EL ENFOQUE DE POLÍTICA TRIBUTARIA

La reforma tributaria anunciada, que el gobierno argumenta con los consabidos engaños y mentiras como el que está diciendo de generar empleo cuando la verdad es el pago del cuantioso servicio de la deuda de los próximos años, es de enfoque neoliberal. Es decir, basada en impuestos indirectos, que gravan más a los pobres, y exenciones a los ricos. Por supuesto, para que la propuesta pase en el trámite del Congreso, el gobierno tendrá que repartir mermelada de puestos y contratos a los congresistas, pues es bien sabido que estos personajes nunca votan gratis favorablemente un proyecto de ley.

Pero ese no es el único enfoque de política que existe. Sabemos que también está el enfoque socialdemócrata cuyas propuestas para una reforma tributaria que incremente los ingresos corrientes de la nación, son diferentes. En el caso colombiano, se trataría de acciones como las siguientes: volver a establecer el impuesto sobre el patrimonio que existía el siglo pasado; acabar con el cuento chimbo de la doble tributación que libra de impuestos a los propietarios con el argumento de que las empresas ya pagaron; hacer que las empresas de minería paguen impuesto a la renta, que no tributan con el argumento de que pagan regalías, sin considerar que son dos cosas diferentes; eliminar los tratamientos privilegiados a las multinacionales extranjeras; cobrar impuestos justos y equitativos por la remesa de utilidades para el exterior; cobrar aranceles a la importación de productos elaborados en el país por empresas nacionales; pero sobre todo, cobrarle impuesto de renta a los verdaderos ricos, que hoy son los capitalistas rentistas de todo el mundo, agrupados en los fondos de inversión, los especuladores internacionales del dinero, que ahora les llaman inversionistas y que con el sometimiento que han hecho al Estado, son los verdaderos causantes de la crisis fiscal que viven casi todos los países del mundo occidental. Ah, y que Carrasquilla pague impuestos por el dinero que tiene clandestinamente en Panamá.

Es apenas lógico que, si el Estado quiere aumentar sus ingresos por la vía tributaria sin acudir a la fórmula de emisión de dinero, que fue la que le dio la magnitud al Poder de Estado durante dos siglos en época del Estado Moderno, debe acudir a quienes tienen plata; pues no habrá mucho que recoger buscando dinero donde no hay, como ocurrió con la reforma tributaria de Santos, que fue un fracaso porque no incrementó los ingresos corrientes del gobierno. Siempre se ha dicho que los negocios con pobres son malos, de modo que, además de los problemas sociales que ocasionará el enfoque neoliberal y los perjuicios en materia de reactivación económica derivados de la contracción de la demanda agregada por afectar el consumo final, no le proporcionará a las finanzas públicas, el aumento de ingresos esperado y la situación seguirá igual, mientras no cambie la estructura de financiamiento del Estado.

Por supuesto, para aplicar otro enfoque de política tributaria, tendría que haber ajustes en la estructura de financiamiento del Estado, que hoy es correspondiente al Consenso de Washington de 1989 y que se introdujo mediante la Ley 51 de 1990; lo cual significa, también, que debe haber cambios políticos que permitan orientar el funcionamiento del Estado con propósitos diferentes a los actuales, que consisten en colocar el organismo al servicio del capitalismo financiero internacional. Pero por ahora esto no será posible, por lo cual es perder el tiempo criticar la propuesta de Carrasquilla, que está en el cargo cumpliendo el cometido para el que fue nombrado y en concordancia con los intereses de quienes legalmente detentan el poder porque el pueblo colombiano así lo quiso y por lo tanto no hay forma de cambiar el enfoque de política tributaria.           

ORIGEN DE LA REFORMA TRIBUTARIA

El escándalo de los últimos días se generó por los anuncios del gobierno sobre la próxima reforma tributaria, que tendrá que llevar al Congreso y para su aprobación, aplicar los acostumbrados métodos de repartir mermelada mediante puestos, contratos y corrupción en general, reforma que es obligatoria por la imposición de los organismos multilaterales, en razón a las obligaciones derivadas del servicio de la deuda para los próximos años. El debate no está en que si se hace o no la reforma, sino en cuáles son las fuentes de ingreso que se utilizarán y los grupos sociales que se afectarán con las cargas tributarias.

