EL SILENCIO DEL PARTIDO LIBERAL

A pesar de que en el primer mes del año ocurrieron hecho trascendentales como el caso de Odebrecht, el asesinato de líderes sociales, el conflicto universitario, entre otros, la gran prensa bogotana le otorgó mayor relevancia a dos casos que también son muy importantes, por su incidencia en la política exterior y las relaciones internacionales: La negociación con el grupo guerrillero ELN y la situación de Venezuela que, aunque no es un asunto que compete a los colombianos, el gobierno nacional lo ha incorporado a la agenda gubernamental ocupando porcentaje significativo en las labores del gobierno; y la gran prensa bogotana le ha concedido la mayor trascendencia, porque se pueden utilizar para distraer el pensamiento público y desviar la atención sobre los temas que comprometen a las élites del poder nacional.

Por supuesto, sobre estos dos temas han llovido opiniones de todos los lados, con posturas encontradas, propias del ambiente de pugnacidad que de manera antagónica ha venido inundando la opinión pública desde hace más de una año. Sin embargo, los debates propiamente políticos protagonizados por los actores que están obligados a intervenir como son los partidos políticos, han estado más bien escasos. Comprensible en los partidos que andan detrás de la mermelada de Duque; y los llamados movimientos de oposición, no cuentan con los altavoces de la gran prensa, que hoy está en manos de los grupos económicos de Santodomingo, Sarmiento, Ardilla y el ultraderechista grupo Prisa de España, apartándose de la función pública de los medios de comunicación que, aunque estén privatizados, su rol en el contexto social debe enmarcarse en la libertad de expresión, la objetividad y la verdad ante todo.

Pero el que causa más notoriedad y sorpresa es el Partido Liberal. Por ahí, algunas voces aisladas de dirigentes sensatos, se han pronunciado; pero la contundencia y la fortaleza de su postura y sus declaraciones como otras veces lo había hecho, han estado bastante ausentes. Por supuesto, no causa extrañeza la actitud timorata de este Partido, al tenor de sus costumbres desde que se dejó obnubilar por la corriente neoliberal que lo tiene hipnotizado.

Sin embargo, hay que recordarle a los dirigentes del Partido Liberal que tienen un compromiso político y una obligación jurídica derivada de la Resolución 2895 de octubre de 2011 expedida por la Dirección Nacional y que tiene peso legal con base en la Ley 1474 del mismo año 2011. Según esta Resolución, sobre el caso del ELN el Partido debe comprometerse “a buscar la solución de los conflictos existentes en el seno de la sociedad colombiana, incluyendo los armados, por medio de la deliberación, la concertación y la negociación política, entendiendo estos procesos como el desarrollo de una función de Estado que debe materializarse en formas económicas, políticas y sociales que hagan posible la reconciliación”. Por lo tanto, este partido debe debatir con el gobierno sobre la ruptura de los diálogos de paz, tal como reza el Punto 6 de la Declaración Ideológica de los Estatutos, que tienen fuerza de ley. Y sobre el caso de Venezuela, es obligación del Partido Liberal, debatir con el gobierno para que se respete la autodeterminación de los pueblos, tal como se consigna en el Punto 14 de la misma declaración que dice “El Partido Liberal Colombiano promoverá, en el marco de las relaciones internacionales, la integración regional, el respeto por la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la prevalencia de la justicia social sobre los intereses particulares”.

Siendo así, los liberales de convicción, quienes están comprometidos con esa plataforma ideológica y la postura socialdemócrata que encierra, tienen la obligación de ejercer presión ante la dirigencia nacional, para que frente a la trascendencia de estos dos temas, no se siga presentando el silencio del Partido Liberal.

INVIABILIDAD PARA LA SOLUCIÓN NEGOCIADA

La historia de Colombia es la narración de los distintos capítulos de guerra y violencia. Desde 1812 cuando la Patria Boba en que peleaban los federalistas y los centralistas y hasta nuestros días, ha sido una sucesión de hechos que empotraron en la conciencia colectiva nacional una cultura de violencia y pugnacidad que hoy inunda todos los espacios del ordenamiento social y geográfico del país.

