LA OTRA DIMENSIÓN DEL PAPA

Con la próxima visita del Papa Francisco a Colombia han surgido diversos comentarios a favor y en contra, como quienes, impulsados por algunas sectas cristianas, reprochan los gastos en que incurrirá el gobierno para el efecto, argumentando que dicho evento no es trascendental como para justificar el costo. No obstante, además del carácter espiritual y religioso que tiene el personaje, hoy, en época de la globalización, otros aspectos también hay que tener en cuenta en el significado del Estado Vaticano y particularmente del Papa Francisco.

Con la Encíclica Laudato Sí quedó todo bien claro. El texto de dicho documento papal, que es más un documento sociopolítico que religioso, quedó demostrado que el Papa es un actor relevante en la geopolítica mundial quien, en el actual mundo globalizado, se reviste de especial significado. Los creadores de la globalización que hoy promueven la implantación del Nuevo Orden Mundial, fueron sacudidos por la encíclica. Tanto que posteriormente a la expedición, tres de los más connotados líderes del Club Bilderberg fueron a Roma, no se sabe a qué, pero es de suponer que fue con el propósito de regañar al Papa. Ese club, que concentra el centenar de multimillonarios más ricos del mundo, pretende establecer un orden mundial donde ellos gobiernen a su antojo y para sus propios intereses.  

Rusia y China se oponen al Nuevo Orden Mundial concebido tal como lo promueve Bilderberg; pero el enfrentamiento de estos países sería fatal para la humanidad porque estos también tienen intereses de dominación internacional y sus argumentos se basan en la tenencia de armas nucleares. Mientras que el Papa es un líder universal espiritual cuya arma radica en la palabra. Son cerca de 1.200 millones de personas en el mundo que siguen el liderazgo del Papa. Es decir, el único líder global que está en condiciones de enfrentar las propuestas del Nuevo Orden Mundial promovidas por Rockefeller, Rothschil y Kissinger, los que visitaron al Papa, y hora Soros que reemplaza al fallecido Rockefeller, es el Papa.

Por supuesto, el Papa Francisco nunca lo ha dicho ni lo dirá; pero de la lectura del texto de la encíclica se puede sacar la conclusión. El cuestionamiento al capitalismo salvaje de la globalización financiera con su soporte doctrinario del pensamiento neoliberal, es claro, por lo que la geopolítica mundial no puede hoy dejar de lado la postura del Vaticano frente a los sucesos de la aldea global, donde fuerzas ocultas muy poderosas y multimillonarias, se erigen como la autoridad que rige los destinos del mundo y define el rumbo de la humanidad, por lo cual Francisco, o el antipapa como lo califican los de extrema derecha tipo José Galat, además de ser el líder espiritual de gran parte de la humanidad, también deja ver en el escenario geopolítico la otra dimensión del Papa. 

EL RESTO DE MUNICIPIOS

Es cierto que el Punto 1.2.2 del Acuerdo de Paz dice que “se priorizarán las zonas más necesitadas y urgidas con PDET para implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales que se creen en el marco de este acuerdo”, pero también dice que “el proceso de transformación estructural del campo debe cobijar la totalidad de las zonas rurales del país”, lo cual es completamente sensato para evitar acciones discriminatorias contra algunos territorios igualmente necesitados como casi la totalidad de las zonas rurales.

El Decreto 893 de mayo de 2017 selecciona 170 municipios entre los cuales hay 17 de Cauca y 2 de Valle del Cauca dentro de lo que denomina Subregión Alto Patía y Norte del Cauca, que incluye también 5 de Nariño. Adicionalmente en la Subregión Pacífico-Medio, incluye 3 de Cauca y 1 de Valle, para un total de 20 del departamento del Cauca y 3 del Valle, que a criterio del gobierno nacional se ajustan a los factores de priorización. Pero, independientemente de lo que diga el acuerdo, la pregunta es, si los demás municipios no necesitan una política pública rural o la construcción del clima de convivencia pacífica.

