Durante
más de dos siglos se estuvo confundiendo lo público con el Estado y este
organismo con lo público, haciendo pensar que solo lo del Estado es lo público.
Pero desde los años ochenta para acá, cuando se sacó lo público del seno del
Estado y se trasladó al mercado, se ha vuelto a retomar el concepto original de
lo público que es tan antiguo como la humanidad misma. Lo público es lo de
interés general que nos compete a todos.
Siendo
así este concepto, el fútbol es un bien público por donde quiera que se le
mire: si lo miramos con el enfoque de los precios, cumple los dos requisitos
exigidos para los bienes públicos como son, el principio de no exclusión y el
de no rivalidad; y si lo miramos con el enfoque del valor, cumple la regla
básica de tener dependencia con la ley natural.
Pero
el fútbol profesional colombiano ha estado siempre privatizado, en manos de
unas mafias que no dejan de mostrar escándalo tras escándalo. Un presidente
está preso en Estados Unidos y ya se está investigando al siguiente por el
fraude en la venta de boletas para ver la Selección Colombia. Los futbolistas
son manejados como mercancía para enriquecer empresarios y ahora, resulta que
tratan a las patadas al fútbol femenino, que le ha dado al país, mejor
prestigio que el masculino. Las chicas súper-poderosas, que llaman, han tendido
logros superiores a la selección masculina. Pero el movimiento de capitales y
sumas de dinero es menor en la rama femenina, de modo que los patanes de la
dirigencia les dan trato de segundo nivel.
Es
cierto y muy reconocido, que los dirigentes de este deporte en Colombia son de
muy mala calidad. A pesar de que el nivel deportivo de los jugadores se ha
elevado y el fútbol colombiano está bien posicionado en la esfera
internacional, estos guaches de la dirigencia son inferiores a las exigencias
del nivel deportivo. Solo los mueven sus intereses monetarios y sacrifican en
carácter público que tiene este deporte, sin ética pública y sin
consideraciones sobre el interés general o bien público, que encierra la
disciplina deportiva.
Como
los fondos que se mueven alrededor de este deporte son aportados por todos los
colombianos, la comunidad nacional tiene las competencias ciudadanas para
exigir la intervención del Estado, buscando el ordenamiento, la racionalidad,
la ética, la transparencia y la moralidad que debe tener la administración de
los bienes públicos aunque estén en manos privadas. El atropello que han
cometido con las mujeres futbolistas, acabando con la selección de mayores
porque abrieron la boca y denunciaron a esos bárbaros, como ese presidente de
un club que dijo que eran lesbianas, alcohólicas y que no producían ganancias,
ya ha rebosado la copa y es hora de que, a pesar de las imposiciones de la
multinacional FIFA por encima de los Estados y las leyes nacionales, el Estado
Colombiano deje la tolerancia y como responsable de regir los procesos
públicos, reconozca que es hora de intervenir el fútbol profesional.
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