MISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Interpretando las cifras oficiales del DANE, presenciando las noticias de los medios de comunicación y observando los hechos cotidianos, se concluye que Colombia necesita cambios de fondo en las estructuras económica, social y política, lo cual se corrobora con la explosión social que desde hace dos meses ha ocupado la preocupación general. Es innegable que la situación que afronta el país, ha llegado a una crisis que no permite esperar el regreso a la normalidad, esa normalidad que desembocó en la triste realidad de miseria generalizada y conflicto sociopolítico que hoy vivimos.  

Revisando la historia se aprecia que, por lo general, esos cambios estructurales en los sistemas económico, social y político, cuando son bruscos, van acompañados con fenómenos de violencia, que ya en nuestro medio, no son deseables por la saturación que la comunidad tiene frente al conflicto y al agotamiento de la capacidad de aguante que tiene a la sociedad en su conjunto, exasperada por tanta violencia ocurrida en la historia nacional. Hoy es necesario reflexionar sobre otras alternativas para introducir los cambios estructurales minimizando al máximo los factores de violencia, los cuales no se pueden eludir en su totalidad, porque la historia universal nos enseña que cuando se proponen cambios de esta magnitud, surgen fuerzas de oposición que reaccionan a los cambios porque, en la situación presente, hay grupos de individuos que se están beneficiando, los que tienen privilegios, y que por supuesto, no los quieren perder por lo cual entran en choque contra las nuevas propuestas.  

Hoy, ya no tiene sentido hablar del cambio en el sistema económico como en el siglo pasado, sino en la necesidad de modificar la forma como se maneja el Estado, que actualmente está al servicio de algunas élites económicas, sociales y políticas, quienes usufructúan las mieles del poder y explotan el organismo solo para su propio beneficio, dejando a las mayorías excluidas del bienestar público que debe propiciar el Estado, y con ello alejándose del principio universal de que esta institución debe dar respuesta pertinente y consecuente a los requerimientos y expectativas que los asociados tienen frente al Estado, que tiene el deber, al menos, de propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de la totalidad de los súbditos, sin exclusión ni privilegiados.  

La respuesta que el Estado brinda a la sociedad, la realiza mediante el mecanismo de la administración, razón por la cual la calidad de los servicios que el organismo brinda, depende de las características de la administración pública que, además está condicionada al régimen político existente.  

En Colombia la administración pública está en crisis. A pesar de que existen bases conceptuales que soportan métodos apropiados para administrar el Estado con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y moralidad, en los procesos inherentes a la administración imperan la ignorancia, el subjetivismo, los vicios y desvíos frente al bienestar general y el bien común, por lo cual, es a partir de los cambios en la forma de administrar el Estado, utilizando modelos adecuados al cumplimiento de los supuestos fines que están en el papel pero que no se cumplen, como se puede avanzar en la superación de los problemas actuales, introduciendo los cambios estructurales, inicialmente en la administración del Estado, para luego sí y desde este organismo, introducir los cambios de fondo en las estructuras económica y social. 

Para el efecto, se requieren actos legislativos que hagan ajustes constitucionales y leyes que sustenten políticas públicas, por lo cual surge la necesidad, urgente, de transformar el Congreso de la República, comenzando con la elección en ese órgano, de otras personas diferentes a las que hoy ocupan las curules; y para ello, la necesidad de que la ciudadanía no venda su voto electoral sino que tome conciencia de votar por los agentes del cambio, que permitan facilitar el cumplimiento de la misión de la administración pública. 

NECESIDAD DE NUEVAS OPCIONES POLÍTICAS

El gobierno de Duque, como siempre, anda perdido sobre los asuntos económicos, sociales y políticos y en estos últimos, tal vez por ignorancia, confunde lo político con lo electoral, siendo que todo lo electoral es político, pero todo lo político no es únicamente electoral. Claro que para el uribismo política es solamente comprar votos y ejercer presión al elector a través de grupos paramilitares, que es su manera de hacerse elegir.  

Según la Real Academia de la Lengua, la política es un “Conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado” y según Wikipedia, “La política​ es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, u otras formas de relaciones de poder entre individuos”. Como se puede ver, ni en una ni en otra fuente, concentran la definición en los procesos electorales, de modo que podríamos decir que toda acción o postura de un individuo frente a un asunto público, es política. Por lo tanto, las protestas y los paros, todos, son actos esencialmente políticos, para que Duque no se aterre. 

