LA POLÍTICA DE INFANCIA

Una de las noticias de esta semana fue la realización de un evento para los candidatos a la presidencia, cuya finalidad era el encuentro con los niños para que estos les formularan preguntas, al cual sólo asistió uno de los aspirantes al cargo, tal vez porque para el resto predomina la vieja frase de cajón de que “los niños son el futuro” y entonces que esperen. No obstante que la opinión se pregunta: cómo va a ser el futuro la cuarta parte de la población del país, que son los menores de 15 años y donde el 42 % son menores de 25 años? Es decir, que el Estado está gobernando únicamente para el 58 % de la población porque al resto hay que dejarlos para el futuro. Por ahora que esperen.

El país no ha medido en su real dimensión el significado de una política de infancia. Desde hace 20 años, cuando el gobierno en su política social promovió el “Pacto por la Infancia”, como un mecanismo de gestión social orientado a ubicar este grupo poblacional en el lugar que merece, no hemos vuelto a ver alguna acción de política pública orientada a su tratamiento apropiado, en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política que consagra el principio de prevalencia de los derechos de los niños. Existe una ley que se llama código, pero en materia de gestión pública las leyes y decretos son simplemente el piso jurídico y en ningún caso sustituyen las acciones públicas necesarias para gestionar una política. Las normas jurídicas son inertes y por sí solas no dinamizan procesos sociales. Así que el Código de Infancia y Adolescencia, no pasa de ser un saludo a la bandera.

La situación se hace más preocupante si se consideran los datos que Cristina de la Torre señala en su columna de un diario bogotano, donde cita resultados de un estudio internacional sobre educación cívica y ciudadanía, realizado por la Fundación Plan, según entendí, en el que nos muestra el rumbo que está tomando la población adolescente, donde hay señales verdaderamente preocupantes.

Hoy se ven a diario efectos públicos de un fenómeno que se considera privado, como es el tratamiento que los adultos les dan a los niños, donde el mal trato físico y psicológico es el pan del día. El abandono y la falta de afecto es común en el seno de la familia y el Estado cierra los ojos creyendo que la existencia del ICBF es suficiente para brindar la respuesta de política que la sociedad en su conjunto requiere, más cuando ese instituto ha sido presa de la politiquería y la corrupción.

Una verdadera política social debe girar en torno a los infantes y adolescentes, no solo por el artículo 44 de la Constitución, sino porque a esa edad se gestan muchas de las conductas que en la vida adulta afectan al conglomerado social por las patologías que se forman en los primeros años. La violencia y la conducta delincuencial, sin duda, en muchos aspectos, depende de las condiciones que el individuo vivió cuando estaba en su infancia; pero los candidatos a la presidencia parece que no son conscientes de esta situación por cuando no se aprecia con claridad y precisión, cual es la propuesta de campaña sobre la política de infancia.

GESTIÓN PÚBLICA DEL PRÓXIMO PRESIDENTE

El debate político por la presidencia de la república ha estado muy candente, sobre todo por los seguidores a través de las llamadas redes sociales, donde se observan ataques de todos los lados principalmente sobre el pasado de los candidatos y muy poco sobre el contenido programático de los discursos de campaña. Por lo general, desconocen los autores del comentario, que a través de estos medios, nadie convence a nadie y mucho menos utilizando improperios, como si al ver un insulto o una calumnia el lector va a cambiar su decisión de voto, que ya la tiene definida.

Los candidatos han hablado de muchos temas puntuales; pero muy poco sobre temas de profundidad que traten los fenómenos estructurales de la realidad colombiana. No se han pronunciado sobre asuntos como la estructura de financiamiento del Estado, sobre las políticas macroeconómicas, sobre la manera de disminuir las desigualdades sociales en un país que ocupa el segundo lugar en América, y otros más. Y sobre todo, no han hecho referencia al tema de la gestión pública,  que constituye el epicentro de las ejecutorias de gobierno; pues es a través de la gestión, como se realizan las políticas públicas, con las cuales se puede llegar a los objetivos del gobierno.

