EL CUERO NO ESTÁ PARA CORREAS

Tres fenómenos de mucha trascendencia están ocurriendo en este 2019, entre muchos otros, que generan preocupación; pero más que esto, que deben ser motivo para modificar la conducta colectiva de la comunidad caucana, por sus efectos impredecible y por ello de mucho riesgo para las condiciones de vida de la región.

La movilización indígena y campesina que ha alcanzado una magnitud considerable, es señal del grado de madurez de la organización social de base, la cual está mostrando un clima de pugnacidad derivado de la contradicción entre el alto nivel de descontento de las comunidades y las posturas radicales del gobierno, que se aparta de los fundamentos de la democracia participativa donde el diálogo y la concertación constituyen la base de la gobernanza, como herramienta básica de las relaciones Estado-Sociedad. Independientemente del juicio político que se hace al procedimiento sobre las vías, que es discutible, no se puede desconocer que el caso traerá consecuencias en la vida social del departamento que se saldrán de los cauces normales de la trayectoria histórica, porque no es el único en el mundo, como se puede ver, sin mirar los sucesos Latinoamericanos, en Francia, Italia, España, Inglaterra y otros países europeos que no son subdesarrollados, también ha y marchas y movilizaciones de protesta.

También hay que considerar en el panorama sociológico de este año, en la realidad en las economías domésticas. Basta con preguntar a los vecinos, amigos y familiares, “cómo está la situación?” para que respondan “la situación está muy dura”. Es tendencia generalizada en por lo menos el 80 % de los hogares, que los ingresos familiares no alcanzan a cubrir los gastos, que se están sacrificando necesidades que ya no se pueden satisfacer por la limitación de los recursos, que las deudas domésticas van creciendo y que el desempleo no permite ver perspectivas para salir de la crisis en la vida familiar. Todo como consecuencia de los efectos que el modelo del Capitalismo Rentista con su soporte conceptual el pensamiento neoliberal, ha traído a todo el mundo durante el último cuarto de siglo, incluido USA, de donde se dice que ya hay cinturones de miseria y calculan en 40 millones de indigentes, casi el 90 % de la población colombiana. El modelo ha generado consecuencias globales y también en Europa, los hogares se quejan por las dificultades domésticas, lo que se refleja en las estadísticas sobre cartera vencida en los créditos de consumo y en los niveles de gasto de los europeos para comprar este tipo de bienes.

Y para acabar de enredar la coyuntura social de este 2019, este año habrá elecciones, precisamente, de administradores territoriales, quienes en representación del Estado, deben afrontar en la primera línea las presiones de la comunidad derivadas de sus necesidades. Los políticos tradicionales se están alistando con los mismos métodos de hacer campaña, negociando con las microempresas electorales que aglutinan ciudadanos que con el cerebro alienado, se dejan manipular pensando más en el interés personal que en el bien común y el interés colectivo, de modio que acuden como borregos a las mesas electorales, sin considerar las propuestas de campaña ni los perfiles de los candidatos que habrán de gobernar los territorios durante los próximos años. A pesar de que existen los modelos de gestión pública territorial y el piso jurídico adecuado, estos no se aplican y los gobernantes se dedican a cosas diferentes a la solución de los problemas y necesidades de la comunidad.

Vista así la situación en el departamento del Cauca, a uno se le revuelven por dentro las fibras del organismo y se expele el suspiro de preocupación, recordando la vieja expresión de los mayores al ver casos complejos y difíciles; cuando se piensa en el Cauca de hoy, el cuero no está para correas.

SOLUCIÓN ESTRUCTURAL Y DEFINITIVA AL BLOQUEO DE LA VÍA

Ya se ha incluido en el itinerario histórico de este departamento, que cada cierto tiempo ocurre el bloqueo de la vía Panamericana hasta que vienen funcionarios del nivel nacional a apagar el incendio, que dura algún tiempo y al cabo de pocos años nuevamente el episodio y así sucesivamente.

Ante esa situación, es necesario pensar, pero sobre todo actuar, en el diseño y la implementación de estrategias tendientes a la solución definitiva del problema, las cuales ya han sido planteadas en el pasado de parte de algunos actores regionales, pero no han tenido eco ni acogida por quienes tienen en sus manos la sartén por el mango. Para ello, hay que considerar que acá no tienen nada que hacer los funcionarios de Bogotá, porque el ordenamiento institucional del Estado, derivado de las normas constitucionales, ha establecido los mecanismos apropiados para abordar todo tipo de problemas, los cuales no se utilizan y se sigue recurriendo al mismo discurso del siglo XX, atribuyendo al centralismo bogotano la causa de todos los males que aquejan a los caucanos.

