por encima del gobierno, el cual con su política monetaria de freno a la inflación para beneficiar a los rentistas que colocan su inversión en papeles de renta fija, propicia el desempleo masivo que afecta la situación social. Luego lo protegieron con normas que solo una asamblea constituyente puede modificar, esta que los mismos centros de poder global, siempre impedirán por miedo a que les tumben su poder.

El negocio del rentismo internacional, es mantener al Estado sometido al mecanismo de financiamiento que ellos han impuesto a través de los mercados de capitales, haciendo del Estado un deudor continuo y permanente, que no se puede escapar de sus garras y se mantiene esclavo de la deuda; porque propiciaron la implantación de una estructura de financiamiento donde el organismo queda amarrado a la deuda y debe destinar más de la mitad de los ingresos tributarios al pago de las obligaciones, limitando al gobierno por escases de recursos, para atender las necesidades sociales y de inversión. Para complementar, crearon el cuento de la “regla fiscal”, con la que aseguran que el gobierno destine prioritariamente los recursos de los impuestos, para atender las obligaciones con los acreedores. Así, al gobierno no se le permite implementar las políticas sociales necesarias para el cambio, por limitaciones fiscales que no pueden evadir. Y si trata de aplicar programas sociales, por algún lado, atacan las propuestas con el argumento falaz del “populismo”, cuyo concepto ha sido distorsionado y lo utilizan de manera peyorativa contra los principios del Estado de Bienestar, que se impuso en la mitad del siglo XX. Para complementar el dominio internacional, se ha establecido el monitoreo periódico del FMI y los acuerdos de Basilea mediante los cuales el BPI ejerce su dominación sobre el banco central. Adicionalmente, y para mantener el sometimiento del Estado al servicio de la deuda, se inventaron otros instrumentos como las calificadoras del riesgo (Moody’s, Estándar & Poor´s, Fitch Ratings), con las cuales hacen “terrorismo” fiscal contra algún gobierno que pretenda escaparse de su secuestro.

Pero hasta aquí, solo se ha señalado una fracción del conjunto de factores que limitan al gobierno para realizar los cambios, que espera con afán la comunidad nacional en corto plazo y que exasperan el ánimo cuando no llegan rápido las soluciones deseadas.

Además de los mecanismos permanentes, los núcleos de poder internacional no se quedan de brazos cruzados cuando su domino está en riesgo. Meten todo el billete que sea necesario a través de las ONGs que poseen para tal efecto, como ocurrió en 1990 con el IIE (hoy Instituto Peterson) fundado en Washington en 1981, que influyó el cambio de la constitución política en Colombia, para poder secuestrar en banco central con la complicidad de Cesar Gaviria. Cualquier intento de cambio en el país que vaya en contra de los intereses globales, será frenado con el auspicio y la financiación de fondos provenientes del exterior, que manejan los organismos civiles alimentados con donaciones de los grandes grupos financieros. Y no hemos citado el cinturón de la OMC que aprieta desde afuera, ni el enclave de FEDESARROLLO, el esbirro que mete cizaña desde adentro para la conservación del régimen.

Pero también hay fenómenos internos que impiden el cambio a la velocidad que la ciudadanía espera y necesita, de modo que la impaciencia empuja procesos electorales desesperados, que terminan en contravía de las verdaderas soluciones al descontento social. No solo es la acción inmoral y antiética de los neonazis, que utilizan métodos depravados para atacar al gobierno presente con el fin de dañar la imagen pública mediante la falsedad que condiciona la opinión de la ciudadanía, similar a la propaganda nazi de Goebbels, sino también que el soporte político del gobierno, presenta debilidades como para enfrentar la magnitud de las fuerzas opositoras nacionales e internacionales.

