SE AFERRÓ EL CENTRALISMO BOGOTANO

Durante los ocho años del gobierno de Uribe, la descentralización administrativa que en 1991 nos ofrecieron a los colombianos como una manera de fortalecer la democracia participativa, echó reversa. Luego cuando llegó el gobierno de Santos y analizando el plan de desarrollo nacional “Prosperidad para todos”, el cual cimenta en las capacidades territoriales el éxito de la política de desarrollo, creímos que ahora, en este gobierno, se recuperaría el tiempo perdido en esta materia y que las entidades territoriales podrían recuperar la autonomía menguada y aplicar con más fuerza los principios constitucionales sobre autonomía y el derecho al desarrollo. Más cuando en los fundamentos del PND, la teoría del desarrollo endógeno constituye un soporte conceptual importante.

Pero transcurrida ya la mitad del período de gobierno, ahora nos invade la desilusión y el pesimismo sobre la posibilidad de, en realidad, desplegar procesos endógenos y avanzar en el desarrollo regional y local. Ante la insuficiencia de recursos monetarios para financiar procesos territoriales y considerando las novedades del sistema de regalías,  se pensó que era una buena alternativa unir los dos aspectos: el de la política de desarrollo basada en la teoría del desarrollo endógeno y los fondos del sistema de regalías. Se creyó que por fin, los territorios habían encontrado la forma de construir su propio futuro, además con amplia intervención de la sociedad civil.

Pero lo visto en las normas expedidas durante los dos últimos años, no sólo en materia de regalías sino en otros campos de la gestión pública, es totalmente contrario a las ilusiones creadas. El gobierno nacional viene interpretando de manera equivocada la dependencia que tiene la política nacional frente a las realizaciones en el nivel territorial. El concepto de disminuir las brechas entre regiones avanzadas y las más atrasadas no se aplica mediante la concentración de las decisiones de interés local en Bogotá. Más cuando los intereses de la Nación no coinciden con los interese de las localidades y peor aun, cuando dichas decisiones salen del DNP, un organismo que durante medio siglo, ha demostrado estar distante de las realidades territoriales.

Los gobernadores y los alcaldes tienen la palabra. Son ellos, ya sea a través de las asociaciones que los agrupa o mediante otro mecanismo, quienes deben apretarse los pantalones y enfrentar las intenciones de los funcionarios del nivel nacional que con sus realizaciones, solo han logrado mostrar que ahora se aferró el centralismo bogotano.

LA BASURA DE BOGOTA

Desde cuando comenzó la privatización de lo público después de 1991, a raíz de que la distribución de los bienes y servicios públicos se trasladó al mercado, sólo se han presenciado conflictos, ineficacia, quejas e inconformidades por todo los lados. Aseguran los partidarios de este fenómeno, que eso es necesario porque el Estado es mal administrador, lo cual hoy no es tan cierto: por una parte, porque pudo haber sido mal administrador el Estado Burocrático que existía antes de 1991, pero no el actual modelo de Estado Gerencial que se implantó con la Constitución vigente; y por otro lado, quien es ineficiente no es el Estado sino los politiqueros que controlan el régimen y que ocupan los cargos a través del esquema clientelista.

Lo cierto es que con el traslado de lo público al mercado nos vemos frente a un dilema: por lado, el Estado que es experto en manejar lo público porque lleva realizando ese papel más de dos siglos, pero que no sabe nada del mercado; y por otro lado los privados, que son expertos en temas del mercado porque llevan ahí más de dos siglos, pero que no saben nada de lo público. Al final, paga los platos rotos la comunidad.

Desde la fundación del Estado Moderno, por allá en el siglo 18, uno de los papeles que se le asignó a este organismo fue el de manejar los bienes y servicios públicos con carácter monopolista y exclusivo. Sólo a partir de 1991, fue cuando los privados pudieron entra también a hacer negocio con ánimo de lucro, mediante el manejo de lo público, una perversa postura de la doctrina neoliberal que tanto daño ha hecho principalmente a los más pobres. Pero ahora, algunos agentes del gobierno nacional cuestionan al alcalde Petro, porque disque quiere acabar con la libre competencia en el manejo de las basuras. Qué horror. Hasta dónde han llegado los neoliberales. Si el Estado no monopoliza lo público tal como figura en los principios que soportaron el Estado Moderno, entonces para dónde va este país?

Lo cierto es que únicamente quieren utilizar los bienes y servicios públicos, no para satisfacer el interés general y el bien común en concordancia con los fines esenciales del Estado, sino para convertirlo en objeto de negocio con ánimo de lucro y beneficiar así a los inescrupulosos empresarios que camuflándose en la supuesta eficacia en la prestación del servicio, solo persiguen llenarse los bolsillo privados tal como ocurría con la basura de Bogotá.

NEGOCIAR EL MODELO ECONOMICO

Ahora que está de moda hablar sobre el proceso de paz, no podemos quedarnos atrás. Han aparecido expertos y sabios de todo tipo, que pontifican sobre el tema, muchos de ellos con dotes de clarividente, asegurando resultados futuros a partir de sus disquisiciones teóricas. No vamos por supuesto, a realizar el papel de mago para asegurar que sí o que no tendrá éxito; pero sí es necesario retomar las palabra de Humberto de la Calle, el líder del equipo del gobierno, quien dijo el día de la instalación del proceso, que el gobierno no va a negociar sobre el modelo económico que impera en el país.

Ahora no se sabe qué se negocia: sí la oligarquía va a ceder y soltar los cargos de manejo del Estado o si la guerrilla va a soltar los miles de millones de dólares que maneja con el narcotráfico. En ambos casos, a cambio de qué?