En las bondades del Acuerdo lo más destacable es la oportunidad de formular, por primera vez, una política pública rural que se instrumente con el Enfoque Territorial, el cual, aunque es de esencia neoliberal, implica el cambio en los procesos de gestión pública territorial y eso de por sí, ya es una ganancia. Puede ser que recursos de financiamiento e inversiones no haya por la crisis fiscal; pero el cambio en los procesos de planificación, ejecución y control en las actividades para el desarrollo, es beneficioso para las comunidades rurales. Hasta ahora se piensa que el Enfoque Territorial solo va para los 170 municipios priorizados; pero no es procedente implantar otra vez, una dualidad entre los que aplican el enfoque territorial y los que continúen usando el tradicional y caduco enfoque sectorial.

Aun con los mismos escasos recursos existentes, el cambio de enfoque en la gestión pública traería beneficios para las zonas rurales. Por eso el cumplimiento del Acuerdo en esta materia no debe limitarse solamente a los municipios priorizados, sino que los procesos de gestión deben transformarse en todo el territorio nacional. Esto, por supuesto, conlleva las correcciones al actual ordenamiento territorial, lo que de por sí es un valor agregado para los municipios que, a pesar de los dos decenios de la ley 388, todavía presentar irracionalidades e inconsistencia en la relación del espacio con los procesos de desarrollo económico y social. Por eso, y porque la convivencia pacífica no es exclusiva para algunos territorios sino para todos, independientemente de la programación de la ART y por iniciativa local, es conveniente aprovechar las oportunidades que brinda el Acuerdo para enderezar procesos cuya tendencia es desorientada con relación a las condiciones de vida de las comunidades y al cumplimiento de los fines sociales del Estado, que aunque sea víctima del régimen político imperante, no puede abandonar su misión social y dejar por fuera el resto de municipios.

EL ROL DEL DEPARTAMENTO

El departamento es un administrador territorial creado en 1886 para sustituir a los Estados soberanos y con ello poner el país al servicio de los intereses de los industriales ingleses. Pero en 1991, fue discutido y algunos propusieron acabarlo porque la Carta de la fecha consagraba al municipio como célula básica del Estado. Al final, la Constitución le asignó la función básica de ser intermediario entre la nación y el municipio.

Pero en cumplimiento de esa tarea, su papel se diluye y el gobernador queda siendo un mandadero del presidente, porque los principios de la descentralización van de arriba hacia abajo. En cambio, sí se vuelve un municipio grandote, por el principio de subsidiariedad, como ocurre en los sectores de salud y educación, donde el administrador intermedio se baja a cumplir las funciones del municipio. Sin embargo, el nivel regional es muy importante en la administración territorial porque en la realidad existen procesos supramunicipales, como los de infraestructura, los económicos y los ambientales, por lo cual la existencia de este administrador es necesaria, pero claro, con linderos diferentes, asociados al ordenamiento territorial.

Hoy, en la coyuntura histórica que vive el país, cuando, gústenos o no, hay que cumplir el Acuerdo de Paz que tiene a la ONU supervisando; el Punto Uno del acuerdo, el que crea una gran oportunidad para la reconstrucción del país rural con una verdadera política agraria, al departamento se le presenta la ocasión para su reivindicación histórica, asumiendo tareas que, por ahora, no hay quien las recoja. El gobierno, siguiendo la columna vertebral de la Rama Administrativa del Poder Público, está montando el eje institucional para el cumplimiento del Punto Uno del acuerdo en la línea ART-Gobernación-Municipio-Comunidad.

Pero hay una opinión generalizada de que las administraciones municipales no están preparadas para cumplir esa misión, por lo que necesitan que alguien les de la mano y en este caso le corresponde al departamento. No solamente por las limitaciones en la capacidad operativa y por el vaivén politiquero en que se mecen los municipios, sino, y principalmente, porque la administración del Estado está concebida, diseñada, organizada y estructurada, para la gestión pública sectorial y el Acuerdo de Paz en el punto uno exige que se realice la gestión con enfoque territorial que es suprasectorial y holístico, por lo cual se necesita hacer la respectiva conversión.

