EL REGALO DE NAVIDAD

La semana pasada Santos salió sonriente por televisión cuando el DANE publicó las cifras de la contabilidad nacional del tercer trimestre del año. Dijo el organismo de las estadísticas oficiales que la economía había crecido 5.1 % entre julio y septiembre del presente año. El gobierno, ni corto ni perezoso, pasó de inmediato la cuenta de cobro a los electores para acrecentar el caudal de la reelección.

Pero como siempre ocurre con los informes del DANE, que muestran los datos convenientes para el gobierno, se ocultan otras verdades sobre la realidad que lleva a la conclusión que de eso tan bueno no dan tanto. En principio podríamos decir que ese incremento es favorable porque proviene del aparato productivo; pero teniendo en cuenta que dentro de éste, la construcción tiene ciertas particularidades en el contexto de la economía, la emotividad de la noticia se desinfla. Primero, porque es muy coyuntural, pues una vez las edificaciones se terminan, el efecto se acaba; segundo porque luego viene el problema de la venta, cuando no hay suficientes compradores con capacidad de pago, aunque la necesidad social es sentida. La sola construcción de residencias se incrementó en 25,7 %  pegando un jalonazo al conjunto de la economía, pero a pesar de que muchas familias no tienen vivienda propia no todas tienen la capacidad de comprarlas.

En cambio las cifras de los sectores primarios y secundarios, los que verdaderamente muestran la solidez de la economía, siguen siendo preocupantes: los relacionados con el agro crecieron un 6.6 % pero ahí están los cuantiosos subsidios producto del paro agrario, que distorsionan la realidad. Los de minería crecieron solo un 6.1 % aun estando el petróleo y el carbón y lo más grave, la industria, que es sector fundamental para medir la solidez de la economía, siguió cayendo, esta vez en el 1,0 %. La construcción creció transitoriamente por las casas que regala el gobierno y por las manos abiertas de los bancos para prestar para ganarse el subsidio de la tasa de interés; pero hasta dónde estos mecanismos coyunturales puedan ser motivo de euforia?

Por supuesto el gobierno, en plena campaña electoral en que se halla, es el gran beneficiado con las cifras así, escuetas, sobre el crecimiento del trimestre, que combinado con los datos de baja inflación generada por el gran volumen de importaciones que incrementan la oferta de bienes y la baja tasa de desempleo, transitoria también por el trabajo en la construcción, hacer dar la idea de que en Colombia la situación está muy bien y que no solo para Santos sino para todos los colombianos, la economía se convierte en el regalo de navidad.

EL ANACRONISMO DE LA PROCURADURÍA

El tema de fondo no es que Petro se vaya o se quede; como tampoco para la oligarquía bogotana la destitución es lo importante, sino la inhabilidad por tantos años; pues lo que a ellos les preocupa es el peligro de que  Petro lidere algún proyecto político nacional similar al de Ecuador, Bolivia o Uruguay. El tema de fondo es que con ocasión a la destitución de este alcalde, se coloca sobre la mesa el accionar en general de la Procuraduría en el ejercicio de su función disciplinaria.

Desde 1991 el Estado colombiano viene afrontando un proceso de transformación partiendo del Estado Moderno para instaurar el Estado Posmoderno. El primero con el Modelo Burocrático y el segundo con el Modelo Gerencial. La ley ha creado diferentes normas que constituyen el piso jurídico y ha adoptado los instrumentos para implantar el modelo gerencial en todos los organismos del Estado. En este empeño, por supuesto, empujado por las fuerzas de poder internacional y no por la convicción de los propios gobernantes, Colombia ha instrumentado el proceso adaptando normas internacionales como es el caso de la ISO 9001 que convirtió en NTCGP 1000:2009 para regular la operación de las entidades de manera ordenada y con sentido gerencial y la norma MECI 1000:2005 que fue diseñada por Casals & Associates Inc. con financiación de USAID para aplicar el control con base en el paradigma japonés. El proceso de transformación ha sido lento pero ahí va, avanzando poco a poco.

Entonces llama la atención que la Procuraduría como organismo del Ministerio Público encargado de aplicar el proceso disciplinario, aun conserve las prácticas del Estado Burocrático cuando ya estamos en el Estado Gerencial. El procedimiento disciplinario que aplica se rige por las típicas conductas del Modelo Burocrático y desconoce las bases sobre las que se erige la Gerencia Pública, donde se encuentran entre otras, la multiorganización, la participación, la concertación, la flexibilidad y la innovación.

Por ello es hora de que ese organismo de control disciplinario entre en una fase de reflexión y que en su interior se adelante un proceso de ajuste, armonizando su proceder con la realidad histórica, pero ante todo que, así como la operación y el control de todo el Estado está transformándose, este organismo también adopte otros fundamentos y otro enfoque en los procedimientos, así como en los criterios para aplicar el Código Único Disciplinario; pues la norma como tal define el qué hacer pero el enfoque jurídico establece la forma o manera de juzgar ese qué, lo cual difiere substancialmente, cuando el paradigma en el modelo de Estado es uno y cuando es otro; por lo cual si se sigue aplicando la misma regla de antes de 1991 estamos metidos en el anacronismo de la Procuraduría.

LAS AFRENTAS CONTRA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Cuando se estableció por la vía constitucional, hace ya más de un cuarto de siglo, la elección popular de los alcaldes, se nos vendió el cuento con el argumento de que esa norma era para fortalecer la Democracia Participativa, introducir la descentralización administrativa y acercar más el Estado a la ciudadanía.

Hoy, después que han transcurrido varios períodos de gobierno y sendas elecciones, podemos hacer un balance y sacar conclusiones, las cuales no son justamente, concordantes con los argumentos expuestos en 1987. Los hechos muestran que en centenares de municipios, en lugar de fortalecerse la democracia participativa, lo que se ha fortalecido son ciertas mafias locales que ponen el alcalde. Algunos grupos ilegales y otros legales pero que utilizan procedimientos mafiosos para lograr sus fines, usando el poder económico y el movimiento de altas sumas de dinero para el efecto, en concordancia con las características del régimen político colombiano donde los gobernantes no se eligen sino que se compran gracias a nuestra cultura política que es como para enmarcar, determinan quien debe ocupar el cargo de la primera autoridad administrativa municipal.

Ahora le ha surgido otro oprobio a la democracia participativa por cuenta de un funcionario al que le han entregado, nada más ni nada menos, que la rectoría del Ministerio Público y quien está caracterizando su gestión con el uso indebido del poder, el cual ejerce basado en sus pasiones personales, con sentido subjetivo y tendencioso, como se puede ver en el caso de la destitución del Alcalde Mayor de Bogotá.

No se entiende la organización del Estado colombiano, que en el papel dice una cosa y en los hechos se observan otras diferentes. No solamente por lo comentado ampliamente sobre las facultades de un funcionario, designado mediante procedimientos clientelistas, para destituir a otro elegido por el elector primario, sino también por el hecho de tomar decisiones basadas en argumentos técnicos y no en argumentos legales. ¿Quién le dijo al Procurador que él tiene facultades para juzgar un modelo de gestión pública? ¿Acaso el código único disciplinario establece normas para afirmar cuáles son los modelos de gerencia pública buenos y malos? Si los argumentos de forma que utilizó el Procurador son válidos por la basura regada en las calles durante dos días, entonces hay que destituir por lo menos a medio millar de alcaldes. 

Pero lo más grave es que está en juego la esencia del Estado; si a un funcionario se le sanciona porque trata de rescatar lo público para su nicho natural, entonces qué va a pasar con lo público? Independientemente de la calidad de la gestión de Petro, lo que se debe considerar es el trasfondo, porque el servicio del Estado no puede estar a merced de la politiquería y el apasionamiento de funcionarios como Ordóñez, quien con sus actos está incrementado el número de las afrentas contra la Democracia Participativa.

EL DESEMPOLVE DEL 8000

Con el libro de Andrés Pastrana no sólo se ha agudizado la pugna intestina de la oligarquía colombiana, sino que se ha revivido el tema del publicitado Proceso 8000 que enlodó al gobierno de Samper, trayendo viejos recuerdos y ahora, después de conocidos varios hechos de la geopolítica mundial y los efectos en los países dependientes, caben también otras reflexiones que cuando se plantearon en esa época, parecían irracionales pero que hoy cuentan con argumentos que vale la pena tener en cuenta.

La penetración de dineros del narcotráfico en las campañas electorales no se inventó con Samper ni tampoco se ha acabado en los gobiernos posteriores, según estudios de ONG que se dedican a investigar los fenómenos políticos nacionales. Si examinamos lo ocurrido durante los ocho años de Uribe, vemos que todo eso es infinitamente más grave que los aportes de dinero en las campañas; entonces por qué el escándalo contra Samper se ha magnificado tanto mientras que Uribe sigue tan campante?