Históricamente, la cultura política colombiana es caudillista y los procesos electorales no se sustentan en una plataforma ideológica que contenga propuestas de gestión y políticas públicas, sino en el nombre y cualidades de un personaje. De otro lado, el desempleo y la pobreza generalizados por culpa del modelo neoliberal que ha imperado en los últimos 30 año, generan una acción política espontánea y reactiva de horizonte coyuntural, que facilita la manipulación del voto mediante cualquier prebenda; situación que aprovechan los tenedores del gran capital para comprar la conducta del elector y alcanzar las cifras electorales deseadas.

El actual gobierno no llegó al poder montado sobre una estructura organizacional con soporte ideológico fuerte y de gran cobertura, sino como resultado reactivo de la situación de descontento acumulada durante lo que va del presente siglo, que había sido originada en el desempleo y la pobreza generalizada propios del capitalismo salvaje, agravado por el pésimo gobierno del anterior presidente cuyo talante neonazi concentró los beneficios del poder en grupos de amigos y ocasionó la horda electoral que llevó al triunfo de la propuesta progresista.

Pero el progresismo, como partido, no existe. Se aprecia una “cocha de retazos” antagónica al neoliberalismo y a las elites tradicionales del poder, corruptas y criminales por cierto, en cuyo liderazgo se destacan los nietos de expresidente, quienes se creen los propietarios del Estado, al mejor estilo neonazi. Los actores contrarios a esa tradición política hegemónica, se agruparon y superaron la tradicional clientela que ha sustentado el ejercicio del poder en el último medio siglo. No fue el producto de un proceso político ordenado y consecuente construido sobre bases sociológicas profundas y estables, sino el aprovechamiento de la coyuntura de descontento y la presencia de un caudillo con el carisma suficiente para canalizar la votación.

Por supuesto, la necesidad de crear una organización sólida y con fortaleza estructural que se alimente con las posturas progresistas o cualquiera antineoliberal, está vigente y es un menester histórico, ahora que el modelo neoliberal se está derrumbando en todo el mundo, según se deduce de los síntomas globales de inflación y la próxima recesión económica, lo cual implica la debida preparación para la construcción del futuro modelo que reemplace al actual, diseñado sobre bases nacionales y aprovechamiento del patrimonio productivo propio. Pero la dirigencia territorial de la llamada “izquierda” no muestra un comportamiento apropiado frente al reto, como se puede ver en la conservación de los viejos vicios de la izquierda del siglo pasado, donde se manifestaba la pugna interna entre los propios camaradas y no sobre el verdadero rival en el escenario político. Para completar, no se vislumbra un caudillo de alto perfil, que recoja las riendas del proceso y lidere la continuidad del mismo.

El panorama aquí narrado, deja ver la alta probabilidad del péndulo, que ha ocurrido en toda Latinoamérica, y que permite prospectar un gobierno de derecha en 2026 y nuevamente, uno de izquierda en 2030, porque el grueso de la comunidad es impaciente en razón a que las condiciones de vida no dan espera y existe la creencia errada de que, con un simple cambio de gobierno, al día siguiente la situación mejora.

Sin embargo, el deterioro en las condiciones de vida seguirá en aumento mientras la situación global sea la misma y por ello el descontento será creciente. Seguirán las manifestaciones de descomposición social y los fenómenos de violencia que la acompañan, de modo que al período 2026-2030 le corresponderá una situación de mayor caos, agravada con el desplome total del modelo neoliberal, que se espera en esta misma década llegue a su final, por ruptura de sus contradicciones dialécticas que se están agudizando y se manifiestan en el desbalance entre el sector monetario, cada vez más grande, y el sector real, cada vez más pequeño. Así, lo que corresponde hacer por ahora, es alistarse para evitar que la premonición del vaivén ocurra, cuando llegue el momento en que esté afuera Petro.

ADN DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

 La historia de Colombia está caracterizada porque es la historia de los conflictos y la violencia, como se puede ver en los dos siglos anteriores, desde la Patria Boba que comenzó en 1810, pasando por las nueve guerras civiles que hubo en el siglo XIX para terminar en la “Guerra de los mil días”. Luego vino el siglo XX con la violencia que durante la primera mitad protagonizaron los liberales y conservadores, para terminar en la segunda mitad con el conjunto complejo de fenómenos de violencia, donde confluyeron múltiples actores con diversidad de propósitos como guerrilla, narcotráfico, paramilitares, bandas criminales, pandillas sicariales, mercenarios y muchas formas más. 