Alguien debe ayudar a los municipios a realizar esta conversión de lo sectorial a lo territorial, sobre todo a los de nivel 5 y 6, que es donde ha estado mayormente concentrado el conflicto. Se necesita un mecanismo convertidor que opere como un puente entre el municipio y las comunidades y que se encargue de la conversión del enfoque sectorial existente al enfoque territorial requerido; pues la estructura actual no se puede cambiar de la noche a la mañana y mientras eso ocurre, se ha terminado del plazo de los 10 años de los PDET. Por eso por ahora debe existir ese mecanismo de conversión y esto crea un campo para la acción de la administración regional que puede intervenir en apoyo a los municipios para suplir de alguna manera, el vacío existente en la gestión pública y a la vez aportando un agregado en el rol del departamento.

LINEAMIENTOS DE UNA PROPUESTA PARA LA GESTIÓN DE LOS PDET

INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional en su afán de dar cumplimiento a los compromisos pactados en el Acuerdo, viene expidiendo actos administrativos tendientes a crear un piso jurídico apropiado a los procesos necesarios para implementar los instrumentos que en futuro permitirán la construcción de un nuevo país. Pero es necesario analizar detalladamente los alcances y limitaciones de las normas en cuando a su pertinencia frente a la realidad de los territorios donde se realizarán las acciones más importantes para el cumplimiento del acuerdo.

Si bien es cierto Colombia es una república unitaria, también es cierto que tiene un carácter descentralizado con autonomía territorial para los procesos de planificación y construcción del desarrollo, entendido este como el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

En concordancia con las normas constitucionales, el Gobierno ha creado un ordenamiento institucional con base en el eje Presidente-Gobernador-Alcalde sobre el cual gira la Rama Administrativa del Poder Público. Pero esta estructura administrativa es apropiada para las operaciones normales del Estado en cumplimiento de sus funciones para alcanzar los fines esenciales. No obstante, tratándose de una coyuntura histórica que tiene particularidades excepcionales como es el caso del cumplimiento de un acuerdo para solucionar un conflicto armado montado sobre la base del Derecho a la Rebelión, las estructuras y mecanismos convencionales merecen una revisión detallada para examinar la viabilidad de los fenómenos de excepción derivados del acuerdo.

Los procesos de construcción futura de un clima de convivencia armónica y pacífica entre todos los actores sociales, se realizan en las localidades y comunidades vecinales, por lo cual el enfoque de política pública Top-Down (De arriba hacia abajo), que se aplica tradicionalmente en Colombia, se contrapone a la verdadera democracia participativa que exige políticas de enfoque Button-Up (De abajo hacia arriba) de conformidad con el espíritu del acuerdo.

La realidad administrativa de las entidades territoriales, principalmente los municipios que son la célula básica del Estado, no es la más favorable para el cumplimiento del acuerdo principalmente en el Punto Uno sobre un nuevo campo colombiano que conlleva la reforma rural integral.

El Punto 1.2 incluye los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que significa el paso trascendental de cambiar el Enfoque Sectorial tradicional por un enfoque holístico y totalizante, con unidad de planificación-gestión en el territorio, al contrario de lo que tradicionalmente se había hecho con base en unidades sectoriales. La administración del Estado está confeccionada y “acostumbrada” a operar sectorialmente, por lo cual la operación territorial requiere de otros diferentes mecanismos de gestión pública. De otro lado, la realidad política de la mayoría de las entidades territoriales está invadida de prácticas politiqueras y corruptas. Esto sin considerar las deficiencias en el cumplimiento de las normas vigentes sobre gerencia pública que rigen los sistemas operativos y de control, normas que aparentemente en los aspectos formales se aplican, pero que según la teoría administrativa en la realidad no existen. Por lo tanto, no puede una administración pública diseñada para el enfoque sectorial, responder debidamente cuando se trata del enfoque territorial.

