LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL ESTADO

No hay para educación, no hay para salud, no hay para pensiones, nunca hay plata para nada, no obstante que los colombianos pagamos cerca de ochenta billones de pesos en impuestos y al Estado le ingresan otros recursos por tarifas de servicios que vende, regalías, participaciones en negocios privatizados, etc. Pero las finanzas públicas siempre están en la olla.

Los casos de Europa son la prueba de que no es verdad que el Estado nunca quiebra y que por lo tanto la hipótesis del Capitalismo Financiero Internacional sobre la base del “rentismo”, tarde o temprano será un bumerán. Después de la experiencia de 1930 creyeron que bastaba con realizar sus inversiones especulativas comprando papeles del gobierno y con poner al FMI de guardián para hacer monitoreo a los Estados con el fin de asegurar que sus inversiones estuvieran protegidas. Pero les falló, según se deduce de Grecia, Italia, España, Portugal y los demás que van en la fila. Le montaron al Estado una estructura de financiamiento perversa, que sacrifica el gasto social en primer término y luego todo el resto de gasto público, con el fin de concentrar los ingresos corrientes del fisco prioritariamente en atender el servicio de la deuda, es decir a pagar cumplidamente los intereses y el principal de los especuladores del dinero. El esquema era supuestamente sencillo, pues bastaba con privatizar los bienes públicos para que la comunidad comprara sus servicios, en lugar de que el Estado los brinde gratuitamente como contraprestación de los impuestos. Con ese fundamento implantaron el Estado Social de Derecho, para que el Estado se limite a garantizar derechos a la gente pero no a ofrecerle los satisfactores de sus necesidades, las cuales los ciudadanos deben solucionar individualmente cada uno como pueda. El Estado escasamente brinda de manera focalizada, subsidios a la demanda para los más pobres.

Pero el esquema les falló. Se olvidaron los capitalistas rentistas agrupados principalmente en la diversidad de fondos de inversión y agentes del mercado de capitales, que la capacidad tributaria de la sociedad es limitada y que depende del volumen de Excedente Económico o ahorro social disponible, el que a la vez, depende del la fortaleza del aparato productivo. Igualmente olvidaron que las necesidades sociales son cada vez mayores y que por más ideas de conformismo y resignación que quieran meter a través del pensamiento cristiano, las necesidades tienen una capacidad de aguante y que al final revientan a manera de protesta social como forma de liberar la energía colectiva represada, como lo estamos viendo en muchos lugares del mundo y recientemente en Colombia con la protesta estudiantil que exige educación gratuita o por cuenta del Estado. Ya se está cayendo el modelo y por más que se reúnan en el G-20 o los banqueros, o la UE o quien sea, el fracaso como inversión o negocio es inevitable por un lado, mientras por el otro la protesta social se expande y se incrementa, la cual sólo es posible frenar, si se cambia la estructura de financiamiento del Estado.

LA ESPERANZA DEL BUEN GOBIERNO

Pasadas ya todas las adversidades del proceso electoral, incluida la guerra sucia que este año fue escabrosa pero sin efectividad, comienza una nueva preocupación que ya deja escuchar comentarios y que se relaciona con la expectativa sobre lo que será la labor de los nuevos gobernantes territoriales. El comentario generalizado hoy es el de “ojalá haga un buen gobierno”.

El cuento del buen gobierno fue popularizado por Juan Manuel Santos desde finales del siglo pasado y hasta creó una fundación con ese nombre. Hoy es un capítulo del plan de desarrollo nacional al que le asigna bondades en materia de soporte transversal del plan, trascendiendo la concepción popular del término y señalando los principios que deben aplicarse en el ejercicio del poder.

Lo cierto del buen gobierno según los conceptos del PND y los de otros autores, es que los gobernantes territoriales deben dejar de tomar decisiones basadas en el sentido común. Los asuntos públicos son demasiado importantes y de tanta trascendencia como para que, en esta situación de crisis, gobernadores y alcaldes sigan gobernando como hasta ahora lo han hecho, basados en el subjetivismo de sus criterios personales u obedeciendo intereses parcializados de carácter politiquero. Si lo privado se maneja con paradigmas objetivos y técnicos, con mayor razón lo público, que es sagrado, se debe manejar con modelos de gestión acordes con la naturaleza de lo público y consecuentes con la dignidad humana. Alcaldes y gobernadores que se olviden ya del sentido común y sus caprichos personales para gobernar, que lo público no se debe administrar como un puesto de dulces en el semáforo.

Hoy, por fortuna, existen suficientes leyes y decretos que establecen el piso jurídico adecuado para implantar esquemas organizacionales y operativos acordes con el buen gobierno. No necesariamente sustentados en el paradigma privado y el “gerencialismo” de corte neoliberal derivado principalmente en la doctrina japonesa, sino recurriendo al enfoque heurístico que caracteriza la nueva gestión pública y que permite el equilibrio entre la racionalidad burguesa y los fundamentos de la ley natural que soportan la esencia de lo público. Para hacer buen gobierno, los gobernadores y alcaldes no deben inventarse nada; basta con aplicar las herramientas disponibles creadas por ley y reglamentadas por decreto, para que el primer fin esencial del Estado, que es el servicio a la ciudadanía, logre colmar las expectativas de la gente, al tenor de la gerencia pública, que difiere sustancialmente de la tradicional gerencia privada que el capitalismo vienen aplicado desde hace dos siglos. Y por el contrario, dejar de cumplir las leyes y los reglamentos en materia de gestión pública, no solo deja frustrada a la ciudadanía sino que expone al gobernante a sanciones de parte de los organismos de control.

Esperamos por lo tanto que los gobernantes territoriales elegidos el domingo pasado tengan el sano criterio de cumplir fielmente las leyes vigentes en materia de operación, control y satisfacción de los requisitos del ciudadano, para que de esa manera dentro de cuatro años se haya colmado lo que hoy es la esperanza en el buen gobierno