Se sabe que la violencia en Colombia tiene causas objetivas y subjetivas, que se alimentan con factores estructurales y coyunturales y en unas y otros, el modelo económico tiene un papel. Se suponía que el anacrónico discurso de la guerrilla se sustentaba en la pobreza y la desigualdad que en este país es una de las más fuertes de América Latina y también se creía que el propósito del gobierno no era simplemente el de acabar con los actuales grupos armados, sino el de sembrar las bases de una paz duradera. Pero, cómo se van a acabar los grupos armados en la zona rural, si los muchachos del campo no tienen alternativa de empleo distinto a las opciones que brindan los grupos armados de todo tipo?; desempleo que tanto en el campo como en la ciudad, es ocasionado por las políticas macroeconómicas que se derivan del modelo económico impuesto por el capitalismo financiero internacional.

No hace falta ser experto ni sabio sobre los temas de paz. Basta con viajar a la zona rural y ver lo que ocurre con los muchachos, muchos de ellos, que egresan como bachilleres de los colegios agropecuarios, para plantearse los interrogantes acerca de cómo lograr la convivencia pacífica con el actual modelo económico, que si bien no fue el que dio origen a los grupos armados porque ellos existen hace medio siglo, hoy sí constituye un factor que nutre los argumentos para reclutar y amaestrar combatientes.

Probablemente no es que sea necesario acabar con la desigualdad y la pobreza para poder lograr la deseada situación de convivencia pacífica que se busca con el proceso; pero parece que es tan fuerte la dificultad para los diálogos derivada de la posición sectaria y terca de la guerrilla, como la negativa del gobierno a negociar el modelo económico.

ANGUSTIAS DEL CAPITALISMO MUNDIAL

Los ricos del mundo, cuya actividad económica principal es el rentismo utilizando de marrano al Estado para los fines de su negocio, están asustados y preocupados por la situación de riesgo en que se encuentran sus inversiones y están dando pataleos de todo tipo para ver si salvan su capital. Ahora los bancos centrales de Europa y Estados Unidos, están adoptando fórmulas para ver si así logran evitar el derrumbe del modelo que con el aumento del desempleo en todas partes, se acelera por disminución de la demanda agregada y sus efectos en materia de estancamiento y recesión.

Últimamente ha sido el señor Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal del país del norte, quien ha determinado una intervención de ese organismo, disque para disminuir la tasa de desempleo. Se propone comprarles a los ricos los papeles que estos tienen como inversión, pensando que con el aumento de la liquidez en manos de los especuladores del dinero, que algunos les llaman inversionistas, ese dinero se va a irrigar en la economía y se va a reactivar el empleo. Igual que en Europa y las acciones del banco central de la zona euro, dicha acción no pasará de ser un mecanismo para salvar los dineros de los ricos que colocados en manos del Tesoro están corriendo mucho riesgo por las limitaciones en los ingresos fiscales derivada de las situaciones recesivas o de estancamiento de la economía. La disculpa es el empleo, pero la razón claramente se aprecia, es la salvación de los ricos. La Reserva Federal va a imprimir billetes a montón para comprar la deuda y así trasladar el riesgo de las manos de los especuladores, al banco central  liberando así a los rentistas del peligro de que los bonos y demás papeles tengan dificultad para su pago.

Si de verdad el propósito fuera disminuir el desempleo, el mecanismo no debería llevar el dinero a las manos de los ricos, sino que la emisión monetaria debería aumentar la capacidad de compra de la clase laboral, para que las empresas puedan vender bienes y servicios y así reactivar la economía por aumento de la demanda agregada. Llenar a los especuladores norteamericanos de liquidez es probablemente crear flujos hacia otros países donde estos buscarán colocar los fondos con mayor rentabilidad o seguridad y con ello es extender el problema hacia otro lugar, donde probablemente tampoco encuentren lo que buscan, porque si en Estados Unidos está lloviendo por otros lados no escampa. Se niega la Reserva Federal, que constituye el verdadero amo del mundo, a reconocer que el modelo del capitalismo financiero internacional fracasó y que está ad portas del derrumbe total, que como van las cosas, no nos extrañemos de que sea la catástrofe anunciada para el 21 de diciembre de este año; de tal manera que a pesar de su intervención, no podrá definitivamente eliminar las angustias del capitalismo mundial.

LA NOVEDAD DE LA PROTESTA

Durante la segunda mitad del siglo pasado, era común ver las manifestaciones callejeras de protesta en los países llamados del Tercer Mundo. En América Latina los estudiantes, los trabajadores, los campesinos, los indígenas y en general las clases populares expresaban su inconformidad con el sistema que por su naturaleza, genera desigualdad social y pobreza, saliendo a las calles y gritando las ya consabidas consignas en contra del imperialismo y las clases dominantes. La fuerza pública, por supuesto, ejercía su función represora y siempre terminaba en enfrentamientos entre la piedra de los manifestantes y los gases lacrimógenos de la policía. El fenómeno estaba dentro de la lógica histórica; pues en Norteamérica y Europa los niveles económicos no justificaban la protesta, como sí la pobreza de los países subdesarrolados.

Pero el mundo da muchas vueltas. Esta semana celebraban el primer año de la lucha en contra de Wall Street y nos tocó ver en TV lo que creímos era un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes de un país subdesarrollado. Igual que hace medio siglo acá, en Nueva York hubo bolillo, agua a chorros y aporreados, después de un año en que Los Indignados manifiestan su inconformidad contra el Capitalismo Financiero Internacional cuyo corazón se ubica en Wall Street. Todo porque la indignación que causan los efectos del Capitalismo Rentista, cuyas consecuencias no solo están arrasando el aparato productivo mundial, elevando las tasas de desempleo a niveles inhumanos, generalizando la pobreza y hasta destruyendo las finanzas de los Estados como está ocurriendo en Europa, no solo se siente acá en los países pobres, sino que ya también golpea a los países que hace medio siglo disfrutaban de las mieles del Capitalismo Empresarial imperante en el mundo por esa época.