LINEAMIENTOS DE LA PROPUESTA

Es procedente tener en cuenta algunos aspectos en el ordenamiento institucional previsto y que se expresa en los decretos expedidos por el Gobierno, particularmente los decretos 2366 de diciembre de 2015 y el 893 de mayo de 2017. Estos decretos establecen la normatividad para la formulación y ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que constituyen la espina dorsal sobre la que se construirá la reforma rural integral.

1. Dimensiones del desarrollo 

Si se va a sustituir el enfoque sectorial por el enfoque territorial, la unidad objeto de planificación-gestión debe descomponerse con otro criterio diferente a los sectores institucionales, para efecto de profundizar en las especificidades y detalles del objeto sin descomponer la totalidad. Para el efecto se reconocen las “Dimensiones del Desarrollo” como partes que integran el todo, definidas con factores de homogeneidad que permiten la uniformidad técnica en su tratamiento. Estas son:

Dimensión Ambiental: Activos y procesos relacionados con los recursos naturales (agua, suelo, subsuelo, flora, fauna, aire y paisaje) y sus interacciones con los procesos socioeconómicos y los procesos institucionales.

Dimensión Físico-Espacial: Activos y procesos relacionados con la infraestructura (básica y especializada), las obras construidas, el espacio público y sus interacciones con los procesos ambientales, socioeconómicos e institucionales.

Dimensión Económica: Activos y procesos relacionados con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios de origen privado o público, y los recursos o factores incorporados a los procesos productivos, generados para satisfacer las necesidades humanas y colocados en el escenario del mercado para la distribución social.

Dimensión Socio-Cultural: Activos y procesos de producción y asignación de bienes y servicios conductores de satisfactores de necesidades humanas para la elevación de la calidad de vida de la población, sumados a los patrones mentales que rigen la conducta individual en el marco de la vida social.

Dimensión Institucional: Normas y organismos que regulan y direccionan los procesos sociales para crear un ambiente de convivencia en el marco de los derechos y deberes de los individuos y sobre los fundamentos de la gobernanza.

2. Delimitación del objeto 

Por supuesto, la gestión de los PDET debe realizarse en unidades de planificación-gestión de cobertura manejable y viable. Pero los linderos de veredas, corregimientos y municipios no son los adecuados para lograr los fines del Enfoque Territorial. Por ello las entidades territoriales actuales con sus linderos no son apropiadas para el efecto.

En el marco del ordenamiento territorial, entendido este como la adecuación del espacio y el territorio de conformidad con los requerimientos que en esa materia demandan las estrategias de desarrollo económico y social, es necesario definir nuevas unidades territoriales objeto de los procesos de planificación-gestión para aplicar el enfoque territorial.

Deben ser los mismos actores locales que utilizando factores homogeneidad geográfica o natural, cultural o ancestral, económica y social, determinen los linderos de las unidades espaciales objetivo del enfoque territorial.   

3. Actores protagonistas 

Por supuesto que son las comunidades locales los actores protagonistas de los procesos del Enfoque Territorial en las fases de formulación, ejecución y control de los PDET. Tradicionalmente se ha contemplado la organización comunal como núcleo central para concentrar la participación comunitaria. Pero es necesario revisar este esquema, sobre todo examinando de manera pragmática la viabilidad en cada vereda o localidad. No puede adoptarse una fórmula estándar o única para todo el país. Habrá que examinar en cada lugar, cuál es la organización social de base más adecuada; pues no siempre la organización comunal tiene las condiciones y fortalezas necesarias para llevar al éxito los procesos. Habrá que examinar su representatividad, su independencia política, su capacidad operativa, su dotación técnica, su flexibilidad y el liderazgo social de sus dirigentes, entre otros factores.

4. Engranaje institucional 

El eje Nación-Departamento-Municipio-Comunidad que el Gobierno está planteando para la realización de los PDET no es el más adecuado, por los motivos que ya se anotaron en relación con las debilidades de las entidades territoriales.

