EL ENFOQUE DE LA COMPENSACIÓN FAMILIAR

Con la expedición de la Ley 1413 de 2010, por la cual se incluye la “Economía del Cuidado” en las Cuentas Nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas públicas, se abre la puerta para el análisis y el debate sobre otros temas relacionados con la familia y el hogar, que también merecen reflexión y propuestas de ajuste pragmático respecto a la realidad colombiana presente, hoy que la coyuntura histórica del país, muestra condiciones especiales que hasta finales del siglo pasado ni siquiera las imaginábamos.

La citada ley solo se refiere a los aspectos económicos de varios de los oficios domésticos principalmente los que realiza la mujer, como el cuidado de las personas vulnerables, la preparación de alimentos, la conservación de la casa, etc., los cuales conllevan valor que no se contabilizaba en la economía; pero de paso, llama a pensar sobre otros aspectos relacionados con la familia y el hogar que no cuentan con las políticas apropiadas, hoy que se viven situaciones sociales que generan preocupación e incertidumbre.

Uno de los temas que invoca la ley es el de la Compensación Familiar, cuya institucionalidad fue creada hace cerca de medio siglo y que ha ocupado un lugar importante en este sector, pero que ya es hora de revisar para examinar su pertinencia frente a las condiciones actuales de la familia colombiana en el contexto de la actual realidad socioeconómica.

La compensación familiar tradicional, con buenos propósitos presta servicios muy importantes que probablemente fueron pertinentes en época de su creación; pero hoy que el mundo ha cambiado, no responde plenamente a requerimientos y necesidades de la familia, algunos que no son atendidos por otro de los sectores institucionales existentes. En cambio, compite con sectores donde los mismos servicios son más eficientes. Los colegios corresponden al Ministerio de Educación, la salud corresponde al Ministerio de Salud, la recreación y el deporte a Coldeportes, la vivienda al Ministerio de Vivienda, la distribución urbana de la canasta familiar al Ministerio de Agricultura y al sector privado y así sucesivamente. Lo único que bien se puede inscribir exclusivamente en la compensación familiar son los subsidios en dinero que se pagan por los hijos. En cambio, quedan por fuera, sin doliente, sin que haya un sector especializado, problemas y asuntos familiares que bien pueden incluirse en la compensación familiar y que nadie los atiende.

Es hora de incluir en la agenda del nuevo gobierno, la revisión y ajuste de la compensación familiar, que por cierto maneja cuantiosos recursos parafiscales, que por lo tanto son públicos, para que se estudie a fondo las necesidades de la familia y se diseñe una política pública que llene ciertos vacíos existentes en materia de compensación familiar y que hace que el actual sistema se haya vuelto anacrónico, por lo cual hoy, se presenta la exigencia de cambiar el enfoque de la compensación familiar. 

LA LÓGICA DEL MERCADO

Un principio elemental de la Teoría de los Precios es el que señala que nadie produce algo que no se pueda vender en el mercado, porque no tiene cualquier tipo de utilidad para algún consumidor. Pero ahora la DEA salió a decir que el aumento del consumo de cocaína en USA se debe a que en Colombia han incrementado las hectáreas sembradas de coca. Pobrecitos ellos, tan buenos que son.

Pero lo que no dicen, es que, desde la caída de los carteles colombianos, las mafias mexicanas propiciaron la extensión de los canales detallistas de distribución urbana del producto en las ciudades de USA, donde los actores protagonistas son gringos. Sin esta red hecha por nacionales de ese país, los poderosos grupos que controlan la distribución mayorista y que se abastecen desde Colombia, jalonando, por supuesto, la siembra y el aumento de la producción, no hubieran podido alcanzar sus propósitos. Estas son las principales causas cuyas consecuencias se manifiestan en Colombia, donde por motivos de lo que podríamos llamar “la economía del instinto”, los pobres campesinos generan las respuestas con expansión de la superficie cultivada.

Los humanos no se pueden dejar morir; y así ha sido desde que existe la especie del homo sapiens hace ya varios millones de años. La ley de la naturaleza propició, mediante mecanismos instintivos, la creación del sistema económico con los fines naturales de producir los medios para la subsistencia humana y la conservación de la especie. Otra cosa es que hoy hayan convertido la economía en el medio para enriquecer más a los ricos; pero esa no es su función natural. Entonces, movido por el instinto, el humano recurre a la acción más sencilla para conseguir sus medios de vida, como es cultivar algo que tiene la venta asegurada.

