LAS PENSIONES PRIVADAS NO EXISTEN

La pensión de vejez es un satisfactor de la necesidad humana de protección, que presentan todos los adultos mayores después de pasar la vida laboral, la cual ocurre a todos los individuos de la especie sin distinción y que, al ser causada por la ley natural, tanto la necesidad como el satisfactor, constituyen un asunto público que compete a todos los individuos de la especie.

Por ser este asunto de carácter público, quien debe atender la necesidad y administrar el satisfactor, es el Estado, que, desde su origen histórico, ha estado a cargo de los bienes públicos, excepto ahora en los últimos años, cuando los neoliberales trasladaron los bienes públicos a manos privadas, para que inescrupulosos empresarios se lucraran haciendo negocio con las necesidades vitales de la humanidad.

Por tener origen en las condiciones biológicas del individuo humano, el monto de la pensión no debe corresponde a las sumas pagadas como aporte o cotización que la persona realiza durante su juventud, sino que debe ajustarse a los requerimientos de la vista humana, que son particulares, cuando la persona llega a la vejez. Pero, en razón a las leyes que rigen el sistema económico, siempre los bienes públicos se adaptan a un balance financiero, por lo que los valores pagados durante su período laboral constituyen la base para liquidar el monto de la pensión.

Los montos de dinero que circulan en la macroeconomía originados en cotizaciones o cuotas pagadas por las personas jóvenes, no son de propiedad del Estado y mucho menos, de propiedad de algún empresario codicioso que pretenda sacar beneficio de unos recursos que se convierten en fondos públicos. Dichos dineros deben circular como un carrusel que se autoalimenta para que, mediante esa retroalimentación, siempre mantenga los recursos suficientes para pagar las pensiones de los beneficiarios. Con los dineros que aportan los jóvenes, se le paga a los viejos y cuando ellos llega a la vejez, habrá nuevos jóvenes que pagaran sus cotizaciones.

Por ser de carácter público, tanto los aportes de los jóvenes, como el pago de la pensión de vejez, deben estar en manos del Estado para su administración, quien es el único responsable de las necesidades humanas a la luz del Estado Social de Derecho, que convirtió en derechos a las necesidades humanas, según el querer de sus creadores alemanes, por allá en los años treinta del siglo pasado.

Desde años atrás se viene dando una discusión que se revive cada cierto tiempo como ahora, haciendo una confrontación entre el régimen de Colpensiones y el de los fondos privados, debate que no tiene cabida en al marco sociológico; pues los fondos se refieren al ahorro privado y en ningún caso a un satisfactor de carácter público. No son comparables. Otra cosa es que en el modelo neoliberal, y bajo los principios de la privatización de lo público, se esté engañando a la sociedad con un supuesto servicio de pensiones que se brinda desde el sector privado, donde simplemente este se reduce a devolver a sus dueños el ahorro personal que ha hecho durante más de veinte años; y que los tenedores de esos recursos han utilizado para hacer negocio que solo les beneficia a ellos, a los fondos, pero no le proporciona ningún beneficio a los propietarios del ahorro, por lo cual es necesario tener claridad de que las pensiones privadas no existen.          

EL PELIGRO PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Como es de público conocimiento, el tan anunciado desplome definitivo del modelo neoliberal es ya una realidad inminente, que probablemente ocurrirá en esta misma década, cuyo más relevante síntoma es la inflación mundial, señal que muestra la sobrecarga del sector monetario por encima del sector real de la economía global, complementado con el sobreendeudamiento de casi todos los Estados y el desecamiento de la base tributaria que impedirá muy pronto el pago del servicio de la deuda.

Varias veces se ha dicho que la causa estructural, que llevará a la sepultura del neoliberalismo, además de la voracidad de sus actores protagonistas, es haber convertido el dinero en una mercancía y abandonado el aparato productivo. Pero ya es muy tarde, como lo ha reconocido hasta el mismo Jacobo Rothschild, uno de los beneficiarios más connotados del modelo. El evento principal de la caída ocurrirá el próximo año, para cuando se anuncia la recesión mundial y, posteriormente, el colapso definitivo.

Por supuesto, los afectados con el desastre el modelo neoliberal son los capitalistas rentistas, principalmente los agrupados en los fondos ya conocidos como Blackrock, Vanguard, Fidelity, Morgan, Goldman, entre otros, que han concentrado tanta riqueza, cuyo patrimonio se calcula en 44 billones de dólares para los diez fondos más grandes. Pero también otros organismos privados que se han dedicado a captar ahorro o capital de especulación a todo tipo de personas naturales y jurídicas, serán duramente golpeados, similarmente a lo que les ocurrió a los rentistas en 1928. El campanazo se dio en 2008, que Obama pudo sobrellevar, pero no eliminar la causa, que es de fondo. Siguió cocinándose el motivo y ahora en los años veinte reventará definitivamente porque el mundo ya no soporta más ese esquema financiero.

Claro, la caída del modelo no es selectiva y por el contrario, los grandes seguramente se protegerán; pero los pequeños, los de países subdesarrollados donde el capital es escaso y con esfuerzo se produce ahorro interno, el azote será mayor y es ahí donde Colombia tendrá un impacto muy grave.

Por supuesto, los fondos privados de pensiones no están exentos del desastre neoliberal; estos, quienes operan en el sector financiero y en el mercado de capitales con los patrones universales del modelo neoliberal, también les tocará llevar del bulto. Pero hasta ahí, no hay problema; el problema es que según la legislación vigente, que ha sido acomodada para proteger los intereses de los fondos, estos trasladarán el descalabro a los ahorradores y serán los depositantes del dinero, quienes lo han hecho con la esperanza de obtener en el largo plazo una pensión, se quedarán viendo un chispero, porque será el mercado y no los depositarios, el responsable de la perdida de los fondos. Habrá una tragedia para miles de personas, pero esa es la ley del mercado en el modelo neoliberal que está operando en Colombia y que se convierte en el peligro para los fondos de pensiones.

LA FALACIA DEL CAPITAL EXTRANJERO

 Uno de los argumentos que utilizan los beneficiarios del actual establecimiento neoliberal para defender el statu quo, es el intento de miedo que pretenden crear haciendo terrorismo, amenazando con la posible fuga de las empresas extranjeras del país, como si la presencia de dichas inversiones causara mucho beneficio. Como siempre el trasnochado argumento del empleo, que tuvo vigencia durante la época del desarrollo exógeno en el siglo pasado, pero que ahora, en época del desarrollo endógeno, el argumento pierde importancia. 

Traigo el recuerdo de una columna publicada el 12 de enero de 2006 en el diario El Liberal con el mismo titular de esta nota, donde se señalaba que las empresas extranjeras no son monjitas de la caridad, que llegan al país a brindar beneficencia; pues como se vio con el modelo de “Industrialización por sustitución de importaciones” impuesto por la CEPAL en 1958, ellas llegan y permanecen mientras dura la vida útil del proyecto y se realiza la TIR que han utilizado para tomar la decisión. 

Decía el artículo de marras en 2006, que “examinando las cifras de la Balanza de Pagos, se reitera la afirmación que desde hace cuarenta años se viene haciendo en los círculos académicos: que el capital extranjero es más el daño que hace que el beneficio que trae para el desarrollo. Y eso que, a mediados del siglo pasado, en la época del capitalismo empresarial, la inversión extranjera era esencialmente de riesgo, con creación de nuevas empresas y absorción de mano de obra. ¿Cómo será ahora que es solamente especulativa y rentista? 

Observando los datos del período 1994-2004, es decir durante 11 años, vemos que a Colombia le llegaron 43.465 millones de dólares por concepto de inversión extranjera. Pero durante ese mismo período salieron 34.689 millones de dólares por concepto de renta y ganancias de la inversión extranjera, que lógicamente, los inversionistas se llevan para acumular y hacer riqueza en el país de origen, desocupando así las arcas de la economía nacional; porque nadie hace negocios para no ganar dinero. O sea que salió del el 80 % de lo que entró y hasta ahí el país sigue debiendo a los inversionistas el 100 % de la inversión realizada, o sea que al corte de final de 2004 y en los 11 años, a cambio de los 43.465 millones de dólares que recibió el país, este debió pagar 78.334 millones de dólares o sea el 180 % de lo recibido. Como durante ese mismo período las divisas que el país consiguió con el sudor de los colombianos, es decir, las que son de propiedad porque se obtienen con las exportaciones, fueron de 129.804 millones de dólares, lo que quiere decir, que el 27 % de este esfuerzo se lo llevó la inversión extranjera y hasta ahí, no se ha comprado nada por importaciones. Como el aparato productivo nacional necesitó durante ese período para funcionar importaciones de bienes intermedios por 61.642 millones de dólares, solamente quedaron divisas propias por 33.473 millones de dólares para comprar los bienes de consumo y los bienes de capital necesarios para reponer equipos y maquinaria y hacer nuevas inversiones. Como Estos dos sumaron 75.142 millones de dólares, quiere decir que hubo un faltante de divisas propias por valor de 41.669. Si los inversionistas extranjeros no se hubieran llevado como ganancias esos 34.689 millones de dólares, solamente hubiera habido un faltante de 6.980 millones de dólares. 