Se propone adoptar otro engranaje institucional conformado por:

Nación (ART)-Aparato Universitario-Sociedad Civil-Comunidad.

Es decir, establecer un mecanismo que sustituya a las entidades territoriales en el componente técnico de Formulación-Ejecución-Control.

No se trata de desconocer las funciones y responsabilidades constitucionales de las entidades territoriales, sino suplir sus deficiencias técnicas con la presencia del aparato universitario nacional y las organizaciones civiles (las que se rigen por el Código Civil).

Por una parte, se debe crear una organización conformada por las universidades del Estado y las privadas que voluntariamente se sumen; y por otra parte se debe crear una organización conformada por fundaciones, corporaciones, asociaciones, clubes y demás ONG.

El Estado y la Administración Pública existentes hoy, han sido concebidos, diseñados, estructurados y organizados para la gestión sectorial. Se entiende por gestión el conjunto orgánico de los procesos de planificación, ejecución y control de los asuntos públicos. El Acuerdo de Paz exige que la gestión del desarrollo rural se realice mediante el enfoque territorial que es supra-sectorial y holístico. Por lo tanto, se necesita un mecanismo que se encargue de hacer la conversión del enfoque sectorial al enfoque territorial en los procesos de planificación, ejecución y control. El dúo o equipo formado por la universidad y las ONG se encargarán de regir y orientar esta conversión.

La organización universitaria se encargará del direccionamiento del componente técnico, tecnológico y científico y la organización de la sociedad civil se encargará del componente operativo y realizará la función de puente entre la universidad, las comunidades y las entidades del gobierno.

Los planes (objetivos y estrategias) y los proyectos que surjan para el efecto, serán canalizados a través del mecanismo universidad-sociedad civil con el respaldo de la administración municipal.

El equipo Universidad-Sociedad Civil brindará asistencia técnica a las administraciones municipales y a las organizaciones de base para todos los fines de los PDET.

No se trata que desde Bogotá se contrate a valores multimillonarios una ONG para que cubra todo el país y se desplace a los territorios buscando agentes locales. NO. Se trata de que, en cada territorio, se conforme un equipo de ONG y de Universidades, que se encargue en su propia región de realizar las tareas necesarias.

5. Aspectos de método 

Algunas consideraciones que deben contemplarse en el método para la gestión de los PDET son las siguientes:

-          Debe hacer énfasis en la aplicación del Método Estratégico de Planificación. Esto es, trascender la simple formulación de planes y orientar la acción hacia el establecimiento de procesos continuos y permanentes de planificación.

-          Se debe orientar la acción de planificación, que supla la formulación de planes como objetivo principal (Método Normativo), con el establecimiento de sistemas de planificación (Método Estratégico) como mecanismos de operación automática, que descansen sobre los hombros de los actores locales, cuyas interacciones signifiquen procesos de planificación que arrojen como producto los planes y proyectos.

-          Al cambiar el enfoque sectorial por el enfoque territorial, es necesario modificar el tradicional método que parte de la oferta sectorial, por un método que parta de la demanda social basada en las necesidades humanas. Es decir, los diagnósticos y la formulación no deben ser considerando los servicios y proyectos de las entidades sectoriales, sino con base en la calidad de vida definida en términos de la satisfacción del conjunto de las necesidades humanas.  

-          Se propone que, para los fines de la metodología, se consideren como necesidades humanas las siguientes:  Alimentación, Vestuario, Vivienda, Funcionamiento del organismo humano, Conocimientos y formación, Ocio, Libertad, Protección, Integración con semejantes, Definiciones públicas, Identidad, Afecto, Creación e innovación, Entendimiento.