La causa de fondo del problema fiscal es la estructura de financiamiento del Estado que desde 1990 es perversa, para favorecer el capitalismo rentista y que se instituyó radicalmente por la vía constitucional en 1991. Por ello la solución definitiva no es viable, por lo menos en el mediano plazo, y se tendrá que recurrir a las fórmulas ortodoxas de las reformas tributarias, que alivian la carga unos pocos años; y así se mantendrá la solución hasta que el modelo explote por su inviabilidad real. Por ahora simplemente se trata de hacer el debate si los recursos se le sacan a los pobres o se le cobran a los ricos.

Por aparte de la causa de fondo derivada de la estructura de financiamiento, está el principal motivo de la reforma originado en el servicio de la deuda pública. Para el año 2019, el gobierno tiene que pagar la bicoca de 51.8 billones de pesos para atender vencimientos de deuda que justamente, no las adquirió Santos sino Uribe, pues los títulos de Clase B se emiten, por lo general a más de ocho años de plazo. En 2020 la obligación será de 24.2 billones, en el 21 será de 30.9 billones y en el 22 será de 31.1 billones, según un informe publicado por el Ministerio de Hacienda sobre el Perfil de la Deuda Pública Colombiana.

Por otro lado, los ingresos susceptibles de canalizar para este pago tienen un comportamiento preocupante para los organismos multilaterales, que son los guardianes del servicio de la deuda y quienes desestabilizan presidentes cuando ellos no pagan cumplido, ya que en el año 2018 los ingresos corrientes, incluidas las privatizaciones, se estiman en 140 billones de pesos y para el 2019 se han presupuestado 144.7 billones. O sea que mientras las obligaciones por pagar se han de incrementar en 133 %, los ingresos disponibles para el pago solo se van a aumentar en 3.3 %. Según el informe del Ministerio, en 2018, las obligaciones por pagar eran de 22.3 billones.

Es el absurdo del mecanismo de financiamiento, de abrir un hueco para tapar otro, lo que hace que cada ministro se limite a colocar títulos de deuda en los mercados de capitales, con fecha de vencimiento de modo que le toque a futuros gobiernos pagar; y  por ello, estos deben recurrir a soluciones como la de reforma tributaria. Lo otro es el debate si para el efecto se les cobra impuestos a los ricos, o a los pobres como el caso que se anuncia para la próxima reforma, que no es sorprendente porque eso se advirtió suficientemente en época de la campaña electoral. Aquí solo se trata de ver con claridad el origen de la reforma tributaria.

EL ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL PACÍFICO COLOMBIANO

La planificación es un tema que cogió fuerza en la segunda mitad del siglo pasado y durante ese período se han hecho diversos planteamientos y modificaciones en las esferas institucionales y académicas, los más fuertes, después de 1980, cuando el sistema económico mundial introdujo cambios profundos en sus estructuras y en la manera de relacionarse con el Estado. El tema del método ha sido aspecto importante y las reflexiones conceptuales orientadas a la construcción de una teoría de la planificación, han destacado la importancia de este factor en los ejercicios prácticos de la aplicación del instrumento para el diseño de rutas hacia objetivos de desarrollo. Por supuesto, Colombia no ha sido la excepción en el debate sobre el tema y también tiene experiencias destacadas iniciadas desde los años 20, cuando se definió un plan de obras de infraestructura principalmente de vías, y después de 1958 cuando vino la institucionalización con la creación del DNP (Departamento Nacional de Planeación) y con ello toda la historia que se conoce ampliamente.

En época del Presidente Belisario Betancur se lanzó el “Plan de desarrollo integral para la Costa Pacífica” (PLADEICOP) que se consideró como el primer esfuerzo institucional con el liderazgo de la CVC. En el gobierno de Cesar Gaviria se difundió el “Plan Pacífico” como “una nueva estrategia de desarrollo sostenible para la costa pacífica colombiana” según reza el Documento DNP-2589 de marzo de 1992. Mediante la ley del PND 2014-2018, la 1753 de 2015, se creó el fondo para el desarrollo del “Plan Todos Somos PAZcífico” administrado por el Ministerio de Hacienda, con el fin de financiar la atención de las necesidades más urgentes, el cual tenía como objetivo “Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de la franja del Litoral Pacífico y disminuir las brechas existentes con respecto a la franja Andina del Pacífico colombiano y al resto del país.” Son tres esfuerzos institucionales de gran magnitud que se han realizado con el apoyo del Gobierno Nacional. Sin embargo, el estado general de la región sigue dejando insatisfacciones y no es atrevido afirmar que hoy la situación de descomposición social y de calidad de vida es igual o peor de la que se vivía en 1980, por lo cual es absolutamente necesario revivir la reflexión y el análisis sobre los procesos necesarios para mejorar las condiciones generales de vida que reinan en la región pacífica.