En Colombia la gestión pública está muy deteriorada, en parte por la contaminación de la corrupción y en parte por las deficiencias técnicas y errores que desde el nivel central se cometen en el proceso de trasformación del Estado, que se viene realizando en el país desde 1991. Se supone que se deben introducir conceptos y mecanismo propios del Modelo de Estado Gerencial para desmontar el Modelo Burocrático que existía desde el siglo pasado, pero los avances logrados durante este cuarto de siglo han sido muy pocos, principalmente por el obstáculo que el actual régimen político atraviesa en el camino para avanzar en los aspectos técnicos.

Esperamos que en lo que resta de campaña, los candidatos manifiesten sus propósitos en esta importante materia, para saber a qué atenernos según quien gane la elección y así estar atentos sobre lo que vendrá en la gestión pública del próximo presidente.

LA GESTIÓN AMBIENTAL URBANA

Desde hace cerca de un cuarto de siglo en Colombia se viene implementando el régimen de la democracia participativa, que significa la conveniencia y necesidad de que las organizaciones sociales intervengan en los procesos de planificación, ejecución y control de todas las políticas públicas formuladas para solucionar los problemas y necesidades de la comunidad, en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida, donde los asuntos ambientales urbanos ocupan puesto preponderante por el significado que tiene el ambiente para la vida humana.

En ejecución de los mandatos constitucionales y legales, el gobierno municipal de Cali expidió el Decreto 0566 de 2016, para reorganizar el Sistema de Gestión Ambiental Comunitario (SIGAC), que había sido creado desde 2003, donde se establecen organismos de participación tanto a nivel municipal, en los niveles de comuna y barrio, estableciendo así los escenarios para que los actores sociales intervenga en la solución de los problemas ambientales de Cali, que por cierto, son bastante preocupantes, como se puede ver cuando caen los fuertes aguaceros. En dicho acto se determinó la composición de los órganos de participación y se establecieron las competencias y responsabilidades.

Pero la gestión pública va mucho más allá de la simple expedición de normas jurídicas. Estas constituyen el obligatorio piso legal, pero se requiere los mecanismos dinamizadores de los procesos de gestión propiamente dichos, que por razones técnicas y normativas se deben efectuar a través de proyectos, en este caso, de proyectos ambientales.

Por supuesto, para los propósitos del SIGAC, no basta con que se definan los miembros de los organismos de participación, sino que es necesario dotarlos de los instrumentos adecuados para el ejercicio de sus funciones y competencias, para facilitar así el avance hacia el logro de los objetivos. Uno de estos instrumentos es, obviamente, la capacitación y fortalecimiento técnico para que la co-gestión con responsabilidad compartida entre las entidades del Estado y los órganos de la sociedad civil, sea oportuna, pertinente e idónea y así, de verdad, se vean los resultados de la democracia participativa.

Los miembros del CACM, de las CAC en las comunas y las CAT en los barrios, deben ser capacitados debidamente en técnicas y metodologías sobre los diferentes temas inherentes a sus funciones, donde la formulación y la gestión de proyectos ambientales ocupan puesto de especial importancia para lograr los fines de la gestión ambiental urbana.

DEL PETRÓLEO Y LOS AGUACATES

A raíz de la campaña electoral ha surgido un debate, medio jocoso, medio sarcástico, que la forma, confronta el petróleo con el aguacate; pero en su contenido, va más allá e invoca un viejo debate que se dio a mediados del siglo pasado entre el sector agropecuario y el sector industrial.

En el fondo, la discusión de hoy debe girar en torno a comparar el sector agropecuario y el sector minero. Ambos pertenecen al aparato productivo y hoy existe un consenso generalizado de que es necesario revitalizar el aparato productivo, que es el que produce la riqueza y alimenta lo que se le llama el sector real de la economía, o sea donde están los bienes y servicios que la gente necesita para la subsistencia. 

En esa comparación hay que tener en cuenta que la actividad minera o extractiva, no es renovable, es decir algún día el recurso se agota; para realizar la actividad en este sector se requiere de altísima inversión de capital, que en Colombia no existe, por lo que es necesario la venida de empresas extranjeras a explotar, con las consecuencias de que, como nadie trabaja gratis, lo que los foráneos se llevan es mayor que lo que le dejan al país. La generación de empleo en esta actividad es muy baja porque lo principal son los equipos y la tecnología; y para completar, la explotación minera, por lo general, es deteriorativa del medio ambiente.