Una razón, expuesta en su época por varios analistas, sale nuevamente a relucir: Samper fue el segundo presidente después que el Capitalismo Financiero Internacional introdujera los cambios en Colombia para consolidar el modelo neoliberal de globalización financiera. La campaña de Samper se montó sobre el eslogan “Vamos a ponerle corazón a la apertura” señalando que se debía suavizar el efecto neoliberal poniéndole énfasis a la política social, con lo cual se crearon temores en las fuerzas de poder internacional pensando que ese gobierno echaría para atrás lo que había instaurado Gaviria.

El plan de gobierno de ese período se denominó “El Salto Social” en cuyo texto se muestra la importancia del desarrollo humano integral como objetivo de la política social. Posteriormente, Samper nombró a Carlos Castillo Cardona como Consejero Presidencial para la Política Social y desde esta consejería se lanzaban ataques a la doctrina neoliberal y, a mí me consta, el pensamiento del consejero Castillo era claramente contrario al neoliberal, tanto que entre la Consejería y el DNP, que como se sabe es el enclave en el Estado de las fuerzas internacionales de poder, ocurrieron controversias conceptuales de profundidad.

Ahora es sensato pensar que más por los dinero recibidos en la campaña, que no fue el primero ni ha sido el único, lo que interesaba era sabotear el gobierno para que no pudiera el gobierno Samper echar para atrás lo introducido por Gaviria para favorecer el poder internacional, desde donde debieron haber enviado dardos para azuzar la oposición interna, de lo que en esa época no se habló pero que hoy tiene mucho sentido cuando estamos presenciando el desempolve del 8000. 

LA HORA DE LA PLANEACIÓN

Varias de las leyes expedidas después de 1991 para desarrollar la Constitución Política, fracasaron o están a punto o necesitan ya reformas. Por ejemplo, las leyes 99, 100 y 388, rotundamente fracasaron y la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, requiere ya una revisión y muchas modificaciones.

Desde hace treinta años se viene diciendo en los foros académicos que la planificación en Colombia es un desastre. Luego salió la Ley 152, norma que va para los dos decenios y por lo tanto ya tuvo el tiempo suficiente para verificar en la práctica, lo que sirve y lo que requiere modificar, por lo cual hoy existen los argumentos suficientes para afirmar que ya es tiempo de introducirle los cambios pertinentes, tanto para corregir las deficiencias técnicas en los procesos de planificación como para adoptar un instrumento de aplicación práctica que permita ejercer con eficacia la gerencia pública. Han pasado ya varios gobernantes aplicando esta ley y con ello se ha podido identificar los aspectos que sirven y los que no sirven.  

Para comenzar, es necesario considerar que la ley le llama “Plan de desarrollo” a lo que es un “Plan de gobierno”, lo cual desvía el sentido de lo que es un verdadero plan de desarrollo y distorsiona la esencia del desarrollo lo mismo que la responsabilidad del progreso en el mismo, lo cual, además de otros factores técnicos, en lugar de corregir las quejas generalizadas de los años ochenta, lo que ha hecho es agudizar las deficiencias técnicas que se presentan en materia de planificación del desarrollo, como por ejemplo, resolver el vacío que aún existe en materia de regulación de los procesos de largo plazo, por no señalar la desarticulación con el POT, la NTCGP y el MECI.

Es conveniente realizar un debate público o académico sobre el tema de la planificación en el país, principalmente en los órdenes territoriales, que es donde se deben originar los procesos, si se quiere una verdadera democracia participativa. Un debate que permita examinar las ejecutorias y los alcances de la norma aplicados en el departamento y los municipios desde 1994 hasta ahora, para que con un sentido objetivo y crítico, se evalúe lo realizado por la oficinas de planeación y los contenidos e impactos de los planes de desarrollo, todo con el fin de deducir las medidas necesarias para avanzar en el mejoramiento de los procesos de planificación que se realizan en los territorios, hoy que en otros campos de la vida legislativa se están realizando estudios para modificar leyes y que debido a la coyuntura histórica que vive el país, con sentido pertinente podemos afirmar que también llegó la hora de la planeación.

EL PUNTO TRES DE LA AGENDA

A propósito del tercer tema de la negociación en Cuba, recordamos un artículo publicado en el diario El Liberal el 5 de junio de 2005 haciendo referencia a lo que se le puede denominar “la economía del instinto”. Señalaba el artículo, que mientras existan ricos periqueros en Europa y Norteamérica y mientras existan condiciones de extrema pobreza en las alejadas zonas rurales del país, no habrá posibilidad real de acabar con los cultivos de marihuana, coca y amapola.

Los campesinos cultivan estas especies vegetales, no porque sean delincuentes, sino porque el instinto de conservación, que se rige por la ley natural, impulsa a realizar procesos económicos orientados a la supervivencia de la especie recurriendo a las más elementales formas de producción y cambio. Lo único que busca el instinto animal es la consecución de los medios de vida, sin tener en cuenta que la ley jurídica lo prohíbe. Como no hay otro cultivo que tenga solución de comercialización y el autoconsumo no es suficiente, el instinto los lleva a producir lo único que sí pueden vender.

Con la presencia de las Farc o sin esta, si el Estado no resuelve el problema de articulación con los mercados mediante el establecimiento de canales de comercialización, la resolución de la infraestructura comercial y la prestación de los servicios básicos y complementarios al comercio, aunque la guerrilla desaparezca, existirán otros actores que compren la producción y los cultivos de uso ilícito seguirán ahí, pues las comunidades campesinas no se pueden dejar morir sólo porque la ley los prohíbe.

Los programas de sustitución de cultivos y la cantidad de dinero que se ha gastado en este empeño, gran parte de ello con fuente extranjera, es una experiencia que se debe asimilar. El esfuerzo se pierde no por la falta de voluntad del campesino para sembrar otro producto, no porque la tierra no responda a la producción del sustituto, sino porque la producción no tiene quien la compre. Y además, porque en esas zonas marginadas tampoco hay agua potable, ni energía eléctrica, ni escuelas, ni campos deportivos, ni centros de atención de la enfermedad, ni abastecimiento de granos, procesados y manufacturados que les permita a los habitantes adquirir completa la canasta familiar.

La negociación no ha comenzado; no sabemos, como en los otros temas, qué se va a hablar. Pero sí podemos estar seguros de que si no se tocan los asuntos por el derecho y no se reconoce que la pobreza y el abandono es la causa objetiva de la situación, muy poco alcance tendrá la negociación con la guerrilla sobre el punto tres de la agenda. 

LA OTRA NEGOCIACIÓN DE PAZ

Siempre se ha afirmado que la violencia en Colombia tiene causas subjetivas y causas objetivas, que se alimentan con factores coyunturales y estructurales; por eso para alcanzar la convivencia pacífica, que es su antagónica, no basta con que las guerrillas cesen sus acciones armadas. Se requiere además otros mecanismos sociales que contribuyan a crear el clima apropiado para la tolerancia, el respeto a la diferencia y la comprensión paciente de las conductas ajenas.

Un fenómeno que se ubica dentro de las causas subjetivas pero que está enraizado estructuralmente en la sociedad, es el maltrato infantil, que siembra en las personas desde temprana edad, la cultura agresiva y violenta,  que luego cuando se es mayor, se manifiesta en contra de sus semejantes. Varios estudios demuestran que la mayoría de los sujetos violentos y criminales, han sufrido una niñez con maltrato, llegándose inclusive, al reconocimiento general acerca de las consecuencias de los gritos y golpes a los niños. Pero parece que a la sociedad colombiana  no le importara la situación. Desde la época del “Pacto por la Infancia” como eje de la política social, no se ha vuelto a ver un despliegue institucional tendiente a aliviar este mal que agobia al país.

Fue cuanto el “Pacto por la Infancia” que se logró la creación con instrumento legal de los consejos de política social para que a través de ellos se implantaran mecanismos de gestión suprasectorial que permitieran, con eje en la política de infancia, realizar acciones orientadas hacia el desarrollo humano integral superando el sectorialismo de la oferta institucional. Fue en esa época cuando se propuso otorgarle al maltrato infantil la categoría de “asunto público” con la finalidad de que toda la comunidad en su conjunto pudiera intervenir en los casos que abundan, sobre maltrato y que hoy son considerados como un asunto privado a pesar del daño que hacen a toda la sociedad. Siendo asunto público, muchos instrumentos sociales se pudieran implantar para luchar contra este fenómeno que está incrustado en la cultura colombiana y que mucho contribuye a la perpetuación de la cultura de violencia operando como mecanismo de retroalimentación perverso.