Lo que llama la atención es que la historia se repite. Tal como sucedió con la caída del Imperio Romano hace veinte siglos, en el seno del propio país imperial se están cocinando los factores que por dentro minan los cimientos del poder. La fase del Capitalismo Rentista encierra en su interior la semilla de su propia destrucción, como se puede vislumbrar con lo que está ocurriendo en Grecia, España, Italia, Portugal, Polonia y otros países europeos donde las inversiones de los especuladores internacionales del dinero están en riesgo por las dificultades fiscales de los gobiernos, que hoy no pueden sostener el nivel de endeudamiento, en razón a la contracción de la base tributaria motivada por el desecamiento del aparato productivo, por lo cual el mundo se está volteando al revés y el movimiento mundial de Los Indignados seguirá fuerte en los países del centro haciendo de esto la novedad de la protesta.

UNA DEMOSTRACION DE EFICACIA

Por fin, después de dos años de bla, bla, se está iniciando la ejecución de los recursos del sistema de regalías, que tanta expectativa han creado por la importancia de estos frente a la escasez en que por lo general viven las administraciones territoriales. Comienza un proceso de aprendizaje, por cuanto es un asunto nuevo, del que no se conoce antecedentes, de modo que todo el país apenas está aprendiendo sobre la materia.

El viernes pasado se cerró en la gobernación el registro de proyectos con destino al fondo de ciencia y tecnología y aun no sabemos cuántas propuestas respondieron a la convocatoria; pero lo que sí es claro es que es el primer examen para medir muchos aspectos que encierra el trámite y que de su evolución, depende en un porcentaje significativo, la realización de empresas territoriales que mucho pueden contribuir a aliviar la triste realidad que ocurre en el Cauca. Por una parte, el grado de iniciativa de los actores regionales para presentar las propuestas; por otro, el dinamismo de los alcaldes y representantes de entidades étnicas para apoyar y avalar iniciativas; de la misma manera la eficacia, el pragmatismo y el sentido gerencial de los funcionarios de nivel departamental donde se ubica el primer filtro, seguido por la postura de los organismos nacionales que se han caracterizado por el centralismo y el amarre de las decisiones para imponer sus intereses por encima de los requerimientos locales; en fin, para probar todo un conjunto de medios y condiciones necesarias para que los recursos lleguen a su fin y no se pierda la oportunidad de financiamiento que el sistema representa.

Mucho temor, por supuesto, existe sobre la cultura local. Se teme porque es tradición que las pequeñeces muchas veces sacrifican grandes metas; se teme porque la cultura “cositera”, común en nuestro medio, se convierta en un obstáculo; se teme porque la falta de solidaridad, el afán de protagonismo, el individualismo y la envidia, que son atributos enraizados en la idiosincrasia regional, afloren en este proceso y malogren propuestas de gran horizonte; pero lo que más se teme, es que la politiquería nuevamente haga su fiesta y los proyectos que se aprueben sean lo que cuenten con padrino. Pero a la vez, esta es una gran oportunidad para que los funcionarios en cuyas manos se encuentra la aprobación de los proyectos, demuestren que tienen la altura suficiente para ocupar los cargos, que se han revestido de la objetividad que exige la ética pública, pero ante todo, que poseen un espíritu patriótico capaz de velar porque el interés público, el beneficio colectivo, la técnica y principalmente el sentido de pertenencia territorial, se sobrepongan por encima de cualquier otro factor que ponga en riesgo el trámite exitoso de los proyectos, para que con ello se haga una demostración de eficacia.

EL BALANCE DE SANTOS

A medio periodo del gobierno nacional, la opinión pública se ha ocupado de la imagen del Presidente y las encuestas, que no se han hecho esperar, dejan a Santos muy débil en relación con lo que fue el primer año del mandato. El impuesto jefecito del Partido Liberal planteó en los medios que en salud, educación, seguridad, medio ambiente y regalías, la agenda estaba quedada y que se necesita hacer ajustes incluyendo cambio de ministros.

Vale destacar el tema de regalías, porque este es un asunto de mucha incidencia en los avances a nivel territorial. Las expectativas en los municipios han sido grandes y la disponibilidad de fondos es cuantiosa en relación con el tamaño de los presupuestos disponibles y los retos de los recién aprobados planes de desarrollo. En este tema parece que el delfín Gaviria tiene razón.

Dice en la página web del DNP que los representantes legales de las entidades competentes presentarán el proyecto al respectivo OCAD para su viabilización, priorización y aprobación, quien debe remitir el proyecto al Comité Consultivo para que este emita concepto no vinculante. Una vez los proyectos sean viabilizados, se remitirán para la verificación del cumplimiento de los requisitos  al  DNP o COLCIENCIAS o las  entidades territoriales según el caso. Verificado el cumplimiento de requisitos se comunicará al respectivo OCAD con el fin de que se continúe el trámite para la priorización y aprobación por el OCAD. Una vez los proyectos sean priorizados y aprobados por el Órgano Colegiado, este comunicará dicha decisión al Ministerio  de Hacienda y a la entidad ejecutora, para que se inicie la ejecución del proyecto. 

Como quien  dice, cada proyecto debe afrontar un viacrucis, que no se sabe cuánto tiempo tardará, pero sobre todo, que tiene el filtro del DNP, donde probablemente morían las iniciativas regionales, si este organismo aplica los criterio acostumbrados, de violar la autonomía local consagrada en la Constitución, para imponer sus pautas que casi siempre se refieren a las doctrinas que favorecen los intereses del capitalismo internacional o los mandatos de Washington.

Adicionando la recomendación del Partido Liberal, de cambiar los ministros flojos que están haciendo quedar mal al Presidente, también tendría que modificar las normas para aprovechar los recursos del sistema de regalías de manera que estos sean consecuentes con las iniciativas locales y mediante trámites agiles, sin golpear el enfoque técnico, pero que permitan ejecutar los fondos disponibles en el corto plazo, no solo para aplicar la filosofía de la Prosperidad para Todos, sino también para contribuir a mejorar el balance de Santos.