El primer punto que merece un examen es, si la franja del litoral se debe considerar como objeto de planificación de manera aislada del conjunto total de territorios que abarcan la territorialidad gubernativa, tal como se consideró en los ejercicios de planificación citados. Hoy, cuando pensamos en la zona pacífica, no solo nos referimos a la región homogénea del litoral, sino a los Departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño en su conjunto, con todas las interacciones económicas y sociales, que se realizan entre el litoral y la zona andina, aún en territorios donde no existe la comunicación carreteable como el departamento de Cauca. Si bien la delimitación político administrativa no coincide con los linderos regionales de homogeneidad natural, social y económica, los procesos institucionales y las relaciones de complementariedad según las especificidades de cada zona, justifican el tema de la reflexión, para que se tome el pacífico, desde el litoral marítimo hasta el cordón magistral de la cordillera central.

También es necesario pensar en cuál es el verdadero potencial franja pacífica. Si es únicamente el mar con sus riquezas y recursos, restándole importancia a los elementos continentales donde la biodiversidad y la riqueza turística ocupan lugar meritorio, o si también se consideran estos aspectos. Se piensa en la pesca y el transporte internacional, pero no se le brinda el justo valor a la fauna, la flora y el paisaje, que encierran factores de valioso aprovechamiento económico, ni tampoco a la potencialidad energética de las corrientes hídricas que drenan hacia el pacífico desde la cordillera occidental, ni a la dotación del subsuelo de esta cadena montañosa.

Otro tema que merece consideración se refiere al valor de la región en el contexto nacional, el cual ha constituido el principal argumento para justificar la intervención del Gobierno, según se deduce de los documentos institucionales de las políticas nacionales citadas anteriormente. La costumbre es destacar la importancia del litoral para el desarrollo nacional, lo que significa ubicar en primer lugar los intereses de los importadores y exportadores ubicados en la ciudad capital y de las empresas localizadas en el denominado Triángulo de Oro del viejo modelo industrialización del país, pasando a segundo plano, las verdaderas necesidades humanas de las comunidades asentadas a lo largo y ancho de la misma franja geográfica.

Hoy este aspecto se reviste de especial importancia si tenemos en cuenta el Punto 1 del acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​ celebrado con el antiguo grupo guerrillero Farc, cuyo título es “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” y que se refiere, no a las prebendas y tratamientos que se le darán a los antiguos combatientes, sino a los procesos que el cumplimiento del acuerdo obliga para ejecutar en las zonas rurales del país y que probablemente servirán para sentar las bases de las condiciones favorables al clima de convivencia armónica y pacífica que tanto anhelamos los colombianos. En dicho acuerdo el gobierno se compromete a promover el cambio de enfoque en la gestión del desarrollo pasando del Enfoque Sectorial que tradicionalmente se ha aplicado en el país desde tiempos inmemoriales, a la introducción del Enfoque Territorial para el desarrollo rural, el cual ha tomado fuerza internacionalmente durante lo que va corrido del presente siglo.

Dice el documento de la CEPAL presentado en un evento realizado en Costa Rica en 2005, que “La persistencia de la pobreza rural y la necesidad de enfoques innovadores para su abordaje, cambios en la concepción del rol de la agricultura y de la agricultura familiar, la necesidad de un abordaje más holístico de los temas rurales, son algunos de los elementos que han marcado de manera importante este resurgimiento. Conceptos como agricultura ampliada, nueva ruralidad, territorialidad, servicios ambientales, cultura local, descentralización, gobernabilidad y cooperación local se han abierto paso en la literatura sobre desarrollo rural y están haciendo sentir su influencia en el pensamiento de muchos gobiernos y agencias de desarrollo.”