Hoy el país está embelesado con la negociación de la Habana, que sin duda es muy importante considerando que las Farc son el grupo guerrillero más notorio, pero no se aprecia que otros aspectos de la violencia se estén tratando aunque sea con mínima magnitud, siendo que varios de ellos, como el caso del trato a los niños, no requieren de tanto esfuerzo político y probablemente la extrema derecha uribista tampoco se oponga, por lo cual se hace necesario que la sociedad colombiana también aborde este tema, como si fuera la otra negociación de paz. 

LA TRANSPARENCIA DE LO PUBLICO

El hijo de Iragorri, al mejor estilo de la oligarquía bogotana a la cual él ya pertenece, responde con ataques personales cuando se le critica su accionar en el cumplimiento de las funciones del cargo que ocupa, argumentando la defensa de un supuesto prestigio que él dice tener pero que falta comprobar, al igual que el de los demás hijos de políticos que hoy administran el Estado colombiano de manera nefasta. Los actos y las decisiones de todos los servidores del Estado, independientemente de quién sea su papá o del cargo que ocupan, deben estar expuestos a los ojos de la opinión pública de modo que la conducta y los compromisos que realice, si están dentro de la órbita de sus funciones y competencias, pueden contener lo que quiera, que al final el compromiso es del Estado y no personal, pero como se trata de asuntos públicos, es su deber darlos a conocer al conjunto total de los actores sociales, lo que el hijo del citado político no hizo. Atacó a su crítico pero no informó sobre el contenido de sus actos y decisiones para poder verificar públicamente quién dice la verdad.

Esto de la exposición pública de los compromisos celebrados es importante porque en los últimos treinta años ya ha ocurrido varias veces: llega el ministro, antes de gobierno y ahora del interior, firma compromisos para que quiten los bloqueos de las carreteras, luego incumplen lo prometido y vuelve el bloqueo, siendo los habitantes de Popayán, quienes afrontan las consecuencias de la irresponsabilidad del alto funcionario. Por eso hoy nos preguntamos: lo que comprometió el hijo de Iragorri fue consultado con el hijo de Cárdenas, que es quien maneja el dinero, y con la hija de Orozco que es quien introduce en el presupuesto de inversión los conceptos de gasto??

Porque los compromisos de gasto público pueden ser hechos por cualquiera de los hijos de político que gobiernan este país, pero siempre deben someterse a las leyes vigentes. Puede ser muy alto el cargo del funcionario, pero debe acatar las leyes preestablecidas como en cualquier Estado de Derecho. Para poder cumplir en concreto el compromiso adquirido con las comunidades, se deben aplicar rigurosamente las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, compiladas en el Decreto 111 de 1996, comenzando por la formulación de los proyectos en formato MGA y su correspondiente viabilización y registro en el BPIN. Caso contrario, lo firmado será como un saludo a la bandera y más adelante vendrán nuevos bloqueos por culpa del incumplimiento del gobierno nacional. Además, antes de aplicar las normas legales que rigen el gasto público, existe un requisito ético que también se debe cumplir y que se inscribe dentro de la obligación en todo acto administrativo, de adoptar la transparencia de lo público.

UNA NUEVA ADMINISTRACION TERRITORIAL

A propósito de los convenios suscritos por el Gobierno Nacional con las comunidades indígenas de este departamento como respuesta las tomas de las carreteras, bien vale la pena pensar en aprovechar la oportunidad para, de una vez por todas, corregir las deficiencias en los diseños de los administradores territoriales que datan ya desde hace dos siglos y avanzar así en el ordenamiento territorial que tanto espera el país y que la Ley 1454 de 2011 no fue capaz de introducir.

Colombia en general y la región caucana en especial, necesitan de nuevos administradores territoriales, pero que no sean sacados del centralismo bogotano como históricamente lo ha sido, sino diseñados y construidos de abajo hacia arriba por parte de los mismo actores locales y regionales y que respondan de manera consecuente a las propias especificidades tanto naturales, económicas, sociales y culturales.

Hoy están dadas las condiciones para promover el establecimiento de las ETIS, por una parte, y para la creación de un nuevo municipio o como quiera que se llame a un administrador territorial de cobertura local, que constituya la célula de la organización del Estado. Pero no se trata de convertir en entidades indígenas a los municipios actuales donde se asientan estas comunidades conservando los mismos linderos. Ni siquiera se trata de linderos, sino de la implementación de estructuras administrativas con funciones y competencias pertinentes, con mecanismos de financiamiento adecuados, con instituciones idóneas y régimen político consecuente. De la misma manera, se necesita un nuevo diseño para los municipios, con la capacidad de fortalecer la descentralización administrativa y capaz de promover la descentralización política, que responda a los requerimientos administrativos de los procesos económicos y sociales, con linderos debidamente armónicos con el ordenamiento territorial y mecanismos de financiamiento apropiados.

El Cauca puede ser un buen laboratorio de experimentación. Pero el Gobierno Nacional no lo facilitará por las buenas. Es necesario unir esfuerzos de todos los actores regionales en conjunto para que sin permiso de Bogotá, el territorio se adentre en este proceso y cuando ya tenga los diseños elaborados, se solicite a la Nación su acogida y respaldo para tramitar su aprobación ante órgano competente. Cauca necesita del ordenamiento territorial con un modelo de ocupación del territorio donde quepan las diversas culturas y etnias y que facilite la convivencia mediante el diálogo intercultural constructivo, que de una vez sea también un modelo pedagógico para ilustrar al país, por lo cual es conveniente aprovechar hoy la oportunidad para crear una nueva administración territorial.

EL POSTDERRUMBE DEL MODELO GLOBAL

Más temprano que tarde, el modelo de globalización financiera que ha impuesto el Capitalismo Rentista hace ya más de un cuarto de siglo, se vendrá abajo, como se puede deducir de los síntomas que comenzaron en el 2008. La economía se está inflando con un desbalance desproporcionado entre el sector real que cada vez se seca más y el sector monetario con un crecimiento acelerado en papeles sin el necesario respaldo en el campo de los bienes y servicios, lo cual, antes de lo previsto ocasionará el estrangulamiento total. Por supuesto, Norteamérica y Europa que han sido los más beneficiados de la actual modalidad de capitalismo, serán también los más perjudicados.

Cuando toque fondo el capitalismo mundial, será necesario volver a construir un modelo de acumulación, que por supuesto, no será igual al capitalismo industrial del neocolonialismo que la red de multinacionales impuso hace más de medio siglo, por lo cual Norteamérica y Europa no tendrán los medios para recuperar la economía mundial en beneficio de la humanidad. Será entonces cuando África y Latinoamérica, pero principalmente esta última, aprovechando sus recursos naturales y la biodiversidad, tendrá la oportunidad de ofrecer al mundo un nuevo modelo capaz de revitalizar la economía.  

Es ahí donde la cultura indígena tiene el gran potencial. Se requiere un modelo dentro del estilo de desarrollo alternativo que se contraponga al Estilo Ascendente que impera hoy montado sobre los patrones culturales de Europa y Norteamérica. Un Modelo basado en patrones autóctonos que permita alcanzar el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población, inclusive la de los continentes de marras, sin el sometimiento ideológico de la globalización cultural y sin la dependencia tecnológica que nos amarra con los lazos del exagerado consumismo.

Por ello es razonable ir pensando desde ya en la misión futura de las comunidades indígenas latinoamericanas, para lo cual se requiere que se vayan dando los cambios pertinentes; por un lado, que las comunidades indígenas cambien su postura y por otro lado sus dirigentes. Su postura evitando un enfoque racista que defienda sus intereses particulares por encima del interés público y el bien común y por otro lado unos dirigentes que eviten el dogmatismo sectario y se proyecten con sentido amplio en el contexto del compromiso histórico frente a toda la comunidad con sus características de diversidad y heterogeneidad, entendiendo la dialéctica de la historia y el desenvolvimiento de fenómenos sociológicos derivados de las nuevas situaciones del mundo, para así poder contribuir a sentar bases que aporten en el postderrumbe del modelo global.

LOS ASUNTOS INDÍGENAS DEL CAUCA

A propósito del planteamiento del candidato  Juan Pablo Matta sobre el tema indígena regional, que no creo se deba descalificar imputándole fines electorales debido a la pertinencia y oportunidad, ya que cualquier otro ciudadano pudiera haberlo hecho y también sería  oportuno y pertinente, es conveniente destacar que otra vez el tema se debe poner sobre la mesa, a ver si por fin se logra una solución a la situación que lleva ya cientos de años en la historia de este departamento.