OJALA QUE SIRVA PARA ALGO

Ahora sí aparecieron todos los “caucanólogos” y los “indigenólogos” en Bogotá. En otras épocas, la prensa bogotana ni siquiera miraba al Cauca, porque acá no hay grandes empresas que generan pauta; pero ahora, siguiendo los principios amarillistas de los modelos gringos de periodismo, el conflicto entre los organismos del Estado y la organización indígena se convirtió en noticia y con ello arrastró a los columnistas de la gran prensa bogotana. Todos se volvieron expertos en el tema, pero más con criterios subjetivos y basados en el sentido común que sustentados en análisis sociológicos serios. Todos afirman saber sobre las causas y por supuesto, formulan sus respectivas fórmulas de solución. Mientras ellos allá pontifican sobre lo divino y lo humano de este departamento, nosotros acá continuamos experimentando en carne propia los nocivos efectos, no sólo del conflicto del nororiente del departamento, sino de la crisis generalizada en materia social y económica que se vive en toda la extensión territorial.

Es lamentable por supuesto, que sea a partir de hechos de descomposición social que este departamento se coloque en los primeros lugares de las agendas institucionales; porque además de los periodistas, también los organismos del gobierno nacional ahora sí están pensando en este territorio. Cuándo se había visto, por ejemplo, un Consejo de Ministros en un municipio caucano? O que se crearan comisiones en el ejecutivo y, según dijo Roy Barreras, también en el legislativo para estudiar los problemas del Cauca? Se habla del Plan Cauca que para comenzar, dispone de 500 mil millones, que Dios quiera no sea solo palabras y en fin, no recuerdo que antes se hubiera dicho tanto sobre el departamento del Cauca. Ni siquiera cuando el terremoto de Popayán y la avalancha del Páez. Pero hay algo que sí es claro, según la teoría del análisis regional y los casos reales de muchas partes del mundo, el problema del Cauca sólo lo resuelven los caucanos y acá en su territorio. No esperemos mucho del gobierno nacional y mucho menos, si ahí está metiendo la mano el DNP. La nación es para que apoye con recursos pero no más. Los procesos sociales y económicos son endógenos y autónomos.

Sin embargo, hay un refrán que dice que no hay mal que por bien no venga y otro que dice que los dedos se levantan cuando se siente el tropezón y muchas otras frases que se refieren a convertir en oportunidades los fenómenos problémicos. Se trata de aprovechar  estas eventualidades para, a partir de ahí, encontrar caminos constructivos que permitan orientar el futuro por otros rumbos que enderecen la trayectoria anterior y conduzcan hacia objetivos de cambio para mejorar. Rogamos entonces para que el conflicto observado por el mundo entero según lo reseña la prensa internacional, ojalá que sirva para algo.

ENTENDER EL ESTADO COLOMBIANO

Con el reciente caso de la mal llamada reforma a la justicia se comprueba una vez más, que el Estado en este país, es bastante enredado, tanto que ya ni los abogados que la prensa bogotana llama expertos juristas, lo pueden explicar.

Antes de 1991 teníamos el tipo de Estado interventor-benefactor, cuando lo público era únicamente lo del Estado y este órgano se confundía con lo público. El  modelo operativo era el burocrático, aquel que nos recuerda a Max Weber y que entre sus fundamentos, esenciales, se encuentra que la autoridad sólo puede ejercerla, si previamente se le han asignado las funciones y competencias respectivas, las cuales además, deben ser escritas y expresas.

Luego, en 1991, nos dijeron que ya no. Que ahora el organismo se basa en el Estado de Derecho, que nos recuerda al alemán Hermann Heller, con un modelo operativo gerencial, donde lo público ya no es exclusivamente lo del Estado, sino lo de interés general que nos compete a todos, para lo cual es necesario el ejercicio de los derechos. Este modelo, si es gerencial, debe ser flexible y pragmático, sin la rigidez del modelo burocrático por lo cual se admiten actos discrecionales mediante los cuales el funcionario puede alejarse de una norma para salvaguardar el interés público. Uno no entiende por qué se habla del “derecho formal” y del “derecho material” y de la necesidad de proteger los principios fundacionales del Estado, como la primacía de los derechos, la separación de poderes y la garantía de lo público, si luego las normas permiten que se ponga a tambalear estos mismos principios.  

Para qué se elige un Jefe de Estado con más de 10 millones de votos primarios, si algún día a un grupúsculo de gañanes, que han obtenido su curul mediante corrupción y compra de conciencias, le da el arrebato de destruir el Estado, si el llamado Jefe de dicho organismo debe quedarse de brazos cruzados sin defender la entidad del que es supuestamente jefe, porque no existe una norma al mejor modelo burocrático weberiano, que le permita su defensa?. Dice el artículo 188 de la Carta que el Presidente al jurar se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos, lo cual no se puede sin un aparato de justicia, pero cuando pretende amparar el interés público de los riesgos ocasionados por otra rama del poder, se presentan las dudas de constitucionalidad. En casos como estos, la teoría sociológica y la teoría política quedan cuestionadas y por lo tanto  hacen difícil entender el Estado colombiano, más cuando, como vimos hace 22 años, cuando desde las fuerzas extranjeras impulsaban el cambio de constitución para acomodar el Estado al Consenso de Washington, según se deduce del papel del señor John Williamson del Instituto para la Economía Internacional (IIE), no importó que se violara la Constitución utilizando una Asamblea Constituyente, no prevista en la Carta vigente, con el argumento de que el Congreso estaba deslegitimado. Los congresistas de 1990 meran unos angelitos, comparados con los de hoy.