Por su parte, la actividad agropecuaria, que significa aprovechamiento del recurso suelo, es renovable por cuanto basta con conservar el suelo para que no se agote; se puede hacer con tecnologías simples como desde el comienzo de la humanidad se ha hecho, los colombianos pueden realizar las empresas y con los recursos propios disponibles es suficiente para producir. La actividad de cultivo, animal, vegetal o forestal, utiliza mucha mano de obra, principalmente campesina, y genera alimentos, los que serán críticos para toda la humanidad en los próximos años. Y en el tema de los combustibles, el cultivo permite la elaboración de biodiesel, que consiste en extraer el aceite carburante de materiales vivos como los animales y los vegetales, así como hoy se está haciendo de la palma africana.

Falta a ver finalmente cuál es la política que el nuevo gobierno adopte, la cual esperamos sea la más conveniente para el país, tanto en sus aspectos económicos, como en los sociales y también en los ambientales, de modo que podamos finalmente comprender la esencia del debate del petróleo y los aguacates.

LOS ESTUDIOS EN HARVARD

A raíz de que un candidato a la presidencia había dicho que tenía especialización en la Universidad de Harvard y que luego se descubrió que simplemente había hecho un cursillo de cinco días, motivo por el cual se ganó un conjunto de críticas y burlas, bien cae hacer algunas reflexiones acerca de los estudios en universidades extrajeras, principalmente de Estados Unidos e Inglaterra, países que son los más apetecidos por los estudiantes colombianos, dado el prestigio que tienen algunas universidades de allá.

Nuestra cultura tradicionalmente ha sido arrodillada y sumisa frente al conocimiento de los pensadores extranjeros, probablemente por efecto del eurocentrismo que desde hace muchos siglos determinó el desarrollo intelectual del mundo de occidente. Por lo general, la creación del pensamiento de los países del norte o centro se ha extendido hacia los países del sur o la periferia, como si fuera le verdad revelada, lo cual puede ser cierto en cuanto a las ciencias naturales, pero muy discutible cuando se trata de las ciencias sociales, donde están la sociología, la antropología, la economía, entre otras.

En el campo de las ciencias sociales, es lógico que los paradigmas, teorías y modelos que se crean en las universidades de Estados Unidos, están concebidos para solucionar los problemas y necesidades de ese país y para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo de allá, y más aún, cuando estos centros académicos son auspiciados por los grupos económicos, que, por supuesto, financian investigaciones y producción teórica siempre que les proporcione beneficios a sus intereses económicos. No vamos a pensar, que tanto los financiadores como las universidades, se dedican a crear conocimiento para responder a las necesidades de los países Latinoamericanos, en este caso de Colombia.

De esa manera, los estudiantes que acuden a dichos centros a realizar estudios de maestría y doctorado en esas prestigiosas universidades, lo que reciben es un lavado de cerebro epistemológico, adquiriendo los saberes sobre formulas sociales y económicas concebidas para beneficio de los grupos de interés de allá y que, por la lógica de las relaciones internacionales, no corresponden a las necesidades y conveniencias de acá, sino todo lo contrario: aplicar en Colombia los paradigmas y modelos que enseñan en las Universidades de Estados Unidos, causan más perjuicio que beneficio a la realidad social y económica colombiana. Así se ha visto a los largo de más de medio siglo.

En Colombia le rendimos pleitesía al conocimiento norteamericano y desechamos la producción intelectual criolla, que como lo han afirmado varios epistemólogos, corresponde con pertinencia a la propia realidad cultural, social y económica que existe aquí. Por eso, las políticas que imponen de arriba hacia abajo desde Bogotá, no se ajustan a las realidades que vine los territorios y los impactos son más bien, contrarios a los verdaderos intereses de las comunidades locales, por lo cual hoy vemos con claridad que es muy discutible la tan cacareada bondad de los estudios en Harvard.