Es hora de cambiar el enfoque que el Estado y la sociedad le han dado al asunto, por supuesto el Estado desde Bogotá, pero con el consentimiento pasivo de los gobiernos territoriales que hacen el papel de Pilatos. El caso debe ser buscando una posición de equilibrio donde ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre; porque si bien es cierto que la postura de la dirigencia indígena tiene la razón en muchas partes, también es cierto que ellos son humanos y también se equivocan de modo que atornillarse en una posición dogmática y sectaria en contravía de la dialéctica de la historia, no es lo más favorable para ellos ni para el resto de la comunidad territorial. Y del otro lado, tampoco se puede desconocer el gran valor que tiene la cultura indígena, que encierra un cúmulo de potencialidades, que mucho pueden aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de la población departamental.

El caso radica en la ausencia de una política pública construida sobre la base de lo público y de la realidad histórica contemporánea, que se erija sobre los fundamentos del Estado de Derecho, ese modelo que crearon los alemanes por allá en la segunda década del siglo pasado. Es necesario cambiar el enfoque de parte y parte porque, no todos los indígenas piensan igual que sus dirigentes ni tampoco todos los de otros departamentos piensan como los Cauca, como se puede ver en los del Valle, que aun manteniendo los principios básicos de su cosmovisión, abordan la realidad presente con un enfoque más pragmático y consecuente con el concepto de lo público. Pero sobre todo, es necesario que desde el Estado se genere una pedagogía que muestre a las comunidades los derroteros posibles frente a una realidad universal que está afectada y contaminada por factores de poder global que condicionan fuertemente los fenómenos locales, en eso que los japoneses han denominado la glocalización.

El debate es saludable para todo el departamento. El tema merece la participación abierta de todos los actores  regionales, la transparencia a toda la población y la altura necesaria para que se logre un consenso armónico basado en la convivencia y el diálogo intercultural que mucho puede aportar al desarrollo regional y al tratamiento de los asuntos indígenas del Cauca.

LAS COINCIDENCIAS DEL NOBEL DE ECONOMIA

La ciencia siempre ha tenido credibilidad y aceptación universal; y en verdad que así debe ser; pero ésta, a pesar de su postura neutral frente a intereses creados, también se deja manipular y ponerla al servicio de determinadas causas. Por eso, la energía nuclear así como sirve para el desarrollo tecnológico, también sirve para hacer armas de destrucción masiva.

El premio Nobel que se creó como legado del científico sueco, no incluyó el Premio de Economía; pero en 1969 el Banco Central de ese país instituyó el “Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfredo Nobel”, más conocido como el Nobel de Economía, que también se entrega en octubre y cuya cuantía monetaria es igual a la de los legítimos premios nobel.

Si bien en economía existen dos métodos de conocimiento, de dónde surgen las dudas sobre la cientificidad de la teoría ortodoxa, lo cual le ha generado críticas al premio de parte de científicos de las ciencias naturales, lo reprochable es el ámbito que rodea el otorgamiento del premio. A pesar de que muchas veces se ha dicho que ese galardón no debería existir, el banco donante continúa con la premiación y el ritual sigue año tras año, con la curiosidad de que la utilidad del premio es más como creador de argumentos para justificar acciones económicas, que como hallazgos de conocimientos para beneficiar a la humanidad.

Este año se lo concedieron a tres economistas estadounidenses y con ello se reafirma la teoría de que ese premio no estimula la producción científica, sino que premia a quienes generan un producto intelectual que favorece a los ricos del mundo del momento, quienes controlan las fuerzas del poder económico universal. En la época cuando los ricos del mundo eran los capitalistas industriales, ganaban el premio los trabajos con contenido  armónicos, consecuentes y concordantes con los intereses de los capitalistas industriales;  y si vemos los premiados después de los años noventa, podemos evidenciar la contribución de los contenidos teóricos galardonados a los intereses de los capitalistas rentistas, quienes controlan el poder económico en el mundo desde hace ya tres décadas.  Hoy que los ricos del mundo atrincherados en el capitalismo financiero internacional y organizados bajo la modalidad rentista, necesitan herramientas conceptuales, no solo para justificar su dominación política sino también para facilitar su ejercicio en el mercado de capitales donde los precios de los papeles y los activos monetarios presenta gran incertidumbre, nos toca comprender la razón por la cual en este año le dieron el premio a Fama, Hansen y Shiller y de esta manera reitera nuevamente que en octubre se presentan las coincidencias del Nobel de Economía.

LA REVISIÓN DE LOS POT

Según la legislación vigente, todos los alcaldes al iniciar su período de gobierno debe realizar la revisión del POT con el fin de introducir las modificaciones necesarias ya sean de corto, mediano o largo plazo, lo cual no sólo obedece al cumplimiento de las normas sino a la lógica de la planificación que obliga las articulaciones necesarias con el mal llamado plan de desarrollo que trata la Ley 152 de 1994.

En primera “cochada” de POT que se realizó desde hace quince años y hasta hace una década cuando todavía se cocinaban planes, hubo un fracaso total. Es fácilmente demostrable que no existe ni un solo municipio que pueda decir que su POT fue un éxito, lo cual es absolutamente normal. Colombia tenía que pagar el costo del aprendizaje por cuanto nadie nace sabiendo y la introducción de cambios profundos en el Estado requería quemar esta etapa por lo cual no debemos alarmarnos. Fueron muchos, más de una docena de motivos, que condujeron a que este mecanismo administrativo impuesto y presionado por los organismos multilaterales, no permitiera lograr la finalidad y colmar las expectativas establecidas en su calidad de instrumento gerencial para regir el ordenamiento territorial. Casi todos fueron formulados en abstracto aunque las normas legales eran claras sobre el método necesario para realizar el ordenamiento territorial en concreto, siempre y cuando los alcaldes lo hubieran realizado convencidos de sus bondades y no, como sucedió, por obligación impuesta desde Bogotá.

Hasta ahí no es grave. El país con ese fracaso pagó el costo del aprendizaje. Lo grave es que ahora, cuando se está procesando la segunda “cochada” de POTs, nuevamente se observa que se están cometiendo los mismos errores de la primera. Lo normal sería que si hubo errores la primera vez, que estos sirvan de enseñanza para no volverlos a cometer. De los términos colgados en las páginas web de varios municipios para seleccionar el contratista, se infiere la reiteración de los errores. Entre varios aspectos, entre los que se ve por fuera y sin conocer los detalles y factores internos, se deduce que le dan más importancia al cumplimiento de requisitos contractuales del proponente que a la sabiduría y al conocimiento que tenga sobre el tema de ordenamiento territorial; en el método se  evidencia más importancia a la aplicación mecánica de las normas, que a la respuesta estratégica que garantice el pragmatismo en la formulación; ante los vacíos que deja la legislación vigente sobre planificación y que conduce a errores metodológicos, no se establecen medidas para llenar el hueco. Son sólo algunos ejemplos que caben en una opinión periodística, porque si entráramos en minucias técnicas, la situación daría para más comentarios acerca de la repetición de los factores de fracaso que se están presentando en la revisión de los POT. 

CAUCA PATAS ARRIBA

El orden lógico de la planificación estratégica es de abajo hacia arriba. El orden lógico del desarrollo endógeno es de la localidad hacia la nación. El orden lógico de la descentralización es que primero se tomen las decisiones en el municipio y luego que la nación las respete, las acoja y las respalde. Pero el centralismo bogotano que se ha desbocado en este gobierno, atropella los principios, teorías y normas que hoy están vigentes en el manejo de los asuntos públicos. Que la locomotora de la minería llegó a Popayán y dicen en la calle, que el ultimo en saberlo fue el alcalde de este municipio. Como los maridos “cachoneados” que son los últimos en saberlo.

Los recursos minerales son sin duda, uno de los más importantes en la base económica regional, que encierran gran potencial para generar procesos de desarrollo; pero igualmente, los minerales son los recursos más delicados y proporcional a su potencial, también contienen un paquete de riesgos de gran magnitud que se extienden no solo al subsistema biofísico del sistema ambiental, sino también a los subsistemas socioeconómico e institucional.

No se trata de frenar procesos y seguir llorando en el muro de las lamentaciones por la situación que vive la región, pero tampoco de dar rienda suelta a la anarquía de los impulsos empresariales de las empresas multinacionales, cuya costumbre es arrasar lo que encuentran sin mitigar los impactos, sobre todo, en materia social. Para eso se creó el estilo de desarrollo sostenible por iniciativa de la escuela estructuralista, por allá en los años ochenta del siglo pasado. Para hacer desarrollo pero buscando el equilibrio entre la humanidad, la naturaleza y el enriquecimiento de los capitalistas.

