miércoles, 28 de agosto de 2013

LA PERSONA DEL PRESIDENTE COLOMBIANO

Si hoy fuera el presidente Mockus o el mismo Uribe, la situación social de descontento y protesta sería igual, como lo advirtió la columna publicada en El Liberal el 25 de diciembre de 2008 con el título “Mejor que se quede Uribe”. Cómo será la magnitud del golpe que ha recibido el aparato productivo nacional y principalmente los sectores primarios, que un pueblo tan conformista, resignado y pasivo como el colombiano, que a pesar de nuestra cultura violenta siempre ha tenido gran capacidad para soportar las políticas de desarrollo impuestas por los poderes internacionales con la complicidad de la oligarquía bogotana, que hoy está levantado pidiendo a gritos dignidad. Por ello, no es posible que sea Santos el único culpable; una herida de esa proporción, es el resultado del acumulado de muchos años.

Si queremos encontrar un presidente culpable, entonces ese es Cesar Gaviria. Fue allá cuando se crearon los mecanismos estructurales que hoy están destrozando el aparato productivo con la afectación más grave a los pequeños productores. Fue en los años noventa cuando se sembraron las semillas de la crisis que hoy vive la economía colombiana. Pero imputar la causa a un presidente significa correr el riesgo de desviar la atención sobre el verdadero motivo y en consecuencia, también desviar la solución. Si la causa es un presidente, blanco es y la gallina lo pone: la solución es entonces cambiar la persona del cargo y eso conlleva a dejar las cosas tal como están.

La coyuntura es apenas oportuna. Es la oportunidad de formula un proyecto político que recoja las propuestas de las distintas movilizaciones y ensamblar un programa político que conduzca a la solución de fondo de los problemas nacionales, donde se incluyan políticas fiscal, monetaria y cambiaria; estrategia contra los TLC, política agraria apropiada y todas las demás que respondan a los factores que están deteriorando el aparato productivo. Un proyecto político que luego sea representado por un personaje o candidato, pero no al revés, como podría suceder si se sigue pensando que la culpa es de un presidente.

El presidente es necesario, pero no como un fin sino como un medio para ejecutar una propuesta política, que justamente no será gestada en los partidos tradicionales, sino en la dirigencia de las masas que por fin ha tomado conciencia y se están movilizando los grupos de pequeños productores y empresarios. Es hora de profundizar en el contenido político de las campañas y de comprender los efectos del modelo económico impulsado por las fuerzas de poder internacional, cuyo máximo exponente son los fondos de inversión con sus protectores el BM y el FMI y de bajar el peso de la persona del presidente colombiano. 

lunes, 26 de agosto de 2013

MEJOR QUE SE QUEDE URIBE

Escrito el martes 23 de diciembre de 2008 y publicado en El Liberal de Popayán el 25 de diciembre de 2008.


Los efectos e impactos de las políticas del gobierno casi siempre se manifiestan y se sienten después de tres años desde cuando se comienzan a aplicar. Por eso, la situación que vive el país hoy durante el segundo período de Uribe es consecuencia de las políticas que él aplicó en el primer período; y al Presidente del período 2010-2014, le tocará afrontar las consecuencias de las políticas que Uribe está aplicando hoy. Así, al próximo presidente le tocará asumir problemas sociales y económicos aun más graves de los que se están viviendo hoy. La opinión pública dirá entonces, que la culpa es de él y que el Uribe de hoy era mejor gobernante.

El desempleo y la pobreza de hoy, con sus secuelas como la desesperanza colectiva, el estrés generalizado, la angustia masiva, la desesperación por todas partes, fenómenos que arrastran violencia intrafamiliar, suicidio masivo, delincuencia juvenil, migración al extranjero, ingreso a los grupos armados, rebusque como se pueda aunque sea en las pirámides, etc., son todos por culpa del primer período del gobierno Uribe y al próximo le tocará afrontar las consecuencias de la “Confianza Inversionista” que significa poner las políticas fiscal y monetaria a proteger y defender las ganancias del Capitalismo Financiero Internacional y los especuladores internacionales del dinero; y las del “Estado Comunitario” que significa entregar el manejo de lo público a la voracidad de los inescrupulosos capitalistas que pretenden llenarse los bolsillos a costa de las necesidades básicas de la comunidad. En el Estado Comunitario toca pagar dos veces lo público: por una parte los impuestos que en lugar de destinarse al financiamiento de los bienes públicos como en cualquier Estado, se destinan a alimentar el negocio de los especuladores internacionales del dinero para que, por la otra parte, a la comunidad le toque pagar con tarifas los bienes públicos a los prestadores, que son empresas capitalistas con ánimo de lucro.

