OTRA VEZ EL TEMA DEL DESEMPLEO

A raíz de la explosión social que se vive actualmente en Colombia como producto del descontento acumulado durante 30 años de neoliberalismo, nuevamente los comentaristas y analistas están tocando el tema del empleo en razón al importante papel que juega esta variable económica en la situación social, hoy agudizada por la pandemia.  

El empleo, principalmente del factor trabajo, porque también existe el empleo de los recursos naturales y del factor capital, es una variable económica pero, justamente la que conecta el sistema económico con el sistema social porque, por un lado, es un factor de la producción y por el otro es la fuente de ingresos familiares que sirve para la satisfacción de las necesidades humanas, motivo por el cual es un fenómeno tan importante, que durante los últimos 30 años del modelo neoliberal, ha sido el dolor de cabeza de intelectuales y políticos porque, precisamente, en el alma del modelo neoliberal, el desempleo constituye principio y fin de las estructuras del modelo. Ya se sabe, y a pesar del cuento del desempleo friccional que se expresa en la Curva de Beveridge, de las ideas de Friedman sobre la tasa natural de desempleo y de todos los esfuerzos que han hecho los neoliberales para desconocer a William Philips, los hechos reales y las evidencias históricas han demostrado que, en un país subdesarrollado, que posee bajo capital y muy poca tecnología, existe una relación inversa entre inflación y desempleo, relación esta que se expresa en la agredida Curva de Philips. La mayor vergüenza de los neoliberales es que se les atribuya a sus posturas la generalización de la pobreza como producto del aumento del desempleo, como resultado de su empeño por frenar la inflación y por eso atacan a Philips. Pero los hechos no dejan mentir.  

Los analistas sobre el fenómeno del empleo se han separado en dos corrientes: quienes hacen su mirada desde el punto de vista de la oferta y quienes lo miran desde la demanda. Los primeros, que son de corte neoliberal, proponen generar empleo mediante incentivos y estímulos a la oferta de trabajo, bajo el supuesto que los empresarios crean puestos de trabajo cuando disponen de mecanismos para reducir sus costos. Creen que, al reducir los costos, el empresario corre hacia el aumento de la producción, aunque se encañengue con la mercancía producida porque no hay compradores. Por eso proponen desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores para bajar costos, y disminuirles los impuestos, entre otras medidas. Por su parte, la otra corriente, que es de corte keynesiano, mira el fenómeno desde el punto de vista de la demanda y asegura que los empresarios enganchan personal cuando tienen pedidos de sus compradores y que deben cumplir para satisfacer al cliente, por lo cual para disminuir el desempleo es necesario incrementar la demanda agregada mediante mecanismos de aumento del ingreso o de incremento del dinero en manos de la gente para que acuda a comprar en el mercado y así, dinamizar la producción, reactivar la economía y fortalecer el aparato productivo, lo cual se logra con una fuerte intervención del Estado ya sea para el gasto público o para implementar políticas orientadas al pleno empleo.  

Pero a pesar de que la realidad histórica demuestra que los de la corriente de demanda tienen la razón, los neoliberales son tercos e insisten en aplicar medidas de oferta, que deterioran las condiciones de vida del grueso de la población, pero no propician el aumento del empleo, como lo hemos visto en Colombia desde el año 2002.  Son obstinados en la exoneración de impuestos y en el recorte de los beneficios a los trabajadores, con lo cual le incrementan la carga tributaria al factor trabajo, disminuyendo la capacidad adquisitiva del salario y deterioran las condiciones de trabajo acelerando los factores de pobreza. 

Antes de 1980, cuando imperaba el capitalismo clásico con privilegio del sector industrial, la inflación era elevada, pero había empleo y las condiciones de vida de las clases populares eran más satisfactorias porque lo que los pobres necesitan no es que los precios no suban aceleradamente, cuando no poseen dinero para comprar, aunque las mercancías estén baratas; lo que al pueblo le conviene es que haya empleo para generar los ingresos familiares. La inflación baja solo beneficia a los capitalistas rentistas que invierten su dinero en papeles de renta fija, de manera que basta con observar los hechos en la realidad, para resolver el debate que hoy incluye otra vez el tema del desempleo.