Pero no es a los de Bogotá a quienes les compete el asunto. Ellos se limitan a recibir su tajada por firmar las concesiones y licencias y después que los actores protagonistas se encarguen de llevar del bulto. Es a los organismos del Estado de nivel territorial a quienes les corresponde no sólo hacer cumplir la ley para que la actividad sea legal, sino intervenir en la rectoría de los procesos económicos, ambientales, sociales e institucionales que se derivan de la actividad empresarial. El equilibrio entre economía, medio ambiente, condiciones sociales y fenómenos culturales, sólo se logra si se aplican fuertes acciones de gerencia pública que no frenen el desarrollo regional, sino que lo propicien por la senda que trazan los cánones contemporáneos de la teoría del desarrollo, lo cual solo se consigue si no se deja que en Bogotá el centralismo haga los procesos al revés y que caiga el Cauca patas arriba.

GRAN PACTO NACIONAL POR EL AGRO

El sector agropecuario colombiano siempre ha presentado un carácter dual con unos linderos claramente definidos, que permiten diferenciar dos subsectores con especificidades propias, que requieren también claras diferencias en las intervenciones de política sectorial. Por un lado, un componente llamado “moderno”, ubicado principalmente en suelos de topografía plana y condiciones agrológicas y edafológicas privilegiadas, fácilmente mecanizable, con propiedad de grandes terratenientes y actividades económicas típicamente capitalistas. De otro lado, en las zonas montañosas, un sector conocido como “tradicional”, con formas de tenencia minifundista, frágiles frente a la erosión, sin posibilidades de mecanización y dificultades para el riego, donde se concentra la economía campesina con formas precapitalistas de producción y cambio, pero dónde se produce el gran volumen de especies y variedades que constituyen la canasta familiar.

No se sabe para cuál de los dos serán los recursos de la prórroga del punto que se pretendía eliminar del 4 por mil, pero desde ya, desde el lanzamiento de lo que el gobierno ha denominado el “gran pacto por el agro”, se vislumbra que el apoyo le apuntará al subsector moderno, o sea al de los terratenientes capitalistas; pues han sido los gremios que agrupan a estos empresarios, los que estuvieron presente en el lanzamiento y entregaron al gobierno extensos documentos con propuestas de mejoramiento, obviamente para ellos.

Las zonas de economía campesina cuya estructura productiva es atomizada, afrontan serias dificultades para la comercialización, por lo cual exigen infraestructura y mecanismos comerciales adecuados a las condiciones del mercado, hoy globalizado y por ello con mayores talanqueras para el mercadeo, las cuales, sin la intervención apropiada del Estado, no podrán superar y cualquier otro esfuerzo será vano. Ya lo enseño el Programa DRI de López Michelsen: no bastan el crédito, el riego, la asistencia técnica, el mejoramiento social y comunitario, si no se resuelve estructuralmente el problema de la comercialización, que necesita de acciones esencialmente estatales para crear la correcta dotación de medios físicos y mecanismos operativos.

Pero, tiene el Estado la capacidad técnica e institucional suficiente para responder de manera consecuente con lo que la economía campesina necesita? Será que el pensamiento neoliberal de baja intervención estatal le permitirá, por ejemplo, suministrar la infraestructura de acopio, frio, almacenamiento, beneficio, intercambio regional, operación mayorista y distribución detallista? Será que el Estado tiene capacidad de establecer los mecanismos como los de articulación de canales, sistemas de información, suministro logístico, economías de aglomeración y demás procesos de superestructura necesarios para la colocación de los productos cerca del consumidor final o en los mercados internacionales? Ojalá que no haya sido sólo para neutralizar el paro, las marchas y los bloqueos viales y termine siendo un cuento, el gran pacto nacional por el agro.

EL ALCANCE DE LAS COOPERATIVAS

Muy pertinente el artículo de Sigifredo Turga en este diario cuando nos recuerda el piso jurídico de nivel constitucional que tiene la economía solidaria, hoy que el país está pensando en soluciones necesarias y consecuentes para la gran crisis que ya está llegando con todo su poder destructivo, como efecto del modelo económico que ya tiene más de dos décadas en Colombia. Hace como quince años, cuando se habló de privatizar la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán, una propuesta presentada a través del diario El Liberal acerca de crear una cooperativa agrupando a todos los usuarios para comprarla, tuvo buena acogida pero el Artículo 17 de la ley 142 de 1994 hizo que la alternativa no fuera viable. Los servicios públicos de las grandes ciudades, que son rentables, están reservados para los capitalistas mercantiles, limitando solo los servicios comunitarios y veredales a las empresas cooperativas.

Pero más allá de la privatización de los servicios públicos y la opción que tienen las cooperativas, siempre que se modifique la ley, la economía solidaria encierra en sus fundamentos importantes fortalezas que pueden ser alternativas de solución para la situación socioeconómica y el desarrollo nacional. Lástima, eso sí, que nuestra cultura individualista y personalista es una debilidad muy grande para esta modalidad de organización empresarial y más lamentable aún, que el gobierno tiene al sector cooperativo como la cenicienta del cuento. El tipo de cooperativas que ha tendido éxito ha sido el de ahorro y crédito y el de las financieras, porque los asociados van detrás de un préstamo; o si no, no hubieran progresado. Muy pocas son las grandes cooperativas en otras ramas de la actividad económica. Y por el lado del apoyo gubernamental, basta ver como, por presión de los grandes bancos, el mismo gobierno llevó a la crisis del cooperativismo del último quinquenio del siglo pasado.

La cooperativa es el más eficaz mecanismo para crear capital social en cualquier comunidad, capital este sin el cual es muy difícil generar procesos de desarrollo endógeno en una región. La cooperativa es el mecanismo más adecuado para propiciar la democratización de la economía haciendo a los pobres propietarios de los medios de producción. La cooperativa es la alternativa más razonable para hacer empresas de gran capital con alto grado de competitividad, capaces de subsistir en la economía globalizadas, como contraposición a los emprendimientos de microempresa, que como muestran las estadísticas, el 85 % fallece en los dos primeros años de vida. En fin, necesitaríamos mucho papel para señalar con más detalle y extensión el alcance de las cooperativas. 

EL NICHO NATURAL DE LO PÚBLICO

Desde que nació el Estado, hace miles y miles de años, lo público siempre estuvo dentro de este organismo y sólo hasta finales del Siglo XX, alguien se atrevió a sacarlo de sus entrañas para llevarlo al mercado con la finalidad de que se pudiera privatizar la administración. Los asuntos de interés general que nos competen a todos, son anteriores al Estado; nacieron desde la época del comunismo primitivo por razones de la ley natural y el Estado Moderno, que nació paralelamente con el sistema capitalista, acentuó más la localización de lo público en el seno del Estado, por contraste con lo privado que tomó fuerza en este sistema económico.

Nunca antes en la historia de la humanidad, sólo hasta cuando surgió el Capitalismo Rentista, que cogió al Estado de marrano para su lucrativo negocio de especulación, sustentado en la doctrina neoliberal el capitalismo postindustrial se inventó el cuento de que el Estado es mal administrador y que por eso hay que privatizar lo público, ocultando la verdad de que las fallas no están en el organismo, sino en el régimen político clientelista, politiquero y corrupto, por un lado, y que el rentismo necesitan quitarle carga de gastos al Estado para dedicar los dineros de los impuestos principalmente a pagar el servicio de la deuda que tiene con los especuladores del dinero.

La recolección, manejo y disposición final de residuos sólidos ha sido, es y seguirá siendo un asunto público por las múltiples conexiones directas e indirectas con la ley natural, lo cual además ha sido un negocio rentable por la facilidad de manipular los ingresos mediante la imposición de tarifas. Por eso  el manejo de este servicio ha sido de gran atractivo para los capitalistas inescrupulosos que pretenden llenarse los bolsillos por cuenta de los bienes públicos. Pero las experiencias en Colombia, aplicadas por presión de las fuerzas de poder internacional, no han colmado las expectativas creadas mediáticamente para las privatizaciones. Lo cierto es que en materia de manejo urbano de residuos sólidos, está todavía por comprobarse la falacia de que las empresas privadas son eficaces en el manejo de lo público.

Ahora el gobierno municipal de Popayán está pensando la idea de crear un organismo para que asuma la tarea de manejar residuos sólidos aquí, donde la experiencia ha sido tan desagradable. No sabe qué tanto le piensa a eso, que tiene todos los argumentos a su favor, siempre que la empresa se maneje con sentido gerencial y se eviten el clientelismo, la politiquería y la corrupción, para que se constituya en un caso donde el Estado vuelva a ser el nicho natural de lo público.