Preferiblemente que la situación llegue al fondo para que la aguda crisis y a punta de hambre y raponazos callejeros, la misma gente se convenza de la necesidad del cambio y así no juzguen al gobernante que lo propicie. La gente va a seguir creyendo en Uribe hasta que la situación se haga invivible y entonces creerán que lo que habla el gobierno es mentira y engaño, que las verdaderas intensiones son las de defender a los ricos del mundo, a los especuladores del dinero, a los banqueros, a la oligarquía bogotana, enroscada en los clanes Santos y Lleras, y ahora con el arribismo de los ricos de Antioquia. Por ahora que el próximo gobernante coma de su propio cocinado y aunque no haya reelección para el 2010, es mejor que se quede Uribe. 

miércoles, 21 de agosto de 2013

OTRAS VÍCTIMAS DEL CENTRALISMO BOGOTANO

En el territorio caucano hoy están descertificados varios municipios y por ello imposibilitados para manejar sus propios recursos para agua y saneamiento básico, constituyéndose así un caso más de víctimas del centralismo bogotano, que no sólo se manifiesta mediante las limitaciones a las entidades territoriales para tomas decisiones sino también en procesos públicos donde intervienen empresas privadas.

En primer lugar está de por medio el Decreto 3200 de 2008, “Por el cual se dictan normas sobre Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan otras disposiciones”, mediante el cual la Nación establece las acciones que deben realizar las entidades territoriales para manejar los recursos a través del PDA o plan departamental para el manejo empresarial del servicio público, que de acuerdo al proceso histórico de postmodernización del Estado colombiano, no es otra cosa que la introducción de los cánones de la gerencia pública en la administración de los organismos prestadores del servicio. 

En segundo lugar, el establecimiento de la “Gerencia Asesora del PDA”, que según el artículo 13 del citado decreto, “es una persona jurídica con experiencia e idoneidad para adelantar las acciones y actividades técnicas, institucionales, legales, ambientales, financieras y administrativas de apoyo y asesoría al Gestor y a los participantes del PDA”.

Y la tapa, el parágrafo donde se establece que “en desarrollo de la asistencia técnica, el MAVDT dará los lineamientos con base en los cuales se contratará la Gerencia Asesora del PDA por parte del Departamento o del Gestor” y claro, como siempre sucede, los términos de referencia que hacen en Bogotá, están diseñados para que el contrato de gerencia se le otorgue a una empresa de la capital, porque supuestamente, en los territorios no existen personas ni naturales ni jurídicas, que tengan la idoneidad para asesorar la gerencia de la prestación de servicios básicos domiciliarios.

Los resultados están ahí, muy claros: la empresa contratada para realizar la gerencia asesora en el departamento del Cauca, no sabemos qué tipo de labor realizó, pero en todo caso no fue lo suficientemente idónea para introducir la gerencia pública en los municipios caucanos y hoy varios de ellos están descertificados, en parte por su propia negligencia, en parte porque se confiaron en la empresa de consultoría contratada y mayormente, porque salió chimba la consultoría contratada por una suma cercana a los cuatro mil millones de pesos, que hoy hace de los municipios otras víctimas del centralismo bogotano.

miércoles, 14 de agosto de 2013

QUIEN PODRÁ DEFENDER LA DESCENTRALIZACIÓN

Después de 1991 se vinieron en racha las normas que creaban piso jurídico a la descentralización administrativa y hasta 2002 hubo algunos avances que nos hicieron pensar que era cierto lo de la autonomía municipal y eso de la elección popular de gobernantes territoriales, que, según el cuento, era para fortalecer la democracia participativa. En diez años algo se avanzó en esta materia.

Pero después de 2002 se comenzó a echar reversa en el proceso y se dejó ver que lo de la autonomía municipal era una falacia. El argumento fue que las entidades territoriales no respondieron a su responsabilidad y que su capacidad institucional era inferior al tamaño del reto, de modo que la Nación utilizando un método sagaz, durante el segundo decenio desplegó una estrategia para concentrar nuevamente el poder de decisión en Bogotá: expidió leyes de reforma a los procesos nacionales pero al final incluía un “articulito” con olor a mico, señalando que la presente norma en lo pertinente, rige también para las entidades territoriales, es decir, desde Bogotá se determinaba el qué hacer de gobernaciones y alcaldías.