LA TORCIDA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Los pensadores alemanes han hecho importantes aportes a las disciplinas de las ciencias sociales como la sociología, la economía y el derecho, entre otras, siendo de especial relevancia los aportes a la conceptualización sobre el Estado, como fue la Constitución de Bismark en 1890, la Constitución de Weimar en 1919 y, principalmente, el concepto de Estado Social de Derecho, que planteó Hermann Heller en 1930 y que ha sido trascendental en Colombia desde finales del siglo XX. 

El mundo occidental y en este caso Alemania, vivían una crítica situación social motivada por el desempleo y los efectos de la gran depresión de 1928, lo cual generó gran preocupación a los pensadores y políticos sobre la forma de afrontar la pobreza y amparar la situación de las clases sociales menos favorecidas, para lo cual, Heller y otros juristas, destacaron el papel del Estado con fines de favorecer las condiciones de vida de los más necesitados, de modo que recogieron los conceptos de Estado social que habían sido tratados en 1890 y del Estado de derecho referidos en la década de 1910. Así conjugaron los conceptos para configurar el Estado Social de Derecho como una evolución del Estado Formal de Derecho, con la finalidad de que el organismo desplegara políticas potentes para proteger las necesidades humanas, para lo cual convirtieron estas necesidades en derechos que el organismo debe proteger y velar por la satisfacción. 

Pasado medio siglo y cuando el capitalismo financiero internacional protagonizado por los fondos de inversión y sustentado en la doctrina de Frederick Von Hayek que Wilhelm Röpke moldeó y bautizó con el nombre de Neoliberalismo, se tomó el poder de Estado con los triunfos de Thatcher en Reino Unido y Reagan en USA y ante la necesidad de instaurar un tipo de Estado que facilitara la implementación de las políticas económicas y políticas públicas apropiadas para sus intereses de negocio, vieron en la criatura de Heller la oportunidad para implementar sus propuestas pero haciendo los ajustes o desviaciones necesarias para sus intereses. 

La estrategia central de los neoliberales era arruinar al Estado para, ya sin recursos de otras fuentes, obligarlo a recurrir al endeudamiento que los capitalistas rentistas podían suministrar amarrando y subyugando el organismo a una nueva estructura de financiamiento, para lo cual era absolutamente necesario, bajar al máximo el gasto público y particularmente el gasto social.

Así, sustituyeron o cambiaron la función de satisfacer las necesidades humanas mediante el gasto social, por la garantía de los derechos que no pasan de ser un saludo a la bandera. Sin embargo, como dijo Reinhold Zippelius, “las simples garantías de los derechos fundamentales no posibilitan dogmatizar el camino y la completa realización de la justicia social. En Colombia, el Estado se desvió respecto a los fines de sus creadores, que pretendían asegurar el mejoramiento de la calidad de vida, y se cambió la finalidad del diseño inicial por un organismo dedicado a suprimir el gasto social para atender prioritariamente el servicio de la deuda; como dijo alguien en un foro en la Universidad Externado hace diez años en la conmemoración de los veinte años de la Carta, la Constitución del 91 tiene mucho de derecho, pero muy poco de social, porque lo que se ha presentado en estos treinta años, es la torcida del Estado Social de Derecho.

LAS CAUSAS DE LA PROTESTA

En el marco de la lógica aristotélica, cuando se pretende solucionar un problema, lo correcto es identificar primero la causa del mismo para formular medidas que tiendan a su eliminación, so peligro de aplicar correctivos impertinentes o inconsecuentes con la realidad objetiva y por lo tanto que no solucionan el susodicho problema. 