-          Se propone que, para efectos metodológicos, se consideren los siguientes procesos sociales, institucionales y sectoriales: Consumo básico, Vivienda y saneamiento básico, Salud, saneamiento básico, ambiente saludable, educación física y deporte, Educación, Recreación y Deporte, Derechos ciudadanos, Seguridad Pública y Seguridad Social, Desarrollo comunitario, Participación social, Tradiciones culturales, Bienestar familiar, Desarrollo del talento humano, Solidaridad y apoyo comunitario

-          Los diagnósticos no deben ser los tradicionales que se orientan a la identificación de las necesidades y problemas. Estos deben ser orientados a identificar las fortalezas y potencialidades existentes con las cuales se puede llegar a la visión territorial esperada construyendo procesos y estrategias con carácter endógeno. Es decir, aprovechando el inventario de recursos existente en todas las dimensiones del desarrollo.

-          Los actores de la comunidad serán quienes identifiquen los ejes o líneas de transformación de la realidad presente hacia el futuro esperado, con base en las expectativas de satisfacción del conjunto de necesidades humanas con miras al mejoramiento de la calidad de vida. O sea, los satisfactores y formas de satisfacer las necesidades no podrán ser impuestas por agentes extraños a la realidad local. Cada comunidad definirá los patrones de su propia calidad de vida.

-          Los PDET deben ser factores condicionantes de los planes de desarrollo territorial y no como dicen los decretos del gobierno, que estos PDET deben someterse a los PDT. Significa que, una vez formulados los PDET, debe realizarse una modificación al plan de desarrollo territorial, para acondicionar este último a los contenidos de los PDET.

-          Los ajustes a los PDET no deben ser cada cinco años como determina el decreto del gobierno, sino que deben ser situacionales. Es decir, la revisión y ajuste debe ser de conformidad con las situaciones que se presentan, la cuales son cambiantes sin precisión en el tiempo.

-          Los POT deben ajustarse de conformidad con los requerimientos de espacio y territorio que demanden los PDET.

-          Los PDET deben inscribirse en el contexto de una Política Pública Municipal, la cual debe ser adoptada por Acuerdo del Concejo, una vez cumpla con el proceso metodológico para este fin.

-          La gestión pública debe ser de carácter suprasectorial para efecto de respetar el enfoque territorial. Para el efecto, las administraciones territoriales deben hacer los ajustes en el modelo de operación por procesos y adoptar los esquemas administrativos pertinentes. 

"IRRESPONSABILIDAD CON UNAS COMUNIDADES"

A raíz del informe de la ONU sobre extensión de los cultivos de uso ilícito en Colombia, el Gobierno Nacional ha salido desesperado y torpemente, como siempre lo hacen los funcionarios nacionales, a tratar de sustituir esos cultivos por otros que no le causen vergüenza internacional, pero utilizando métodos improvisados y ligeros para lograr ahora el cambio en el uso del suelo, pero de manera transitoria mientras las fotografías del satélite modifican la estadística, y que después de una año volverán a la misma actividad, cuando los informes ya le pertenezcan al próximo gobierno. Si les dan un dinero a los campesinos por la erradicación de un cultivo, estos, ni cortos ni perezosos, lo reciben, erradican, siembran otra cosa y al poco tiempo regresan a la producción tradicional. Pues no es así, de esa manera reactiva como se logrará la sustitución de los cultivos no deseados, que obedecen a causas estructurales y a factores que históricamente han hecho parte de la complejidad rural.

El episodio ocurrido en el municipio de Cajibío, que narra el columnista Nelson Paz en el artículo publicado en este diario el domingo pasado, es una muestra clara de lo que está ocurriendo en todas partes y del que el ex contralor Paz Anaya es testigo.  Y como Paz lo señala, así no es. Dice que “Los acuerdos de sustitución de cultivos, tal como se pretenden hacer, no son más que un engaño, el compromiso de acabar los cultivos de coca, se sabe, no se puede por estos improvisados acuerdos, porque hay unas realidades sociales, una población que hace años sobrevive de estos recursos y no se puede olvidar…”, a lo que yo le complemento, que este proceso debe ser en el marco de una estrategia integral de desarrollo rural donde el tema de comercialización de los productos sustitutos ocupa lugar prevalente.

