EL PRIMER APLAZAMIENTO

Veinte días para dejar las armas y dos meses para levantar las zonas veredales, es la decisión que tomaron conjuntamente el gobierno, la ONU y las Farc, por motivo de que el tiempo previsto no les alcanzó para cumplir lo acordado en el extenso documento de 300 páginas firmado a finales del año pasado.

No nos sorprende y por el contrario, estaba previsto. Es una crónica anunciada, como se anotó en esta columna al comienzo del año. En ese comentario se expuso que tres motivos causarán el fracaso del acuerdo de paz: el centralismo bogotano con la ineptitud de los funcionarios, la entrega del proceso a los políticos tradicionales y la ausencia de una organización social adecuada en las bases territoriales. Los tres fenómenos persisten y seguirán existiendo. El nefasto gobierno de Santos, que solo tiene de meritorio el haber adoptado un mecanismo acorde con la dignidad humana para la solución del conflicto sociopolítico como es la salida negociada, ahora también se la está tirando como se ha tirado las políticas macroeconómicas y todas las demás sectoriales y territoriales.

El fracaso comienza así; aplazando fechas por el incumplimiento de las acciones necesarias para lograr las metas, lo cual no tienen causa diferente que la ineptitud de las élites de poder en Bogotá, quienes, por supuesto, buscan disculpas para desviar la verdadera causa, como el invierno, la infraestructura, la logística, etc., factores que tienen la misma génesis acumulada. Luego vendrá incumplimiento de las obligaciones pactadas con los exguerrilleros y después, lo más grave, los obstáculos en la construcción del futuro de convivencia en el marco de la democracia participativa y la cultura de paz. Lo que se está observando es que desde el nivel central se está entregando los recursos, que supuestamente son para cubrir los costos del acuerdo, a los políticos tradicionales para que estos los usen consiguiendo votos para las elecciones del próximo año.

Claro, lo más preocupante es que suplir el centralismo bogotano es muy difícil; pues si en la capital llueve, en los territorios no escampa. La ineptitud y la corrupción en las administraciones municipales es tema cotidiano en los noticieros, ahora con la moda que se está generalizando, de realizar procesos de revocatoria de mandatos cuando el descontento aflora en la opinión pública. Así, solo quedaría la alternativa de encontrar una salida desde las bases sociales, como está gestándose en Buenaventura y el Chocó, pero que requiere del liderazgo social adecuado e idóneo para canalizar la energía social por sendas apropiadas a los fines del acuerdo y que arrastre la consolidación de una nueva organización social que resista los embates de la politiquería tradicional y permita el fortalecimiento de la democracia real. De modo que la noticia de esta semana es solo el comienzo por lo cual no es procedente pensar en que habrá solo este aplazamiento sino que vendrán muchos más y que el de ahora es solo el primer aplazamiento.

LA BOMBA DE LAS PENSIONES

Otra vez los neoliberales, encabezados por su flamante exponente Santiago Montenegro, están haciendo la misma alharaca de cada cierto tiempo, pidiendo que se modifique el sistema pensional, elevando la cotización y aumentando la edad de jubilación. Siempre secundados por los especuladores internacionales del dinero, a quienes les preocupa que el Estado destine “muchos” recursos para financiar los bienes públicos colocando en riesgo el servicio de la deuda, pero sobre todo y esta vez, con la intensión de mejorar las ventajas de los fondos privados que están preocupados porque últimamente la gente consciente, ya no está dejando engañar como en los años noventa y ahora están prefiriendo afiliarse a Colpensiones, lo cual atenta contra la estabilidad del negocio de los financistas.

Dicen que el sistema de pensiones va a explotar, porque el presupuesto nacional destina un porcentaje muy alto para pagar pensiones. Hoy la cifra supera los 20 billones, pero no dicen nada de que para pagarle a los especuladores del dinero se destinan más de 51 billones. Tratan de encontrar la causa del problema en los beneficios que reciben los usuarios, cuando la verdadera causa está en la privatización del servicio y la creación de los fondos privados de pensiones.

Cuando el bien público de las pensiones, que es una de las cosas más públicas entre todo lo público porque todos nos vamos a envejecer, era de manejo exclusivo del Estado, el servicio funcionaba sin mayores contratiempos: con las cotizaciones que pagaban los jóvenes se cubrían las pensiones de los viejos y cuando los jóvenes se hacían viejos y comenzaban a recibir pensión, había nuevos jóvenes que pagaban cotización mensual y así sucesivamente. Los faltantes que eran muy pocos los cubría el presupuesto, en época en que la estructura de financiamiento del Estado era diferente, incluyendo la posibilidad de emitir dinero cuando era necesario.

Pero con la privatización de las pensiones, los jóvenes fueron capturados con engaños por los fondos privados que durante 20 años estuvieron sólo recibiendo cotizaciones sin pagarle nada a nadie. Los viejos se los dejaron al Estado al que le tocaba solo pagar pensiones sin recibir algún ingreso por cotización. Claro, el golpe era para el presupuesto nacional. Ahora que ya se comenzaron a jubilar y se dieron cuenta de la tumbada de los fondos privados, la gente prefiere al Estado y ya los privados muestran tendencias decrecientes en la captación de afiliados con lo cual el futuro de dichas empresas está en riesgo causándole gran preocupación al capitalismo financiero.