COMENTARIOS AL ARTÍCULO PUBLICADO EN EL ESPECTADOR CONTRA EL PROGRAMA DE GUSTAVO PETRO

En días pasados se publicó un artículo en el diario El Espectador, que como ya se sabe pertenece al Grupo Santodomingo, escrito por los estudiantes Allison Benson y Andrés Trejos, quienes según la presentación, cursan estudios de PhD en el London School de Economics University y en College London, respectivamente, es decir que están haciendo su doctorado en pensamiento neoliberal, por supuesto, para defender y contribuir a la sustentación del actual modelo de globalización financiera y al nuevo orden mundial, que enmarca la modalidad del Capitalismo Rentista que hoy impera en el mundo para beneficio de los fondos de inversión, que se encargan de financiar todo tipo de estudios e investigaciones para fortalecer el discurso neoliberal.

Pero antes de manifestar nuestros comentarios sobre el contenido de dicho artículo, que claramente muestra su propósito de atacar la campaña del candidato Gustavo Petro dentro de la guerra sucia que las élites de poder adelantan en su contra, es conveniente tener en cuenta que, desde los orígenes de la ciencia económica, existen dos métodos de conocimiento para el estudio del objeto, de modo que no hay apreciaciones únicas con la única verdad, sino que las apreciaciones dependen del enfoque epistemológico con que se aborda el estudio. Por un lado está el método que se sustenta en la Teoría de los Precios y por el otro, el método de la Teoría del Valor. El análisis de los citados PhD en neoliberalismo, se basa en la aplicación de la teoría de los precios que por supuesto, es solo una cara de la moneda. Por otro lado, el hecho de que ellos hayan expuesto su apreciación personal, la cual es muy respetable, no quiere decir que eso sea la verdad revelada e infalible. Es solo la opinión de ellos, que la gran prensa bogotana le ha dado gran despliegue.

Dicen los autores que “en los documentos revisados no encontramos propuestas concretas para lograr un crecimiento con esas características, sino más bien una extensa enunciación de intenciones”. Las características de las que hablan se refieren al reconocimiento, farisaico y sarcástico, de la propuesta sobre el modelo de desarrollo sostenible más equitativo con eje en el cambio climático, el manejo del agua y la transición energética. Sí, pero es que en teoría de los precios lo fundamental es el crecimiento del PIB y la teoría del desarrollo basada en ese enfoque solo se preocupa por la tasa de crecimiento y no por las variables del Estilo de Desarrollo, un concepto de la Cepal (Pinto, Gligo, Villamil) que los neoliberales no conocen. La discusión sobre si la tasa de crecimiento debe ser el eje del modelo económico hace muchos años quedó resuelta en los análisis sobre problemas del desarrollo. Hoy el enfoque del desarrollo va mucho más allá a la simple tasa de crecimiento. Igualmente, la racionalidad no se mide con los patrones del mercado sino con los del desarrollo a escala humana.

Por otro lado, los estudiantes de PhD en neoliberalismo, parece que no saben que una cosa es un Proyecto Político y otra cosa es un Plan de Gobierno. El proyecto político no pasa de ser un conjunto de pautas y criterios para tomar decisiones, sobre la definición de objetivos, asignación de recursos, establecimiento de prioridades, identificación de políticas públicas, ordenamiento institucional, etc., suficientes para colgar en la página web, y por lo tanto no deben contener detalles como los de política macroeconómica, que para su formulación, requieren más estudio, más detalle y mayor elaboración técnica. Por su parte el Plan de Gobierno, que en Colombia es llamado “Plan de Desarrollo” según lo dispone la ley 152 de 1994, contiene todos los demás aspectos inherentes a la gestión del proyecto político. Lo que contienen el proyecto político colgado en la página web, eso es suficiente sobre lo que debe contener y no significa que hace falta el resto o esté incompleto.

Las limitaciones mentales de los autores y los condicionamientos de su método, les hace decir, sin pruebas ni argumentos sólidos, que es “difícil proponer reformas e iniciativas concretas,  más difícil aún es que su implementación sea factible y adecuada. Además de lo anterior, encontramos la propuesta económica de Petro incompleta en el sentido más estricto de la palabra e irrealizable en términos fiscales”, cuando se refieren a reducir la dependencia del sector minero-energético, a proteger sus recursos naturales y a promover la equidad. Es difícil para ellos, que tienen carencias conceptuales y porque su esquema neoliberal no les permite ir más allá. Pero no es difícil ni irrealizable cuando se aborda con otro marco conceptual y otro método el estudio, así como cuando se analiza en el conjunto de la gestión pública del desarrollo.

