A propósito de la nota escrita por Santiago Zambrano
en este diario, en la invoca al Procurador para asuntos de servicios públicos
domiciliarios en Popayán, bien vale hacer público un caso de la Compañía
Energética de Occidente que según la columna de Zambrano, tuvo utilidades
cuantiosas en este departamento, columna en la que también resalta que “la
población que ha sido más atropellada, vejada, utilizada y esquilmada ha sido
la del Cauca”. Es un caso, de los que deben haber por miles en este
departamento, dónde una víctima de la
compañía de energía hizo su contribución a las utilidades de la empresa.
Una señora mayor de
setenta años, viuda y sin hijos, para más detalles, tiene un pequeño
apartamento arrendado a través de una agencia inmobiliaria, ubicado
precisamente cerca de la oficina de la empresa. Ella sólo va cada mes a la
inmobiliaria a recibir su renta y nunca se asoma por el inmueble. Algún bandido
tomó de manera ilegal la corriente eléctrica de la red externa, justamente
frente al apartamento de marras. Durante algún tiempo utilizó esa energía
fraudulenta en un lugar diferente al apartamento de la señora. Es decir el
contrabando de energía no se consumió en el predio afectado.
Un día cualquiera, la
empresa de energía le adelantó un proceso a la propietaria del predio
cobrándole dizque la energía no pagada y consumida. No valió presentar
documentos probatorios para mostrar, primero, que la toma de la corriente era
en una vía pública donde cualquier persona tiene acceso y segundo, que dicha
energía ilegal no se había consumido dentro del apartamento. Ningún recurso
sirvió. Todavía le están cobrando a la señora una suma cercana a los dos
millones de pesos; o sea aplicándole un castigo por una falta que ella no
cometió, sin pruebas contundentes sobre la supuesta falta, pero eso sí,
amparando el procedimiento en normas que le dan facultades a los inescrupulosos
capitalistas que han tomado lo público como medio para llenar sus bolsillos y
justificar los atropellos contra la ciudadanía, en otro caso más de lo que
viene ocurriendo en Colombia desde cuando se está privatizando lo público.
Y lo peor es lo que
dice Zambrano: que tenemos “una Superintendencia de Servicios Públicos
tradicionalmente corrupta”, lo cual deja sin medios de protección a las
víctimas de la privatización de lo público, que no tienen dónde acudir; porque
ese organismo se dedica más a legitimar las acciones de los prestadores del
servicio, que a defender los derechos de los usuarios, que hoy les llaman
clientes como si se tratara de un bien privado que llevan al mercado, esos
clientes que constituyen la fuente de las utilidades de la compañía de energía.