Pero la política, desde la óptica sociológica, tiene sentido en la medida en que se enmarque dentro de procesos relacionados con el ejercicio del poder, de manera que los actos y posturas no deben ser sucesos aislados o puntuales, sino eslabones de una cadena estratégica que conduzca a los cambios que la sociedad requiere, los cuales solo se pueden hacer desde el poder de Estado y, en el caso colombiano, mediante la expedición de leyes por parte del Congreso, no obstante de que este organismo corrupto está vendido y entregado a los intereses de la élite de poder. Pero eso no quiere decir que sea mala la institución del Estado de Derecho, sino que el régimen político ha llevado a ocupar las curules a mercenarios de la politiquería, por lo cual basta con cambiar a quienes ocupan los cargos de congresistas y así rescatar la institución.  

Entonces, las protestas y los paros, en sí mismos, no producen los cambios sin que medie una ley; pero en el caso del paro que ocurre desde el 28 de abril, el evento ha generado importantes situaciones que hoy caracterizan la coyuntura política presente y que pueden facilitar el cambio desde los organismos del Estado. El paro ha despertado una gran motivación, sensibilización y concientización, sobre la realidad social y económica que afronta el país como consecuencia de las políticas neoliberales reinantes, cuyos efectos se han acumulado durante treinta años con graves perjuicios en la dignidad humana, la integridad familiar y la vida social. 

El paro ha despertado el interés por los asuntos políticos del país, mermando la apatía sobre estos temas que tradicionalmente ha existido y que ha llevado al abstencionismo electoral de la mitad de la ciudadanía. Ahora hay más interés en la opinión pública y probablemente habrá mayor participación automotivada en los procesos electorales que se avecinan para el próximo año. Es una novedad que en años anteriores no se observaba, por lo cual el paro se convierte en un paso estratégico de la ruta que debe culminar el día de las elecciones. 

Está demostrada la existencia de una gran energía social y de una inquietud generalizada por los asuntos y problemas públicos, lo cual significa la necesidad de implantar mecanismos organizacionales para convertir esta fuerza en un proyecto político que conduzca al manejo de las ramas del poder público, principalmente la legislativa y la ejecutiva. Pero la opinión generalizada de la gente, es que hay saturación de los antiguos y viejos esquemas organizacionales inscritos en el seno del régimen político vigente. Se nota que la opinión general quiere cambio, pero se percibe un agotamiento emocional que abre la puerta a espacios diferentes, con ideas novedosas y dirigentes frescos. 

La puerta está abierta y la oportunidad creada para el nacimiento de nuevas organizaciones políticas, que canalicen la energía social emanada del paro, pero con líderes nuevos que no necesariamente deben ser jóvenes en edad, sino jóvenes en ideas y conductas honestas que, aunque sean mayores, nunca hayan estado activos en los partidos políticos tradicionales. Se necesita una propuesta política que propugne por el desmonte de las políticas neoliberales que tanto daño le han hecho a la comunidad, y que responda de manera consecuente a la necesidad de nuevas opciones políticas. 

OTRO ATAQUE A LAS PENSIONES

Otra vez, uno de los lacayos colombianos de los especuladores internacionales del dinero a quien lo tienen ubicado como presidente de Asofondos para que defienda los intereses del capitalismo financiero, se viene lanza en ristre contra el único sistema de pensiones que existe en Colombia, el de Colpensiones, esta vez con argumentos falaces basados en unas cifras cuya interpretación tienen un trasfondo que el sujeto no aclara. Señala también comparaciones con otros países que son igualmente neoliberales y donde así mismo, predomina el enfoque financierista de los servicios sociales y no el enfoque humanista que la comunidad reclama. 

La pensión de vejez es un bien público que encierra el satisfactor de la necesidad humana de protección, requerido por todos los humanos cuando han superado la edad de retiro laboral; y por el hecho de ser de interés general que compete a todos los individuos de la especie, dicho satisfactor tiene carácter es público, razón por la cual, es al Estado a quien le corresponde asumir el manejo de este satisfactor, o lo que es lo mismo, el nicho sociológicamente obligado para las pensiones, igual que para todos los bienes públicos, es el Estado, como lo fue desde el siglo XVII y hasta los años ochenta del siglo XX.  

Las empresas afiliadas a Asofondos no son fondos de pensiones sino fondos de ahorro privado, por lo cual no constituyen un bien público y no son satisfactores de la necesidad de protección que requieren los mayores. Es decir, los fondos privados de pensiones no existen puesto que la única pensión de vejez que tiene carácter de bien público, solo la presta el Estado.  