La solución estructural al problema de comercialización en las zonas de economía campesina es el mismo de hace treinta años, la misma que ACOABASTOS le presentó personalmente a Germán Vargas Lleras cuando este era el secretario privado del ministro de Agricultura y que el gobierno nacional pasó por alto. Contiene un modelo de análisis, como cualquier propuesta seria, y recomendaciones en materia de infraestructura y superestructura para llenar los vacíos y corregir irracionalidades existentes en la circulación de los flujos de productos desde la producción hasta el consumo. En dicha propuesta, se incluían aspectos considerados en el proyecto elaborado para el Cauca en época del Gobernador Julio Arboleda Valencia, que tampoco se llevó a cabo.

Pueden ser esas dos, o tomar como base el modelo de la organización cafetera, o diseñar cualquier otro; lo cierto es que sin que se cumplan dos requisitos: por una parte, la confección y puesta en marcha de una estrategia integral de desarrollo rural como la que se concibe en el Punto Uno del Acuerdo de Paz, y por otra parte la implementación de una estructura adecuada de distribución social de la producción rural, todas las acciones, y más las que son producto de la desesperación del gobierno nacional, serán una pérdida de tiempo y de recursos; y sin la existencia de una adecuada política pública, no dejará de ser una acción, como dice Nelson Paz, de “irresponsabilidad con unas comunidades”.

NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA PAZ

A raíz de la firma del Acuerdo de Paz y principalmente con el Punto 1 que se refiere a la renovación de la zona rural, se crearon expectativas de cambio por la oportunidad de implementar por primera vez, una verdadera política para el campo colombiano, que responda de manera pertinente, a sus propias necesidades en cuanto a las condiciones ambientales, territoriales, económicas y sociales. Para la ejecución de dicho acuerdo, el gobierno ha venido dictando normas jurídicas tendientes a viabilizar las acciones necesarias para el logro de los objetivos.

Pero examinando cuidadosamente las normas, como es el caso de los decretos 2366 de diciembre de 2015 y el 893 de mayo de 2017, entre otros, surge la pregunta: ¿y donde esta lo nuevo? Porque el ordenamiento institucional que se ha diseñado para el efecto, repite los patrones que desde, por lo menos treinta años, se vienen aplicando en la institucionalidad colombiana. Se reitera el centralismo bogotano con la imposición unilateral de las decisiones, se repite la columna vertebral de nación, departamento y municipio, se reitera en los métodos anacrónicos de planificación, prevalece el enfoque financierista de corte neoliberal, y por supuesto, continua el enfoque de las políticas Top-Down o sea de arriba hacia abajo.

Claro, se reconoce el carácter de Estado unitario y la columna vertebral de la rama administrativa del poder público que gira en torno al eje presidente-gobernador-alcalde; pero por el afán caprichoso y facilista de recurrir a las mismas entidades de siempre, se está colocando en riesgo de fracaso la finalidad del acuerdo que se ha sembrado sobre el espíritu de cambio y de democracia participativa. La opinión pública conoce suficientemente, lo que son las administraciones territoriales donde rige plenamente el modelo burocrático y priman el clientelismo, la politiquería y la corrupción.

La mayoría de entidades territoriales no es adecuada a los retos que impone el acuerdo, para aplicar el enfoque territorial en el desarrollo rural. El modelo de operación por procesos no aplica, la estructura está divorciada de dicho modelo, el sistema de control es una pantomima formal que no permite realidades, los procesos de planificación son débiles, la idoneidad de los servidores públicos es cuestionable, etc. etc. por lo que se hace necesario pensar en un esquema organizacional diferente, complementario a la estructura del Estado, que supla las deficiencias de la organización formal y complemente las acciones de gestión pública en el marco de la gobernanza y una gerencia pública colombiana, no importada de Europa y Norteamérica, que se acomode a la propia realidad que este país vive. La sociedad civil, que por cierto hoy tampoco tiene la organización adecuada, y el aparato universitario nacional, principalmente de las universidades oficiales, tienen un campo de acción que puede llenar el vació y cubrir las deficiencias que hoy se manifiestan y así contribuir a la construcción de una nueva institucionalidad para la paz.