EL DOMINIO NEOLIBERAL

Con el establecimiento del Capitalismo Rentista en el mundo, que se consolidó en el poder político con Reagan en USA y Thatcher en RU, se implantó el pensamiento neoliberal que lo sustenta y hoy el desmonte se está tornando muy difícil, por los poderosos mecanismos y armas potentes de defensa que sus beneficiarios utilizan para mantener el modelo en todo el universo, donde, por supuesto, Colombia está inmersa recibiendo ese azote que desde los años ochenta está destruyendo los fundamentos ideológicos de la sociedad y ocasionando los fenómenos de descomposición social inherentes al empobrecimiento generalizado de la mayoría de las capas sociales.

El rentismo ha existido desde antes de Cristo. De hecho, la crisis de 1928 afloró cuando golpeó a los rentistas. Pero la modalidad del sistema propiamente dicha, se configuró cuando los fondos de inversión se tomaron el poder de Estado, desde donde han impuesto su dominio y acomodado el ordenamiento económico y político mundial a sus conveniencias, usando su infinito poder económico con el que compran o destruyen todo lo que se les atraviese. Es tanto el poder económico, que se estima que los 20 más grandes fondos poseen patrimonio por 32.3 billones de dólares, cifra que en pesos colombianos sería difícil escribir. De estos, en USA hay 11 que controlan el 67 % del total mundial, en Francia 4, en Reino Unido 2, en Alemania 2 y en Suiza 1. Los más grandes son Black Rock, Vanguard Group, State Street, Alianz Group y Fidelity. Su base conceptual está en el pensamiento del alemán Wilhelm Ropke, quien fuera alumno del austriaco Von Mises y encarnizado enemigo intelectual de Jhon Keynes, a quien ridiculizó por la importancia que este último le concedía al Estado como medio para regular la economía y conducir los procesos de crecimiento. A su propuesta Ropke le llamaba “economía social de mercado”.

A los rentistas les caída como anillo al dedo las teorías de Ropke, por lo cual el neoliberalismo se convirtió en el soporte conceptual de esta modalidad de capitalismo y por supuesto, en la doctrina que sustenta y mantiene el poder de los fondos de inversión, donde se agrupan los rentistas, capitalistas que de buena fe llevan sus ahorros para ganar una renta fija que el fondo genera mediante operaciones especulativas de capital y manejo del sector financiero. Por ello las propuestas neoliberales de Estado mínimo y sin intervención con privatización de los bienes públicos, freno a la inflación, disminución del gasto público, exención de impuestos al capital rentista, impuestos indirectos, gravamen a los empresarios, pago cumplido de la deuda pública donde los fondos son los principales acreedores, es el esquema económico apropiado para su modelo.

No importa el cumplimiento de los fines biológicos o naturales del sistema económico y con la transformación del dinero en una mercancía, cuando históricamente era medio de pago, penetraron todas las esferas institucionales y arrasaron con los principios que antes imperaban en el Capitalismo Clásico y el Estado Moderno. Ahora, proponer el desmonte de ese modelo para propiciar el pleno empleo, revitalizar el aparato productivo y regresar a la universalidad de los bienes públicos, es una blasfemia que políticamente es atacada desde todos los frentes y utilizando los aparatos ideológicos, destruyen de manera implacable a sus opositores, a quienes llaman “castrochavistas”, con el propósito de mantener el dominio neoliberal.

LA UNIVERSALIDAD DE LOS BIENES PÚBLICOS

La universalidad de los bienes públicos es un antiguo concepto que nació en el seno del Estado Moderno y se consolidó en época en que los alemanes crearon el Estado Social por allá en 1890 y desde entonces, hasta que se vino la transformación del organismo para instaurar el Estado Postmoderno con soporte neoliberal, fue epicentro de las políticas sociales y con ello de la política de salud. En Colombia existió hasta 1993 y por eso los menores de 40 años no conocen eso de que los servicios de salud son gratuitos y sin afiliaciones ni autorizaciones.