El siglo XXI, que se creía iba a mejorar la convivencia y podría tener mejores condiciones de armonía social y clima pacífico, resultó peor que el anterior. Las guerrillas se torcieron, los paramilitares se ajustaros a la realidad presente y aparecieron otras manifestaciones de conflicto con diversidad de expresiones que van desde la violencia intrafamiliar, pasando por la violencia barrial, siguiendo por los grupos y bandas tradicionales, los extorsionistas que cogieron fuerza, las mafias de todos los pelambres acompañadas con violencia, hasta la violencia de los altos niveles del poder, donde se cruzan muertes de dudosa procedencia. 

La violencia no solamente es política; está incrustada en la esencia de los colombianos, por lo que se observa en el interior de la familia, las pandillas de las calles y los campos, además que se ha diversificado. Hay violencia psicológica, violencia laboral, violencia institucional y violencia material, que, en todos los casos, deteriora las condiciones de vida. Las celebraciones familiares, las tradiciones culturales, los carnavales populares, las fiestas patronales, en los espectáculos públicos, en los torneos deportivos, en el tráfico de las calles, en los colegios, en las filas de las entidades, en el vecindario y en todo lugar, se aprecian las manifestaciones de violencia por cualquier motivo, sin nombrar el caso más aberrante que es la violencia de género, donde la mujer es la víctima más relevante. 

La violencia está enraizada en la ideología o la cultura de los colombianos, que casi en todas las fiestas de celebración, a la madrugada de remate de fiesta es un enfrentamiento violento entre borrachos. La violencia está incrustada en los tuétanos de los colombianos, que comienza desde el maltrato a los niños producido por los mismos padres y termina en las amenazas y chantajes en los altos niveles del poder político y económico. 

En esas condiciones sociales y culturales existentes en la realidad objetiva de la comunidad nacional, ¿cómo se debe concebir una política pública orientada a la construcción de paz?? 

La política pública de paz debe tener viabilidad cultural o ideológica, viabilidad social, viabilidad financiera y viabilidad técnica. No se trata de celebrar acuerdos con grupos armados y realizar negociaciones como las realizadas en el siglo pasado en los años cincuenta, en los años ochenta y en los años noventa. Los hechos muestran que los resultados no fueron los esperados porque por encima se colocó la conducta violenta de los actores y los procesos fueron un fracaso. En este siglo, se está viendo los mismo: acuerdos con paramilitares, acuerdos con las Farc, pero la violencia sigue peor que antes porque ahora la descomposición social creada por el modelo neoliberal y agravada por la ideología de la postmodernidad, ha trascendido la violencia sociopolítica y está invadiendo todas las esferas de la vida social. 

El diseño de una política pública para atender este gran problema público, implica abordar las causas objetivas y también las subjetivas; atender los factores estructurales y también los factores coyunturales, por lo que requiere medidas de inmediato plazo, de corto, mediano y largo plazo, diseñados por los actores sociales, más allá de negociaciones en mesas cerradas entre el gobierno y un solo actor, que está contaminado ideológicamente y opera en un caldo de cultivo que propicia más violencia.

Ya está claro y demostrado que, así como se ha realizado el propósito en los últimos setenta a años, así no es; porque puede resultar peor el remedio que la enfermedad, visto en el contexto de toda la complejidad social donde cohabitan multiplicidad de actores con diversidad de intereses. Pero no se conoce una formula acertada, pertinente y viable para afrontar esta complejidad, que inicia en la sangre misma de los habitantes y circula en el mismo ADN de la violencia en Colombia. 