Si examinamos las cifras para el primer lustro del Siglo XXI, hasta la mitad de 2005, vemos que a Colombia entró 17.840 millones de dólares de capital extranjero, pero salió por concepto de renta y ganancias 18.885 millones de dólares, 105.9 % de lo que entró y hasta ahí, todavía el país sigue debiendo los 17.840 millones que entraron. O sea que durante lo que va corrido de este siglo desde enero de 2001 hasta junio de 2005, no entró capital extranjero, sino que salió en cuantía de 1.045 millones de dólares. Y eso que para esta época ya estaba en operación la política de Uribe que tanto ha defendido los negocios del capital extranjero”.

Hoy la situación es bastante diferente, por la modalidad imperante del capital de especulación, que diluye las cifras en la contabilidad económica; pero varias investigaciones sobre desarrollo económico en el mundo, han demostrado que más vale construir el capital internamente utilizando el trabajo humano, para demostrar la falacia del capital extranjero.

LOS VERDADEROS ATRIBUTOS DEL CAPITAL

Desde la época de los clásicos en el Siglo XIX, se dijo que los factores de la economía son tierra, capital y trabajo y, desde entonces, el análisis político de la economía se centra, principalmente, en los factores capital y trabajo, examinando la contribución de cada uno en el producto bruto y, por supuesto, en la irrigación en el conjunto de la economía de los ingresos que generan las actividades de estos factores. 

Mediante el uso de los aparatos ideológicos, principalmente los medios mercantiles de comunicación social, se ha hecho creer a la sociedad que el factor capital es como caído del cielo, que es la mano de Dios, que su bondad está por encima del bien y del mal, que toda la comunidad le debe agradecimientos porque este factor es el que genera empleo, alimenta la oferta de bienes y servicios en el mercado y propicia el progreso. No obstante, en la realidad, casi siempre se observa la preocupación de quienes poseen capital y no encuentran el recurso humano necesario para poner a trabajar el recurso financiero. Pues el factor capital es inerte y no genera vida en sí mismo, si no se le inyecta el factor trabajo, que dinamiza la actividad económica del mismo. Lo demás, es caer en el capitalismo rentista, que hoy tiene la economía mundial en las puertas del colapso. 

También desde la época de los clásicos, se dijo que la riqueza, o el valor, que ya acumulado se convierte en capital, proviene del trabajo humano, por lo que en el siglo XVII, se produjo la acumulación originaria de capital del mundo, base del sistema capitalista, gracias al trabajo de los artesanos, así como en Colombia, la acumulación originaria ocurrió gracias a la producción de café, realizada durante un siglo, desde finales del siglo XIX. 

Ante la creencia generalizada del supuesto altruismo o generosidad filantrópica del capital, sus propietarios se han creído los hijos mimados de la sociedad, los privilegiados que están por encima de los demás humanos, los dueños del Estado, a quienes se les debe rendir pleitesía porque al capital se le debe la vida misma. Pero se oculta el papel del trabajo humano en la construcción de este recurso y, principalmente, se esconde el hecho de que, si no hay capital, el trabajo humano, solito, puede generar los bienes y servicios necesarios para la subsistencia, mientras que el capital, solito, es un elemento estático en la economía. Entonces, la amenaza de la fuga, o de la llegada capitales del extranjero, no tiene la connotación o mérito que publicitariamente se ha dicho; porque, puede causar efectos de corto plazo, pero no constituye el factor total del sostenimiento de la economía. 

Ante el inminente derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, que probablemente sucederá en esta misma década, lo que Colombia necesita es implantar una estructura propia que, basada en el capital humano, consolide el aparato productivo y disminuya la dependencia que tiene frente a las fuerzas internacionales, que, como lo estamos viendo, causan enorme golpe a la situación nacional con los movimientos globales. Parece que, este país, y tal vez todos los del mundo, lo que necesitan es volver a cerrarse para que cada uno por su cuenta luche por la consolidación de su economía independientemente de las fuerzas globales, recurriendo al trabajo humano para reconstruir la acumulación de valor suficiente, y así aprovechar eficazmente los verdaderos atributos del capital. 

CRÓNICA DE UN TRANCÓN ANUNCIADO

Con el caso de la reforma tributaria y otras propuestas del actual gobierno, elegido por la mayoría democrática para propiciar cambios en la situación colombiana, se recuerda algunas columnas de prensa escritas hace ya varios años como la del 17 de septiembre de 2014 y la del 7 de marzo de 2018 en un diario payanés, donde señalaban las dificultades que podría tener cualquier gobierno que intentara modificar las estructuras sociopolítica y económica mediante cambios profundos que redundaran en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gran mayoría de colombianos. Señalaban dichos artículos, que las élites de poder, o sea las roscas que se están beneficiando de la situación presente, internas y externas al país, desplegarían todo su poder, que es muy fuerte, para oponerse y obstaculizar el establecimiento de medidas tendientes a modificar las condiciones reinantes. 

Ahora lo estamos viendo. La reforma tributaria que finalmente aprobará el Congreso, es muy diferente a la que el país necesita y que fue propuesta en el comienzo del trámite. Los grupos de poder económico, que siempre se niegan a pagar impuestos, desplegaron todo tipo de artimañas recurriendo al control que tienen de los medios mercantiles de comunicación, para dañar la imagen del gobierno, además de la presión a congresistas y el uso de chantajes de todo tipo, donde el cuento del desempleo es su principal arma, para impedir que se les fijara una tributación con criterios de equidad pública. Se repite el argumento del empleo, cuando histórica y teóricamente, está demostrado que la generación de empleo no depende del sistema tributario sino del tamaño de la demanda agregada. 

El gobierno estaba advertido desde cuando todavía era candidato, de que, para efecto de diseñar y aplicar una estrategia pragmática que le diera viabilidad a la propuesta, a sabiendas de las barreras de las fuerzas de poder internacional y los grupos de interés nacionales, era necesario una adecuada planificación de mediano plazo, considerando todos los factores que permitan eludir y sobrepasar las barreras del cambio, este cambio que debe ser paulatino y progresivo, hasta tanto se tenga por lo menos el 51 % de congresistas comprometidos con el proceso, lo cual solo se podrá lograr dentro de cuatro años, siempre que durante el período actual no se cometan errores políticos. 

Lo mismo ocurrirá con la reforma al sector salud que aún no se presenta al Congreso. Ahí, no solo estarán los mercaderes de la muerte poniendo trabas, sino que las multinacionales farmacéuticas y tecnológicas y todos los intermediarios que se lucran con el negocio, estarán prestos a difundir mentiras y a tratar de engañar a la opinión pública.

Lamentablemente, estamos frente a una élite de dominación con profundas raíces corruptas, que no tienen escrúpulos para defender a capa y espada su posición dominante, que fue anclada durante todo lo que va corrido del presente siglo, gracias a la complicidad de los gobiernos y la carencia de una ética pública donde se imponga el interés general y el bien común, sobre los intereses personales y apetitos voraces de quienes son protagonistas de esta crónica de un trancón anunciado. 

EL PESO DE LAS FUERZAS INTERNACIONALES

Recordando a León Trotski, por allá en las repúblicas soviéticas de hace casi un siglo, decía, dentro del conjunto de postulados de su Teoría de la Revolución Permanente, que el socialismo pleno solo era posible, en la medida en que se instaurara este sistema en todo el mundo, postura que Stalin negaba y muchos otros, quienes pensaban que sí era posible establecer las economías planificadas en un solo país. No obstante, las relaciones económicas mundiales se regían, como ahora, dentro de los cánones del sistema capitalista, creando así un obstáculo para desarrollar los asuntos internos, debido a que ningún país puede sostenerse de manera aislada del contexto universal.   

El recuerdo viene al caso colombiano de hoy, porque el actual gobierno, que fue elegido tras una propuesta de cambio, pretende introducir gran cantidad de modificaciones y ajustes en muchos de los frentes de la agenda gubernamental, sin que se aprecie una espina dorsal estratégica, que demarque la trayectoria en el mediano y largo plazo para llevar el país a un horizonte deseable. El objetivo general, por supuesto, es el desmonte del modelo neoliberal para restaurar el capitalismo clásico que existió en occidente hasta 1980; pero este propósito tiene una complejidad que encierra aspectos puramente internos y otros que están amarrados a los fenómenos internacionales, por lo cual las etapas estratégicas para la construcción del futuro, deben también acomodarse a una cronología que depende de las condiciones favorables para la viabilidad. 

Los temas de una transformación energética, que abandone el uso de combustibles fósiles para implementar fuentes de energía renovable, es, sin duda, una intensión muy saludable y conveniente para la sostenibilidad de la especie humana sobre el globo terráqueo. Pero, surge el interrogante de que, si ese propósito de la agenda de gobierno, puede realizarse de manera autónoma e independiente por parte de un país, como este, que tiene alta dependencia frente a las fuerzas internacionales y de los minerales no renovables para alimentar la economía. 

Desde la época de John Rockefeller, en el siglo XIX, la tecnología del petróleo se impuso a nivel global y ha sido eje de la geopolítica y la geoestrategia desde hace más de un siglo, en razón a la alta dependencia del aparato productivo de Estados Unidos en materia de petróleo. Y también desde ese siglo, pero en el Reino Unido, el carbón ha sido un insumo vital para la economía internacional. 