Hoy, por motivo de la campaña electoral y sobre la base de que uno de los más graves problemas que adolece la sociedad colombiana es el servicio de salud, nuevamente se ha puesto en discusión el asunto y hasta hay un candidato que propone regresar a la universalidad de los servicios de salud como mecanismo para solucionar el grave problema social. Por supuesto, los menores de 40 años que no conocieron cuando en Colombia la salud se prestaba de esa manera, se preguntan y de dónde saldrá la plata para la financiación, porque obviamente este es un tema fundamental.

Igual que en muchos países del mundo donde existe, o como era en Colombia antes de 1993, para el financiamiento no se aplican mecanismo de mercado sino instrumentos fiscales. El pago mensual por aseguramiento, las cuotas moderadoras, los copagos, se sustituyen por sistemas fiscales de recaudo de modo que los recursos tienen un manejo diferente al actual donde el dinero llega a las EPS y ahí se embolata. No existe el POS y el único que autoriza los procedimientos de atención es el médico.

En Colombia se sustituyó el sistema universal de servicio de salud y se implantó el sistema de aseguramiento, con el propósito neoliberal de bajar el gasto público; pero el tiro se ha salido por la culata, porque la corrupción es tan desproporcionada, que los recurso a través de estos mecanismos de mercado donde los particulares tienen gran participación, ha desviado cuantiosas sumas para llenar bolsillos de bandidos que propician las crisis de las empresas, tanto aseguradoras como prestadoras, y al final, el Presupuesto Público tiene que desembolsar los recursos para sacar de la olla a las empresas quebradas.

Por supuesto, volver al esquema que teníamos antes cuando existía el Estado del Bienestar, no es fácil; porque, como ya se ha visto, quienes se están beneficiando del sistema actual impuesto por la Ley 100 de 1993, lo defienden a capa y espada y aprovechando la corrupción del Congreso evitan que se realicen modificaciones a la ley para continuar explotando el lucrativo negocio, atacando además con distintos argumentos, la posibilidad de que en Colombia nuevamente se regrese, como era antes de 1990, a la universalidad de los bienes públicos. 

DÓNDE QUEDA EL CENTRO

La temperatura del debate electoral, que este año que ha estado bastante calurosa, ha traído al presente la confrontación entre derecha e izquierda, unos conceptos que nacieron por allá en el siglo 18, cuando en la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa, los defensores del interés de la aristocracia y los ricos se sentaron al lado derecho del salón y los partidarios del pueblo craso se situaron al lado izquierdo. Desde entonces se popularizó el concepto y siempre se ha llamado de izquierda a los defensores de los pobres y de derecha a los que privilegian a los ricos.

Pero ahora en Colombia también se habla del “Centro”, concepto este que debería tener un soporte conceptual en el marco de una tercera categoría de la doctrina económica y social. No obstante, cuando examinamos las teorías económicas y sociológicas, no se aprecia con claridad el soporte doctrinario de la línea del centro. Pudo haber existido en el siglo pasado, en época del Capitalismo Empresarial, cuando tenía vigencia la propuesta socialista y los defensores del socialismo eran de izquierda y los defensores del capitalismo se dividían entre los desarrollistas de Chicago con concentración de la riqueza, que eran al extremo, y quienes defendían la redistribución del ingreso tipo Samuelson, que podrían haber sido los del centro. Pero hoy, cuando el socialismo no existe, ni volverá a existir; en época del Capitalismo Rentista donde predomina la corriente neoliberal que defiende los intereses de los capitalistas rentistas agrupados en los fondos de inversión hay imprecisión sobre los lados del debate.