LA RAZÓN DEL COBRO DE INTERÉS

Desde época de la antigua Grecia, cinco siglos A.C., el tema de la tasa de interés y el cobro del mismo ha sido objeto de análisis y comentarios sobre su racionalidad y justeza, a la luz de la ley natural y los principios filosóficos, como los que expuso Aristóteles en esa época. Posteriormente, y con la evolución de la economía y después de 25 siglos, aun el tema sigue ocupando primeros lugares en el análisis de la economía, como ocurre hoy, cuando, independientemente de su eficacia, la política macroeconómica neoliberal lo ha convertido en el principal instrumento para regular la inflación monetaria. 

Pero desde, los albores del capitalismo, por allá en el siglo XVI, el cobro de interés se ha considerado como el costo que tiene el dinero, por lo cual se justifica cuando se aplica como contraprestación a la concesión de un préstamo. Es decir, el cobro de interese es justo y equitativo, cuando un prestamista le entrega dinero al prestatario en calidad de préstamo para ser devuelto posteriormente. Eso es el principio universalmente aceptado. 

La pregunta que surge, entonces, es: cuándo la autoridad de tránsito y transporte, concedió un préstamo a los infractores de una norma reguladora, ¿¿cómo para que cobren intereses por las multas de tránsito?? Es una aberración de un principio universal sobre el costo del dinero, que no corresponde de manera pertinente, al argumento de pérdida de capacidad adquisitiva del dinero y la necesidad de indexar el valor real. Eso es otra cosa.

Es cierto que el Código de Tránsito ha sido concebido y diseñado, no con el propósito de ordenar la movilidad, racionalizar el uso del espacio, elevar la competitividad ni para mejorar las condiciones de vida de la población, sino que, y está muy claro, el objetivo es instaurar un instrumento idóneo para enriquecer a las mafias globales de privatización de los bienes públicos; pero el caso del cobro de interés por las multas, ya es un extremo morboso que se aparta de cualquier argumento sólido para justificar la razón del cobro de interés.

LA NECESIDAD DE PEDAGOGÍA POLITICA

Quienes desean el cambio de las políticas públicas con las que el Estado responde a las necesidades humanas de la sociedad, lo que deben hacer es dedicarse a realizar actividades tendientes a la toma de conciencia sobre el ejercicio cívico de la participación en política, para acabar con esa patología social de que para ganar elecciones se necesitan manejar volquetadas de dinero. La cultura política colombiana se aparta de todos los cánones sociológicos de las relaciones Estado-Sociedad, situación que aprovechan quienes solo tienen intereses particulares, pero cuentan con el dinero suficiente, para manipular la voluntad electoral y mantener los grupos de dominación que desde mediados del siglo pasado vienen controlando el manejo del Estado en todos los niveles. 

No obstante, lo que se ha visto en la tradición, es que los militantes de grupos de afuera de los políticos tradicionales, se dedican a atacar y pelear entre ellos mismo, descuidando la siembra de conciencia en la comunidad, sobre la realidad económica, social, institucional y política que impera en nuestro medio. Eso permite que las elites tradicionales utilicen los medios masivos de comunicación convencionales, para difundir mentiras y distorsionar la verdad, influenciando la mente de la gente y creando temores y posturas en contra de sus verdaderos intereses. De tal manera, que, para evitar el efecto de la gran prensa y las campañas de desprestigio mediático contra las propuestas de cambio, la más adecuada estrategia es el contacto personal en los mismos territorios donde reside la comunidad y con base en ejercicios de convivencia, compartir pensamientos para el conocimiento de la realidad objetiva.

 

La gente del común no sabe del daño que las políticas neoliberales le han hecho al país desde 1991, y no vivieron lo que era la economía y las instituciones de Colombia antes de 1980. Los jóvenes no habían nacido todavía. Entonces solo conocen la realidad del capitalismo salvaje y no es fácil asimilar el significado de los cambios para volver a tener en algo, no igual porque no es posible, pero similar a ese pasado que permite mayor dignidad a la vida humana y por eso existe la necesidad de pedagogía política.