En lo referente a la política social y el manejo de los bienes públicos, es posible que el país pueda ejercer su autonomía e independencia frente al mundo; pero en materia energética, donde existen grandes poderes internacionales que toman las decisiones globales, probablemente ningún país subdesarrollado tenga la autonomía para adentrarse a promover cambios profundos. La historia nos muestra en casos similares, que primero se deben dar los procesos a nivel global y después los ajustes al interior de los países. De modo que bien podríamos pensar, que el gobierno actual tiene poca gobernabilidad sobre la política energética, más cuando las situaciones fiscales, monetarias y cambiarias están padeciendo lesiones que no solo afectan los indicadores económicos, sino que golpean también la economía real, afectando colateralmente el futuro político de la reconstrucción colombiana. Por eso, al gobierno le caería mejor ser más pragmático y estratégico, considerando que en materia de energías no renovables no se debe alborotar el peso de las fuerzas internacionales.   

EL DÓLAR DE URIBE

Los enemigos del gobierno han sacado a relucir que el precio del dólar, durante el gobierno del sátrapa Uribe, bajó y estuvo en niveles muy por debajo del que hoy tiene y, efectivamente, fue por debajo de los 2500 pesos; pero hoy, estamos pagando las consecuencias de esa política, que como siempre ocurre con las medidas de gobierno, sus efectos e impactos solo se perciben varios años después. 

Evidentemente, el dólar, en esa época, estuvo a bajo precio por el motivo de que, fue Uribe, quien entregó el país a los intereses internacionales, concediendo el patrimonio natural y feriando el patrimonio público a los extranjeros, lo cual ocasionó una avalancha de dólares que llegaron al país para aprovechar las gabelas que el gobierno les concedía, debidamente complementadas con exención de impuestos. Llegaron los dólares para invertir en el saqueo de los recursos naturales, que son de todos los colombianos; para comprar bienes públicos, que se privatizaban, y a invertir en negocios, también, de bienes públicos como la infraestructura de servicios básicos, en propiedad raíz urbana y rural y en empresas de servicios y de comercio, estas últimas que terminaron sacrificando el aparato productivo nacional por el exceso de mercancía importada que trajeron. Además, invertir en TES de Carrasquilla, exentos de impuesto y con alta rentabilidad, incluidos los de los municipios que todavía están empeñados, era un buen atractivo para los dólares, en esa época, cuando en Estado Unidos la tasa de rentabilidad estaba muy y baja y que más adelante, en 2008, le explotó en manos de Obama. 

Hoy estamos pagando las consecuencias: un aparato productivo reseco que no puede exportar para generar dólares propios; un endeudamiento extremo cuyo pago se come la tercera parte de los ingresos corrientes de la nación cada año; alta dependencia frente al sector externo que resta autonomía al país; fuertes ataduras con las importaciones, que obligan a arrodillar la economía ante los dólares postizos o artificiales que manejan los especuladores internacionales del dinero; elevada volatilidad en el mercado cambiario con el riesgo que trae la fuga de dólares de regreso al exterior; y todo lo demás que estamos presenciando en este mes de octubre de 2023. 

Fue durante el gobierno de Uribe el carnaval de los dólares baratos, pero siempre lo barato sale caro. Se ha creado la imagen de que la llegada de capital extranjero beneficia al país, pero se olvidan de que los capitalistas no son altruistas y solo llegan donde les conviene por la rentabilidad de sus negocios. Es la racionalidad del mercado. Por eso, es conveniente echar una mirada más detallada a lo que fueron las políticas de ese período 2006-2010, aún sin mirar lo que fue el proceso de descomposición social y desintegración familiar, derivada del alto desempleo y la terciarización de la economía, que le ha impreso una carga imposible de sostener en el largo plazo, porque al cabo del tiempo, revientan las consecuencias del motivo por que en esa época tuvo el dólar de Uribe.

LAS PROTESTAS NO CESARÁN

Desde 1999, el diario El Liberal de Popayán, había publicado artículos de columnistas que anunciaban los hechos que hoy, 23 años después, vive Colombia, como el ocurrido el pasado miércoles 19 de octubre, cuando hubo enfrentamientos entre indígenas emberá y la policía, insuceso que también pudo haber sido infiltrado por los enemigos del gobierno, para crearle ambiente hostil e imagen desfavorable, pero que, bajo ningún argumento, es justificable, como todo acto que lesione el clima de convivencia armónica que espera toda la población. 

Lo cierto es que, tal como señalaba en aquella época el citado diario, las protestas, en lugar de disminuir, seguirán en aumento, porque el descontento por la situación social derivada de las políticas neoliberales, seguirá creciendo y ese acumulado de energía social, más tarde que temprano reventará desbordando la tranquilidad pública. Sería muy iluso pensar que haber elegido un presidente proveniente de tolda diferente a la tradicional oligarquía beneficiaria de dichas políticas, era suficiente para lograr la resignación y calma, que prefiere la mayoría de los actores sociales; el tema no es de, quien es el presidente, sino del modelo imperante en todo el mundo occidental y que en este país fue impuesto y es sostenido, por las fuerzas económicas internacionales. 

La situación de pobreza extrema y desesperanza, resultante después de 30 años de neoliberalismo, con el consecuencial desempleo, desigualdad social, pobreza extrema, daños mentales y deterioro emocional, trae como subproducto la desintegración familiar y la descomposición social, se manifiesta en la pérdida de valores y menoscabo de la moral, que desembocan en actos contra la misma sociedad y que se convierten en fenómenos que no se terminan de un día para otro con un simple cambio de las elites de poder o de gobernante.

 

La esperanza es que el modelo económico ya se está derrumbando en todo el mundo, como se ha visto en los síntomas ocurridos durante este año. Pero aun tarda algún tiempo para la explosión final, período en el cual la agudización de las contradicciones dialécticas, traerá mayor cantidad de situaciones lamentables para unos y para otros, donde los países dependientes, como los latinoamericanos, sentirán más duro el golpe de la coyuntura, aunque actualmente también en varios países europeos, como Francia por ejemplo, afrontan manifestaciones populares de descontento, que se han agudizado por cuenta del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. 

La desesperanza nacional, que primero se expresó mediante el paro de 2021 y luego produjo la movilización electoral, está latente, pero viva en la mente de la comunidad, que sigue pendiente de los cambios prometidos por el nuevo gobierno. Pero siempre, en cualquier lugar del mundo, y como se demuestra con los hechos históricos, los efectos e impactos de las medidas gubernamentales tardan algunos años y no se sabe hasta qué punto existirá la capacidad de aguante de la gente, más cuando los defensores de la situación presente, que se sienten perjudicados con los cambios, están desplegando todo tipo de ataques para obstaculizar las medidas de interés general y bien común, que requiere el desmonte del modelo neoliberal, el cual, al interior del país, solo alcanzará para preparar el terreno, hasta tanto se produzca el desplome a nivel global. Mientras tanto, será necesario tener claro y ser consciente de que las protestas no cesarán. 

   

EL ENEMIGO INTERNO DEL GOBIERNO

Dijo el presidente Petro, durante un evento realizado en un municipio caucano, que el gobierno tiene un enemigo interno. Inmediatamente la gran prensa bogotana, que ya conocemos, comenzó con las especulaciones buscando los chivos expiatorios y endilgando la imputación a personas individuales y hasta osaron atribuir las palabras de Petro contra el Ministro de Hacienda, con el fin, como en su estilo periodístico, de crear conflictos basados en la cizaña y distorsión de la opinión pública. Tuvo el presidente, que realizar las aclaraciones correspondientes, precisando que se refería a la tramitomanía y a la carga de normas administrativas, que se convierten en un obstáculo para la agilidad, la pertinencia y la oportunidad de los actos de gobierno. 

Interpretado las palabra del presidente, quien se propone realizar cambios profundos orientados al desmonte de las políticas neoliberales que durante 30 años han azotado a Colombia, es fácil comprender que esos cambios necesitan creatividad, innovación, pragmatismo y agilidad en los procesos de la administración pública; pero las estructuras normativas existentes, son un obstáculo para responder a las expectativas y esperanza que la sociedad se ha creado y que buscan tener una respuesta pronta de parte del Estado. 

En otras palabras, y siguiendo los enfoque de gestión pública que se agitan en el terreno académico, el problema consiste en que, si bien es cierto que desde 1991 se viene promoviendo la transformación del modelo administrativo para abandonar el Modelo Burocrático con el fin de implantar el Modelo Gerencial, este proceso de transformación, que le llaman de modernización, pero que es más de posmodernización, marcha a un ritmo supremamente lento, a pesar de que existen las leyes y demás normas jurídicas necesarias para su realización.  