FACTORES NO ECONOMICOS DEL TLC

Al arrancar por fin el TLC con USA, muchos comentarios se han hecho sobre los temas de infraestructura y de economía, para poner en duda los beneficios hacia Colombia del tratado suscrito con Estados Unidos. Que este país tiene un retraso de 30 años en vías e infraestructura portuaria; que sólo unas pocas ramas industriales tienen la fortaleza necesaria para competir en ese mercado, etc. Pero poco se ha dicho sobre otros aspectos de la realidad colombiana que también contribuyen a que en el largo plazo, los efectos del libre comercio lleven al fracaso rotundo de ese postmoderno embeleco. En la simple teoría microeconómica existe lo que los economistas llaman la función demanda, la que como cualquier función, tiene un conjunto de variables que determinan el comportamiento de la cantidad que compran los consumidores, en este caso, los consumidores colombianos frente a los productos producidos en el país del norte: son los gustos y preferencias de los consumidores que se rigen de acuerdo a los patrones culturales o idiosincrasia nacional. La demanda de este país adolece de una elevada propensión marginal al consumo de importados, que mucho daño le hará a la producción nacional. Mientras que en la cultura del consumidor gringo se prefiere los productos autóctonos que por fortuna para ellos son de gran calidad, los colombianos casi siempre prefieren los artículos extranjeros, aun sin considerar si es buena o mala la calidad de los productos nacionales. Mientras que en USA el único producto colombiano que prefieren es la cocaína, la cual no necesita TLC, acá en nuestro país chorreamos las babas por comprar productos gringos, creándose con esto una gran desventaja en el mercado nacional para la industria colombiana. A los gringos les produce asco los procesados colombianos y los manufacturados extranjeros los buscan europeos o japoneses. Sólo los 42 millones de latinos que viven en ese país, podrían tener conductas de consumidor favorables a los productos colombianos. El gobierno ha comenzado a realizar en los medios de comunicación campañas motivacionales tendientes a estimular la oferta nacional; pero hasta ahora, nada ha dicho para ejercer su competencia rectora de los procesos sociales, motivando el cambio cultural en la demanda. Si bien la cultura tiene sus propios mecanismos de retroalimentación y los cambios de patrón son de largo plazo, hoy la tecnología y las técnicas de comunicación social permiten actuar de manera eficaz, siempre que exista la voluntad por parte de los organismos estatales encargados. Así como está gastando recursos para hacer publicidad en televisión incitando al aprovechamiento del mercado norteamericano, también podría promover el consumo de productos nacionales en el mercado nacional. Si el gobierno ya metió al país en ese atolladero que mucho lesionará el aparato productivo nacional, ahora le corresponde crear los mecanismos para aliviar los efectos nocivos, entre los que se encuentran los factores no económicos del TLC.

SE ENREDÓ LA PITA EN EUROPA

Con la elección de Francois Hollande como presidente de Francia, este país ya tendrá que dejar de ser parte del eje que, junto con Alemania, defendía a capa y espada las medidas para salvar el capitalismo rentista en el viejo continente. Hollande no podrá establecer medidas de la línea de su partido político, pero si es consecuente con su postura ideológica, al menos debe impulsar acciones de corte socialdemócrata, lo cual implica medidas abiertamente en contra de las políticas neoliberales que sustentan el capitalismo rentista. Allá los países tienen encima el Banco Central Europeo con sede en Fráncfort Alemania, el cual hace lo mismo que acá el BID y el FMI; es decir ejerce presión para que los gobiernos bajen el gasto público sacrificando a sus pueblos, con la finalidad de que el dinero que recaudan mediante impuestos se destine prioritariamente a pagar el servicio de la deuda, que como acá, constituye el negocio de los fondos de inversión y demás especuladores del dinero. Debido al caso de Grecia, los países de la zona euro habían firmado el compromiso de austeridad, para brindarle confianza a los especuladores y agiotistas, que en Europa abundan, por la magnitud de los capitales descendientes de las fortunas de la aristocracia y nobleza, caracterizados por su espíritu haragán y parásito. Eso les ofrece alguna tranquilidad a los ricos, pero asegura el descontento popular y las manifestaciones de rechazo como las ocurridas en Grecia y que se están cocinando también en Italia, España, Polonia y la misma Francia. Las expresiones de “los indignados” son señal anticipada de lo que se viene. Hollande anuncia políticas equilibradas entre la austeridad del gasto para garantizar el pago de la deuda y la atención de las necesidades de su pueblo mediante la generación de empleo. Habrá que esperar cómo es esa fórmula, porque las políticas macroeconómicas sólo tienen las dos alternativas encontradas: frenar la inflación o generar empleo, lo cual requiere del aumento de gasto público ya sea para incrementar la demanda agregada o para crear condiciones al fortalecimiento empresarial. En todos los casos, al socialismo francés le tocará satisfacer las expectativas que le llevaron al triunfo en las elecciones, dar ejemplos útiles a los pueblos de otros países del viejo continente y a la vez evitar los líos internacionales con las fuerzas de poder supranacional con quienes el país ha suscrito compromisos; no es una situación fácil para el nuevo presidente con lo cual, después de que el capitalismo rentista respiraba tranquilo con el acuerdo de austeridad, con la elección de Hollande se enredó la pita en Europa.