LA ESPADA Y LA PARED DE SANTOS

Históricamente, las fuerzas del poder económico internacional han impuesto en los países atrasados y pobres, los paradigmas, modelos y políticas que les convienen a ellos, los ricos del mundo, los cuales casi siempre son antagónicos a los intereses y conveniencias de los pueblos de los países receptores. Para ello, siempre han necesitado de una oligarquía criolla como la colombiana, que tanto criticó Jorge Eliécer Gaitán, cuya postura es entreguista y antipatriótica, a cambio de las migajas que los ricos del mundo dejan caer de la mesa. Así, hoy vemos en Colombia que los hijos de los viejos políticos, quienes manejan el Estado, ocupan los cargos de ministros, viceministros o directores y se dedican a disfrutar del puesto mediante cocteles en los clubes sociales, viajes al exterior con viático y pasajes pagados por el fisco y a acumular semanas para una jugosa pensión. Creen que eso es gobernar y que les dieron el cargo sólo para echar vacanería.

Las fuerzas de poder mundial presionan al gobierno con mecanismos jurídicos del derecho internacional, que se legitiman con leyes internas, mediante los cuales imponen las políticas de sus conveniencias, que son vigiladas a través de los organismos multilaterales. Le chuzan el pecho al gobierno con amenazas de sanciones internacionales si llegan a evadir la imposición, que hoy en el sector financiero y fiscal empujan con el FMI y en el sector real con la OMC. La oligarquía, que recibe algunos beneficios del negocio, como el de las importaciones, se encanta con la situación y se olvida que en el interior del país existe un pueblo que aguanta y aguanta, pero no se sabe hasta cuándo.

Por otro lado, el gobierno se encuentra con un conjunto de situaciones internas, que al principio, como la enfermedad del cáncer, no se sienten. La gente del común se limita simplemente a comentar y quejarse en las conversaciones barriales y familiares, pero que van acumulando una energía social de descontento que no se sabe cuándo ni cómo revienta y es ahí, cuando el gobierno se ve en serios problemas.

Así está Santos ahora. El pueblo está levantado en protestas que políticamente no le convienen por motivos de reelección y aunque reconoce que las manifestaciones son justas por la grave situación que vive la economía rural y aunque su corazón le diga que debe atender las peticiones del campesinado, ahora es víctima del mismo invento de la oligarquía que firmó los compromisos e hizo aprobar las leyes que están llevando el país a la debacle. La capacidad de aguante de las comunidades rurales se agotó y las medidas cortoplacistas y coyunturales que está tomando para aplacar la protesta no son suficiente por lo que está posponiendo para dentro de unos años un levantamiento generalizado que inclusive, adicione las comunidades urbanas, por lo que se ve muy difícil que por ahora puedan desaparecer la espada y la pared de Santos. 

LA PERSONA DEL PRESIDENTE COLOMBIANO

Si hoy fuera el presidente Mockus o el mismo Uribe, la situación social de descontento y protesta sería igual, como lo advirtió la columna publicada en El Liberal el 25 de diciembre de 2008 con el título “Mejor que se quede Uribe”. Cómo será la magnitud del golpe que ha recibido el aparato productivo nacional y principalmente los sectores primarios, que un pueblo tan conformista, resignado y pasivo como el colombiano, que a pesar de nuestra cultura violenta siempre ha tenido gran capacidad para soportar las políticas de desarrollo impuestas por los poderes internacionales con la complicidad de la oligarquía bogotana, que hoy está levantado pidiendo a gritos dignidad. Por ello, no es posible que sea Santos el único culpable; una herida de esa proporción, es el resultado del acumulado de muchos años.

Si queremos encontrar un presidente culpable, entonces ese es Cesar Gaviria. Fue allá cuando se crearon los mecanismos estructurales que hoy están destrozando el aparato productivo con la afectación más grave a los pequeños productores. Fue en los años noventa cuando se sembraron las semillas de la crisis que hoy vive la economía colombiana. Pero imputar la causa a un presidente significa correr el riesgo de desviar la atención sobre el verdadero motivo y en consecuencia, también desviar la solución. Si la causa es un presidente, blanco es y la gallina lo pone: la solución es entonces cambiar la persona del cargo y eso conlleva a dejar las cosas tal como están.

La coyuntura es apenas oportuna. Es la oportunidad de formula un proyecto político que recoja las propuestas de las distintas movilizaciones y ensamblar un programa político que conduzca a la solución de fondo de los problemas nacionales, donde se incluyan políticas fiscal, monetaria y cambiaria; estrategia contra los TLC, política agraria apropiada y todas las demás que respondan a los factores que están deteriorando el aparato productivo. Un proyecto político que luego sea representado por un personaje o candidato, pero no al revés, como podría suceder si se sigue pensando que la culpa es de un presidente.

El presidente es necesario, pero no como un fin sino como un medio para ejecutar una propuesta política, que justamente no será gestada en los partidos tradicionales, sino en la dirigencia de las masas que por fin ha tomado conciencia y se están movilizando los grupos de pequeños productores y empresarios. Es hora de profundizar en el contenido político de las campañas y de comprender los efectos del modelo económico impulsado por las fuerzas de poder internacional, cuyo máximo exponente son los fondos de inversión con sus protectores el BM y el FMI y de bajar el peso de la persona del presidente colombiano. 

MEJOR QUE SE QUEDE URIBE

Escrito el martes 23 de diciembre de 2008 y publicado en El Liberal de Popayán el 25 de diciembre de 2008.

Los efectos e impactos de las políticas del gobierno casi siempre se manifiestan y se sienten después de tres años desde cuando se comienzan a aplicar. Por eso, la situación que vive el país hoy durante el segundo período de Uribe es consecuencia de las políticas que él aplicó en el primer período; y al Presidente del período 2010-2014, le tocará afrontar las consecuencias de las políticas que Uribe está aplicando hoy. Así, al próximo presidente le tocará asumir problemas sociales y económicos aun más graves de los que se están viviendo hoy. La opinión pública dirá entonces, que la culpa es de él y que el Uribe de hoy era mejor gobernante.

El desempleo y la pobreza de hoy, con sus secuelas como la desesperanza colectiva, el estrés generalizado, la angustia masiva, la desesperación por todas partes, fenómenos que arrastran violencia intrafamiliar, suicidio masivo, delincuencia juvenil, migración al extranjero, ingreso a los grupos armados, rebusque como se pueda aunque sea en las pirámides, etc., son todos por culpa del primer período del gobierno Uribe y al próximo le tocará afrontar las consecuencias de la “Confianza Inversionista” que significa poner las políticas fiscal y monetaria a proteger y defender las ganancias del Capitalismo Financiero Internacional y los especuladores internacionales del dinero; y las del “Estado Comunitario” que significa entregar el manejo de lo público a la voracidad de los inescrupulosos capitalistas que pretenden llenarse los bolsillos a costa de las necesidades básicas de la comunidad. En el Estado Comunitario toca pagar dos veces lo público: por una parte los impuestos que en lugar de destinarse al financiamiento de los bienes públicos como en cualquier Estado, se destinan a alimentar el negocio de los especuladores internacionales del dinero para que, por la otra parte, a la comunidad le toque pagar con tarifas los bienes públicos a los prestadores, que son empresas capitalistas con ánimo de lucro.

Preferiblemente que la situación llegue al fondo para que la aguda crisis y a punta de hambre y raponazos callejeros, la misma gente se convenza de la necesidad del cambio y así no juzguen al gobernante que lo propicie. La gente va a seguir creyendo en Uribe hasta que la situación se haga invivible y entonces creerán que lo que habla el gobierno es mentira y engaño, que las verdaderas intensiones son las de defender a los ricos del mundo, a los especuladores del dinero, a los banqueros, a la oligarquía bogotana, enroscada en los clanes Santos y Lleras, y ahora con el arribismo de los ricos de Antioquia. Por ahora que el próximo gobernante coma de su propio cocinado y aunque no haya reelección para el 2010, es mejor que se quede Uribe. 

OTRAS VÍCTIMAS DEL CENTRALISMO BOGOTANO

En el territorio caucano hoy están descertificados varios municipios y por ello imposibilitados para manejar sus propios recursos para agua y saneamiento básico, constituyéndose así un caso más de víctimas del centralismo bogotano, que no sólo se manifiesta mediante las limitaciones a las entidades territoriales para tomas decisiones sino también en procesos públicos donde intervienen empresas privadas.

En primer lugar está de por medio el Decreto 3200 de 2008, “Por el cual se dictan normas sobre Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento y se dictan otras disposiciones”, mediante el cual la Nación establece las acciones que deben realizar las entidades territoriales para manejar los recursos a través del PDA o plan departamental para el manejo empresarial del servicio público, que de acuerdo al proceso histórico de postmodernización del Estado colombiano, no es otra cosa que la introducción de los cánones de la gerencia pública en la administración de los organismos prestadores del servicio. 