Los intentos de transformación vienen desde la ley 489 de 1998 y de ahí en adelante una serie de normas tendientes a establecer el modelo gerencial en la rama administrativa; pero los esfuerzos han sido muy tímidos y lentos los pasos dentro de este proceso. Los principales motivos, por el grado de improvisación de los organismos nacionales, que cada cierto tiempo introducen modificaciones y establece nuevas versiones, sin que se precise una ruta estratégica en la transformación con horizonte en el largo plazo. Se inspiran en paradigmas y modelos extranjeros, que tratan de imitar sin considerar el pragmatismo necesario para su aplicación en el marco de la constitución políticas propia, el ordenamiento institucional específico y la cultura diversa existente en Colombia; y así mismo, con soportes conceptuales basados en el colonialismo intelectual y la dependencia frente al pensamiento extranjero. 

Gran cantidad de leyes y decretos dispersos y desordenados, que no obedecen a una estrategia coherente y centrada, muestran la debilidad del proceso. Se observa, por ejemplo, casos como la Ley 872 de 2003 y recientemente el Decreto 1499 de 2017, con los que se pretendía el estableciendo normas para regular la transformación del Estado abandonando el enfoque burocrático; pero, las situaciones resultantes se apartan de la internalización de la norma y en el establecimiento de acciones administrativas impregnadas con el espíritu del cambio. Aplican las normas mediante nichos aparte, alejados del núcleo de la administración, que las entidades crean para cumplir la norma, pero sin que llegue a la esencia del proceso administrativo.  Se limitan a cumplir la norma mecánicamente, pero no a transformar la administración pública; así ocurrió con la NTCGP 1000:2009 y está sucediendo hoy con la MIPG:2017, que se ha limitado simplemente a diligenciar el FURAG II para satisfacer el requerimiento del DAFP. 

Así que el presidente Petro, ya que hizo las aclaraciones sobre a qué se refiere, también debe intervenir en los organismos competentes como son el DNP, el DAFP y la ESAP, para que desde el alto gobierno se trabaje en los cambios necesarios para que desaparezca el enemigo interno del gobierno.

LA ENCRUCIJADA DEL SALARIO MINIMO

Se aproxima diciembre y con el ello las tradiciones decembrinas como la nochebuena, pero también esa de negociar el salario mínimo, que al final, el gobierno lo adopta por decreto, porque los términos de la negociación entre patronos y trabajadores, por lo general son irreconciliables, ya que el debate se concentra en el valor nominal del mismo y ante ello, los unos dicen que debe bajar y los otros que debe subir. 

Sin embargo, más importante que el valor nominal del salario, es su capacidad adquisitiva, la cual este año, va a crear serios inconvenientes por la inflación global de precios que viene ocurriendo en el mundo, como síntoma del desplome del modelo neoliberal, la cual no cesará, hasta tanto el modelo no se derrumbe del todo, lo cual tardará al menos, un quinquenio más. 

Existen las dos alternativas para mejorar las condiciones de vida de los asalariados: se aumenta el valor nominal del salario, o se aumenta el poder adquisitivo del mismo, mediante la disminución de los costos de la canasta familiar. En el primer caso los efectos se diseminan por el conjunto de la economía afectando los costos de producción y creando un círculo vicioso, por el aumento de los precios que realizan los empresarios. En el segundo caso, de muy difícil aplicación en una economía de mercado, solo existe una posibilidad real supremamente difícil, que se puede realizar con mecanismos políticos, pero con los consecuenciales efectos en este campo, donde las fuerzas se polarizan. 

Lo cierto es que, más que el nivel nominal del salario, lo que afecta las condiciones de vida familiar es la baja capacidad adquisitiva del mismo, ocasionada por los altos costos de los bienes públicos, que absorben más del 70 % del ingreso familiar. La razón de esto, es que estos bienes, que son de subsistencia básica, se encuentran privatizados y por ello los altos precios para el consumidor. 

Los precios de los bienes públicos en manos privadas se elevan porque en ellos prima la rentabilidad del empresario privatizador, por encima de la satisfacción de la necesidad humana y por ello, copan un alto porcentaje del salario. Si estos bienes no estuvieran privatizados, sino que fueran ofrecidos por el Estado con universalidad, el salario mínimo, con cualquier valor, sería suficiente para garantizar adecuadas condiciones de vida. 

Las cuentas son sencillas. Qué porcentaje del ingreso familiar se comen los siguientes gastos: los gastos de transporte público, las cotizaciones de salud y pensiones, los servicios básicos domiciliarios, los gastos en educación, los peajes de carreteras, los servicios de transito y transporte, los trámites de registro, la factura de comunicaciones, el servicio de TIC y en general, todos los bienes públicos que hacen parte de la canasta familiar y que hoy están en manos privadas.

Con ello el salario mínimo se encierra en un dilema que conlleva una postura entre la espada y la pared, porque recae el asunto sobre el valor nominal, pero sin considerar la capacidad adquisitiva, que hoy está afectada por las políticas neoliberales de privatización. Sin considerar los aspectos inherentes a los altos costos de los bienes de la canasta básica, que hoy están afectados por la inflación mundial y que en Colombia se agudiza debido a la alta dependencia del aparato productivo frente a las importaciones, no será posible dar una salida decorosa al tema y se mantendrá con las mismas características la encrucijada del salario mínimo.

EL LASTRE DE LAS PRIVATIZACIONES

Una de las herramientas del capitalismo rentista, que se tomo el poder de Estado en 1980 sustentado con el ideario neoliberal, es la de privatizar los bienes públicos para restarle carga al fisco, con la finalidad de bajarle el riesgo al servicio de la deuda, lo que constituye el corazón del modelo neoliberal. El argumento es falaz, como todos los soportes de esa corriente de pensamiento seriamente alimentada con los paradigmas de Harvard, cuyo criterio básico es el de la ineficacia del Estado y la carencia de recursos para la administración adecuada en beneficio de la ciudadanía.  

Así, con este pretexto, la Constitución Política promulgada en 1991 crea el piso jurídico para que todo sea privatizable, excepto los bienes de mérito, que siempre deben estar a cargo del Estado; y con ello, se desbordó un torrente de privatizaciones de todos los servicios que estaban a cargo del organismo en concordancia con el Estado del Bienestar que se sostuvo hasta 1980 y que fue víctima de un ataque feroz durante ese decenio de parte de los capitalistas rentistas.  

Privatización de la salud, la educación, los servicios básicos domiciliarios, los servicios públicos colectivos, las comunicaciones, la seguridad social, los servicios de tránsito y transporte y en general todo lo necesario para conformar la canasta familiar; y lo más descarado, la privatización de las carreteras. Claro, no todas, sino las que pueden generar ingresos al capitalista privatizador, o sea las de mayor tráfico vehicular. El argumento trivial era, en un comienzo, de que el inversionista privado podía construir la vía; pero, también privatizaron carreteras ya existentes y de propiedad de todos los colombianos.  

Pasados ya tres decenios desde cuando se implantó el modelo neoliberal, hoy podemos hacer un balance de resultados y verificar si los argumentos del gobierno de Cesar Gaviria han brindado los beneficios sociales y económicos que nos ofrecieron, evidenciando que no era verdad tanta belleza. Hoy vemos el desastre en la salud, los escándalos en tránsito y transporte, la crisis en el servicio de energía eléctrica, las quejas por los servicios de agua y aseo y, con gran despliegue, la inconformidad generalizada por la desfachatez con que se han privatizado las principales carreteras del país. 

Al principio era justificable que, debido a la elevada inversión, la construcción de nuevas carreteras fuera privatizada y por eso el derecho de explotación para recuperar lo invertido; pero ya en los últimos años se ha convertido en un negocio dudoso de concesionar peajes para alimentar la voracidad de los empresarios. En carreteras públicas ya existentes, establecen sin compasión cualquier cantidad de peajes sin argumentos, ni técnicos ni financieros, sino para facilitar que inescrupulosos inversionistas se aprovechen de la explotación de los bienes públicos.

Debido al valor de esta clase de bienes para la vida humana, motivo por el cual son de carácter público, el nicho natural de ellos es el Estado. Es este organismo, el que, por razones sociológicas y leyes naturales, quien se debe encargar de la administración de los bienes públicos. Pero después de 30 años de neoliberalismo, ya la costumbre está enraizada y se ha sembrado una cultura de resignación, que está generando reacción ante la propuesta de regresar lo público al seno del Estado. Ahora se considera normal la privatización y si el Estado interviene para regresar lo público a su nicho natural, se arma el escándalo con diatribas como la de la expropiación, la de imputar un caos, la del calificativo de dictatorial, como si lo normal fuera la privatización y la enfermedad fuera el regreso a su lecho natural, convirtiéndose esto en el lastre de las privatizaciones.

EL PAPA FRANCISCO LO DIJO PRIMERO

Los amigos del gobierno están celebrando con euforia el discurso que pronunció Petro en la asamblea de la ONU, en el cual les cantó la tabla a las élites de poder mundial, señalando verdades incontrovertibles, ya sustentadas con estudios y argumentos tanto de la las ciencias sociales como de las naturales; lo cual, por el escenario donde se habló que tiene audiencia universal, tiene mucha trascendencia  y se destaca por la osadía de restregarle la verdad en la cara a los grupos de poder económico y político global. 