Privilegiar un sector de la economía es tan sencillo como cuando se favoreció la industria para promover la entrada de las multinacionales en los años cincuenta, con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o como ahora, cuando se privilegia el sector financiero (ejemplo del 2 x 1000 de Pastrana). Basta tener voluntad política y manejar las presiones de los organismos multilaterales. Los instrumentos de política económica y los de política de desarrollo son precisamente para eso, para dar viabilidad al modelo propuesto. Lo que ocurre es que los neoliberales no entienden el verdadero alcance de las políticas públicas. La política fiscal es solo uno de los instrumentos.

Pero la política de ellos, que es la que propician los fondos de inversión amparados por el FMI, y que consiste en exonerar de impuestos a los rentistas, exonerar de impuestos a las empresas mineras con el argumento del pago de regalías (que es una cosa diferente pero que se arguye para eludir la carga fiscal), exonerar a los capitalistas y gravar a los menores ingresos a través de los impuestos indirectos, ya está desgastada y probada que no genera resultados en Colombia porque presenta limitaciones, debido al desecamiento de la base gravable. Para ellos la política fiscal consiste en dar prioridad al servicio de la deuda, adquiriendo nueva deuda. Para los neoliberales la emisión de dinero es un delito o un grave pecado, desconociendo que, en la capacidad de emitir dinero, reposa la verdadera soberanía de cualquier Estado.

Dicen que la “propuesta está incompleta porque en realidad este candidato no plantea un modelo de desarrollo productivo ni de crecimiento económico, sino un conjunto de visiones relacionadas con la protección y la restauración ambiental”. Aquí ellos nuevamente confunden un Proyecto Político con un Plan de Gobierno, desconociendo que el Proyecto Político solamente da las pautas para el modelo de desarrollo. Además el documento sí señala con claridad, que se propone revitalizar el aparato productivo privilegiando el sector agropecuario y el sector industrial, a diferencia de hoy, que se privilegian los sectores minero y financiero. Los apoyos que se ofrecerían no deben incluirse en el Proyecto Político porque corresponden a políticas públicas cuyo tratamiento estás ampliamente conceptualizado. La Administración Pública se realiza a través de Políticas Públicas cuya formulación, implementación y control, están claramente definidos en los conceptos de gestión pública. Los instrumentos para ejecutar las estrategias son los mismos que siempre se han utilizado: de carácter fiscal, monetario y cambiario, los cuales no es necesario precisar en un proyecto político. Desde el siglo pasado se ha dejado claro el papel de los sectores primarios, secundarios y terciarios, mostrando cómo el crecimiento propiamente de la economía, depende de los sectores productivos y que cuando la participación en el PIB de los sectores terciarios es superior a los productivos, la economía no crece sino que se infla.

El modelo de establecer estrategias basadas en el fortalecimiento de los sectores agropecuario e industrial es claro, aunque los estudiantes neoliberales no lo entiendan. Y la razón por la cual se escogen estos sectores está muy bien demostrada en el análisis con el método de la Teoría del Valor. Igualmente el aprovechamiento de las vocaciones de los territorios y el tema de la infraestructura, son asuntos propios del ordenamiento territorial que están inmersos en las políticas sobre esta materias, que conllevan la modificación de las leyes 99 de 1993 y 1454 de 2011. El hecho de que los estudiantes de PhD no lo entiendan no es prueba de que no esté incluido.