En segundo lugar, el establecimiento de la “Gerencia Asesora del PDA”, que según el artículo 13 del citado decreto, “es una persona jurídica con experiencia e idoneidad para adelantar las acciones y actividades técnicas, institucionales, legales, ambientales, financieras y administrativas de apoyo y asesoría al Gestor y a los participantes del PDA”.

Y la tapa, el parágrafo donde se establece que “en desarrollo de la asistencia técnica, el MAVDT dará los lineamientos con base en los cuales se contratará la Gerencia Asesora del PDA por parte del Departamento o del Gestor” y claro, como siempre sucede, los términos de referencia que hacen en Bogotá, están diseñados para que el contrato de gerencia se le otorgue a una empresa de la capital, porque supuestamente, en los territorios no existen personas ni naturales ni jurídicas, que tengan la idoneidad para asesorar la gerencia de la prestación de servicios básicos domiciliarios.

Los resultados están ahí, muy claros: la empresa contratada para realizar la gerencia asesora en el departamento del Cauca, no sabemos qué tipo de labor realizó, pero en todo caso no fue lo suficientemente idónea para introducir la gerencia pública en los municipios caucanos y hoy varios de ellos están descertificados, en parte por su propia negligencia, en parte porque se confiaron en la empresa de consultoría contratada y mayormente, porque salió chimba la consultoría contratada por una suma cercana a los cuatro mil millones de pesos, que hoy hace de los municipios otras víctimas del centralismo bogotano.

QUIEN PODRÁ DEFENDER LA DESCENTRALIZACIÓN

Después de 1991 se vinieron en racha las normas que creaban piso jurídico a la descentralización administrativa y hasta 2002 hubo algunos avances que nos hicieron pensar que era cierto lo de la autonomía municipal y eso de la elección popular de gobernantes territoriales, que, según el cuento, era para fortalecer la democracia participativa. En diez años algo se avanzó en esta materia.

Pero después de 2002 se comenzó a echar reversa en el proceso y se dejó ver que lo de la autonomía municipal era una falacia. El argumento fue que las entidades territoriales no respondieron a su responsabilidad y que su capacidad institucional era inferior al tamaño del reto, de modo que la Nación utilizando un método sagaz, durante el segundo decenio desplegó una estrategia para concentrar nuevamente el poder de decisión en Bogotá: expidió leyes de reforma a los procesos nacionales pero al final incluía un “articulito” con olor a mico, señalando que la presente norma en lo pertinente, rige también para las entidades territoriales, es decir, desde Bogotá se determinaba el qué hacer de gobernaciones y alcaldías.

Pero la tapa de la reversa a la descentralización administrativa se ha visto después de 2010, cuando ha ocurrido uno de los más grandes engaños para las comunidades territoriales, el cual se manifiesta a través de las leyes 1454 de 2011 y 1530 de 2012, mediante las cuales los mismos representantes de los territorios, que hacen parte del Congreso de la República, se dejaron meter los dedos en la boca de  parte del gobierno nacional.

El extremo del recorte a las facultades de los territorios se plasma en el sistema general de regalías, que según la publicidad mediática, era un instrumento para apoyar los procesos de desarrollo endógeno de las regiones, pero que mediante los artículos 33 y 34 de la ley 1530 se castra totalmente. Según estas normas legales, los recursos de los fondos de desarrollo regional y de compensación regional del sistema general de regalías, solo se podrán utilizar para financiar proyectos “acordados entre el gobierno nacional y las entidades territoriales”, lo cual constituye una pelea de tigre con burro amarrado. Ya sabemos en qué consisten los acuerdos entre la nación y los territorios: el gobierno nacional aprovecha los recursos que por mandato constitucional son de propiedad de los territorios, para imponer sus intereses y financiar sus políticas sin importarle las políticas de los gobernantes territoriales ni los intereses de las comunidades municipales. Con los dineros de los municipios, el gobierno nacional financia el plan nacional de desarrollo cuando debería ser lo contrario: con los recursos de la nación, se debía financiar los planes de los alcaldes, por lo que hoy es necesario preguntar como el Chapulín Colorado, y ahora quién podrá defender la descentralización.

TRATO A LAS ZONAS DE CONFLICTO

Destaparon las vías en el Catatumbo y se inicia el diálogo con el gobierno pensando, según dijo Santos, en el diseño y la prueba de un caso piloto tendiente a crear un esquema de ordenamiento regional que permita aplicar las reglas derivadas de la suspensión de la violencia por parte de los grupos armados ilegales, lo cual tiene mucho sentido lógico en territorios de conflicto como ese de Norte de Santander, que tiene mucha similitud con lo que ocurre en la cuenca del Río Micay en el Cauca desde hace muchos años.

El interrogante que surge es entonces, cómo hacer para desligar la política de convivencia y paz del gobierno colombiano con la política antidroga de Estados Unidos. Las zonas de alto conflicto en Colombia han podido sembrar los factores de violencia porque son regiones de economía campesina, colonización, sin vías ni infraestructura para el desarrollo, desconectadas del mercado nacional, donde por supuesto, florecen las formas precapitalistas de producción y cambio, sobre los fundamentos de la economía de subsistencia regidos, no por las leyes del mercado, sino por las leyes naturales del instinto de conservación de la especie humana.

La política antidroga del gobierno norteamericano no ataca el consumo interno que genera la demanda de su país y con ello la prosperidad del negocio del narcotráfico, sino que dispara contra la producción agrícola de la materia prima, lo cual no concuerda con las condiciones reales de las zonas de conflicto en este país, donde la actividad económica movida por la ley del instinto, establece como rama productiva predominante, la siembra de uno de los dos productos de economía campesina en regiones de minifundio que hoy tienen garantizada la solución de comercialización como son el café y la coca. El primero con una estructura institucional legal que hasta subsidios otorga, la cual, a pesar de Luis Genaro, es una salida fija para las ventas; y el segundo que de manera clandestina ha mantenido los compradores mafiosos con leyes que ilegalmente establecen y que son respaldadas por los grupos armados ilegales ya sean de guerrilla o de bandas criminales.

Una de las causas de la crisis en estos territorios de conflicto con cultivos de uso ilícito son las fumigaciones, las cuales se escapan de la órbita del gobierno nacional por cuanto obedecen a compromisos internacionales acordados con el gobierno de un poderoso país extranjero y que se convertirán en obstáculo para que tengan viabilidad los procesos de convivencia y paz. Las fumigaciones no sólo destruyen los cultivos prohibidos, sino que también acaban con las demás especies agrícolas que los pobladores necesitan para subsistir, las cuales no cuentan con estructura de comercialización porque el gobierno no ha logrado establecerla por motivos de las políticas neoliberales que niegan la intervención del Estado mediante la propiedad de infraestructura y la presencia en los procesos de mercado; así que mientras se mantengan estas mismas condiciones será muy difícil que se llegue al pertinente y consecuente trato a las zonas de conflicto.

A LOS 90 AÑOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA

Nos recordaba Eduardo Sarmiento en su columna dominical que el Banco de la República cumplió 90 años la semana pasada y hacia un balance de su papel en la economía colombiana, destacando varios de los episodios de la historia económica donde el banco ha intervenido como rector de las políticas monetaria y cambiaria. Pero no señaló el columnista uno de los acontecimientos más relevantes donde dicho organismo es protagonista.

Por lo general los bancos centrales son un instrumento fundamental en el ejercicio de la soberanía de los Estados; pues así como las fuerzas armadas se utilizan para proteger las fronteras y ejercer la autoridad, el banco era el principal instrumento para regir la economía y también ejercer la autoridad. Pero en 1991, de un pupitrazo, le arrebataron el banco de las manos del Jefe de Estado para colocarlo de rodillas al servicio del capitalismo financiero internacional, con la tarea primordial de salvaguardar los intereses de los rentistas especuladores.

Anteriormente, a través de este Banco el gobierno intervenía en la economía y orientaba los procesos monetarios y cambiarios de conformidad con las políticas de desarrollo. Para promover el empleo a través de la ampliación de la demanda agregada el gobierno dictaba medidas que el organismo ejecutaba de manera obediente y así había fomento económico y empleo. Pero con la supuesta autonomía del banco, se disminuyó la capacidad del gobierno para direccionar la economía y con la fijación de la función básica del organismo por la vía constitucional, se colocó al servicio de los especuladores internacionales del dinero mediante la tarea principal de frenar la inflación para que la renta fija de los papeles que ellos compran, no se vea deteriorada por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Y con el traslado al mercado de la función de fijar el precio de la divisa, el gobierno perdió la capacidad de proteger el aparato productivo frente a los ataques de la globalización y los tratados del libre comercio.