Pero, parece que no son propiamente inéditas las palabras del presidente colombiano. Los mismos temas y las mismas afirmaciones, solo que sin destacar tanto lo relacionado con la coca, en otras palabras, muy parecidas, ya las había dicho el Papa Francisco en el Encíclica Laudato Sí, también llamada “El cuidado de la casa común”, que fue publicada el 24 de mayo de 2015 y, como toda encíclica, tuvo suficiente difusión y publicidad hace ya siete años. Por lo tanto, lo de Petro no fue tan novedoso que digamos, solo que lo dijo en el escenario político e institucional central del poder mundial. Tanto fue el impacto de la encíclica, que los líderes del poder financiero global, Rothschild, Rockefeller y Kissinger, visitaron el Vaticano posteriormente y no se sabe que hablaron con el Papa, pero se cree que lo “regañaron” por lo que escribió en el documento. 

No cabe duda que el capitalismo rentista sustentado en el ideario neoliberal que domina el mundo desde 1980, está acelerando el deterioro de la vida humana con la complicidad de oligarquías criollas que existen en todos los países subdesarrollados y que se nutren con las migajas que el capitalismo financiero internacional deja caer de la mesa. 

Algunas de las palabras textuales de Laudato Sí, que permiten ver la similitud con el contenido del discurso de Petro son las siguientes: 

“Existen propuestas de internacionalización de la Amazonia, que sólo sirven a los intereses económicos de las corporaciones transnacionales”. 

“Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo…” 

“Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de identidad”. 

“Se pretende legitimar así el modelo distributivo actual, donde una minoría se cree con el derecho de consumir en una proporción que sería imposible generalizar, porque el planeta no podría ni siquiera contener los residuos de semejante consumo” 

“La deuda externa de los países pobres se ha convertido en un instrumento de control, pero no ocurre lo mismo con la deuda ecológica. De diversas maneras, los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro.” 

“Mientras tanto, los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente”. 

“Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones.” 

“Pero el poder conectado con las finanzas es el que más se resiste a este esfuerzo, y los diseños políticos no suelen tener amplitud de miras. ¿Para qué se quiere preservar hoy un poder que será recordado por su incapacidad de intervenir cuando era urgente y necesario?” 

“Es necesario que los países desarrollados contribuyan a resolver esta deuda limitando de manera importante el consumo de energía no renovable y aportando recursos a los países más necesitados para apoyar políticas y programas de desarrollo sostenible”. 

Entonces, está bien que se aplauda la intervención magistral de Petro en la ONU, pero no se debe desconocer que el Papa Francisco lo dijo primero.

LA FALACIA DE LOS PRECIOS SUBSIDIADOS

 El capitalismo se caracteriza en que, el mecanismo que hace funcionar el sistema, es el mercado, el cual está compuesto por oferta, demanda y precio y además, cuenta con sus propias leyes, que son implacables y determinantes de los fenómenos económicos, con el agravante de que, después de 1980, con el imperio del capitalismo neoliberal, el mercado se convierte en la máxima autoridad económica a quien todos los actores, incluido el Estado, le tienen que obedecer, además de que dispone de un clan de defensores que padecen de mercadolatría y no aceptan que el Estado intervenga bajo ninguna circunstancia. 

Desde cuando predominan las políticas neoliberales, la privatización de los bienes públicos ha sido el principal karma y con ello el poder del mercado arrasa con todo, permitiendo que el Estado meta las manos, solo que se trate de intereses políticos o de élite económica. La norma es que se deje en plena libertad a las fuerzas del mercado, para que estas fijen los precios y condicionen los demás fenómenos económicos, como ocurre con el precio del dólar, que antes, en época del capitalismo clásico, lo fijaba la Junta Monetaria como autoridad económica, pero que ahora lo fija el mercado de divisas.  

En este contexto económico, el concepto de racionalidad se basa en que haya sometimiento al mercado. En época neoliberal, se es racional, si los hechos son concordantes con la ley del mercado; y todo lo demás, son los “fallos” del mercado, como cuando se realiza una asignación que se aparta de sus leyes y lesiona la eficiencia del mismo.  Por lo tanto, está por fuera de la racionalidad económica neoliberal, imponer subsidios a bienes que no son servicios públicos o que no corresponden directamente necesidades básicas humanas, como el caso de la focalización del gasto social. 

El subsidio a la gasolina establecido por razones políticas para evitar protestas generalizadas, es un fallo del mercado, o algo así como un engaño a la economía desde el punto de vista neoliberal. Tal vez, en el capitalismo clásico del Estado del Bienestar con soporte keynesiano, hubiese sido normal y hasta bien visto el subsidio; pero en época actual, cuando desde la constitución política para abajo son neoliberales, mantener subsidios se aleja de la racionalidad económica que bien han difundido los alumnos de Harvard. 

Claro, con un Estado, cuyo papel se reduce solo a atender las necesidades de los agiotistas del mundo y favorecer el negocio a los especuladores internacionales del dinero, no puede adoptar subsidios porque, el dinero del recaudo tributario, se destina con prioridad al servicio de la deuda; más cuando los ricos, que son los capitalistas rentistas y los negocios financieros, se niegan a pagar impuestos sacrificando así a las finanzas públicas. Siendo así, el organismo se encuentra en una encrucijada fiscal, donde se confrontan la realidad financiera, por un lado, y los riesgos políticos por el otro. Es una posición entre la espada y la pared, donde presionan los criterios del Estado neoliberal por delante y talanqueras del Estado del Bienestar por detrás.

Por supuesto que causa mucho malestar el alza de los precios de la gasolina, aunque se mantengan igual los precios del ACPM que afecta los costos del transporte de carga; pero la realidad es que el país tiene que aceptar que existe  el neoliberalismo y la globalización; y si eso no gusta, primero se debe desmontar el modelo neoliberal, cosa que tardará muchos años todavía; mientras tanto, dicho precio se escapa de la gobernabilidad interna, por cuanto es determinado por los precios internacionales, de modo que mantener precios subsidiados, es una mentira sobre una realidad neoliberal y con ello, lo que se presenta es la falacia de los precios subsidiados. 

ENTENDER EL DECRECIMIENTO

Cuando la ministra de minas Irene Vélez habló del decrecimiento, los periodistas bogotanos, con la ignorancia que caracteriza a la mayoría de ellos, crearon tremendo zaperoco en concordancia con su habitual estilo de periodismo escándalo, ridiculizando a la funcionaria y destacado su posible incompetencia para el ejercicio del cargo, desconociendo que ese tema, como muchos otros, tiene diversas posturas y enfoques que, aunque no se compartan, son totalmente respetables porque están sustentados en argumentos técnicos y no en caprichos subjetivos como en este caso, que el “decrecimiento ambiental”, corresponde a una propuesta que presenta un relativamente nuevo movimiento social, que reclama el derecho a menguar económicamente, y a crecer políticamente, a partir de una nueva lectura de los puntos fundamentales del programa social del ecologismo clásico, cuyos principales expositores han sido Serge Latouche  de la Universidad de Paris, Joan Martínez Alier de la Universidad Autónoma de Barcelona y Herman Daly de la Universidad de Maryland. 

Pero, para entender el decrecimiento expuesto por esa corriente francesa desde el primer decenio de este siglo, es conveniente conocer la línea de pensamiento generada en la CEPAL durante los años ochenta del siglo pasado, con exposiciones de pensadores cepalinos como Osvaldo Sunkel, Nicolo Gligo, José Villamil, Jaime Hurtubia y otros, donde se destaca Aníbal Pinto, quien, con el marco del Materialismo Histórico y la Economía Política, define que el Estilo de Desarrollo es la forma como se organizan, se asignan y en general se manejan las fuerzas productivas en una formación social.

Con la introducción de este concepto en la teoría del desarrollo, se resolvieron varias inquietudes hasta esa fecha inciertas, como el género que corresponde a la especie del desarrollo sostenible. Quedó claro que no se necesita cambiar el sistema económico para resolver problemas sociales y humanos, sino que basta con cambiar el estilo de desarrollo; igualmente, quedó claro que, en la historia del capitalismo, se reconocen dos estilos de desarrollo, por un lado, el Estilo Ascendente o Transnacional y por otro lado el Estilo Sostenible, que algunos le llama Sustentable. 

El Estilo Ascendente lleva tres siglos azotando la humanidad y gira en torno al corto plazo, la rentabilidad y los factores financieros, todo explicado con la Teoría de los Precios. El Estilo Sostenible todavía no entra a la realidad, pero sigue en debate y luchando por su aceptación universal más allá de la simple retórica de su enunciado. El Estilo Sostenible se contrapone al Estilo Ascendente y gira en torno al largo plazo, la sostenibilidad y los factores económicos, todo explicado con la Teoría del Valor. Por ello, con la teoría de los precios no es fácil comprender un concepto que se apoya en la teoría del valor. El PIB, como indicador de la contabilidad económica, está diseñado mediante la teoría de los precios y concebido para el Estilo Ascendente, por lo cual no se ajusta conceptualmente a los conceptos propios del Estilo Sostenible.