La regla fiscal es una imposición del Capitalismo Financiero Internacional que tiene como único objetivo proteger el servicio de la deuda y por lo tanto amparar a los rentistas agrupados en los fondos de inversión. Para los neoliberales, que solo conocen los mecanismos de mercado, no entienden los mecanismos fiscales para canalizar el financiamiento de los bienes públicos. El suministro de salud y educación gratuitas es un caso de universalidad de los bienes públicos, similar al que existía en Colombia hasta antes de 1990 y que correspondía al Estado del Bienestar, basado en el Estado Social creado por los alemanes en 1890  y sustentado en la teoría keynesiana, que el Capitalismo Rentista destruyó después del Consenso de Washington, para favorecer la disminución del gasto público con el fin de amparar el servicio de la deuda. No se trata de financiar la prestación de los servicios de educación y salud incrementando el gasto público, sino que se trata del cambio de los mecanismos de mercado por los mecanismos fiscales, para canalizar la misma cantidad de recursos sociales que hoy se están destinando a salud y educación, pero con otros senderos y mecanismos. En tal sentido, la factibilidad fiscal, ni es contradictoria ni es confusa. La regla fiscal está en proporción del PIB y se espera que con el aumento de éste, la capacidad de gasto se incremente y por otro lado con el aumento de los ingresos tributarios, fijando impuestos progresivos y directos y eliminando  exenciones, la capacidad de gasto también se incremente. De otro lado, es necesario dar la pelea internacional conjuntamente con otros países, para quitar las limitaciones establecidas por el Capitalismo Financiero Internacional sobre la emisión de moneda, la cual puede realizarse de manera racional, dosificada y con destinación específica.

Que un proyecto político sea acertado y realizable no depende de la apreciación subjetiva de un par de estudiantes de neoliberalismo, sino de las especificidades objetivas y concretas de la realidad del país. La viabilidad de un proyecto político depende de las condiciones sociales, culturales, ambientales, territoriales, institucionales y ante todo, del modelo de gestión pública que se aplique, por cuanto el Estado no puede perder su competencia de regir los procesos económicos y sociales del país, aunque a los neoliberales no les guste el Estado.

El modelo de desarrollo es muy claro y preciso. Se basa en el concepto de “Excedente Económico”, ampliamente desarrollado por Paul Barán en el siglo pasado, según el cual la situación fiscal no es causa sino consecuencia del andamiaje económico. El déficit fiscal no es la causa del freno a la economía, sino una consecuencia del secamiento del aparato productivo. Por ello, se trata de privilegiar el aparato productivo mediante el fortalecimiento de los sectores agropecuario e industrial utilizando instrumentos fiscales (impuestos, subsidios, exenciones, incentivos, estímulos), instrumentos monetarios (créditos), instrumentos cambiarios (tipo de cambio pertinente), para generar una gran masa de Excedente Económico que amplíe la base tributaria y alimente con ingresos al Estado, obviamente, colocando los necesarios mecanismos para evitar el despilfarro del excedente y la fuga del mismo hacia otros países, lo cual se logra con la competitividad interna y la debida gerencia pública.

Colombia requiere de un cambio en la estructura de financiamiento del Estado, que vaya más allá de la simple reforma tributaria. El Estado es uno solo y el financiamiento debe ser integral para todos los niveles de la administración. El modelo de gestión pública que se utilice es determinante para la viabilidad del proyecto político y de ello depende la viabilidad financiera de la propuesta. Hoy en Colombia la gestión pública es desacertada porque los funcionarios llegan a los cargos a sacar su propia tajada y no a cumplir con los fines del Estado con voluntad política. De otro lado, las finanzas públicas se han limitado a aplicar la receta neoliberal del FMI, de la exención tributaria a los grandes capitales rentistas y a las multinacionales, a cobrar impuestos indirectos (IVA) que son regresivos y el freno al gato público, todo para priorizar el servicio de la deuda. El financiamiento del Estado se reduce a abrir un hueco para tapar otro, colocando nuevos papeles en el mercado de capitales para recoger los papeles vencidos. Es decir, unas finanzas públicas dedicadas a favorecer los intereses de los especuladores internacionales del dinero, en lugar de someterlas a las necesidades del modelo de desarrollo.