POPULISMO DE SANTOS

Antes de existir el Estado Moderno, en época feudal, a los pobres los sostenían los ricos. Los pobres como los árboles, eran parte de la tierra y tributaban a los propietarios del feudo, pero disponían de una parcela para su propio sustento. Luego cuando apareció el Estado burgués que se montó sobre la libertad de los siervos de la tierra y el enriquecimiento de comerciantes y manufactureros, los pobres, libres ya, no tenían quien los sostuviera. De ahí que una de las tareas y responsabilidades del nuevo Estado del siglo 18 fue la de cargar con la función de sostener a los pobres, bajo los principios de lo que siempre se ha llamado la política social. Durante más de dos siglos siempre se aceptó. El Capitalismo Empresarial fue socio del Estado Benefactor y para nada mortificaba que el organismo oficial suministrara en forma gratuita bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los pobres. El asistencialismo era parte de la esencia del Estado y principio fundacional desde finales de los años mil setecientos. Pero cuando el Capitalismo Rentista tomó fuerza en los años ochentas del siglo pasado y los fondos de inversión cogieron al Estado de marrano para su negocio, la doctrina neoliberal, que respalda conceptualmente a esta modalidad del sistema económico, satanizó la función de otorgar gratuitamente bienes y servicios a los pobres y de manera despectiva condenan el asistencialismo como un pecado de lesa humanidad. Bajo esta consigna, la tarea del Estado es simplemente limitarse a recaudar impuestos para pagar cumplidamente el servicio de la deuda a los fondos de inversión y demás especuladores del dinero, evitando gastar los recursos fiscales en el sostenimiento de los pobres. Ahora cuando el gobierno nacional anuncia un programa de suministrar a los pobres vivienda gratis, al mejor estilo del Estado Moderno pero en contra de los principios del Estado Postmoderno que se limita simplemente a garantizarles derechos, como si con los derechos los pobres comieran pero sin entregarles ningún satisfactor de necesidades, saltan al debate público los neoliberales a censurar el proyecto utilizando toda clase de epítetos para condenar la aplicación de una acción que corresponde consecuentemente con la razón de ser del Estado, porque para los neoliberales, los pobres deben, ellos mismos, salir de la pobreza aprovechando las supuestas oportunidades que son, también supuestamente, iguales para todos, en lugar de realizar programas como los de la vivienda gratis que según ellos, corresponde simplemente al populismo de Santos.

DEFENSA DEL MODELO ECONOMICO

Antaño, una parte del Excedente Económico o ahorro social del país, que es hijo de esa masa de valor que la Economía Política llama “plusvalor”, iba principalmente para los bancos; de ahí pasaba a través de préstamos a manos de los empresarios y estos lo convertían en empresas creadoras de empleo y promotoras del desarrollo. Pero desde hace algo así como tres decenios, la tendencia o la línea gruesa del sistema económico, es que dicho ahorro en su mayoría, va para los Fondos de todo tipo como ahora existen, donde están los de inversión, los mutuales, los de pensiones y en general los del capital de especulación, y estos trasladan los recursos al Estado en calidad de préstamo comprando sus títulos valores, para luego mandar a los recaudadores a meterle la mano al bolsillo de los contribuyentes con el único fin de cumplir con los pagos a los especuladores. Si a los Fondos no les hubiera dado por coger al Estado como objeto de su negocio, la realidad económica mundial sería otra y la especie humana no estaría en el proceso de extinción que ahora se encuentra. El Estado era la única alternativa para salvarse pero ahora este ente es simplemente un instrumento para recaudar impuestos que se destinan a pagar los intereses y el principal de sus deudas con los Fondos y demás especuladores, sin interesarle las necesidades de sus asociados para quienes se limita simplemente a garantizarles derechos. Los especuladores que tenían la experiencia de 1930 sobre los riesgos de colocar su capital en manos de la empresa privada, creyeron que el Estado nunca quiebra porque sus ingresos no dependen del éxito en el mercado sino de los recaudos tributarios, considerando que así estaban asegurados; pero desconocieron que los ingresos tributarios dependen justamente de la base gravable y que ella está condicionada a la situación general de la economía. Hoy está en crisis el esquema. Ya el paradigma de que colocando los recursos en manos del Estado se aseguran las inversiones, está en duda y por mucho que el FMI realice labores de monitoreo y presión para disminuir el gasto público con miras a salvar los ingresos tributarios para bajar el riesgo de los títulos, las mismas leyes del mercado están por otro lado creando y acumulando la energía social que impulsada por el instinto de conservación de la especie, propiciará en el futuro no muy lejano la crisis social complementaria a la crisis económica que ya muestra sus primeros síntomas y entonces veremos qué dicen los de la Universidad de Harvard y todos los doctrinarios que han tenido en sus manos la defensa del modelo económico.

LA HISTORIA SE REPITE

Otra vez, como en el año 2007, la prensa bogotana armó el escándalo para difundir la euforia del gobierno que sacaba pecho, el mes pasado cuando el DANE publicó las cifras sobre el comportamiento de la economía en 2011. La economía había crecido el 5.9 % y esto era la gran hazaña. Pero cuando miramos con calma las cifras del organismo oficial de estadística, encontramos la misma ocurrencia de hace cuatro años, cuando en los dos años siguientes la alegre tempestad se apagó. Al mirar las cifras ya no de la tendencia de año a año sino de la situación estática final, encontramos que la economía no crece sino que se infla. El PIB colombiano de 2011 sobrepasa los 221 billones de pesos. Si hubiera crecimiento, el aparato productivo debería contribuir por lo menos con 111 billones, pero así no ocurre. La economía colombiana sufre del fenómeno que Samir Amín llamó hace medio siglo “hipertrofia del sector terciario”, lo cual en lugar de ser factor de fortaleza, es una carga que debilita secularmente la economía. El aparato productivo escasamente contribuye con el 33 % del PIB y eso que en este año las cifras son atípicas en los sectores de minería y manufactura, por inversiones que se realizaron pero que no se repiten todos años. Quiere decir que sobre los hombros del 33 % se le monta una carga del 67 %. El sector agropecuario, que en un país como Colombia que no posee tecnología propia ni desarrollo industrial autónomo, constituye el principal soporte del aparato productivo, escasamente genera el 6 % del PIB, algo así como 14 de los 221 billones, mientras que los sectores parásitos de la economía, los que se chupan para los bolsillos privados el valor que toda la sociedad produce como son los financieros y los rentistas de la propiedad raíz, participan casi con la quinta parte del todo el producto (19.2 %). Y el sector terciario en su conjunto, sin la participación del gobierno, constituye el 57.3 % del PIB, un balance nada favorable para la solidez de la economía. Si la situación continúa con estas proporciones donde el aparato productivo no se fortalece sino que por el contrario, cada vez afronta más carga en sus espaldas y si el sector financiero sigue incrementando o por lo menos manteniendo la absorción de ahorro social, el futuro de la economía en el mediano plazo no tendrá opciones que le permitan afrontar la crisis que la globalización día tras día incrementa y que se agudiza en el mundo por el fracaso del modelo del capitalismo financiero internacional como está ocurriendo en Europa donde también como esta vez en Colombia, la historia se repite.