Así que no es tanta la ignorancia de la ministra Vélez como la quieren mostrar los periodistas de siempre, ya que sus palabras tienen un asidero conceptual, que ya también fue tocado tangencialmente por el Papa Francisco cuando expidió la encíclica Laudato Sí, destacando el valor de la vida humana y la importancia de las condiciones del ambiente para alargar lo más posible, la permanencia de la especie sobre el globo terráqueo. Por supuesto, quienes se benefician del actual estilo predominante, no aceptan el cambio profundo del mismo, sino que maquillan y distorsionan el concepto de sostenibilidad y los ignorantes de la teoría del desarrollo, hasta se burlan de quien hace referencia al tema porque no conocen las bases teóricas necesarias para entender el decrecimiento. 

VERDADERA DIMENSIÓN DEL ALCALDE

A raíz de que el presidente dijo cuando intervenía en un acto institucional, que la fuerza pública debe “obedecer” a los alcaldes, se armó el revuelo dando papaya a sus opositores y, como siempre, los neonazis, que padecen de “militardolatria”, pusieron el grito en el cielo con una sarta de imprecaciones tratando de propiciar alarma en la opinión pública. 

Pero ese término “obedecer” tiene un sentido diferente en el campo de la gestión pública. No es que los alcaldes vayan a dar órdenes puesto que estas corresponden al comandante, sino que, con el piso jurídico de los artículos 209 y 315 de la Constitución Política, este funcionario ejerce las competencias derivadas del modelo de Estado gerencial que se desprende de las normas constitucionales y que en Colombia se viene implementando desde hace tres decenios. 

En este proceso de posmodernización del Estado, lo que ha venido ocurriendo es la introducción del enfoque gerencial en la gestión pública; y de acuerdo con las normas jurídicas y los modelo administrativos inherentes al caso, el alcalde es el gerente público por excelencia y como tal, debe aplicar el paradigma gerencial correspondiente, que, justamente, no es el que se planteó en los años noventa con el nombre de la NGP, que trataba de calcar a rajatabla el paradigma privado, sino que se trata de diseñar modelos de gerencia pública pertinentes a la realidad política, institucional, cultural y social existente en los territorios colombianos. 

La gerencia pública implica aplicar principios generales que cambian los patrones del viejo modelo burocrático donde imperaba la gobernabilidad. Hoy sobresale la gobernanza basada en el diálogo y la concertación, que no es socialización como algunos pretenden, como también los principios de la multiorganización, la participación, la flexibilidad, la innovación, la concertación y el trabajo en equipo, aplicados tanto a nivel de la macrogestión como de la microgestión publicas. 

El alcalde, ante todo, es el rector de los procesos sociales, institucionales y económicos que ocurren en el territorio de su competencia, para lo cual debe liderar al conjunto de actores municipales tanto oficiales como privados, mediante la implementación de políticas públicas construidas en el marco de la democracia participativa, es decir con la intervención de todos los actores. Entonces, en su carácter gerencial, no es jefe ni imparte órdenes, sino que propicia los escenarios para articular a todos los actores privados, civiles y oficiales, estos últimos de los órdenes nacional, departamental y local, canalizando las acciones e intervenciones en los procesos públicos hacia los fines de interés general y bien común para cumplir los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2° de la Constitución Política.   

Entonces, no es para crear pánico con las palabras del presidente, que solo se refiere a un caso de léxico o de gramática; pues el verdadero significado, que también se contempla en el artículo 91 de la ley 136 de 1994, se refiere al ejercicio de la gerencia pública correspondiente a la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, que implica el desarrollo de la descentralización para el fortalecimiento de la democracia participativa. Otra cosa es que, en la costumbre y tradición, estas competencias y retos de los alcaldes no se cumplan, por motivos del régimen político y las distorsiones en los sistemas electorales, que ocasionan desvíos en la verdadera dimensión del alcalde. 

OTRA VEZ LAS DROGAS ILÍCITAS

Durante el ultimo medio siglo, la guerra contra las drogas ilícitas ha sido tema central en la agenda de las relaciones con Estados Unidos y por más que han hecho, el fenómeno, en lugar de disminuir, ha estado aumentando. Algo se está haciendo mal y ya los responsables del gobierno de ambos países han tomado conciencia de que así no es y que se debe cambiar, pero aun no es claro el sentido del cambio. 

Lo cierto es que el problema se debe abordar con el esquema sistémico producción-distribución-consumo, como lo han dicho últimamente, lo que significa una intervención internacional casi global. El tratamiento holístico del caso, requiere de la intervención de varios países según donde se ubique en el esquema sistémico de la cadena. Colombia, tiene la mayor participación en el subsistema de producción, sobre todo de coca, amapola y cannabis. Pero, siempre se ha impuesto medidas equivocadas para la solución del problema del cultivo. 

Está claro y demostrado, que la principal causa del fenómeno de producción de cultivos de uso ilícito en las zonas de economía campesina y minifundio, es de naturaleza de mercado por lo cual es impertinente y resulta MFT, lo que se hace con medidas de política. Las medidas de política no corrigen las causas de mercado. Se tiene que implantar medidas de mercado, si se quiere eliminar la producción de estas especies vegetales. 

En Colombia solo dos productos de economía campesina tienen solución de comercialización establecida: el café y la coca. De ahí el fracaso de la federación de cafeteros hace más de 40 años con el programa de diversificación cafetera. Ahora la historia se repite: mientras la coca tenga solución de comercialización, no se podrá erradicar con medidas coactivas y de presión. Se necesita que a esos territorios les implanten estructuras eficientes y eficaces de comercialización de otros productos diferentes a la coca, para que inercialmente, las fuerzas del mercado y los factores de competencia, propicien el abandono de la coca, sin que haya mecanismos coercitivos, sino voluntarios; la racionalidad del mercado es más potente que la fumigación y esa misma razón es la que hace que hoy, la fumigación no sirva para nada. Con el cambio, los narcos tendrían que elevar el precio de compra a precios tan altos, que ya la cadena de intermediación hasta los países consumidores se debilitaría y las mafias del narcotráfico tendrían más dificultades para operar, con el complemento de las medidas en el subsistema de consumo. 

ACOABASTOS presentó ante el ministerio de agricultura una solución estructural al problema de la comercialización de los productos de economía campesina y minifundio a finales de los años ochenta cuando el ministro era Caicedo, pero el alto gobierno no atendió la propuesta y hoy la situación sigue vigente, como si no hubiera pasado la historia; y para acabar de completar, los PDET, que se suponía iban a contener el enfoque territorial de la gestión pública, terminaron haciendo lo mismos del PNR de Virgilio Barco, que no se parece en nada al concepto suprasectorial y holístico que encierra el enfoque territorial con políticas públicas bottom up.

No sabemos cómo se va a orientar la nueva política internacional propuesta por el presidente colombiano contra el narcotráfico, ya con la anuencia de Estado Unidos; pero sí sabemos que, si no se cambia el paradigma y no se responde con pertinencia a las verdaderas causas del problema, como en cualquier método del marco lógico, las condiciones seguirán igual y el fenómeno se mantendrá, porque los campesinos de los pobres territorios necesitan medios para subsistir y hoy, el único que se los brinda es el cultivo de uso ilícito, que tanto le preocupa al gobierno del país del norte, por el temor al daño que la salida de dólares de su país le produzca a la Reserva Federal (FED), organismo que los emite; y así dentro de pocos años tendremos que volver a repetir que otra vez las drogas ilícitas. 

LA PAPAYA DEL GOBIERNO

 Está bien que se resalte los diplomas y hoja de vida académica en el nombramiento de funcionarios del alto gobierno; pero se debe recordar que los títulos son para colgarlos en la pared, ya que la sabiduría, el talento y las competencias, salen del interior de la persona y obedecen a otros factores diferentes a los puros aspectos académicos; y tampoco los cargos ocupados en el pasado son factor de mérito, cuando estos corresponden a designaciones burocráticas por palanca o padrinazgo político. 

La calidad de la gestión pública en el más alto nivel, no se mide con los patrones convencionales con que tradicionalmente se valora, sino con métodos que consideren otros aspectos relevantes. Hoy juegan papel importante la gestión del conocimiento y la innovación, que requiere de la comprensión, la adaptación y la pertinencia, frente al entorno velozmente cambiante y complejo, en un mundo heterogéneo y diverso. Si no se consideran estos aspectos, simplemente se está dando oportunidad para que la oposición política o los enemigos de cualquier índole, aprovechen la ocasión para lanzar ataques y socavar el piso institucional de la acción gubernamental. 

En el marco del modelo gerencial que hoy demarca la gestión pública, las decisiones se toman con base en evidencias y los anuncios sobre estas mismas se realizan por medio de actos administrativos o procesos comunicativos formalmente establecidos. Las ideas personales, el pensamiento subjetivo, los deseos y las intenciones, por buenas que sean, al expresarlas conllevan alta dosis de riesgo, que puede ser tolerable en la gestión privada, pero que es grave en el marco de la gestión pública. Los anuncios sobre políticas o decisiones y la información sobre propuestas, deben estar sustentadas en estudios objetivos y técnicos que implican el abordaje de la realidad compleja, bajo los cánones que determina el manejo de lo público. Una política pública debe ser profundamente estudiada con participación de los actores; y con el método científico se debe sustentar la formulación frente a la opinión pública, ya que ninguna política es universal y todas generan amigos y enemigos. 