Las normas jurídicas existen y los modelos de gestión del desarrollo también. Hay que aplicarlos. Están los enfoques de Desarrollo Endógeno en el marco de la democracia participativa y los avances en la descentralización política, que obligan a construir soluciones a partir de lo local entre los alcaldes y el liderazgo del gobernador. Son las autoridades locales quienes deben aplicar métodos de gobernanza y concertar con todos los actores territoriales las políticas públicas y los programas para buscar las soluciones. Y Según el artículo 298 de la Constitución, corresponde al departamento hacer la intermediación con el nivel nacional, o sea ir a Bogotá a negociar con el Gobierno lo pertinente.

La solución definitiva se logra con la aplicación de una adecuada estrategia de Ordenamiento Territorial, entendido este como la “construcción colectiva de territorio” entre todos los actores regionales, tal como lo señalan autores como Gómez (1998), Fals (1998), Ibarra (2007), Carvajal (2011), siendo de gran importancia, el Enfoque Sociogeográfico que cita Jairo Ibarra Lozano. Solo a partir de la definición de mecanismos concertados y diseñados por los actores mismos, se logra la solución del conflicto interétnico, no solo con los indígenas, sino también con los negros, los campesinos, los asentamientos urbanos y demás actores que comparten el espacio territorial y que requieren procesos armónicos en lo cultural, lo ambiental y lo económico dentro de este mismo mercado global, todo con el debido soporte conceptual del Ordenamiento Territorial, cuyo piso jurídico está definido en ley 1454 de 2011. Complementariamente, la infraestructura necesaria que surge del diseño concertado de territorio, como el caso de la propuesta de José Rodrigo Sánchez (qepd) del Consejo Gremial, que propuso una vía férrea por el piedemonte de la Cordillera Occidental desde Yumbo hasta Patía, con un poliducto paralelo para trasladar por esta vía los combustibles hasta Popayán. Escasamente el Secretario de Planeación Departamental de la época, el alcalde de Patía y el alcalde de Jamundí, le aplaudieron la idea, pero no más. Del resto, nadie le paró bolas. Así que, mientras no se adopte el instrumento del Ordenamiento Territorial como mecanismo de solución, estamos condenados al bloqueo de la vía cada dos años.

Ahora, otra vez revienta el problema y como siempre, el coro de plañideras quejándose por la actitud de los indígenas, equivocada y reprochable desde todo punto de vista y un grave error político de sus dirigentes; pero cuando las cosas están en calma, quienes deben liderar las medidas apropiadas, se dedican a otra cosa con fines politiqueros y no a buscar la solución estructural y definitiva al bloqueo de la vía.

LOS CACIQUES SON INFERIORES

Durante el último cuarto de siglo se ha hablado mucho en Colombia sobre la Democracia Participativa; pero hablado no más, porque en la realidad muy poco. Sin embargo, el cuento llama la atención como régimen político, porque sin duda, tiene muchas bondades como requisito para avanzar en procesos de mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Es una forma en las relaciones Estado-Sociedad, que desde 1991 cuenta con el piso jurídico necesario para su viabilidad, pero que no ha logrado el establecimiento de los procesos institucionales y sociales necesarios para que el propósito social se alcance.

Claro que la Democracia Participativa, para su cabal operación, requiere de la descentralización política; lo malo es que en Colombia apenas existe, medianamente, la descentralización administrativa, que no es suficiente para que en la práctica se realice la democracia participativa. Aquí, al contrario, existe un recalcitrante centralismo político, concentrando en Bogotá todas las decisiones sobre diseño e implementación de políticas públicas de gran alcance. Las territoriales tienen limitaciones.

Pero el esfuerzo hay que hacerlo para que la democracia participativa y la descentralización política funcionen y arrojen beneficio a las comunidades locales. Para el efecto y con base en el piso jurídico existente, se requiere que las relaciones Estado-Sociedad se regulen bajo los parámetros de la gobernanza y en el marco del Modelo Gerencial de la Administración Pública, el cual exige, por una parte, una organización social adecuada y la madurez intelectual y política de las bases sociales, que trascienda las barreras culturales y las trancas ideológicas que impiden la posibilidad de una participación social en la Co-gestión de Políticas Públicas, donde la intervención de los organismos de base sea técnica, operativa y organizacionalmente adecuada, que se acomode a la altura de los modelos de gestión creados para tal efecto. Y por el otro lado, se requiere de funcionarios del nivel directivo y el liderazgo institucional apropiado, para lograr el engranaje Estado-Sociedad necesario, donde estos sepan ejercer el direccionamiento de los procesos en el marco de la gerencia pública y el uso de los instrumentos de gestión que la ley ha facilitado y la teoría ha diseñado para tal fin.