Durante el Siglo XIX hubo 9 guerras civiles de cobertura nacional y 14 guerras regionales, siendo las más relevantes las de 1839, 1851, 1854, 1860, 1876, 1884, 1895 y la Guerra de los 1000 días con la que se cerró el siglo. En el Siglo XX, los extensos períodos de conflicto como el de los primeros 30 años con dominación conservadora, luego el período denominado de la “Violencia Liberal-Conservadora” que se agudizó en 1948 cuando se gestaron las guerrillas liberales y más adelante, en 1964, cuando surgieron las guerrillas revolucionarias en contra del sistema capitalista, que ya en la última década se criminalizaron con la contaminación del narcotráfico. Y en el presente siglo, la violencia se diversificó y el fenómeno se ha hecho más complejo con la aparición de los paramilitares, las bacrín, los extorsionistas y otras fuerzas bélicas ilegales que enturbian más el panorama de la convivencia social.

Pero el fenómeno de violencia y conflicto no es solo la manifestación de fenómenos armados organizados, sino que sus raíces están en lo más profundo del espíritu de la sociedad, de donde surgen los actores armados. El conflicto nace en el seno de la familia misma con el maltrato infantil y la violencia contra la mujer, se extiende en la vida barrial con roces entre vecinos, penetra en los escenarios laborales con bandos en punga en el interior de las empresas. Ya el ímpetu del conflicto ni siquiera permite transitar por las calles manejando un carro en paz porque hay que estar a la defensiva frente a otros conductores. Las guerras barriales entre pandillas de jóvenes que delimitan fronteras territoriales y los enfrentamientos entre hinchas de los equipos de fútbol, han sembrado una conciencia antisocial en los jóvenes que crea escepticismo sobre el futuro de la juventud actual. Hoy, a cualquiera en cualquier momento lo amenazan por motivos insignificantes.

La ideología de violencia está tan arraigada en los tuétanos de nuestra patria, que en el campo político hace imposible recurrir a la solución negociada y pacífica de los conflictos. En la idiosincrasia colombiana pesa más la sed de venganza que la sensatez. En el mundo contemporáneo y considerando las malas experiencias de las guerras, en todos los países se recomienda que, en concordancia con la dignidad de la especie humana, las comunidades deben utilizar la solución pacífica y negociada de los conflictos; pero en Colombia, parece que esto es imposible, según se deduce de los resultados del plebiscito por la paz que hizo el presidente Santos, donde hubo mucha gente del estrato uno que votó en contra, porque no podían tolerar que a los exguerrilleros les dieran concesiones. Mucha gente de todos los niveles socioeconómicos no entiende ni acepta, qué es una solución negociada al conflicto, porque solo concibe la alternativa de triunfo y derrota con sus efectos de premio y castigo. No entiende los acuerdos. La opinión pública no diferencia entre valor y precio y, por supuesto, tampoco comprende lo que significa el beneficio medido en términos de precios hedónicos, por lo cual en lo común, se manifiesta una negativa generalizada a reconocer los beneficios sociales de un proceso, que son intangibles a primera vista, pero que propician situaciones de bienestar colectivo en el largo plazo; y por ello, solo piensan en las mediciones en dinero y se niegan a aceptar las concesiones para los grupos armados, propios de cualquier negociación de paz en cualquier lugar del mundo. Lo que se aprecia, es que gran porcentaje de población es partidario del conflicto armado y apoya las propuestas beligerantes para afrontar las posiciones encontradas en el terreno político, lo cual conduce a pensar que en este país, estamos condenados a vivir en un ambiente de violencia y guerra porque, tratándose del conflicto sociopolítico, hay inviabilidad para la solución negociada.

LOS TIBIOS NO EXISTEN

Durante el siglo pasado el debate político giraba en torno a la propiedad de los medios de producción, donde un bando proponía que debían de ser o seguir siendo, de propiedad privada, mientras que el otro bando proponía que debían de ser de propiedad social, lo cual significada que para cada caso, el sistema económico tendría su propio mecanismo de funcionamiento. En este escenario cabían muy bien las denominaciones para los bandos, que se habían introducido en la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa en 1789, haciendo concordante con la derecha, a quienes defendían la propiedad privada de los medios de producción y por supuesto, con la izquierda a quienes proponían la propiedad social administrada por el Estado.