El gobierno que está comenzando tiene propósitos muy sanos y convenientes para el interés general; pero los procedimientos que usa no cumplen los parámetros adecuados a la administración gerencial de lo público, que requiere serenidad, cautela, pragmatismo, pertinencia y flexibilidad, si quiere lograr la viabilidad real con carácter estratégico, en un mundo que es globalizado y por lo cual los factores influyentes no solo son nacionales sino internacionales. 

Los ministros demuestran que tienen conocimientos y propósitos bien intencionados; pero también demuestran limitaciones en materia de gerencia pública y se les escapa la delicadeza y rigor con que deben realizar la gestión. Hay que evitar ser boqui-suelto.

Si fuera un gobierno como los que existieron durante 200 años, nada se esperaría porque la oligarquía siempre fue la misma; pero se trata de un gobierno para el cambio, que ha generado muchas expectativas. No se quiere un gobierno que dispare al aire para todos los lados para ver dónde cae, sino un plan concreto de desmonte paulatino del modelo neoliberal, que implica diseñar una estrategia y pasos tácticos precisos sin desviar la ruta y dejar de lado los elementos intrascendentes y asuntos triviales, que poco aportan al cambio de las políticas neoliberales pero que desgastan la imagen y dan ocasión para la crítica, alimentando así la oposición y a los neonazis, que están al acecho pendientes de cualquier paso en falso para atacar, haciendo por ello obligatorio que se tiene que evitar servir la papaya del gobierno. 

EL RIESGO DEL DOGMATISMO

 La mayoría del electorado recibió con beneplácito el primer gobierno popular, elegido después de dos siglos de dominio de las mismas familias de siempre y con ello se ha creado una gran expectativa, tal vez exagerada, por el acumulado del descontento social almacenado durante los 30 años que llevan las políticas neoliberales causado estragos en la vida familiar y la dignidad humana. Pero, es necesario tener en cuenta, que este gobierno no es perfecto; es diferente, pero también tendrá errores, que se miden según el logro de los objetivos o de la solución de los problemas existentes. 

Viene con ello la designación de funcionarios, por ahora de la primera línea como les dijo el presidente a los ministros, y más adelante el resto de la planta del funcionariado directivo, algunos de ellos, seguramente, provenientes de la vieja izquierda del siglo pasado, que, durante toda su vida y al igual que el presidente, solo han recibido garrote de la oligarquía dominante. 

Pero el mundo y el país, en este tercer decenio del Siglo XXI, ya es diferente de cuando se originaron las luchas políticas bajo el antiguo esquema “izquierda-derecha” del siglo pasado; hoy existe un sistema capitalista diferente, un tipo de Estado distinto, un andamiaje institucional modificado, otras formas en la relación Estado-Sociedad, variantes en el régimen político y otras formas de tenencia de los medios de producción, de tal manera que el paradigma sociológico predominante en el siglo pasado, ya no aporta los conceptos e instrumentos para regir la gestión pública que fueron pertinentes en esa época del capitalismo clásico. 

Ya los enfoques keynesianos y marxistas no se pueden aplicar al pie de la letra; ni siquiera la socialdemocracia de esa época. Hoy están sobre la mesa el Progresismo y como dijo el presidente refiriéndose a los cambios en Latinoamérica, lo que hay es una búsqueda, que aún no encuentra el diseño definitivo; porque posterior al derrumbe del modelo neoliberal, que se espera a más tardar en 2028, hoy no se sabe cuál es la alternativa para la reconstrucción económica, social e institucional del mundo. Es necesario crearla, con ingenio, flexibilidad, pragmatismo y pertinencia. Lo único que se sabe es que la desigualdad económica, geográfica y social, debe disminuir a cifras tolerantes. 

En tales circunstancias, el gobierno de Petro no puede ser dogmático ni sectario. Debe interpretar la heterogeneidad de Colombia en lo económico, lo social, lo territorial y lo ambiental, de modo que las políticas, en todos los temas, no pueden ser estandarizadas como si el país fuera uniforme, sino diversas. La política fiscal, por ejemplo, debe reconocer las diferencias en los contribuyentes para aplicar impuestos directos diferenciales; la política laboral debe reconocer que ya no estamos en época del desarrollo exógeno con prevalencia de las multinacionales, sino que estamos en el marco del desarrollo endógeno con relevancia de los emprendimientos nacionales. Cada sector de la economía tiene sus propias especificidades que requieren tratos diferenciados. Aplicar los mismos patrones de la industrialización del siglo pasado en el momento presente, es arruinar los esfuerzos endógenos de generación empresarial. El rasero debe ser diferencial, lo mismo que los factores territoriales, considerando políticas según las diferencias regionales en cuanto a la capacidad de la base económica local.

Si se quiere que el gobierno que comienza deje sembradas las bases para un proceso de largo plazo de reconstrucción económica, social, institucional y ambiental, los criterios antiguos no pueden ser rígidos, sino que deben ser flexibles y pertinentes con la realidad presente; por eso, en la designación de funcionarios del alto gobierno es necesario reconocer los méritos políticos del pasado y los aportes a la lucha por el cambio, pero también se debe considerar el riesgo del dogmatismo.

LA PROGRESIVIDAD DEL CAMBIO

Claro que hoy, después del gobierno de Duque, Colombia está para hacerla de nuevo, en lo económico, lo social, lo institucional, lo político y lo idiosincrático, porque con el enfoque neonazi que este gobierno aplicó en las políticas neoliberales, prácticamente todo quedó destruido y la crisis que se afronta en la vida social y humana, adolece de graves situaciones y problemas; pero, todo no se puede arreglar de un solo golpe. 

“El que mucho abarca poco aprieta” dice el viejo refrán y ese es el riesgo que se está corriendo en la coyuntura presente, cuando inicia un nuevo gobierno, pero no un gobierno cualquiera de régimen tradicional, que conserva el andamiaje de la misma oligarquía de siempre, sino uno en manos de otro presidente, que sentó su propuesta electoral, precisamente, en el cambio de esta realidad que el grueso de la población rechaza; por eso lo eligieron.  

Por ello surgen, de todos los lados, miles de propuesta de cambio como si Petro fuera omnipotente, porque casi todo está por cambiar después de dos siglos de la misma oligarquía y treinta años del modelo neoliberal que lo destruyó casi todo. Pero todo no se puede cambiar de un solo golpe. Se requiere un proceso paulatino que demora varios años para recuperar a Colombia con sus instituciones y su comunidad. 

Las preguntas son entonces, a qué nos dedicamos y por dónde comenzamos, porque existen prioridades y también la secuencia lógica de los procesos. Por supuesto, es necesario comenzar con las políticas macroeconómicas, pero estas están sometidas a las reglas globales impuestas por el capitalismo financiero internacional. Así que lo único que se puede tocar, por ahora, es la política fiscal, donde es necesario una reforma tributaria que ponga a los ricos, que siempre ha estado exentos, a pagar impuestos. Las políticas cambiaria y monetaria deben seguir como están por ahora, esta ultima totalmente fracasada como se puede ver con la cifra de inflación que publica el Dane. 

En las políticas sectoriales, principalmente las sociales, sí son urgentes y ahí es donde se debe concentrar principalmente el cambio. Desmontar el carácter neoliberal para volver a implementar políticas propias del capitalismo clásico, similares, no pueden ser iguales, a las que había antes de 1980. Los sectores sociales de salud, educación, vivienda, recreación y deporte, familia, donde la compensación familiar debe modificarse totalmente, además de los cambios en la política de infancia y adolescencia, son urgentes; y la previsión social incluyendo los grupos vulnerables y la vejez, también. Pero, para lo demás, los cuatro años no alcanzan. En las políticas sectoriales económicas, la más urgente es la del sector agropecuario, que debe estar amarrada a la de la zona rural, hay que hacerla desde cero, comenzando con la tenencia de la tierra. Pero no se alcanza más; y también urgente, la política para el sector industrial con miras a la recuperación del aparato productivo que el uribismo dejo maltratado. 

Claro, quedan temas urgentes, importantes y transversales que también requieren intervención desde el inicio del período y que probablemente no alcancen los cuatro años para arrojar resultados, como son el de la paz, el régimen político, la corrupción, el manejo de los bienes públicos cuya privatización neoliberal ha sido funesta por el desboque de la corrupción y el impacto en los costos de la canasta familiar; igualmente un tema trascendental como es la gestión pública, que requiere el enfoque gerencial y fortalecimiento de la democracia participativa, para lo cual se debe implementar la descentralización política, amarrada a una adecuada política de ordenamiento territorial que corrija la anarquía que hoy existe.

Pero pare de contar. Ni el tiempo, ni los recursos, ni la capacidad institucional, ni la voluntad política alcanzan para todo lo que hoy se está exigiendo, como si este gobierno tuviera la fuerza para resolverlo todo. El desastre neoliberal causado durante los 30 años que lleva, no se puede corregir en menos de 15 años, para notar el cambio mínimo esperado. Es necesario, por lo tanto, implantar un proyecto político sostenido en el largo plazo, que asegure, por lo menos cuatro presidentes de este mismo bando por fuera de la oligarquía tradicional y concebir estrategias que tengan un punto de partida mínimo y permitan la progresividad del cambio.