Lo que vemos en el territorio del Cauca, es que las bases sociales han alcanzado los niveles de madurez apropiados para que el esquema constitucional funcione y se pueda aplicar modelos de Co-gestión eficaces para la solución de problemas y necesidades y para avanzar en estrategias de desarrollo, entendido este como el mejoramiento de las condiciones de vida. Por eso las comunidades son capaces de realizar movilizaciones de gran magnitud y trascendencia. Pero también vemos que, por el otro lado, la dirigencia institucional se ha quedado corta frente a la altura de las necesidades. Los dirigentes políticos y la acción estatal, son inferiores al reto que las organizaciones de base han alcanzado en su madurez y capacidad de movilización, por lo cual la relación Estado-Sociedad para profundizar la Democracia Participativa y avanzar en la construcción de la descentralización política aplicando los modelos de gestión pública apropiados, no son viables en el departamento del Cauca. En este territorio se cuenta con lo más difícil que es la madurez de las organizaciones sociales de base, pero no se dispone de la idoneidad suficiente en el componente del Estado, para aprovechar el piso jurídico constitucional y avanzar en la construcción del futuro bajo los parámetros del Estado Postmoderno, pero neutralizando los nocivos efectos sociales de las políticas neoliberales que imponen desde Bogotá. Como quien dice y parodiando la tradicional frase de la relación entre indios y caciques, en el Cauca y frente a la realidad histórica, los caciques son inferiores. 

HORA DE INTERVENIR EL FÚTBOL PROFESIONAL

Durante más de dos siglos se estuvo confundiendo lo público con el Estado y este organismo con lo público, haciendo pensar que solo lo del Estado es lo público. Pero desde los años ochenta para acá, cuando se sacó lo público del seno del Estado y se trasladó al mercado, se ha vuelto a retomar el concepto original de lo público que es tan antiguo como la humanidad misma. Lo público es lo de interés general que nos compete a todos.

Siendo así este concepto, el fútbol es un bien público por donde quiera que se le mire: si lo miramos con el enfoque de los precios, cumple los dos requisitos exigidos para los bienes públicos como son, el principio de no exclusión y el de no rivalidad; y si lo miramos con el enfoque del valor, cumple la regla básica de tener dependencia con la ley natural.

Pero el fútbol profesional colombiano ha estado siempre privatizado, en manos de unas mafias que no dejan de mostrar escándalo tras escándalo. Un presidente está preso en Estados Unidos y ya se está investigando al siguiente por el fraude en la venta de boletas para ver la Selección Colombia. Los futbolistas son manejados como mercancía para enriquecer empresarios y ahora, resulta que tratan a las patadas al fútbol femenino, que le ha dado al país, mejor prestigio que el masculino. Las chicas súper-poderosas, que llaman, han tendido logros superiores a la selección masculina. Pero el movimiento de capitales y sumas de dinero es menor en la rama femenina, de modo que los patanes de la dirigencia les dan trato de segundo nivel.

Es cierto y muy reconocido, que los dirigentes de este deporte en Colombia son de muy mala calidad. A pesar de que el nivel deportivo de los jugadores se ha elevado y el fútbol colombiano está bien posicionado en la esfera internacional, estos guaches de la dirigencia son inferiores a las exigencias del nivel deportivo. Solo los mueven sus intereses monetarios y sacrifican en carácter público que tiene este deporte, sin ética pública y sin consideraciones sobre el interés general o bien público, que encierra la disciplina deportiva.

Como los fondos que se mueven alrededor de este deporte son aportados por todos los colombianos, la comunidad nacional tiene las competencias ciudadanas para exigir la intervención del Estado, buscando el ordenamiento, la racionalidad, la ética, la transparencia y la moralidad que debe tener la administración de los bienes públicos aunque estén en manos privadas. El atropello que han cometido con las mujeres futbolistas, acabando con la selección de mayores porque abrieron la boca y denunciaron a esos bárbaros, como ese presidente de un club que dijo que eran lesbianas, alcohólicas y que no producían ganancias, ya ha rebosado la copa y es hora de que, a pesar de las imposiciones de la multinacional FIFA por encima de los Estados y las leyes nacionales, el Estado Colombiano deje la tolerancia y como responsable de regir los procesos públicos, reconozca que es hora de intervenir el fútbol profesional.