EL ESTADO Y LO PÚBLICO

Acontecimientos internacionales, como las diferencias entre China y USA por motivo de los aranceles, y nacionales, como ha sido el debate por la conquista de la presidencia donde, no predominan las propuestas y enfoques de política porque esto no es factor para determinar el triunfo electoral, sí van acompañadas las campañas de discursos programáticos que se refieren al manejo de situaciones y temas inherentes a la vida nacional. Las relaciones del Estado con la economía y el manejo de lo público, nuevamente entran a la vieja discusión que, aunque en matera práctica ya está resuelta y las acciones obedecen a una de las posturas del debate, en la esfera del pensamiento y la academia todavía no hay complacencia total por los enfoques que en la acción institucional se aplican. La gran discusión es hasta dónde juega el Estado en la economía y en la realización de los eventos institucionales, en su calidad de rector de los procesos sociales y económicos de la sociedad, la cual no puede perder, aunque a uno de los bandos en discusión poco le guste la intervención del organismo.

Desde cuando lo público se sacó del seno del Estado y se trasladó al mercado, hace ya un cuarto de siglo, las expectativas no han sido colmadas, por razones globales y por motivos particulares propios de la cultura colombiana, donde la corrupción interfiere todos los fenómenos relacionados con el manejo de lo público y cualquier sana intensión se distorsiona por los desvíos del proceso para favorecer los bolsillos de los corruptos. Hay casos donde la privatización de lo público en sí, no es irracional, sino que la intervención de los actores privados y sus maniobras corruptas, generan efectos sociales perjudiciales. No es tan cierto que el Estado sea mal administrador, sino que los corruptos desvían la acción de la finalidad propuesta.

En el Estado postmoderno, y su consecuente ideología de la postmodernidad, el argumento que prima para juzgar y calificar cualquier política pública es la racionalidad del mercado. Es el enfoque financierista de examinar los bienes públicos, colocando los intereses del gran capital por encima de los aspectos humanistas y el valor de la necesidad humana. Así que la política es buena siempre y cuando arroje resultados medibles en términos financieros, aunque en términos humanos sea letal para la comunidad. En el maneo de los bienes públicos se aplican mecanismos de mercado, donde intervienen muchos actores privados, que por supuesto, no se someten al cumplimiento de la ética pública sino a la rentabilidad privada, en lugar de, como era a mediados del siglo pasado, utilizar mecanismos fiscales para captar y canalizar los recursos sociales hacia el financiamiento del bien o servicio de interés general.

Pero lo peor es que ha hecho carrera el argumento y se ha incrustado en la cultura de las generaciones presentes, las que no conocieron la universalidad de los bienes públicos, y hoy se considera un gran pecado proponer que los bienes públicos regresen al seno del Estado, que se utilicen mecanismos fiscales para sustituir los actuales mecanismos de mercado y que se imponga la racionalidad humanista por encima de la racionalidad financierista. Ya la opinión pública, a pesar de que la comunidad es la beneficiada o perjudicada, cierra los ojos ante los interese de los grandes grupos financieros y los mercaderes de los bienes públicos y ve con malos ojos cualquier iniciativa orientada al rescate de lo público de las garras de las mafias de la privatización que para lograr sus propósitos, recurren al soborno y otras conductas delincuenciales, que hoy se han convertido en el factor determinante de la relación entre el Estado y lo público.