LA CONTAMINACIÓN NEONAZI

El fundamento inicial es la teoría de Darwin, que se le conoce como de la selección natural, mediante la cual dicho pensador sostenía que todas las especies animales no son iguales, sino que, por motivos naturales o biológicos, unas son superiores a otras y ese factor concede facultades para que las superiores ataquen y se alimenten con las inferiores. Por supuesto, se refería a especies diferentes y no a variantes dentro de la misma especie, como lo argumentaban los nazis, que creían que en la misma especie humana existen diferencias entre razas, por lo que se empeñaban en demostrar la superioridad de la raza aria y su facultad para exterminar a otras razas como la de los judíos.  

Por su parte los neonazis también creen en la supremacía de algunos individuos o grupos, dentro de la misma especie humana, pero ya no por motivos de raza, sino por otros factores como sus ancestros y principalmente, por su patrimonio familiar. Creen que el hecho de haber tenido riqueza desde sus antepasados, los hace superiores y con privilegios por encima del resto de la población. Muchos hasta rebuscan en sus ancestros algún origen europeo de su apellido y padecen la quimera de la aristocracia.. 

Como de todo hay en la viña del señor, es razonable que existan este tipo de personas en una sociedad; pero lo que es sociológicamente censurable, es la incursión de esa ideología en la actividad política, porque con ello, se cree que los derechos no son iguales para todos los ciudadanos, sino que los privilegiados están por encima sintiéndose dueños del Estado y con facultades para atropellar y abusar del poder en beneficio personal, sacrificando el interés general y el bien común.   

En política hace mucho daño el pensamiento neonazi, porque como dice Wikipedia, ellos “buscan emplear su ideología para promover el hostigamiento, la opresión, el odio, la discriminación y la violencia contra las minorías”. Agrega la fuente de Internet, que toman “prestados elementos de la doctrina nazi, incluyendo el ultranacionalismo, el ultraconservadurismo, el nacionalismo étnico, el racismo, la xenofobia, el antieslavismo, el capacitismo, la homofobia, la transfobia, el antiziganismo, la islamofobia, el antisemitismo, el anticomunismo y el antifeminismo”. Es decir, según Wikipedia, son unos angelitos en materia política. 

En Colombia existe la cultura neonazi en un porcentaje significativo de la población y juega un papel relevante en el sistema político; con el agravante de que son defensores y sostenedores de las políticas neoliberales que, aplicadas con este enfoque, se vuelven más deteriorativas de las condiciones de vida para las grandes capas de la población menos favorecida y atentan contra los principios de la democracia donde, se supone, todos los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades. 

La democracia está en riesgo con la presencia de personas que tienen este pensamiento y que son actores del régimen político, porque propician fenómenos divisionistas, polarizadores, discriminativos y excluyentes, que atentan contra la cohesión social y la convivencia pacífica que requiere el conglomerado humano para construir el clima apropiado al mejoramiento de las condiciones de vida que todo ser humano aspira, por lo cual el régimen político está en riesgo, a partir de la contaminación neonazi.

LA CANASTA CON GASESOSAS

Cuando los hábitos y costumbres han generalizado el consumo de un bien y llega a un alto porcentaje de familias que lo compran, la metodología utilizada por los organismos oficiales incluye dicho producto en la canasta básica, sin considerar cuál es la causa de la masificación del consumo ni las bondades del producto con relación a la nutrición y la salud humana. No se juzga la racionalidad en la conducta del consumidor ni el juicio para tomar la decisión de compra, sino, simplemente, el hecho de que existe una elevada cantidad de hogares que lo adquieren. Es un tema estadístico, con el cual se aplica el índice, también estadístico, sobre comportamiento de los precios de productos de consumo. En muchas ocasiones dicho consumo masivo tiene origen en la tradición ancestral y en otros casos por efecto de los instrumentos de la sociedad de consumo que, mediante los medios de comunicación y la publicidad, coaccionan la conciencia humana que, complementada con los mecanismos de marketing que facilitan el acceso al producto, conducen a las familias hacia la compra y consumo del bien o servicio.  

Por supuesto, es un asunto de los derechos individuales y las libertades ciudadanas, que permite a cada uno consumir lo que desee, independientemente del bien o mal que le haga, lo cual es respetable; pero también es cierto que es deber sociológico del Estado, hacer pedagogía y orientar a sus súbditos para evitar que la comunidad caiga en el abismo. El Estado es el rector de los procesos económicos, sociales e institucionales y como tal, debe establecer políticas salvaguardado el bienestar general y el bien común en al marco del interés público. Si las comunidades por su propia iniciativa, van rumbo a su destrucción, el organismo no debe quedarse de brazos cruzados como simple espectador, sino que debe regir la trayectoria para mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad. 

Es de público conocimiento y así lo han señalado varias fuentes científicas, que las bebidas gaseosas son perjudiciales para la salud humana, porque contienen factores que propician enfermedades, además de que no contienen ningún valor nutricional; de modo que es deber del Estado intervenir en el mercado, para propiciar la disminución del consumo o la disminución de la demanda efectiva, lo cual en un sistema de mercado, se logra mediante la elevación de los precios que, si no se produce por el juego de oferta y demanda, se puede lograr con una intervención deliberada que incremente el precio mediante una externalidad, para que la demanda baje. Según la teoría económica, esto se puede hacer mediante impuestos, que elevan el precio y con ello los segmentos de más bajos ingresos disminuyen el consumo, según lo establece la teoría referente a las leyes del mercado. Es decir, el impuesto beneficia la salud pública de los segmentos de ingresos más bajos que son los mayormente afectados en la salud humana. Por supuesto, todo, dependiendo de la elasticidad de la demanda del producto, ya que cuando es inelástica, la disminución del consumo es insignificante; pero, de todos modos, el Estado cumple con su deber de hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad, porque con ello contribuye a que exista una menor proporción de la canasta con gaseosas.

CRONICA DE UN DERRUMBE ANUNCIADO

Ya desde el 2008 se había dado el campanazo y últimamente con la pandemia se agudizaron los síntomas, pero desde los años ochenta, los analistas económicos, los que utilizan el método del valor para sus consideraciones, habían dicho con claridad que el modelo neoliberal no tenía futuro de largo plazo y que su desplome sería cosa de tiempo, pero que tarde o temprano llegaría. Se esperaba que sucediera en la década de los treinta, pero según lo visto en los últimos días a escala global, parece que será en este mismo decenio. Hasta el mismo Soros lo había anunciado en los años noventa, también Stiglits el premio nobel y el más contundente, Nathan Hagens, todos coincidiendo que el modelo neoliberal no tiene soporte económico sólido. 

Desde su nacimiento, el capitalismo especulativo o capitalismo salvaje no tenía soporte real, debido a que concentró todo su peso en el sector financiero, dejando de lado el sector real. La esencia del modelo, que a la vez encierra su propia destrucción, es haber convertido el dinero en una mercancía y haberse dedicado a negocios de compra-venta de esta novedosa mercancía, desconociendo que el dinero, desde su creación, es solo un medio de pago, que tiene contrapartida en el sector real de la economía, donde se ubican los bienes y servicios, mercancías que sí contienen satisfactores de necesidades humanas y que por ello cuentan con valor de uso, como le decía Aristóteles. Y para completar, los rentistas especuladores que ahora les llaman inversores, concentran su negocio en prestarle dinero al Estado y esclavizar este organismo a que pague el servicio de la deuda, abandonando sus fines sociológicos y naturales, por dedicar con prioridad, el uso de los recursos tributarios al pago de la deuda. 

Dos propósitos se encierran en el modelo neoliberal: por una parte, prestarle dinero al Estado y por la otra frenar la inflación. Con el primero, arrastra la disminución de gasto público para no arriesgar el pago de la deuda y eso significa castrar el principal factor de expansión de la demanda agregada, lo que implica contracción de la economía; con el segundo, que utilizan para no mermar el poder adquisitivo de los papeles de renta fija en que invierten los especuladores, significa incrementar el desempleo de acuerdo a la teoría de Philips, que también baja la demanda agregada y con ello la producción del sector real. Si el sector real, donde está el aparato productivo, no produce, no hay contrapartida para sustentar los valores del dinero en el sector monetario, por lo cual la economía se infla en cifras nominales, pero sin respaldo en bienes y servicios reales. El desbalance va creciendo progresivamente, hasta que se revienta, porque el volumen monetario sobrepasa excesivamente el soporte real, lo cual se manifiesta con inflación, como hoy está ocurriendo en el mundo.

Hoy se está viendo el resultado en la economía global. Recesión universal anunciada, que está alterando los precios del petróleo, fluctuaciones del precio del dólar por la desbandada a compra este activo monetario previendo futuras crisis a corto plazo, inflación desenfrenada que, con la política monetaria neoliberal, esa de usar como instrumento la tasa de interés de referencia, no ha logrado controlar como ocurre en Estados Unidos y por supuesto, alarma en los mercados de capitales donde se concentra el protagonismo del gran capital. Faltan más fenómenos por difundir, pero todos le apuntan a que el modelo del capitalismo rentista o capitalismo neoliberal está escribiendo la crónica de un derrumbe anunciado.