Por su parte, se anota en el acuerdo suscrito con el grupo insurgente colombiano “que la RRI (Reforma Rural Integral) concibe el territorio rural como un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural, en el que las comunidades —hombres y mujeres— desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural” y más a delante afirma que “la RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono, a través de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, como instrumentos de reconciliación en el que todos sus actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento”, para terminar señalando que “los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque territorial, diferencial y de género que implica reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios, de las mujeres en todo su ciclo vital, de las comunidades rurales y de grupos en condiciones de vulnerabilidad , garantizando la sostenibilidad socio-ambiental”.

Entonces, en razón al citado acuerdo, el país se coloca a tono con los procesos que desde los años noventa se vienen considerando para abordar el desarrollo rural en Latinoamérica, como son los ejercicios realizados por el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) con la cooperación de la GTZ (agencia de cooperación alemana) en Centroamérica, las iniciativas realizadas en quince Estados del nordeste y norte del Brasil, el trabajo en Colombia realizado con la colaboración de la Corporación Latinoamericana Misión Rural y el caso de desarrollo local en Ecuador, entre otros. Ahora, nos toca examinar las condiciones para aplicar dicho enfoque en el caso colombiano, aprovechando las enseñanzas resultantes de la experiencia del sur del departamento del Tolima cuyo informe final fue presentado en diciembre de 2009, y particularmente, examinar las condiciones para su aplicación en la zona pacífica, vista no solamente como el litoral, sino como los territorios que hacen parte de la región político-administrativa que ya se señaló.

Una mirada rápida efectuada con sentido académico por estudiantes de la Maestría en Administración Pública de la ESAP en el municipio de Jamundí durante los años 2016 y 2017, permite sacar algunas conclusiones de primera mano, que muestran aspectos interesantes para la aplicación del Enfoque Territorial, donde el papel del Concejo Municipal no debe dejarse de lado, pero ante todo, destaca la necesidad de introducir reformas legales para ajustar funciones y competencias de esta corporación administrativa, a los retos históricos que las circunstancias actuales le han impuesto al ordenamiento institucional del país.

Según las conclusiones de los estudiantes, cuatro objetos de análisis se deben considerar para la implementación del Enfoque Territorial, de modo que se trascienda y vaya más allá de lo que hasta ahora ha realizado el Gobierno a través de la Agencia de Renovación Territorial (ART), organismo creado para tal efecto. Dicha entidad, actuado con la premura del tiempo y seguramente afrontando las dificultades propias del despegue de un proceso, se concentró en la expedición de normas jurídicas, todas pertinentes y necesarias para establecer el piso legal, pero con alcances limitados en materia de gestión pública, cuyo enfoque contemporáneo recomienda ir más allá de la simple normatividad legal, considerando que la norma, por sí sola, no dinamiza los procesos sociales, económicos e institucionales necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

Uno de los aspectos a considerar, es el relacionado con el ordenamiento territorial. Se conoce que en el campo académico existen cerca de una decena de enfoques teóricos sobre esta materia pero, considerando el predominio de las leyes, la obligación es la de adoptar los conceptos asociados a la norma del artículo 5 de la Ley 388 de 1997, donde se aprecia que el ordenamiento territorial municipal se refiere al acondicionamiento del espacio, según los requerimientos que sobre la dimensión territorial, exigen las estrategias económica y social formuladas para lograr los objetivos de desarrollo y todo sometido a los limitantes que imponen las condiciones ambientales y características culturales de identidad y tradición. De ahí surge la pregunta de si al formular Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, se crean determinantes particulares en los procesos económicos y sociales que contienen requerimientos especiales en materia de espacio y territorio, para que el ordenamiento territorial brinde la respuesta pertinente y consecuente a dicho enfoque, el cual es integral y suprasectorial. Sería interesante considerar la propuesta de Orlando Fals Borda presentada en 1997, cuando dice que “En las circunstancias del conflicto armado y para llegar a su alivio o solución, la contribución principal del ordenamiento territorial es la de indicar cómo construir o reconstruir espacios sociogeográficos y administrativos bien determinados donde, como en los casos recientes de conversión de corregimientos en municipios, se siga expresando libremente la voluntad de la sociedad civil como poder autónomo o gobierno popular”.