Frente al paro que afronta Colombia, las marchas y ocupación del espacio público por cuenta de la multitud de manifestantes, los funcionarios del gobierno le han atribuido un rosario de causas que según ellos, están ocasionado el conflicto: que es por culpa del gobierno venezolano, que es por culpa del Foro de Sao Pablo, que es por culpa de la guerrilla del ELN, que es por culpa de Petro, que son los oportunistas saqueadores y demás, pero dejan por fuera el principal motivo que tiene a la gente masivamente en la calle. Es probable que todos esos señalamientos de alguna manera contribuyan a atizar el fuego porque el conflicto tiene causas objetivas, pero también subjetivas, que se alimentan con factores coyunturales y con factores estructurales; pero la lectura sociológica del fenómeno no debe desconocer hechos cuya veracidad ha sido reconocida mundialmente y desde tiempo atrás. Y ahora, para completar el dechado de falacias, están diciendo que se trata de un caso de la “revolución molecular disipada”, algo que, según creo, no se le ha pasado ni por la mente a nadie en Colombia. Este es un enfoque derivado de una propuesta de filósofos franceses, que los nazis chilenos han tergiversado y vino a Colombia uno de ellos, quien, mediante una interpretación torcida y fantasiosa, envenenó a Zapateiro diciéndole que la protesta es una estrategia de esta revolución, por cual los militares salieron a la calle encarnizados a frenar la supuesta y falaz toma del poder que pretende instaurar el sistema socialista, profundizando la ignorancia sobre el espontaneismo de las masas y la dinámica de los jóvenes, consecuencial del descontento acumulado durante tres décadas de neoliberalismo y exacerbado por la pandemia del último año. Lo que el pueblo colombiano pretende, es el desmonte del modelo neoliberal, lo cual es viable siempre que el Congreso dicte las leyes pertinentes. 

La explosión social presente, es una crónica anunciada. Internacionalmente lo advirtió Soros en los años noventa y Stiglitz y Hagens en este siglo, entre otros. En Colombia varios comentaristas de prensa y columnistas también lo habían anunciado en periódicos como El Espectador o, para no ir más lejos, los artículos publicados en el diario El Liberal de Popayán el 3 de noviembre de 2005 con el título “Jugando con candela” o el 18 de septiembre de 2008 en una columna titulada “Comienzo del fin”, en cuyos textos se auguraba la protesta social como efecto de las políticas neoliberales. 

La principal causa objetiva de la explosión social que vive el país es el descontento acumulado durante treinta años, ocasionado por el modelo neoliberal que desde esa fecha rige en Colombia, el cual contiene entre otras características, una política macroeconómica que propicia el desempleo, la privatización de los bienes públicos que, además de abrir las puertas para el desboque de la corrupción, ha traído la disminución de la capacidad adquisitiva del salario y con ello la pobreza, que el Dane anunció en 42 % de la población con un extremo de miseria de casi 8 millones de personas. También tiene dicho modelo una política social mezquina basada en el asistencialismo y la focalización y en general, un vacío del Estado en la satisfacción de las necesidades humanas, sumados y agravados con los efectos de la ideología de la posmodernidad que ha propiciado la descomposición familiar y destruido el amor filial, gestando una generación sin afecto que se expresa mediante comportamientos rebeldes e irreverentes y que hoy explotó por el florero de Llorente de la pandemia y sus efectos sociales vividos en el último año.

Los daños acumulados de las políticas neoliberales, han gestado una juventud que ya no se resigna como los de la generación anterior. Los muchachos que hoy protestan, son nacidos después de 1989, fecha en que se instauró el Consenso de Washington, de modo que toda su vida, desde que nacieron, han estado recibiendo el azote de las políticas neoliberales y no han vivido ni un instante el capitalismo clásico con el Estado del Bienestar que existieron hasta 1980 y que les tocó a la generación anterior resignada y conforme. 