LA NOVEDAD DE LOS PLANES DE DESARROLLO

Otra vez, como cada cuatro años, se vive el período de elaborar los planes de desarrollo territorial; pero esta vez, bajo condiciones diferentes que obligan a introducir elementos por fuera de la costumbre, tanto en su concepción como en el enfoque del plan.

Era común en el pasado ver a gobernantes territoriales formulando el plan de gobierno, que la Ley 152 del 94 llama equivocadamente “plan de desarrollo”, por cumplir el requisito legal y sin la connotación que el instrumento tiene como carta de navegación del período para el que fueron elegidos. Pero este año las cosas cambian porque por primera vez, los consejos de gobierno se encuentran con el modelo de Estado Gerencial completamente armado, lo que obliga a otorgar otra concepción al plan.

Si bien desde 1991 por la vía constitucional en el país se introdujo este tipo de Estado, fue hasta marzo de 2010 cuando ya se completó el conjunto de instrumentos para hacerlo realidad. La mayoría de leyes se expidieron entre el 93 y el 94 como fueron la 87 y 872 de 1993; luego en el 98 la ley 489 y en el 2004 la ley 909. Pero los decretos reglamentarios y los instrumentos con los cuales estas normas se podrían hacer realidad, fueron bastante posteriores como los decretos 1537 de 2001, 3286 de 2004, 1599 de 2005, 3622 de 2005, 4665 de 2007 y el 4485 de 2009, para completar el paquete con el documento Conpes 3649 en el 2010. Con esto, ya está el Estado Gerencial ensamblado y son los actuales gobiernos territoriales los primeros en ejercer su cargo bajo estas condiciones.

Ahora los planes de la ley 152 deben ser de carácter gerencial, donde lo primero es evitar los mamotréticos documentos rellenos de texto narrativo que algunos autores acostumbran, como si la calidad del trabajo dependiera del volumen, sin considerar la utilidad práctica. El enfoque gerencial significa que el plan es un medio para tomar decisiones por cuanto “gerencia es el arte de hacer que las cosas se hagan” y sin decisiones no se pueden hacer; por lo cual, los indicadores deben corresponder a este patrón de modo que los medidores fundamentales son los indicadores de eficiencia y eficacia. Los indicadores de impacto se acomodan a los propósitos del plan que se derivan de los efectos de los problemas del árbol del marco lógico, por lo tanto esa carga no le cae en los hombros de los alcaldes y por ello tampoco sirven para medir su calidad como gerente público.

Y así sucesivamente: este plan debe ser diferente a los anteriores, por lo que los equipo de gobierno que por lo general no le ponen interés sino que dejan solo al secretario de planeación, deben ser más conscientes de la situación para que comprendan la novedad de los planes de desarrollo.

LOS REMEDIOS DEL DNP

Para el PND “Prosperidad Para Todos” es muy importante lo que ocurra en los territorios, por cuando la estrategia central de la prosperidad consiste en cerrar la brecha entre regiones atrasadas y las que están mejor posicionadas; pero reconoce que uno de los retos para lograr este propósito es superar las debilidades administrativas, técnicas y operativas de las entidades territoriales, lo mismo que las deficiencias en los procesos de planificación que, a pesar de los 16 años de la Ley 152, aun persisten en los departamentos y municipios.

La Nación ha creado un programa de asistencia técnica para las entidades territoriales sobre la base de que éstas necesitan quién les enseñe a trabajar, lo cual merece reconocimiento por la buena voluntad y amabilidad de sus propósitos; pero, para lograr el objetivo que se propone, es necesario hacer otras consideraciones sobre la pertinencia de los procedimientos desplegados desde Bogotá.

No hay claridad si lo que busca es imponer los intereses nacionales sobre los territoriales acentuando más la pérdida de autonomía municipal que consagra la Constitución Política, como ocurrió durante la primera década del presente siglo, o si lo que prima es la política local; tampoco se precisa si lo que quiere la Nación es trasladar los problemas que se derivan de las políticas nacionales, para que las consecuencias las afronte el alcalde. Porque lo que se está viendo ahora en la elaboración de los mal llamados planes de desarrollo territorial, es que, sin reconocer que el Artículo 39 de la Ley 152 le concede facultades a los concejos y asambleas para determinar qué y cómo se hace el plan, el DNP viene supuestamente asesorando, pero realmente imponiendo una guía que deja muchas dudas sobre su contenido técnico.

Ya el país conoce que los productos del DNP no es que sean de mucha calidad que digamos, por no afirmar que por lo menos la mitad de esos productos, sobre todo en política social y desarrollo territorial, no se acomodan a las condiciones de la realidad territorial. Tampoco podemos afirmar que los servidores públicos vinculados a dichos programas son la flor y nata de la idoneidad, de modo que queda pendiente mirar los resultados del proceso para saber si realmente el gobierno nacional está acertando.