Si el sentido del Enfoque Territorial es el de formular políticas de abajo hacia arriba (Bottom-Up) y si el propósito es el de propiciar el desarrollo humano integral, el punto de partida en el proceso, son las necesidades humanas de la misma población y la forma de satisfacerlas. Esto implica que los satisfactores de las necesidades, las acciones y medios para llegar a su satisfacción, deben responder a las aspiraciones de las mismas comunidades, y deben ser definidos con base en su propia cultura. Pero, el interrogante que surge después de examinar el trabajo de campo ya citado, es, si la disposición de los agentes comunitarios, o si las comunidades están acondicionadas para realizar este ejercicio. La costumbre del enfoque sectorial tradicional es que los programas se diseñan de arriba hacia abajo (Top-Down) y la población simplemente se limita a recibir lo que las entidades le brinden de manera unilateral. Por ello, es necesario adelantar una fase inicial de educación ciudadana, donde haya creatividad e iniciativa de parte de los actores sociales, para identificar las características que debe tener la oferta institucional y a partir de la tradición y la identidad territorial, definir mecanismos, acciones y canales de oferta para llegar a la población. Tal como están hoy las condiciones mentales de las comunidades, será muy difícil lograr la creatividad y el ingenio necesario para definir herramientas institucionales innovativas que correspondan de manera pertinente a su propia cultura.

Un tercer elemento de análisis se refiere al enfoque de la gestión pública, que en este caso es relevante en los niveles territoriales principalmente el municipal. Si bien es cierto que desde hace más de un cuarto de siglo Colombia adelanta la trasformación del Estado, pasando del Modelo Burocrático al Modelo Gerencial que es más pertinente para ajustarse a los cambios, de todas maneras, el ordenamiento institucional que hoy existe es de carácter sectorial y así mismo están concebidos los instrumentos fiscales. Dar un saldo intempestivo para realizar la gestión pública desde las administraciones municipales aplicando el Enfoque Territorial sin antes realizar los acondicionamientos estructurales y operativos, no es razonable. Por ello, se requiere identificar los aspectos inherentes a la administración municipal que sea necesario ajustar, para que la función administrativa sea más adecuada a la dinamización y rectoría de los procesos económicos y sociales con el nuevo enfoque que se pretende implementar, el cual es de carácter holístico y suprasectorial.

Finalmente, el tema que más interesa en este escenario donde están presente las corporaciones administrativas municipales, se refiere a la Democracia Participativa y a la Descentralización Política, dos conceptos estrechamente ligados, que se han discutido muchas veces en escenarios académicos e institucionales, pero que en la realidad de la organización social y las relaciones Estado-Sociedad, aún no alcanzan las características suficientes para lograr la finalidad consagrada en la Constitución Política y reconocida como indispensable para avanzar hacia los objetivos de desarrollo.

La Democracia Participativa va más allá de la simple concurrencia a las urnas para elegir gobernantes y legisladores. Esa era la pauta de la vieja Democracia Representativa, pero no es suficiente para aplicar el espíritu de la norma constitucional, el cual requiere que haya intervención de los actores sociales en los tres procesos de gestión pública, planificación, ejecución y control, de igual a igual con los organismos del Estado. La Democracia Participativa es un cambio en las relaciones Estado-Sociedad, donde las relaciones sean horizontales y de doble vía, mediante mecanismos de concertación donde se apliquen los patrones de la gobernanza para avanzar hacia los objetivos de desarrollo.

Surge entonces la pregunta de sí la comunidad está sensibilizada, motivada, capacitada, preparada, pero, sobre todo, organizada adecuadamente para entrar en la concertación de políticas públicas; y si hoy existen los escenarios y mecanismo adecuados para ejercer la gobernanza, los cuales cuentan, sí, con el piso jurídico necesario, pero, como se anotó anteriormente, la sola base legal no es suficiente para dinamizar procesos de gestión pública.

El otro interrogante es sobre los puentes o elementos de contacto entre el Estado y la Sociedad, para que la participación en los procesos de gestión no se convierta en una montonera anarquizada que rompa los principios técnicos de la Co-gestión con responsabilidad compartida entre estas dos fuerzas sociales. La pregunta es: por cuál conducto entre los dos actores, que exista hoy, se puede canalizar la comunicación de doble vía entre el Estado y la sociedad civil, si lo que vemos es una sociedad atomizada, dispersa y sufriendo un profundo grado de conflicto y confrontación, sin la cohesión necesaria para sentarse de igual a igual a concertar con el Estado. Igualmente, dónde está el liderazgo obligado para la conducción de los procesos sociales.

