La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), que fue creada en 1958 en época en que se pretendía introducir el modelo de industrialización recomendado por la CEPAL para abrir el mercado colombiano a los intereses de las multinacionales, está afrontando una coyuntura de conflicto, que parece ser la primera, por lo menos en lo que va corrido del presente siglo, ocasionada por el descontento de los estudiantes y las organizaciones gremiales que agrupan a los distintos servidores de la entidad, donde se destacan los docentes.
Como ha sido costumbre desde el siglo pasado, el movimiento estudiantil se concentra en temas de carácter economicista, haciendo requerimientos en materia de edificaciones, instalaciones, servicios complementarios, apoyos didácticos, materiales, tecnología, principalmente, y los docentes, como es costumbre, en asuntos salariales. Pero, la situación de la escuela es más profunda que estos temas, los que se resuelven con recursos presupuestales y voluntad del director. En el fondo, algunos puntos se pueden tener en cuenta.
El primer punto, es si este establecimiento público, que no es una institución universitaria, de verdad es una Escuela; es decir, si crea y genera paradigmas y modelos para abordar el tema de la administración pública; o si se limita a repetir las directrices del CLAD y los autores europeos y norteamericanos, en el marco del colonialismo intelectual que impera en el país y que no concuerda con los retos de las ciencias sociales. En opinión de algunos docentes, dicen que el nombre de “escuela” le ha quedado grande a la entidad.
El segundo punto se refiere a la preocupación por la participación de los administradores públicos en el mercado institucional de profesionales. Gran cantidad de cargos en las entidades del Estado, para desempeñar funciones de administración pública, son desempeñados por administradores privados, ingenieros industriales, abogados y otras disciplinas y en una muy baja proporción, participan los administradores públicos. Casi que la microgestión está en manos de disciplinas diferentes a la administración pública.
El tercer punto que genera interrogantes, se refiere al perfil de los egresados de la ESAP. No existe claridad si la formación profesional se orienta a la preparación de administradores públicos burocráticos o si se orienta a la preparación de administradores públicos científicos. Partiendo de la base de que la administración pública es una ciencia que está en proceso de construcción y aunque todas las ciencias están sin terminar, inclusive las naturales, esta disciplina tiene especial relevancia por las condiciones imperantes en la esfera institucional, donde la administración pública presenta debilidades y deficiencias que impiden el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en cuanto a la solución de problemas y necesidades públicas. El ejercicio profesional, en el mundo institucional está limitado al conjunto de leyes o normas y a las funciones y competencias asignadas a los agentes del servicio civil, los cuales se cumplen de cualquier manera, la mayoría de las veces atropelladamente con criterios subjetivos, sin que se erijan sobre esas normas y competencias, los procesos de gestión requeridos para alcanzar los objetivos de calidad con impacto en la ciudadanía. El ejercicio científico de cualquier disciplina de las ciencias sociales, requiere métodos y procedimientos ampliamente reconocidos por la epistemología, los cuales en la rama administrativa del poder público no se aprecian en la realidad de la operación institucional, principalmente de los niveles territoriales.
Punto complementario al anterior, se refiere a la calidad institucional, principalmente en el proceso misional de formación profesional. Los comentaristas destacan dos tipos de calidad y consideran que en la ESAP no hay la suficiente claridad en cada uno de ellos. Una es la calidad del proceso de formación profesional y otra la calidad del producto o sea de los egresados, que se relaciona con el punto anterior. Dependiendo del perfil profesional que se pretende, el pensum y los patrones de calidad en la formación, son diferentes; pues un administrador público burócrata es simplemente un operador mecánico de normas y funciones, que no requiere mayores exigencias en la calidad académica; mientras que un administrador público científico requiere, entre otros, un componente de investigación, tanto básica como aplicada, el fortalecimiento de sus competencias para la interpretación y comprensión de los fenómenos públicos reales, el abordaje de la complejidad y la dotación de pragmatismo y flexibilidad para intervenir en los procesos públicos existentes. Son interrogantes que aún no están resueltos y que están en manos de los directivos.
Aportes de investigadores reconocidos y de docentes de la misma entidad, destacan la importancia de distinguir el marco de la administración pública en dos campos: el de la macrogestión y el de la microgestión, lo cual, en el caso colombiano, se reviste de especial relevancia, hoy, cuando el debate político destaca con importancia el papel del Estado en la rectoría de los procesos económicos, sociales, ambientales e institucionales. La pregunta es, cómo se prepara científicamente al administrador público para abordar la macrogestión y cómo se forma académicamente para desempeñarse en la microgestión. En el debate político actual, más que discutir sobre las especificidades del sistema económico, se discute sobre las alternativas de política pública, donde el papel del Estado ocupa un lugar especial. Las posturas se ubican, no tanto en la confrontación de sistemas económicos, sino en la contraposición de modelos sobre la administración del Estado y las políticas públicas que de este organismo se generen.
Las anteriores apreciaciones son algunas reflexiones que crean interrogantes que están por discutir y resolver, y que se inscriben en el conflicto de la ESAP, por lo cual este va mucho más allá de los temas que se han colocado sobre la mesa de negociación y que requieren un análisis profundo, siendo relevante el examen sobre la pertinencia, frente a la realidad nacional, del manejo que tiene la entidad, comenzando por definir si debe continuar como establecimiento público o si debe constituirse como institución universitaria.