Pero en este siglo XXI, el debate político ha cambiado totalmente. Ya no gira en torno a la propiedad de los medios de producción sino que la discusión gira en torno a la forma de manejar y administrar el Estado. Ya es anacrónica la propuesta de cambiar el mecanismo de funcionamiento del sistema económico, por lo cual existe un tácito consenso en que el único mecanismo debe ser el mercado y en tal condición, que la propiedad de los medios de producción debe ser privada, con las necesarias excepciones respecto a los medios de producción de bienes públicos, cuyo manejo también es centro del debate entre el Estado y los privados.

Ahora en el debate están, por un lado, quienes proponen que el Estado debe estar al servicio de una casta propietaria del gran capital y que el organismo debe ser un objeto para ser utilizado por algunos capitalistas en su propio provecho, utilizándolo como cliente para prestarle dinero y concentrar las finanzas públicas únicamente en cobrar impuestos para pagar cumplidamente los intereses y el principal a los prestamistas privados. Es decir, el Estado al servicio de una élite económica.

Por el otro lado, están quienes, considerando que la aceptación universal de la propiedad privada de los medios de producción y el mercado como mecanismo de funcionamiento del sistema económico, propician desigualdad e injusticia social, proponen que el Estado debe ser el instrumento mediante el cual se neutralice dicha injusticia y que por lo tanto este organismo debe estar al servicio de toda la sociedad, principalmente de los menos favorecidos, para lo cual la gestión pública se reviste de especial connotación, por cuanto dependiendo de la administración del Estado, se puede lograr los propósitos de un organismo, no al servicio de una elite, sino para beneficio de toda la población.

Entonces, dónde caben los tibios? Cuáles son los tibios? Qué proponen los tibios, si las posturas y políticas de gobierno que tratan sobre el papel del Estado y su misión respecto al conglomerado social, son solamente las dos anotadas anteriormente, cuál es la tercera, la de los tibios??.

Igualmente, aquí no cabe ninguna confrontación entre capitalismo y socialismo, ni entre derecha e izquierda, como en el siglo pasado, porque solo existe el sistema capitalista, con un Estado del cual depende la justeza con que se trate a la población, según el modelo con que se administre el organismo y las políticas que se desprenden del mismo para atender las necesidades y requerimientos de la comunidad; así que ese cuento que se está tratado de introducir en los últimos días no tienen razón de ser, por cuando los tibios no existen.

LA FALACIA DEL PACTO DE DUQUE

Dijo el presidente en su alocución de fin de año que “un pacto que quiero construir con ustedes, para que no sigamos anclados en las discusiones de izquierda y derecha; para que no sigamos polarizando; para que no sigamos teniendo en el país esas discusiones, muchas veces bizantinas y mezquinas, que no permiten que pensemos todos hacia un propósito común”, lo cual es imposible tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, de modo que no sabemos si esa afirmación la hizo, como muchas de las posturas de gobierno, por ingenuidad, por mala fe o por ignorancia.

Desde lo teórico, porque en las ciencias sociales casi todas las disciplinas contienen por lo menos dos enfoques, que permiten ver los objetos y fenómenos desde distintos ángulos con resultados diferentes, muchas veces opuestos, sobre la base de que la sociedad no es homogénea, sino que encierra una pluralidad, con antagonismos y actores de intereses opuestos. Desde el punto de vista práctico, porque la intervención del Estado para regir los procesos sociales, económicos e institucionales, se realiza mediante políticas públicas, cuya esencia es precisamente, definir objetivos y metas priorizando y privilegiando determinado aspectos de la vida nacional y por supuesto, dejando de lado el resto.

No existe una teoría social ni un enfoque de políticas que sea universal y que abrace conjuntamente todas las fuerzas sociales y a todos los actores, cuyos intereses, la mayoría de las veces, son antagónicos. En economía, por ejemplo, se privilegia el factor capital o se privilegia el factor trabajo; pero los dos simultáneamente, no se pueden privilegiar. En política fiscal se manejan las finanzas para favorecer a los ricos o a los pobres pero a ambos no se puede porque los instrumentos no están diseñados para ello; en política tributaria se priorizan los impuestos directos o los indirectos y se aplican métodos progresivos o regresivos. La política monetaria es expansiva o contractiva pero ambas cosas a la vez no se puede.