Desde hace más de medio siglo, los mismos gringos impusieron y hoy lo siguen haciendo con la complicidad de las élites de dominación criollas a quienes les dejan caer migajas, modelos económicos de dominación que favorecen a los ricos de allá y aumentan la pobreza de los pobres de acá, como la población asentada en las zonas de economía campesina, donde existe un caldo de cultivo para que se desarrollen los cultivos de coca. Primero fue el llamado Modelo de Sustitución de Importaciones, para colocar el país al servicio de las multinacionales; y ahora el modelo de globalización, para favorecer el capitalismo rentista y las transnacionales de los siete países del G-7; en ambos casos, imponiendo la idea de que el capital extranjero hace bien al país y ocultando sus efectos a largo plazo donde las remesas hacia esos países, de utilidades, intereses, regalías, uso de patentes y todas las demás formas de remuneración del capital, fueron chupando  y llevándose el Excedente Económico de Colombia y dejando grandes masas de población empobrecida. Pero ahora se quejan porque esa cultura que ellos mismo crearon desde la guerra de Vietnam con un patrón de alto consumo de drogas, está facilitando a las mafias del microtráfico, que ellos mismos conforman, aumentar el consumo de la cocaína en ese país echándole la culpa a Colombia, que no es más que una víctima de la lógica del mercado. 

LA RACIONALIDAD EN LOS BIENES PÚBLICOS

Con la entrega del Premio Nobel de Economía a Richard Thaler por su contribución a la economía conductual que analiza las consecuencias de los mecanismos psicológicos y sociales en las decisiones de los consumidores, nuevamente se coloca sobre la mesa el viejo tema, introducido en la teoría desde finales del Siglo XIX por los marginalistas, basado en la conducta del consumidor que ellos incluyeron en la Función Demanda, como una de las variables que determina el comportamiento de una de las fuerzas del mercado. Ahora en este siglo, Thaler profundiza en el tema y deja de lado los supuestos tradicionales de la economía ortodoxa, que considera la racionalidad del consumidor como el mecanismo que define su conducta, con base en raciocinios orientados a la maximización de su utilidad. Thaler considera que la conducta del consumidor tiene un fenómeno de impulso sin la racionalidad capitalista que antes se consideraba y que esto está repercutiendo notoriamente en los mercados, que ahora son globales.

Pero el tema viene al cuento, no por el caso del citado premio al economista gringo, sino porque también se relaciona con una situación que cotidianamente vivimos todas las personas del común, cuando se trata de consumir los bienes públicos, que la teoría económica ortodoxa, o sea la que alimenta la Teoría de los Precios, no ha reconocido en la esfera académica pero que se manifiesta en el diario vivir. La teoría marginalista caracteriza los bienes públicos según dos principios, el de no exclusión y el de no divisibilidad, que no viene al caso entrar en detalle en un artículo periodístico; otro enfoque identifica estos bienes por su relación con la ley de la naturaleza y su dependencia frente a los factores biológicos de la especie humana; y la norma dice que lo público es lo de interés general que nos compete a todos y esto se da por el carácter natural que todos los individuos de la especie poseen.

Con ello surge la diferencia entre los bienes públicos y los bienes privados, estos últimos suficientemente estudiados por la economía ortodoxa, donde los primeros presentan una conducta del consumidor que tiene un factor instintivo sin la racionalidad capitalista de la teoría tradicional, que ahora con Thaler se comienza a abrir campo en la esfera académica de los países desarrollados, o sea los que imponen los paradigmas del conocimiento a los demás países como Colombia. El haber otorgado el premio nobel por un trabajo sobre economía conductual que se aleja de la ortodoxia sobre comportamiento del consumidor, le abre las puertas al concepto de lo público basado en la ley natural y comienza a reconocer que las decisiones de las personas cuando se trata de consumir bienes públicos conllevan un componente instintivo que en muchos casos genera manifestaciones irracionales propias del comportamiento animal. Y así, la privatización de lo público y los empresarios voraces que creen que los bienes públicos son solamente para llenarse los bolsillos, se ven obligados a incluir otras consideraciones para el establecimiento de estrategias de marketing, diferentes a la racionalidad de los bienes privados y apropiada a la racionalidad en los bienes públicos. 

TRAS DE GORDO HINCHADO

Describía el domingo pasado Nelson Paz, lo que podríamos denominar una radiografía de la situación política del departamento del Cauca y muchas expresiones, casi de terror, iban saliendo a medida que se avanzaba en cada párrafo. La realidad del territorio para el debate electoral que se aproxima, no ofrece buenos augurios para una comunidad que adolece de graves problemas en las esferas económica, social, cultural, ambiental e institucional.

El cumplimiento del acuerdo de Paz, que hacía pensar en las oportunidades del Punto 1 para adoptar una adecuada, pertinente y consecuente política pública para el campo, ahora está dejando dudas por las acciones del gobierno nacional que, basado en el centralismo bogotano tradicional, no muestra los aciertos necesarios para lograr los propósitos del acuerdo, por lo que se desean y esperan los ajustes y correcciones que, sin la intervención de los organismos regionales, probablemente no sucederán y entonces todo será un fracaso.