Y sobre la descentralización política también hay bastantes temas de reflexión. El país viene hablando ya hace tres decenios sobre la descentralización administrativa y varias normas jurídicas de alcance constitucional y legal se han implementado en esta materia, aunque, muchas de esas normas se han quedado en el papel; porque lo que vemos es que cada día más, el centralismo bogotano castra las iniciativas administrativas de las entidades territoriales, aunque también cada vez les traslada responsabilidades sin los correspondientes recursos de financiamiento que son necesarios.

Pero más que la descentralización administrativa, el enfoque territorial del que veníamos hablando, necesita la descentralización política, entendida esta como el empoderamiento de las comunidades locales para tomar las decisiones necesarias a la construcción de su propio futuro, en correspondencia con sus verdaderas necesidades y bajo el respeto de su propia cultura e identidad.

Aquí, el interrogante principal se refiere al cómo lograr el fortalecimiento de las comunidades para el ejercicio de la participación real y la democracia participativa en la gestión de su desarrollo, si, como lo anotamos arriba, la comunidad no está debidamente preparada. Es necesario adoptar un mecanismo que permita suplir las deficiencias organizacionales, operativas y técnicas de las comunidades, porque, de todas maneras, el propósito de la descentralización política es necesario para el país. Esto significa que es ahí, donde tenemos que fijar la mirada e indagar en la actual dotación institucional la viabilidad del instrumento.

La invitación, por lo tanto, es a la reflexión sobre el papel y los alcances del Concejo Municipal en las actuales circunstancias que vive el país y ante las necesidades en materia de construcción de convivencia armónica, de los cambios de enfoque en la gestión pública, del liderazgo social y del empoderamiento de las comunidades locales. El Concejo Municipal hoy tiene dos procesos misionales, ambos ubicados en el costado que lo articula con el gobierno municipal, pero tiene un faltante jurídico que crea un vació en el costado que debe articular la corporación con las organizaciones sociales, para que se convierta en el “cordón umbilical” a través del cual se canalicen las interacciones Estado-Sociedad para la construcción del nuevo país que la ciudadanía está esperando y ambicionando.

PONENCIA PRESENTADA EN EL III CONGRESO DE CONCEJALES DEL PACIFICO ORGANIZADO POR FEDECON PACÍFICO EN AGOSTO DE 2018

OPCIÓN PARA LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA

Desde hace tres decenios se viene hablando en Colombia de la descentralización administrativa, un invento de los neoliberales del mundo creado para reducir la carga contra el presupuesto nacional, que a nosotros nos vendieron con el argumento de mejorar la participación y con ello la democracia, pero que, transcurrido todo este tiempo, no vemos tales beneficios como se esperaba; en gran medida porque el mismo gobierno nacional ha realizado todo tipo de maniobras para mantener el centralismo bogotano, sobre todo en lo que se refiere al control de los recursos fiscales, pero también porque, para alcanzar los propósitos sobre democracia, es más importante la descentralización política.

La descentralización administrativa se ejecuta simplemente con el traslado de competencias y responsabilidades al gobierno municipal, tal como se ha hecho sin traslado de recursos, lo cual se realiza mediante normas legales y actos administrativos. Pero esto no ha sido suficiente para tener los beneficios anunciados por sus promotores, por cuanto lo fundamental para que haya democracia participativa, es la intervención de la comunidad en el diseño y construcción de su propio desarrollo, para lo cual es necesaria la descentralización política.

Según lo señalan varios autores, la Descentralización Política es el empoderamiento de las comunidades locales mediante el fortalecimiento de sus competencias para intervenir en los procesos de gestión de las políticas públicas necesarias para la solución de sus necesidades y problemas. Esto, por supuesto, va más allá del simple discurso y requiere del cumplimiento de requisitos y condiciones en materia de cohesión, organización, capacidad técnica y operativa y también de los escenarios y mecanismos apropiados para la conveniente relación Estado-Sociedad.