En cuanto los sectores de la economía, lo sucedido en el siglo XX en Colombia es un caso ilustrativo. El Estado privilegió la industria por encima del sector agropecuario y el campo quedó abandonado creando un caldo de cultivo para la germinación de la violencia; y en política territorial fue favorecida la ciudad más que la zona rural.

En las sociedades del sistema de mercado, si no se quiere reconocer a las clases sociales, existen los estratos sociales cuyas condiciones de vida e intereses son diferentes y para todos no hay por igual, por lo cual el gobierno debe escoger a quienes favorece más con su políticas. En la actualidad se trata de adoptar políticas para favorecer a los ricos o para beneficiar a los pobres pero los instrumentos de gestión pública disponibles no están concebidos para complacer a ambos, por lo cual el cuento del pacto para acabar con la polarización no es factible y mucho menos hoy, cuando el poder está en manos de una casta excluyente que está colocando el Estado al servicio y beneficio de unos pocos, justamente de los que detentan el gran poder económico, quienes están usurpando y usufructuando los bienes públicos y las bondades del erario, dejando por fuera la gran mayoría de colombianos, de modo que en dicho discurso de fin de año lo que se anunció públicamente fue la falacia del pacto de Duque.  

LAS ESPERANZAS DEL NUEVO AÑO

Comienza el nuevo año y con ello nuevas expectativas que surgen en lo individual, por las manifestaciones de los allegados y los tradicionales rituales del 31 a las 12 y porque, de todas maneras, siempre está presente en la gente el sueño de que las cosas mejoren en la vida. Pero en lo nacional, el panorama no es de lo mejor, por cuanto la tendencia histórica es la del desmejoramiento de las condiciones de vida para la gran mayoría de la comunidad colombiana.

Existen factores globales que repercuten significativamente en las condiciones del país, como por ejemplo la tasa de interés de la FED y el precio del petróleo, que afectan el sector externo de la economía y generan situaciones ingobernables por la autoridad nacional, además de otros factores que circulan en el mundo monetario internacional, que hoy, en razón a la geopolítica mundial, se vislumbra con sucesos impredecibles, por motivo de la triada de Estados Unidos, Rusia y China, y por la gran incidencia también de la banca islámica y de BRICS.

Pero, además, factores internos, unos de carácter estructural surgidos por la vía constitucional desde 1991 y que vienen acumulando situaciones perversas; y otros de carácter coyuntural que se derivan de la situación sociopolítica nacional. Los primeros, donde nada tiene que ver el gobierno de turno porque, sea uno o sea otro, igual le toca afrontar los problemas, como es el caso de la situación fiscal, derivado de la estructura de financiamiento del Estado que se impuso en 1991, y los segundos que se desprenden de las características de la cultura política nacional y las influencias de los grandes grupos de poder económico mundial.

Lo cierto es que 2019 no podrá ser mejor que el año que terminó. En razón a qué, si las tendencias se mantienen en factores tan decisivos como las finanzas públicas y en general el manejo de lo público, que cada año se privatiza más con todas las consecuencias que esto tiene por convertir los bienes de interés general en mercancías para beneficio y enriquecimiento de unos pocos, se agudiza más el deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de colombianos. Y el decaimiento del aparato productivo, que es el soporte de la economía, pero que las relaciones de dependencia internacional y los fenómenos de violencia en el campo no permiten la solidez necesaria para garantizar la sostenibilidad de las tendencias de crecimiento que la instancia económica requiere, se suma a los factores de incertidumbre.

Y todo complementado con la coyuntura política de elección de gobernantes y administradores territoriales, en un marco de polarización política donde priman las posturas de ataque a los atributos personales de los dirigentes, en lugar del debate sobre las propuestas programáticas y las formas de solucionar los problemas y necesidades de las comunidades; y todo sumergido en un turbulento mar de corrupción basado en la compra de conciencias y el tráfico de votos que contamina la noble actividad de la elección de gobernantes, de modo que es muy poco lo que se puede salvar al considerar las esperanzas del nuevo año.