Lo que sí está claro es que los gobiernos municipales se encuentran entre la espada y la pared: por una parte las premuras del tiempo que impone la ley, los compromisos de campaña y la realidad del régimen político local y por otra parte la presión que sin tener competencia legal sobre contenido del plan, ejerce el DNP, lo cual en lugar de aliviar una preocupación, se ha convertido en un factor de estrés para los alcaldes dejando por supuesto la duda sobre si de verdad es más cara la enfermedad que los remedios del DNP.

LA LLAGA DE LOS CELULARES

El periodista Felipe Zuleta en su columna dominical de un diario bogotano, tocó el domingo pasado un tema que a más de la mitad de los colombianos le duele, pero que sólo se comenta en privado donde más que comentarios, se lanzan imprecaciones para desahogar la impotencia que las víctimas de los operadores de telefonía celular sufren cada mes, cuando les toca afrontar los atropellos que estas empresas cometen contra los usuarios que ellas llaman clientes.

La comunicación es un asunto público porque, como todo lo público, tiene origen en la ley natural que motiva el instinto de agruparse entre los individuos de la especie, para lo cual requiere de la comunicación. Pero siempre ha estado predominantemente privatizado, aunque se manifiestan fenómenos rarísimos en las características del sector institucional que regula el proceso social. Se ve un revuelto: por un lado, del papel del Estado, quien en ocasiones, asume la propiedad del medio a través del cual fluye la tecnología, o en otras, como propietario de instrumentos directos de comunicación; y por otro lado, la acción de los particulares quienes montan empresas con ánimo de lucro para sacar provecho individual de este asunto que por su naturaleza es colectivo. Dentro de esta sarta de rarezas se encuentra la supervisión de la telefonía celular que, como en todo lo público, el Estado debe ejercer a través de las superintendencias. A pesar de que existe una superintendencia de servicios públicos, a la telefonía celular la vigila la superintendencia de industria y comercio, que es más tolerante, más permisiva, más alcahueta y hasta cómplice, frente a los atropellos que estas empresas cometen contra los usuarios. Por lo general, ofrecen un servicio determinado a un precio y después incumplen lo prometido y elevan los cobros en las facturas mensuales. Ahora han inventado los funcionarios de la gerencia de fidelización de clientes, quienes desde el otro lado de la línea le ofrecen al usuario que se quiere retirar, esta vida y la otra para que no se vaya y después no cumplen.

No sé si antes algún periodista de la gran prensa bogotana había hecho referencia al tema; pero aprovechando la publicación de Zuleta Lleras, bien vale la pena poner sobre la mesa de la opinión pública el asunto porque los millones de usuarios de este servicio no pueden continuar sometidos a semejante perjuicio. Más cuando la atención es despersonalizada y los usuarios no tienen la oportunidad de dialogar con algún directivo responsable de las decisiones empresariales. La pasividad de los usuarios o víctimas de la telefonía celular debe ya actuar masivamente aprovechando alguno de los mecanismos que la ley permite para la defensa de los derechos tanto fundamentales del ciudadano, como los de consumidores que se consignan en el respectivo estatuto, ahora que desde un periódico capitalino el columnista metió el dedo en la llaga de los celulares.

DESASTRE DEL CAPITALISMO RENTISTA

Todas las especies vivas que existen sobre el globo terráqueo, movidas por la fuerza inercial de conservación de la vida, crean instintivamente los mecanismos e instrumentos para asegurar la supervivencia de la especie, bajo el principio de la ley natural. Por ello el homo sapiens movida por la ley de la naturaleza e impulsada por el instinto de conservación, ha creado los medios con los cuales se pretende conservar la especie.

Uno de esos instrumentos creados instintivamente por la ley natural, de la misma manera que otras especies animales como las hormigas o las abejas, es el sistema económico el cual, por motivos de que esta especie tienen cerebro, supuestamente razonable, ha sido interferido por el pensamiento, distorsionando los fines impuestos por los principios biológicos e imponiendo los intereses de la racionalidad humana. La economía durante los varios miles de años que tiene la especie, ha sido modificada en relación con la génesis del sistema sustentado en los principios de la naturaleza. Así, el sistema no garantiza la permanencia de la especie biológica suministrando los medios de subsistencia a todos y cada uno de los individuos, sino que a unos les entrega abundancia y a otros no les garantiza nada. Hoy sabemos por los medios de comunicación, que las cien familias más ricas del mundo poseen una fortuna superior a la sumatoria del PIB de los cincuenta países más pobres que albergan una población cercana a los setecientos millones de personas.

Pero también hoy vemos que, una vez más, la naturaleza presenta cuenta de cobro cuando se violan sus leyes. El Capitalismo Postindustrial, que ha desviado la esencia del sistema económico consistente en producir los medios de subsistencia haciendo de los valores monetarios un objeto de negocio y enriquecimiento sin producir ningún satisfactor de necesidades humanas, está propiciando su propia destrucción de manera catastrófica. Ha convertido al Estado en el marrano de engorde volviéndolo el cliente predilecto de los capitalistas especuladores y alejando esta entidad de su misión social, y así está llevando a la crisis a países del continente otrora rico y atractivo como Europa. La zona euro comienza el nuevo año con las mismas preocupaciones o más de las que tenían el año pasado, porque los especuladores del dinero han creído que basta con comprar títulos valores del Estado o de convertir a este en su deudor, para que sus capitales estén salvados, como si la capacidad de tributación de las comunidades fuera infinita.

Con ello, lo que está propiciando es el derrumbe financiero del Estado, a quien no les queda otra alternativa que recortar el gasto social y llevar hasta la miseria a las capas más pobres de la población. Se reducido el sistema económico a la compra-venta de papeles de valor sin contenido de satisfactores de necesidades y se ha convertido la situación de la economía en simple observación al riesgo que corren las inversiones de los especuladores y agiotistas; hay crisis económica si los tenedores de papeles están en riesgo y hay éxito, si ellos tienen asegurada su renta fija, haciendo de esto el mayor desastre del Capitalismo Rentista.