Argumenta Montenegro que el presupuesto nacional deben asignar una suma de 20 billones para cubrir el faltante de recaudo originado en las cotizaciones de los jóvenes; pero es que los jóvenes que cotizan están en manos de los fondos privados de ahorro, mientras que los de mayor edad que reciben la pensión y no cotizan, están en el sistema público. Además, ¿cuál es el problema si el presupuesto público debe ser prioritariamente para la atención de las necesidades sociales y no para atender el negocio de los agiotistas del mundo que son los gota-gota internacionales?? Por eso la solución estructural del problema fiscal, es acabar con los fondos de ahorro privado y que todos los cotizantes jóvenes se afilien al sistema público. 

La comparación que el directivo gremial de marras hace con otros países igualmente neoliberales, que conciben los servicios sociales con el criterio financierista y no con el enfoque humanista que aplicaba el Estado del Bienestar antes de 1980, no tiene sentido; porque ven el ahorro financiero, pero no el carácter público del satisfactor que no debe condicionarse al monto ahorrado, sino a la satisfacción de la necesidad humana independientemente de las sumas cotizadas durante la vida laboral, algo parecido a lo que llaman el régimen de prima media.

Claro, para los neoliberales, esto constituye una bomba de tiempo, porque lo único que les preocupa, no son las condiciones de vida de la gente, sino el pago cumplido del servicio de la deuda bajo el esquema del capitalismo rentista que impera en el mundo occidental desde los años ochenta. La explosión de que hablan es de caráter fiscal, pero no les importa la explosión de carácter social como la que se está viviendo ahora en Colombia como efecto de los treinta años de descontento acumulado consecuencial de las políticas neoliberales y por eso, una vez más y como lo hacen cada cierto tiempo, lanzan otro ataque a las pensiones.

EL BUMERAN DE LA REACTIVACIÓN

Esta semana el gobierno expidió un nuevo paquete de medidas, supuestamente, tendientes a la reactivación de la economía, para lo cual pretende beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas agrupadas en el conjunto de mipymes, con el argumento de que el 96% de las empresas de este grupo se encuentran afectadas por la situación socioeconómica general que vive el país por el acumulado de tres décadas del modelo neoliberal, agravado durante el último año por efecto de la pandemia. El gobierno anunció un conjunto de medidas con seis aspectos principales, que pretende apoyar estas empresas para ayudarlas a salir de la encrucijada.  

El problema es que, una vez más, en gobierno insiste en medidas de corte neoliberal, que recaen en la oferta y que ponen en duda su eficacia. Nos recuerda que la historia nos habla de las discusiones realizadas en 1930, cuando el mundo capitalista afrontaba también una seria crisis en los mercados que tenía decaído el aparato productivo de la época. 

Las acciones propuestas más relevantes son referentes al crédito, como los cupos a las líneas existentes, el otorgamiento de garantías para créditos de capital de trabajo, ampliación de las líneas de Bancóldex, crédito para los productores rurales, líneas especiales de crédito subsidiado; y otras dos medidas que no son crédito pero que también van aplicadas a la oferta como son el plazo para pagar los impuestos que, se corre en el tiempo, y la feria virtual llamada ‘Reactivatech’, con la cual el Gobierno pretende beneficiar 100.000 empresarios para que fortalezcan digitalmente sus negocios y diversifiquen su portafolio de clientes. 

Probablemente estas medidas les aporten alguna liquidez inmediata a los empresarios en el corto plazo; pero el interrogante que surge es entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar más adelante esos créditos? Porque los recursos no son regalados sino prestados y tarde o temprano tendrán que pagarlos. ¿Cómo van a hacer los empresarios para vender la producción que financien con esos créditos si no hay en la calle gente con plata en la mano que les compre? 

Si la demanda agregada sigue contraída por insuficiencia de ingresos familiares, que es el principal destino de las micro y mipymes, los empresarios se van a ver a gatas a la hora de pagar los créditos, cuando tengan las oficinas de abogados de cobranza llamando todos los días a las cinco de la mañana para recordar las cuotas del préstamo. Por eso una vez más, también hay que recordar que la reactivación económica por la vía de la oferta tiene a serias limitantes, que conducen a la ineficacia de las medidas, situación que se ha demostrado históricamente muchas veces y que se ha sustentado en conceptos económicos repetidamente; pero el enfoque neoliberal todavía cree que funciona la Ley de Say de hace dos siglos.  Ese fenómeno podría tener sentido, si el aumento de la producción se realizara con utilización intensa de mano de obra cuyos salarios se orientan al consumo de la propia producción; pero en Colombia eso no existe por la altísima dependencia de las importaciones de materias primas e insumos.

Así, las llamadas medidas para la reactivación que propone el gobierno, es muy probable que sean un caso más de esos donde el remedio sale peor que la enfermedad y el plan anunciado esta semana se convierta en el bumerán de la reactivación.