Si no se reconoce que el modelo neoliberal existente desde hace tres décadas, impuesto para complacer los apetitos del capitalismo financiero internacional, y que debilitó la estructura de financiamiento del Estado limitando la intervención del organismo en la solución de las necesidades sociales y con ello disparando la descomposición social debido al desempleo y la pobreza, no será posible encontrar la solución al problema del conflicto sociopolítico que arrastra violencia en sus múltiples manifestaciones y no permite la convivencia armónica de la comunidad nacional, por lo cual se hace indispensable que el gobierno acierte con objetividad y sin sesgos politiqueros, en la precisión de las causas de la protesta. 

EL ALCANCE DE LA REFORMA TRIBUTARIA

El gobierno justifica la reforma tributaria como una necesidad para resolver el problema fiscal que hoy afronta las finanzas públicas nacionales y como siempre, recurre a los impuestos indirectos y regresivos, como es el IVA, todo para mantener la exoneración de tributos a los más ricos y a las multinacionales. El motivo, como ya se sabe, es el vencimiento de títulos de deuda pública que fueron colocados hace muchos años y el temor de que las calificadoras de riesgo le bajen la calificación al país. 

Pero una reforma tributaria, ni en este ni en ningún momento, trae la solución definitiva al problema fiscal. Solo lo dilata, de modo que dentro de algunos pocos años, nuevamente tendrá que hacer otra reforma con el mismo enfoque, lo que significa que tarde o temprano, la capacidad de tributación de la sociedad se sature, porque todo tiene su límite, y explotará una crisis de consecuencias impredecibles. La razón, es porque la causa del problema es de fondo cuyas raíces están en la estructura de financiamiento del Estado. 

Se podría decir entonces, que se cambie dicha estructura; pero los cambios son extremadamente difíciles, casi imposibles, en el momento histórico que vive Colombia, lo que significa que estamos condenados a las reformas cada cierto tiempo y a cargar con el peso de las finanzas públicas por parte de las clases del medio hacia abajo. Para comenzar, la modificación de la estructura de financiamiento del Estado implica una reforma constitucional, que las fuerzas de poder internacional no lo van a permitir por temor a que se eche para atrás lo que lograron en 1991 para facilitar el cumplimiento del Consenso de Washington. Luego modificar todas las leyes expedidas desde 1990 comenzando por la Ley 51 de ese año, para crear el piso jurídico a los nuevos procesos fiscales que permita la solución definitiva al problema de las finanzas públicas. Y hasta ahí, no hemos considerado que el movimiento tiene que ser global con procesos que simultáneamente realicen muchos países. 

Lo primero que se requiere es regresar el Banco de la República al seno del gobierno y fijarle como competencia, la creación de empleo y el fortalecimiento de la economía, lo cual implica arrebatar el organismo al Banco de Pagos Internacionales (BPI) con sede en Berna Suiza, al cual los bancos centrales de más de sesenta países le rinden pleitesía mediante acuerdos sustentados con normas del derecho internacional. Lo siguiente sería cambiar las políticas macroeconómicas e implantar el enfoque que existía antes de 1980, donde la política fiscal se basaba en impuestos directos y progresivos, la política monetaria era expansiva y el tipo de cambio fijo regulado por la autoridad económica. Volver a proteger la economía para que los aranceles se conviertan en fuente de ingreso fiscal y se fortalezca la base tributaria nacional y por supuesto, aplicar una política de emisión debidamente calculada y cuidadosa de modo que contribuya al alivio del déficit fiscal y al fortalecimiento de la base tributaria.

Todo porque una estructura fiscal cuya columna vertebral es la deuda pública es insostenible, porque la deuda sube por el ascensor mientras que el recaudo tributario sube por la escalera, de modo que llegará el día en que el volumen de la deuda pública es tan grande que será imposible pagarla y no habrá reforma que aguante, por lo cual es bastante limitado hoy el alcance la reforma tributaria.