Sobre los comentarios a la propuesta de ordenamiento territorial, los estudiantes de neoliberalismo muestran que poco conocen sobre el tema y se rigen por conceptos que ya han sido discutidos en Colombia. Claro que la propuesta de Petro no es novedosa; pero es que el mérito de un proyecto político no se basa en que sea inventado por el candidato, sino por la pertinencia y oportunidad del contenido, aunque ya se haya tratado antes y los autores sean otros. Presumimos su desconocimiento sobre el tema de ordenamiento territorial, porque dicen que la propuesta del candidato deja por fuera otros subsistemas que se deben tener en cuenta, sin considerar que eso no es posible. Cuando se habla del sistema ambiental y el agua como eje, obligatoriamente se está refiriendo a los subsistemas socioeconómico, institucional y biofísico, ya que el ambiente encierra todos estos componentes del complejo geográfico. Por otro lado, la Comisión de Ordenamiento Territorial utiliza un enfoque conceptual, que no necesariamente es el más adecuado para abordar el caso colombiano. En esta materia existen varios enfoques y el más adecuado se refiere a la armonización de las regiones con base en los argumentos biofísicos, socioeconómicos y político-administrativos. Igualmente el concepto expuesto por Fals Borda en 1997 sobre la construcción de territorio, no se puede dejar por fuera. Para el actual gobierno, el ordenamiento territorial se concentra simplemente, en la administración de los contenedores territoriales, como se puede ver en la mal llamada LOOT, a pesar de que el eje del agua se ha propuesto desde hace más de un cuarto de siglo con base en las cuencas hidrográficas como unidad para gestionar el sistema ambiental y la construcción de territorio, o sea el ordenamiento territorial.

Y así sucesivamente, uno a uno todos los puntos que plantean en el artículo, muestran la subjetividad con intensiones electorales deliberadas, sin más argumentos que, hay que creer en ese escrito, porque ellos son quienes lo dicen, sin el soporte conceptual y metodológico que le imprima seriedad al documento. Hacer afirmaciones sobre la inviabilidad e impertinencia de un proyecto político sin la debida sustentación es un acto irresponsable, que demuestra que detrás hay otras intensiones electorales. Lamentablemente en un comentario de réplica como este no es posible demostrar todos los argumentos y sustentar con razonamiento técnicos las proposiciones, por lo que sería conveniente realizar un evento académico con los citados estudiantes de PhD en neoliberalismo para confrontar sus tesis y razonamientos. 

EL ESTADO Y LO PÚBLICO

Acontecimientos internacionales, como las diferencias entre China y USA por motivo de los aranceles, y nacionales, como ha sido el debate por la conquista de la presidencia donde, no predominan las propuestas y enfoques de política porque esto no es factor para determinar el triunfo electoral, sí van acompañadas las campañas de discursos programáticos que se refieren al manejo de situaciones y temas inherentes a la vida nacional. Las relaciones del Estado con la economía y el manejo de lo público, nuevamente entran a la vieja discusión que, aunque en matera práctica ya está resuelta y las acciones obedecen a una de las posturas del debate, en la esfera del pensamiento y la academia todavía no hay complacencia total por los enfoques que en la acción institucional se aplican. La gran discusión es hasta dónde juega el Estado en la economía y en la realización de los eventos institucionales, en su calidad de rector de los procesos sociales y económicos de la sociedad, la cual no puede perder, aunque a uno de los bandos en discusión poco le guste la intervención del organismo.

Desde cuando lo público se sacó del seno del Estado y se trasladó al mercado, hace ya un cuarto de siglo, las expectativas no han sido colmadas, por razones globales y por motivos particulares propios de la cultura colombiana, donde la corrupción interfiere todos los fenómenos relacionados con el manejo de lo público y cualquier sana intensión se distorsiona por los desvíos del proceso para favorecer los bolsillos de los corruptos. Hay casos donde la privatización de lo público en sí, no es irracional, sino que la intervención de los actores privados y sus maniobras corruptas, generan efectos sociales perjudiciales. No es tan cierto que el Estado sea mal administrador, sino que los corruptos desvían la acción de la finalidad propuesta.

En el Estado postmoderno, y su consecuente ideología de la postmodernidad, el argumento que prima para juzgar y calificar cualquier política pública es la racionalidad del mercado. Es el enfoque financierista de examinar los bienes públicos, colocando los intereses del gran capital por encima de los aspectos humanistas y el valor de la necesidad humana. Así que la política es buena siempre y cuando arroje resultados medibles en términos financieros, aunque en términos humanos sea letal para la comunidad. En el maneo de los bienes públicos se aplican mecanismos de mercado, donde intervienen muchos actores privados, que por supuesto, no se someten al cumplimiento de la ética pública sino a la rentabilidad privada, en lugar de, como era a mediados del siglo pasado, utilizar mecanismos fiscales para captar y canalizar los recursos sociales hacia el financiamiento del bien o servicio de interés general.