Por supuesto, los neoliberales no quieren cambiar el esquema, sino que insisten en mantenerlo; por ello proponen sacrificar aún más a los usuarios para salvar a los fondos, cuando la verdadera solución es la de acabar con la verdadera causa del problema. El cambio del sistema pensional en Colombia merece que se elimine la privatización y se retorne al monopolio de este bien público por parte del Estado, lo cual, aunque ya la estructura de financiación es diferente a la hace medio siglo, de todas maneras, es un alivio para el presupuesto nacional si se adopta un mecanismo por el cual el Estado recibe los dineros que pagan los jóvenes restándole presión al fisco y con ello acabando lo que ellos le han dado a llamar la bomba de las pensiones.

INCONSISTENCIAS EN LA GESTIÓN HUMANA

Por lo general, cuando se hacen críticas a la administración pública, estas se dirigen principalmente al manejo de los recursos financieros, físicos y materiales y si se trata del factor humano, el comentario común se refiere al clientelismo. Pero hay otros aspectos en el tema de los servidores públicos, cuyo manejo en el interior del Estado es más preocupante que la misma politiquería.

El querer de la Carta Política es que en el organismo rector de los procesos sociales y económicos de la sociedad se maneje con el modelo de Estado Gerencial, del puro corte neoliberal, donde el talento humano es elemento central. Según la teoría, lo que principalmente se gerencia es a la gente y es la gente la que permite alcanzar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, inherentes al enfoque gerencial. Pero desde la ley hacia abajo, las condiciones reales no permiten que se apliquen los cánones de la gerencia en lo que se refiere al manejo del talento humano. La Ley 617 de 2000 por ejemplo, establece limitaciones de índole financiero que condicionan la asignación de recursos para la incorporación de personal al servicio, discordante con el carácter de la operación del organismo, que, como no es una fábrica que produce la mercancía con máquinas sino una empresa de servicios a la comunidad, requiere esencialmente de personal para poder cumplir su misión y con ello los fines esenciales del Estado. Pero no tiene plena libertad. Las entidades han recurrido por lo tanto a utilizar los recursos de inversión para vincular personal mediante la contratación de prestación de servicios, lo cual crea un dualismo en la gestión humana que no permite aplicar cabalmente las técnicas gerenciales, con el agravante de que esta situación se viene aprovechando para hacer politiquería por parte de los consabidos personajes.

Pero además de ello, también se observan muchas aberraciones en el manejo administrativo, por lo general producto de la ineptitud de los directivos, las cuales crean más enredos en las situaciones de personal en las entidades territoriales. Se ven casos en los que, sin mediar un contrato con todos los formalismos, se vincula personal a la administración, se les asigna funciones y se opera con ellos dándoles un trato injusto e inhumano. Motivado solo por una orden verbal, el servidor público cumple las tareas encomendadas sin la remuneración apropiada. Creen muchas veces los directivos, que con ello van a librarse de obligaciones a favor de la persona, a veces olvidando que prima el Contrato Realidad donde “la realidad prevalece sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales” en concordancia con el Artículo 53 de la Constitución Política. Después viene el caso de los “hechos cumplidos” y con ello el surgimiento de conflictos innecesarios en la administración pública.

Hay entonces un descuido, que como no se trata del manejo de fondos monetarios, se deja de lado como si no fuera tan grave, así como el mal manejo de los recursos fiscales, constituyéndose con ello en otra pata que le sale al gato dentro de todo ese andamiaje de fallas en la gestión pública que no permiten hacer un Estado eficiente, eficaz y efectivo, como rezan los propósitos del modelo gerencial y esta vez por culpa de las inconsistencias en la gestión humana.

EL MECANISMO DE VALORIZACIÓN

El sistema de valorización como mecanismo para financiar obras públicas tuvo gran importancia el siglo pasado, en época del Estado Interventor-benefactor de corte keynesiano, como instrumento excepcional para realizar obras de interés general cuando los recursos fiscales no alcanzaban. De excepción porque la regla era que las obras las realizaba el Estado con sus recursos fiscales, de modo que esta fórmula de financiar obras con la contribución directa de la ciudadanía era ocasional.