Pero la tapa de la reversa a la descentralización administrativa se ha visto después de 2010, cuando ha ocurrido uno de los más grandes engaños para las comunidades territoriales, el cual se manifiesta a través de las leyes 1454 de 2011 y 1530 de 2012, mediante las cuales los mismos representantes de los territorios, que hacen parte del Congreso de la República, se dejaron meter los dedos en la boca de  parte del gobierno nacional.

El extremo del recorte a las facultades de los territorios se plasma en el sistema general de regalías, que según la publicidad mediática, era un instrumento para apoyar los procesos de desarrollo endógeno de las regiones, pero que mediante los artículos 33 y 34 de la ley 1530 se castra totalmente. Según estas normas legales, los recursos de los fondos de desarrollo regional y de compensación regional del sistema general de regalías, solo se podrán utilizar para financiar proyectos “acordados entre el gobierno nacional y las entidades territoriales”, lo cual constituye una pelea de tigre con burro amarrado. Ya sabemos en qué consisten los acuerdos entre la nación y los territorios: el gobierno nacional aprovecha los recursos que por mandato constitucional son de propiedad de los territorios, para imponer sus intereses y financiar sus políticas sin importarle las políticas de los gobernantes territoriales ni los intereses de las comunidades municipales. Con los dineros de los municipios, el gobierno nacional financia el plan nacional de desarrollo cuando debería ser lo contrario: con los recursos de la nación, se debía financiar los planes de los alcaldes, por lo que hoy es necesario preguntar como el Chapulín Colorado, y ahora quién podrá defender la descentralización.

martes, 6 de agosto de 2013

TRATO A LAS ZONAS DE CONFLICTO

Destaparon las vías en el Catatumbo y se inicia el diálogo con el gobierno pensando, según dijo Santos, en el diseño y la prueba de un caso piloto tendiente a crear un esquema de ordenamiento regional que permita aplicar las reglas derivadas de la suspensión de la violencia por parte de los grupos armados ilegales, lo cual tiene mucho sentido lógico en territorios de conflicto como ese de Norte de Santander, que tiene mucha similitud con lo que ocurre en la cuenca del Río Micay en el Cauca desde hace muchos años.

El interrogante que surge es entonces, cómo hacer para desligar la política de convivencia y paz del gobierno colombiano con la política antidroga de Estados Unidos. Las zonas de alto conflicto en Colombia han podido sembrar los factores de violencia porque son regiones de economía campesina, colonización, sin vías ni infraestructura para el desarrollo, desconectadas del mercado nacional, donde por supuesto, florecen las formas precapitalistas de producción y cambio, sobre los fundamentos de la economía de subsistencia regidos, no por las leyes del mercado, sino por las leyes naturales del instinto de conservación de la especie humana.

La política antidroga del gobierno norteamericano no ataca el consumo interno que genera la demanda de su país y con ello la prosperidad del negocio del narcotráfico, sino que dispara contra la producción agrícola de la materia prima, lo cual no concuerda con las condiciones reales de las zonas de conflicto en este país, donde la actividad económica movida por la ley del instinto, establece como rama productiva predominante, la siembra de uno de los dos productos de economía campesina en regiones de minifundio que hoy tienen garantizada la solución de comercialización como son el café y la coca. El primero con una estructura institucional legal que hasta subsidios otorga, la cual, a pesar de Luis Genaro, es una salida fija para las ventas; y el segundo que de manera clandestina ha mantenido los compradores mafiosos con leyes que ilegalmente establecen y que son respaldadas por los grupos armados ilegales ya sean de guerrilla o de bandas criminales.


Una de las causas de la crisis en estos territorios de conflicto con cultivos de uso ilícito son las fumigaciones, las cuales se escapan de la órbita del gobierno nacional por cuanto obedecen a compromisos internacionales acordados con el gobierno de un poderoso país extranjero y que se convertirán en obstáculo para que tengan viabilidad los procesos de convivencia y paz. Las fumigaciones no sólo destruyen los cultivos prohibidos, sino que también acaban con las demás especies agrícolas que los pobladores necesitan para subsistir, las cuales no cuentan con estructura de comercialización porque el gobierno no ha logrado establecerla por motivos de las políticas neoliberales que niegan la intervención del Estado mediante la propiedad de infraestructura y la presencia en los procesos de mercado; así que mientras se mantengan estas mismas condiciones será muy difícil que se llegue al pertinente y consecuente trato a las zonas de conflicto.