En relación
con la protesta de las comunidades que cada cierto tiempo se presentan en
cualquier lugar del país, siempre se han repetido los mismos comentarios: que
muy poco sirven para lograr propósitos pues la única protesta válida son las
elecciones de modo que, para qué manifestaciones de protesta si vuelven luego a
elegir a los mismos; que el gobierno no tiene capacidad de dar soluciones y se
limita a firmar acuerdos para levantar la protesta pero no para extirpar las
causas del fenómeno; que la oligarquía colombiana es inepta y nunca puede
solucionar ningún tipo de problemas; que los acuerdos siempre serán incumplidos
porque en la institucionalidad colombiana y el andamiaje jurídico no contempla
este tipo de procedimientos para la toma de decisiones.
En este
último caso hay que ser reiterativo. Los acuerdos siempre serán incumplidos
porque su ejecución toca normas y procedimientos que están establecidos en el
marco de la ley y su modificación no se puede realizar simplemente porque un
ministro firmó conjuntamente con dirigentes de una protesta, unos compromisos sobre
acciones que no están soportadas en el marco de la ley. Si es el caso de
modificaciones de políticas, las dificultades surgen si el compromiso es contrario
a las imposiciones que los organismos multilaterales como el FMI o la OMC hacen
sobre Colombia; y si el compromiso firmado implica realizar gasto público que
casi siempre ocurre, los procedimientos del gasto están debidamente
reglamentados y si los recursos comprometidos no se someten a la regla, no es
posible ejecutarlos.
La firma de
un documento de compromisos para levantar protestas, no está contemplada en el
Decreto 111 de 1996 conocido como el Estatuto Orgánico del Presupuesto, paquete
normativo que regula los procedimientos para ejecutar partidas de gasto; además
de la vigencia de otras normas sobre partidas para inversión como son las
normas de planificación y proyectos. Así que los acuerdos para levantar
marchas, por muy importante que sea el funcionario que firme, no son
suficientes para comprometer al gobierno en la atención de necesidades estructurales
de las comunidades.
No se sabe
si hay ingenuidad o desconocimiento de parte de los dirigentes de las marchas
cuando firman y levantan la protesta, o hay mala fe o ignorancia de parte de
los funcionarios que atienden las negociaciones, este último muy común dado el
alto nivel de ineptitud que casi siempre presentan los funcionarios directivos
del orden nacional, sobre todo en estos gobiernos de Santos, donde los
nombramientos en Bogotá no se sabe con qué criterios se realizan; pero en todo
caso lo que sí es ampliamente conocido por la opinión pública, es que cuando se
firma un acuerdo ante la protesta, se suspenderá la acción de masas pero transitoriamente;
y que pasado algún tiempo, ante la situación de fondo que siempre seguirá igual,
se presentarán otra vez las marchas.