Pero en el país las condiciones y requisitos no se están dando, por lo cual nos vemos frente una disyuntiva: la descentralización política es absolutamente necesaria para avanzar hacia el horizonte deseado, pero existe un vacío en cuando a escenarios y mecanismos idóneos para regular la relación Estado-Sociedad. Toca entonces, suplir este faltante recurriendo a las instituciones existentes, pensando en introducir los ajustes pertinentes para que se pueda lograr el propósito.

Esto nos lleva a pensar que el concejo municipal, cuyo papel actualmente es escaso y se limita a operar solo con dos procesos misionales, aprobar acuerdos y realizar control político, ambos en el costado del Estado, podría extender su misión hacia el otro costado y cumplir labores en el seno de la sociedad, por supuesto diferentes a las de la politiquería que los concejales individualmente realizan hoy. Implica una nueva legislación, para que el organismo institucionalmente penetre en la construcción de escenarios y mecanismos que neutralicen la dispersión social y la baja capacidad para negociar, permitan aplicar la gobernanza y concertar políticas públicas con el gobierno, empoderando por su intermedio las comunidades locales, quedando así establecida una razonable opción para la descentralización política.

EMPRESARIOS Y RENTISTAS

El sistema capitalista se caracteriza por la acumulación de capital en manos privadas y este fenómeno se convierte en el principal determinante del poder político e influencia social. Pero en el presente siglo XXI, no todos los capitalistas son iguales, aunque ellos, entre colegas, no se “pisen las mangueras”, sin considerar detenidamente cuál es el papel económico y social de unos y otros.

En toda la historia de la humanidad, desde la época del esclavismo, siempre el Estado ha sido manejado y se ha puesto al servicio de las elites de poder económico, por lo cual el capitalismo no iba a ser la excepción. Pero una cosa era cuando el Estado estaba al servicio y conveniencia de los empresarios, representados por los industriales y en el marco global, al servicio de las multinacionales y otra cosa es hoy, cuando el organismo está al servicio de los rentistas, representados por los fondos de inversión, en el marco de la globalización financiera. Los industriales pagaban impuesto al patrimonio, apoyaban el empleo y estimulaban políticas de aumento de la demanda agregada, para lo cual apoyaban el gasto público elevado.

Ahora, en el presente siglo, lo que no han notado los empresarios, o se hacen los de la vista gorda, es que los rentistas los tienen golpeados y a la industrial le ha tocado pagar los platos rotos. Los empresarios pagar impuesto a la renta mientras que los rentistas están exentos; les han cargado la llamada “responsabilidad social empresarial”, para que asuman obligaciones que le corresponden al Estado en materia de gasto social; la política de control a la inflación ha contraído la demanda agregada bajando las ventas de las empresas y perjudicando los negocios de bienes y servicios, fenómeno que se observa en todo el mundo, donde el aparato productivo se está desecando.  Ya no hay crédito de fomento como antes, ni el Estado contribuye como gran comprador en el mercado, por las restricciones que le han impuesto al gasto público, cuya prioridad es atender el servicio de la deuda para conveniencia de los rentistas.

Claro que en aquella época, entre los siglos 19 y 20, sí había empresarios; los fundadores del capitalismo: personas que laboraban 18 horas diarias y así lograron forjar los grandes emporios empresariales; mientras que hoy lo que hay son los herederos de ellos, zánganos que no saben hacer empresa y por eso prefieren llevar sus fortunas a los fondos paras que estos especulen en los mercados de capitales y le presten plata al Estado, haciendo de este ejercicio la columna vertebral de la economía postmoderna.

Entonces, es claro que hoy no se puede tomar de manera estándar a los capitalistas; una cosa son quienes utilizan su patrimonio para generar empleo y llevar al mercado bienes y servicios con destino a la satisfacción de las necesidades humanas y otra cosa son quienes entregan su patrimonio a un Fondo y se dedican a vivir de la renta que este dinero les produce, el cual en gran porcentaje, se destina a comprar papeles del Estado, quien se dedica a cobrar impuestos a los pobres para pagarles cumplidamente los intereses y el principal al vencimiento, restringiendo para ello el gasto público que se requiere para dinamizar la economía, por lo cual siempre es conveniente tener claridad sobre la dicotomía entre empresarios y rentistas.