Pero lo peor es que ha hecho carrera el argumento y se ha incrustado en la cultura de las generaciones presentes, las que no conocieron la universalidad de los bienes públicos, y hoy se considera un gran pecado proponer que los bienes públicos regresen al seno del Estado, que se utilicen mecanismos fiscales para sustituir los actuales mecanismos de mercado y que se imponga la racionalidad humanista por encima de la racionalidad financierista. Ya la opinión pública, a pesar de que la comunidad es la beneficiada o perjudicada, cierra los ojos ante los interese de los grandes grupos financieros y los mercaderes de los bienes públicos y ve con malos ojos cualquier iniciativa orientada al rescate de lo público de las garras de las mafias de la privatización que para lograr sus propósitos, recurren al soborno y otras conductas delincuenciales, que hoy se han convertido en el factor determinante de la relación entre el Estado y lo público.

LA ILUSIÓN DE LA OCDE

Según lo señala la gran prensa bogotana, el presidente Santos va a aprovechar la visita de Trump a Colombia para pedir apoyo al ingreso del país a la OCDE, y así terminar el período realizando el sueño que este gobierno ha tenido por más de cuatro años, en una expresión semejante a la del mamarracho Zabaleta, el ultimo figurín del álbum “usted no sabe quién soy yo”, quien apareció en las redes en fotos con los grandes personajes de la clase política, presumiendo sus relaciones personales.

Sobre la vinculación de Colombia a la OCDE, el único beneficiado es Santos, quien en el escenario internacional se lucirá en foto con los poderosos de la economía mundial y hará publicidad de que, gracias a él, el país ahora pertenece al club de los ricos. Pero, lo más probable, es que con ello quede más encartado que con el Premio Nobel de Paz, que ahora lo tiene dando tumbos en el gobierno para demostrar falazmente a la comunidad internacional que se está cumplimiento el acuerdo con las Farc, el cual, como lo hemos visto, ha sido incumplido en alto porcentaje y principalmente en lo que se refiere al beneficio para el país como es el punto 1 sobre el desarrollo rural.

Si le aceptan el ingreso a la OCDE, Colombia quedará encartado para sostener la membresía cumpliendo los requisitos de esa organización, ya que, a la fuerza, este gobierno ha tratado de demostrar su cumplimiento, pero usando mecanismos postizos o maquillando una realidad que no corresponde a los niveles propios de los socios de ese organismo. Quienes están ahí es porque por naturaleza, están donde deben estar; pero Colombia se estaría metiendo en el lugar equivocado.

Uno de los componentes que la OCDE exige a sus miembros se refiere a la gestión pública, que debe ser eficiente, eficaz y efectiva, al tenor del discurso neoliberal que ese organismo multilateral profesa, requisito este que en Colombia será muy difícil sostener, cuando aquí tenemos un Estado corrupto y un sistema político que va en contravía de los principios de esa organización. La administración pública en Colombia, que lleva más de un cuarto de siglo atravesando un proceso de transformación desde el Estado Burocrático hacia el Estado Gerencial, está en una situación de caos tan desproporcionada que no hay claridad en la presencia ni de uno ni de otro; solo se aprecia el imperio del clientelismo, la ineptitud y la corrupción en las altas esferas del gobierno en Bogotá, desde donde parten las políticas públicas, que son todo lo contrario a lo que pide la OCDE. Para esa organización, la democracia participativa es importante y esta requiere de políticas públicas de abajo hacia arriba, contrarias al centralismo bogotano que hoy tiene sometida la transformación del Estado a los intereses de las grandes élites de poder, sin que las comunidades territoriales puedan solucionar sus problemas y necesidades, porque los funcionarios no llegan a los cargos a responder a la sociedad, sino a ver cómo sacan beneficios personales. La gestión pública en Colombia será un requisito que el país no podrá sostener mientras siga el actual régimen político, de modo que la sostenibilidad en el largo plazo como miembro de la organización deja muchas dudas, por lo cual su exclusión es inminente, desvaneciéndose así el sueño de Santos que se convertirá en la ilusión de la OCDE.