Existía una normatividad rigurosa para el efecto, de modo que para ejecutar una obra por el sistema de valorización había que realizar un proceso con varias etapas de seguimiento riguroso. Primero había que determinar la importancia de la obra; luego definir una zona de influencia que se delimitaba según el beneficio que el territorio recibiría por la construcción, el cual se calculaba con la metodología de los precios hedónicos; después tocaba hacer un estudio socioeconómico en la zona de influencia para determinar la capacidad de pago de los propietarios y con ello establecer la pauta de la viabilidad financiera; luego convocar a los beneficiarios de la obra y concertar con ellos el pago. Paso siguiente, formular el proyecto con el respectivo presupuesto y después estimar lo que llamaban el “derrame de valorización”, que era la distribución del costo entre los diferentes segmentos de la zona de influencia. Sólo era permitido cobrar la contribución a los propietarios hasta el 130 % del costo directo de la obra y a cambio, como contrapartida por el pago, el gobierno le entregaba un certificado donde constaba que el predio había sido beneficiado con un incremento en el avalúo gracias a la obra realizada. Medellín fue pionero de este sistema y en Popayán lo vimos hacer en época de la alcaldía de Benjamín Collazos.

Pero ahora, después de 1991, cuando se implantó el Estado postmoderno con su filosofía y procedimientos neoliberales, la regla es que casi todas las obras públicas se financian mediante tasas y tarifas que pagan directamente los usuarios, como ocurre con los peajes, por lo cual la valorización no es la excepción sino parte de la regla. Lo corriente es que la sociedad sufrague los bienes públicos directamente, así haya pagado los impuestos que deben ser para financiar lo público, pero que en este tipo de Estado, se destinan para el pago del servicio de la deuda, por lo cual nunca hay recursos para lo que la comunidad requiere. Igualmente, no es una contribución a cambio de un certificado sino una imposición que a raja tabla establece el Concejo. Ya no hay estudio socioeconómico, no hay cálculo del beneficio, no hay zona de influencia ni tampoco se cobra máximo el 130 % del costo de la obra. Hoy, en concordancia con las reglas que rigen el Estado actual, la ciudadanía debe pagar no solo los costos de las obras, sino también las coimas “de ley” que van anexas a todo contrato y con ello vemos la desfiguración de un sistema que tuvo mucho sentido por la justeza de su aplicación pero que hoy ya no opera como una contribución equitativa, sino como un impuesto sin contrapartida que los alcaldes imponen de manera caprichosa, sin que exista la justificación en términos del desarrollo territorial necesario para lograr los objetivos del ordenamiento territorial, tal como reza la filosofía que conlleva el mecanismo de valorización.

LAS MANIFESTACIONES DE LA RECESIÓN

El pasado 11 de enero, escribía en esta columna con el título “Panorama de la economía”, que el país había terminado el año anterior con situaciones que no mostraban buen augurio para este y los años siguientes y pasados cuatro meses, ya se comienza a evidenciar los hechos que muestran el estado recesivo de la economía, aunque el gobierno lo oculte y muestre cifras diferentes, tal como ocurre con la tasa de desempleo que según el organismo oficial, en el mes de marzo bajó; pero ya se sabe que la metodología de esa entidad es dudosa y por lo general anda sesgada frente a la realidad. El Dane no se refiere a la gente desempleada, sino a las personas que están buscando empleo, que es diferente; seguramente estas disminuyeron cansadas de buscar y no encontrar, pero con acierto podemos afirmar que el desempleo disfrazado y el subempleo muestran cifras escandalosas. Es preocupante ver el porcentaje de las personas que trabajan mediante contrato a término fijo, las de prestación de servicios o las que enganchan a destajo por período de un año, que terminaron el trabajo el 31 de diciembre y esta es la fecha, cuatro meses después, que no las han vuelto a llamar para continuar la actividad laboral. Tal es la situación, que el B. de la R. disminuyó la tasa de interés en 50 puntos básicos, a ver si se reactiva la economía.

Pero lo que más inquieta es escuchar los comentarios de los medianos y pequeños empresarios ya sea de producción, comercio o servicios. La queja es generalizada: las ventas este año no ha comenzado. Son muchos los propietarios de negocios comerciales o de servicios que hoy se quejan porque no han tenido ni para pagar el arriendo del local donde operan y menos aún para enganchar personal. Es ahí, en este segmento de la oferta, donde más golpea la recesión. La poca demanda que queda la acaparan las grandes empresas, las multinacionales y los productos extranjeros, traídos de China principalmente, de modo que al mediano y pequeño empresario criollo le toca llevar del bulto. Las ventas están muy malas este año, es el común denominador en los comentarios de los pequeños empresarios, con el agravante de que la idiosincrasia nacional siempre prefiere los artículos extranjeros y menosprecia la producción nacional, bajo el supuesto de que lo colombiano es malo o es más costoso, muchas veces, sin haber hecho las comparaciones pertinentes.

Por supuesto, salir de atolladero no es fácil, cuando las fuerzas de poder internacional presionan para que se baje el gasto público; cuando el déficit fiscal es grave, pero, sobre todo, cuando las autoridades económicas se obstinan en obedecer a los organismos multilaterales aplicando medidas de política que ya está comprobado, no solucionan el problema, sino que por el contrario, lo agravan más. Las formulas del FMI para proteger el capitalismo financiero internacional impuestas desde el comienzo del siglo, son la causa de la situación por lo cual esas mismas medidas no traerán la solución; pero el gobierno insiste en aplicarlas obedientemente y de esa manera sí será muy difícil contrarrestar las manifestaciones de la recesión.