Una columnista de la Revista Semana hizo referencia a un tema que ya en este diario otros comentaristas habían tocado, claro, con mayor precisión que la periodista bogotana en lo que se refiere al Cauca, pero con menor eco en la opinión pública, sobre los bandazos que está dando el gobierno nacional en sus programas de erradicación de los cultivos de uso ilícito, que realiza con una actitud desesperada por las cifras de áreas cultivadas que ha mostrado la ONU.

El desempleo y la descomposición social cada día inundan más las comunidades locales generando zozobra y desesperación en las familias, que ven cómo la delincuencia y sus efectos en la inseguridad lesionan la calidad de vida de los caucanos, ante unos gobiernos territoriales que, más se preocupan por las campañas electorales del próximo año, que por cumplir la misión encomendada por los electores; y todo agravado por un elevado número de escándalos de corrupción que produce rabia en la gente y desconcierto ante la injusticia de la justicia que en lugar de proteger el interés general y el bien común, se amanguala con los delincuentes de cuello blanco que saquean los recursos de toda la población.

La comunidad del Cauca no merece este destino. Puede haber cometido muchos pecados como el de haber repetido tantas veces la elección y designación de los mismos con las mismas para manejar los asuntos públicos del territorio y otros pecadillos más, pero no como para caer en la actual situación donde los ineptos y los politiqueros siguen campantes preparándose para las próximas elecciones sin que haya un despertar que motive el cambio de rumbo donde los protagonistas de la actividad pública sean otros, más concordantes con las necesidades de cambio para salir de la crisis generalizadas, con nuevos liderazgos que no dejen llegar a un futuro donde siga sucediendo que tras de gordo hinchado.

LA COMPLEJIDAD DE LAS ESE

Uno de los nocivos impactos de la catastrófica Ley 100 de 1993 es el ocurrido en los centros de atención de pacientes de propiedad oficial, que hoy les llaman Empresas Sociales del Estado (ESE) y que se clasifican según el grado de complejidad técnica, tecnológica y científica en la prestación de los servicios y por supuesto, en la atención del tipo de patologías. Anteriormente existían los puestos de salud, los centros de salud y los hospitales; pero a los primeros los acabaron dejando solo estos últimos con el nombre ya citado.

Al tenor del más puro pensamiento neoliberal, a las ESE las convirtieron en un salpicón conceptual que enreda su manejo. Estas tienen un carácter doblemente público; pues el objeto de trabajo, o sea la salud, es pública y el propietario de la empresa es El Estado. Pero las tratan como empresas a las que se les aplica el paradigma privado, que significa navegar en la turbulencia del mercado. Así, eficiencia, eficacia, efectividad y competitividad, son principios de obligatorio cumplimiento, en un medio donde las condiciones para vivir como empresa privada rentable no es apropiado. Primero por las condiciones de su propietario que no tiene la libertad para operar como empresa privada, ya que el Estado sólo puede hacer lo que la ley le permite, a diferencia de las empresas privadas que pueden hacer lo que les da la gana, siempre que la ley no se los impida. Por otro lado, porque al aplicar el fundamento de la racionalidad capitalista en un objeto público, se pierde el carácter humanista que debe tener el servicio y se aleja de los fines sociales del Estado. Y para acabar de completar, los agentes de la administración no son propietarios de la empresa por lo cual no les duele el bolsillo cuando hay despilfarro, que ellos mismos propician al utilizar la empresa con fines políticos u otros intereses particulares, como ha ocurrido en el HUV de Cali y los varios gobernadores que lo llevaron a la crisis. El régimen laboral es dual por la presencia de empleados públicos y trabajadores oficiales, a lo que se agrega los contratistas de prestación de servicios y ahora, los esquemas del paradigma privado de outsourcing o tercerización, que como en HUV de Cali, se utilizan para otros fines diferentes a los propósitos gerenciales de la administración pública.

Ante esa situación, es necesario crear modelos administrativos que, en el contexto de la administración pública, puedan imponer la racionalidad en condiciones de equilibrio entre el paradigma privado y el público. Pero eso no ha ocurrido. Pretendieron convertir a los médicos en gerentes mediante una especialización académica, como requisito para ocupar los cargos de gerente de ESE; pero esto no da brindado los resultados esperados, ni los brindará, porque de la noche a la mañana no se puede formar gerentes para entidades que aglutinan tan diversos factores administrativos, dentro de en una disciplina de conocimiento que aún está en construcción, que comenzó cuando se trasladó lo público al mercado y se inició la creación de la teoría de la nueva administración pública que integra aspectos de la administración privada pero que debe afrontar las dificultades de aplicar dichos conceptos en el marco de lo público, lo cual se expresa claramente en la complejidad de las ESE.