OPCIÓN PARA LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA

Desde hace tres decenios se viene hablando en Colombia de la descentralización administrativa, un invento de los neoliberales del mundo creado para reducir la carga contra el presupuesto nacional, que a nosotros nos vendieron con el argumento de mejorar la participación y con ello la democracia, pero que, transcurrido todo este tiempo, no vemos tales beneficios como se esperaba; en gran medida porque el mismo gobierno nacional ha realizado todo tipo de maniobras para mantener el centralismo bogotano, sobre todo en lo que se refiere al control de los recursos fiscales, pero también porque, para alcanzar los propósitos sobre democracia, es más importante la descentralización política.

La descentralización administrativa se ejecuta simplemente con el traslado de competencias y responsabilidades al gobierno municipal, tal como se ha hecho sin traslado de recursos, lo cual se realiza mediante normas legales y actos administrativos. Pero esto no ha sido suficiente para tener los beneficios anunciados por sus promotores, por cuanto lo fundamental para que haya democracia participativa, es la intervención de la comunidad en el diseño y construcción de su propio desarrollo, para lo cual es necesaria la descentralización política.

Según lo señalan varios autores, la Descentralización Política es el empoderamiento de las comunidades locales mediante el fortalecimiento de sus competencias para intervenir en los procesos de gestión de las políticas públicas necesarias para la solución de sus necesidades y problemas. Esto, por supuesto, va más allá del simple discurso y requiere del cumplimiento de requisitos y condiciones en materia de cohesión, organización, capacidad técnica y operativa y también de los escenarios y mecanismos apropiados para la conveniente relación Estado-Sociedad.

Pero en el país las condiciones y requisitos no se están dando, por lo cual nos vemos frente una disyuntiva: la descentralización política es absolutamente necesaria para avanzar hacia el horizonte deseado, pero existe un vacío en cuando a escenarios y mecanismos idóneos para regular la relación Estado-Sociedad. Toca entonces, suplir este faltante recurriendo a las instituciones existentes, pensando en introducir los ajustes pertinentes para que se pueda lograr el propósito.

Esto nos lleva a pensar que el concejo municipal, cuyo papel actualmente es escaso y se limita a operar solo con dos procesos misionales, aprobar acuerdos y realizar control político, ambos en el costado del Estado, podría extender su misión hacia el otro costado y cumplir labores en el seno de la sociedad, por supuesto diferentes a las de la politiquería que los concejales individualmente realizan hoy. Implica una nueva legislación, para que el organismo institucionalmente penetre en la construcción de escenarios y mecanismos que neutralicen la dispersión social y la baja capacidad para negociar, permitan aplicar la gobernanza y concertar políticas públicas con el gobierno, empoderando por su intermedio las comunidades locales, quedando así establecida una razonable opción para la descentralización política.