El banco se creó con la loable labor de contribuir con el ordenamiento de las finanzas públicas pero hoy el balance social es desfavorable; pues sus medidas tienen gran responsabilidad en el desempleo generalizado que sufre Colombia con su consecuencial aumento de la pobreza, mientras los rentistas amasan grandes fortunas haciendo de este país uno de los que peor distribución del ingreso tienen, por lo cual no merece un regalo de cumpleaños hoy a los 90 años del Banco de la República.  

LA DESFACHATEZ DE LOS POLITICOS

El próximo año hay elecciones y desde ahora se están viendo movimientos de los aspirantes a ocupar curules en el Congreso. Visitas a  barrios y veredas, reuniones, desayunos y almuerzos, todos eventos tradicionales en la fase de calistenia electoral; porque el juego de verdad sucederá en 2014. Muchos aspirantes a pocas curules de modo que no habrá cama para tanta gente. Así que deben recurrir a los más sofisticados métodos de marketing electoral para darle el codazo al rival y quedarse con la silla.

Pero lo más gracioso de todo, por no decir otro término, es la piedra que tienen en la cara. No tienen carne ni hueso, por lo cual ni siquiera se ponen colorados. Están viendo el país en el estado en que se encuentra, por culpa del régimen político colombiano donde ellos son protagonistas y no se dan por aludidos. Colombia sufre hoy tal vez la crisis más grave de la historia reciente, en la que se observan cierre de empresas, atracos callejeros, violencia intrafamiliar, matoneo escolar, bandas criminales por doquier y para ellos es como si no pasara nada. En muchos puntos de la geografía nacional se están cocinando paros y movilizaciones de protesta originados en diversas ramas de la actividad económica, fenómeno sin precedentes en la historia nacional, y los aspirantes a curul es como si no vieran nada.

Claro que esa postura está bien, si fuera que nuevos aspirantes entraran a competir para ir a luchar por el cambio de la realidad nacional. Pero no: son los mismos con las mismas. Los que quieren repetir después de varios períodos y por lo tanto son responsables directos de la crisis nacional, sumados a quienes han sido concejales y diputados, es decir, quienes tienen antecedentes en la tragedia política colombiana. Tragedia que se gesta porque quienes llegan a las posiciones legislativas o administrativas, piensan primero en la tajada que podrán sacar desde su puesto para beneficio personal y no en los resultados en la gestión del organismo estatal al que se vinculan.

Están en todo su derecho. Este es un país de libertades. Pero es sociológicamente inaceptable, que, después de los paros y las marchas, esos mismo marchantes vuelven y votan por los mismos políticos de siempre, desconociendo que la verdadera movilización social y protesta no es darse golpes con la policía, sino votando en día de elecciones para apoyar un proyecto político que cambie de verdad el actual estado de cosas en lugar de elegir a los mismos que hoy muestran esa tremenda desfachatez.

EL FRACASO DE SANTOS

Al comenzar el presente gobierno, por allá en 2010, se crearon muchas expectativas por el sentido de las políticas que se anunciaban, después de ocho largos años del desastre ocasionado por la mafia antioqueña en el gobierno. Los Zuleta Lleras señalaba que había salido el mayordomo de la hacienda y que llegaba el verdadero patrón, considerando que desde ese momento la oligarquía bogotana recuperaba el puesto de mando a través de uno de sus principales exponentes.

Santos creo ilusiones cuando se creyó que recuperaría el aparato productivo; cuando retomó el espíritu del gobierno de López Michelsen de cerrar la brecha en el desarrollo regional, lo que hizo pensar que volvería el proceso de descentralización recortado por Uribe; anunció cobrar impuestos a los ricos que Uribe había exonerado; en la política social retomó el concepto de desarrollo humano citado por el gobierno Samper; revitalizó la idea de los franceses sobre contractualización de políticas introducida por Pastrana y en general, una serie de medidas que aun siendo un poco trasnochadas, eran contrarias al espíritu uribista de privilegias el capital financiero y favorecer a los ricos.

Pero hoy a casi tres años de su gobierno, la situación de Santos es tan grave, que ni de reelección puede hablar. El país se le descuadernó. Armó un gobierno, no con los más honestos y los más capaces como decía Turbay, sino con los hijos de los políticos y gamonales asociados a la oligarquía bogotana, a quienes les ha quedado grande la administración del Estado. Más para que sus papás no ataquen al gobierno, que para hacer una gestión eficaz, fueron nombrados estos funcionarios ineptos que no han sido capaces de afrontar adecuadamente las situaciones económicas y sociales que hoy están propiciando cambios en las condiciones políticas de incalculables consecuencias. Vean no más, el caso de los mineros que no ha podido resolver el hijo de Marino Renjifo porque, como dice Gardeazábal, este muchacho “no saca un chivo a mear”. El hijo de Jorge Cárdenas tampoco ha podido manejar las finanzas como se ve con el fracaso de la reforma tributaria que hizo con el hijo de Francisco Ortega, la cual no está arrojando los resultados esperados. Y así sucesivamente.

Ya sólo queda un año del período constitucional y las cinco locomotoras no han arrancado todavía; pero en cambio en muchos sectores de la actividad económica y en muchos lugares de la geografía nacional, se cocinan paros y protestas como consecuencia de un acumulado de descontento que tiene la misma edad del presente siglo, el que se esperaba se iba a enderezar en este gobierno pero que no ocurrió y que por el contrario se agudizó; mientras que el gobierno sólo se ha limitado a justificar diciendo que está infiltrados por las Farc, en vez de aplicar medidas adecuadas de política o reconocer el fracaso de Santos.

INTRODUCCIÓN DEL ENSAYO "GERENCIA PUBLICA DIGERIBLE"

El presente libro es un ensayo casi sin bibliografía. La fuente principal para crear la posición personal del autor frente al tema central del contenido no reposa en documentos ni medios escritos, sino en la observación directa que a través de los procesos misionales de formación profesional, asesorías y capacitación, desde la ESAP Territorial Valle del Cauca se ha realizado a múltiples organismos estatales en el territorio departamental durante los siete años desde 2005 a 2012.

La gerencia pública es una disciplina relativamente nueva que todavía se encuentra en construcción; pues dos decenios largos que van desde que tomó fuerza la difusión, es un período corto en el contexto de la historia. Está en construcción porque tampoco se encuentra hoy un paradigma acabado y un desarrollo conceptual unificado que permita abordar el tema de manera universal, razón por la cual el autor de este ensayo pretende ensamblar un enfoque recogiendo las diferentes normas jurídicas y técnicas establecidas en el Estado colombiano a partir de 1991, dentro del proceso que se le conoce como la transformación del organismo para la nueva administración pública. La bibliografía disponible es limitada y cuando se consulta, se observa diferencias entre varios enfoque, todos con argumentos válidos, pero que no permiten la definición única ni la construcción de modelos operativos montados sobre un troco común.

Dentro del concepto postmoderno de la público, ya no como lo exclusivo del Estado sino como lo que es de interés general que nos compete a todos y ante la ola privatizadora de lo público que se adelanta en Colombia, la gerencia pública también compete a empresas y organismos privados; pero como el concepto de gerencia es ante todo inherente a la empresa privada que ya tiene mucho recorrido en este terreno, el presente ensayo se orienta fundamentalmente a analizar el tema en lo concerniente al Estado de modo que bien pudiéramos decir que se trata de la gerencia pública estatal.

GERENCIA PÚBLICA DIGERIBLE pretende ordenar las diferentes normas legales existentes  identificando los aspectos de orden práctico, con la finalidad de armar un esquema cohesionado con los principios gerenciales, para que, partiendo de las raíces históricas, se pueda comprender el tema y de esa manera facilitar la aplicación de algunas normas que son de obligatorio cumplimiento en la organización estatal colombiana. Es un enfoque entre muchos existentes, que busca precisiones y aclaraciones sobre aspectos de la gestión pública que aun se encuentran confusos, en muchos casos, por el desorden mismo que se ha presentado en el proceso de transformación del Estado colombiano.

Después analizar el marco general, histórico y conceptual, en el que se desarrolla esta disciplina, el ensayo termina conjugando las normas técnicas NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2005 como instrumentos de la gerencia pública de obligatoria complementariedad y coexistencia, mediante los cuales es posible llevar al terreno práctico el propósito de transformar el modelo de Estado Burocrático al modelo de Estado Gerencial en el marco de la Constitución Política vigente.