Lo que se aprecia es que, por lo general, hay dos alternativas excluyentes únicamente. Se privilegia el factor capital o el factor trabajo y las políticas públicas son Top-Down o son Bottom-Up. En la política macroeconómica, que constituye el epicentro de la gestión pública y matriz de la postura del gobierno, encontramos la Política Fiscal donde vemos, en materia de gasto, las alternativas de aumentar o disminuir el gasto público; en impuestos, los directos y los indirectos; en política tributaria, la progresiva o la regresiva. La Política Monetaria es expansiva o contractiva según si busca aumentar el empleo o frenar la inflación y en Política Cambiaria tenemos la de tipo de cambio fijo o la de tipo de cambio variable. Y en el corazón de todas las posturas políticas está el debate entre quienes defienden la intervención fuerte del Estado para mover la economía y quienes proponen dejar libre a las fuerzas del mercado sin que el organismo público intervenga. Propuesta socialista no se ve por ningún lado, porque como se ha dicho, este sistema no tiene vigencia histórica. Por supuesto, las alternativas de política señaladas no son universales como para que favorezcan a todos por igual; en todos los casos un lado favorece a unos grupos de población y el otro lado favorece a otro, de modo que habría que establecer con anterioridad a quienes se quiere beneficiar para adoptar una de las posturas alternativas; pero políticas universales que favorezcan a todos por igual no existen.

Es cierto que en política electoral cualquier discurso se puede utilizar; pero sí es conveniente para claridad en la opinión pública, examinar la viabilidad de las propuestas considerando su soporte conceptual, razón por la cual es procedente entrar a precisar en materia doctrinaria dónde queda el centro.

EL HUESO DURO DEL NUEVO GOBIERNO

En estos días en plena confrontación electoral, se escuchan diversos planteamientos sobre las propuestas de gobierno, algunas, inclusive, un poco irracionales y otras, muy pertinentes y técnicamente apropiadas, pero de muy difícil, casi imposible aplicación, debido a las fuerzas de poder del capitalismo internacional que a toda costa busca mantener el modelo neoliberal de globalización financiera que siempre reitera en la disminución del gasto público y la elevación de los impuestos.

La economía está en serios problemas por el decaimiento del aparato productivo sobre todo en el sector agropecuario y principalmente en la industria; solo cuenta con el sector extractivo al que no le favorecen los precios internacionales, con el agravante de lo que significa para la sostenibilidad en el largo plazo recostarse en este sector, además de los efectos deteriorativos en el medio ambiente. De ahí que la tasa de crecimiento, además de ser muy baja, se sustenta en los sectores terciarios, lo cual no significa que la economía esté creciendo, sino que se está inflando, o sea que es un falso crecimiento. Y peor aún, cuando el mayor aportante al PIB es el sector financiero, que es el sector parásito de la economía, que solo chupa y chupa.

Pero sin duda, el asunto más importante y grave de la agenda de gobierno será el caso de las finanzas públicas. Desde finales de 1990, con la Ley 51 de Rudolf Hommes, y de ahí en adelante con todas las normas derivadas de la Constitución de 1991 y las presiones del FMI, Banco Mundial, OMC y ahora la OCDE, se han acumulado gran cantidad de factores muy poderosos que han llevado la situación financiera del Estado a los problemas fiscales que ahora tiene; y las formulas tradicionales neoliberales de subir impuestos y bajar gasto público, ya no tienen aplicabilidad en Colombia, por la gravedad de las consecuencias sociales que estas acarrean. Tanto que el mismo FMI dijo en los últimos días, que Colombia no necesitaba otra reforma tributaria, por no decir que socialmente no la aguanta.

Para corregir el problema fiscal se tendrían que aplicar normas diferentes a la cartilla neoliberal del FMI y la OCDE, como regresar al cobro de impuestos directos, tributos al capital y sobre todo impuestos al capitalismo rentista que está exento y recurrir a la medida clásica anti-neoliberal de emitir moneda con destinación específica y manejo racional; pero esas medidas, principalmente la de impuestos a la renta del capital especulativo, afectan a los fondos de inversión, que son los que detectan verdaderamente el poder en el mundo desde los años ochenta y entonces, el gobierno se metería es serios problemas que conducirían al boicot de la economía de parte de los grupos de poder internacional, lo que traería más graves problemas al gobierno por los efectos en el mercado de bienes y servicios de la economía interna, surgiendo entonces la encrucijada de que las medidas económicas que solucionan el problema de verdad, no se pueden aplicar por el poder de los intereses que afecta y el peligro de su reacción en contra del gobierno, razón por la cual el tema de las finanzas públicas se constituye en el hueso duro del nuevo gobierno.