EL CARÁCTER PÚBLICO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

La comunicación social es un asunto público que ha estado privatizado desde cuando se convirtió en un negocio, que hoy en Colombia saben explotar muy bien los grandes grupos económicos, como ocurre con las cadenas, canales y publicaciones de cobertura nacional. Así, la función pública de la comunicación social, deja de cumplir su finalidad natural, que es tan antigua como la misma especie humana, y se convierte en un objeto de negocio para satisfacer intereses particulares.

En esta semana el presidente Santos hizo un comentario totalmente cierto, sobre lo que es el enfoque amarillista del periodismo, que, impulsado por el afán de capturar audiencia sobre la base de la morbosidad del público, no mide el impacto social de lo que ellos mismos se encargan de calificar subjetivamente como noticia. Por supuesto y como siempre lo hacen, los periodistas de los grandes medios nacionales de propiedad de los poderosos grupos económicos, pusieron el grito en el cielo y regañaron a Santos con el argumento repetido ya, de que ellos son perfectos y que nunca se equivocan y que siempre se equivoca quien no tiene el micrófono en la mano.

Con el cambio del modelo de Estado, que se introdujo en 1991 cuando por norma constitucional se promovió la implantación de la New Public Management, por supuesto tratando de copiar a los gringos, la comunicación social se ha revestido de una trascendental connotación sin la cual no es posible realizar la gobernanza ni desarrollar la democracia participativa. Pero el país viene rezagado frente a este reto. Todavía la comunicación social, aun con su carácter público, viene sometida a las conveniencias de los medios masivos convencionales cuya impronta es esencialmente mercantil, por lo cual pierden la necesaria independencia que debe tener la función pública. Y a pesar de varios esfuerzos, inclusive del mismo gobierno, por promover medios alternativos de carácter popular, los requerimientos de financiamiento han impedido que se extiendan suficientemente las opciones de comunicación social acordes con la gestión de políticas públicas y los requerimientos del Modelo de Estado Gerencial. Lamentablemente, sin venta de pauta publicitaria no es posible subsistir y por lo menos a ojos vista, no hay otra forma de subsistir.

Sin la adecuada y pertinente comunicación no es posible que haya gerencia pública y con ello las posibilidades de eficiencia, eficacia y efectividad que requiere el manejo de lo público además de la transparencia y la honestidad, serán más difíciles y así seguirán los Sarmientos, los Ardilas los Santomingos y los demás que tienen el suficiente dinero para sostener medios, haciendo equipo con los fariseos del periodismo que pisotean la ética profesional que en este caso es la ética pública, manipulando la opinión y manejando la conciencia colectiva de la comunidad nacional con fines diferentes a los que exige el carácter público de la comunicación social. 

EL DEFAULT FUE A MADURO

Muchos se han preguntado, si la situación de la población venezolana es tan grave por culpa del gobierno, ¿por qué Maduro no ha caído? Muy sencillo: porque estaba pagando el servicio de la deuda. Al capitalismo financiero internacional no le importa cómo vive la población de un país, pero tumba gobiernos cuando no pagan la deuda o ponen en riesgo el pago como le ocurrió a Dilma Rousseff en Brasil.

Pero ahora se le puso grave la situación a Maduro. Las reservas internacionales han bajado tanto por motivo de las fugas de capital y el bloqueo de Estado Unidos, que el gobierno venezolano tiene dos alternativas: con los pocos dólares que tiene, o paga el servicio de la deuda, o importa alimentos para su población; y en estas condiciones las certificadoras internacionales emiten el grito de alerta para prevenir a los especuladores internacionales del dinero, que ahora les llaman inversionistas, sobre las dificultades del país para cumplir el pago de intereses y el principal al vencimiento.

El default es algo así como la Ley 550 para el Estado colombiano. Venezuela dejará de pagar las obligaciones vencidas, pero habrá una negociación sobre las mismas, considerando que no se trata de insolvencia sino de iliquidez, ya que ese país cuenta con activos fijos y monetarios suficientes para respaldar su deuda, pero que no puede utilizar en la fecha exigida. Lo grave es que, si declara el default y hace la negociación con los acreedores, no lo pueden embargar, pero se frenan las operaciones internacionales y, de todos modos, la situación política se le complica. En la primera reunión con acreedores no llegaron a un acuerdo o sea que el default no se ha declarado.

El capitalismo rentista, que domina el mundo hoy, ha establecido todos los mecanismos para evitar que les ocurra a los especuladores lo que les sucedió en 1928, ahora en el marco de la economía globalizada. Además del control que ejerce sobre los bancos centrales de los países víctimas, como el caso colombiano, y la administración del FMI, ha creado las certificadoras internacionales y como entre bomberos no se pisan las mangueras, ellos se auto protegen evitando que sus colegas sufran golpes. Las certificadoras alertan al mercado sobre las dificultades que afrontan los países en sus finanzas para que no les concedan nuevos préstamos ahogando más al país emproblemado.

Al gobierno no le conviene el default; porque si bien es cierto entra en cesación de pagos sin que le puedan embargar los activos, también es cierto que se cierra el flujo de nuevos recursos para sostener las operaciones normales de la economía, que, en el caso venezolano, son de subsistencia por cuanto tiene obligatoriamente, que importar los alimentos y los productos de consumo básico. Así la situación política se le hace tan complicada al gobierno que ahora sí la caída está cerca y eso quiere decir que, si los rusos y los chinos no lo salvan, al que también le llegó el default fue a Maduro.

DESFACHATEZ DE ANIF

El agente del capitalismo salvaje y recalcitrante exponente del pensamiento neoliberal Sergio Clavijo, salió ahora con una propuesta que produce asombro por lo irracional cuando se trata de examinar los asuntos públicos, relacionada con el manejo de las pensiones en Colombia. Dijo que se debía aumentar la edad para pensionarse, lo cual podría ser aceptable si fuera posible que dieran empleo a los viejos, pero lo más absurdo fue su propuesta sobre el marchitamiento de Colpensiones, cuando, para solucionar el problema, precisamente lo que hay que acabar son los fondos privados de pensiones y no la entidad oficial, dónde radica la causa de lo que él llama la bomba fiscal.

Entendemos su postura porque para eso lo tienen ahí. Pero no debemos olvidar que ha sido el modelo del Capitalismo Rentista impuesto desde los años ochenta y que se consolidó después del Consenso de Washington modificando la estructura de financiamiento del Estado para poner las finanzas públicas como objeto central del negocio de los fondos privados de inversión, lo que tiene hoy a casi todos los Estado del mundo, en la grave situación financiera, tal como ocurre en Colombia y más.  Lo que les preocupa a los capitalistas rentistas agrupados en los fondos y a los fondos mismos que son los más beneficiados, es el servicio de la deuda. Los asuntos públicos y los problemas sociales no les importa, como ahora con el tema de las pensiones. Su preocupación no es el asunto público de la vejez, sino el pago de las obligaciones adquiridas por el fisco a favor de los tenedores de bonos.

El nicho natural de lo público es el Estado, tal como se estableció desde el siglo XVIII, por lo cual quien debe manejar las pensiones es el organismo estatal. Pero los fondos privados secuestraron los jóvenes que pagan la cotización mensual, de quienes se nutren durante más de 20 años, dejando a Colpensiones los viejos, que no pagan, pero que demandan la mesada pensional cuya fuente es el presupuesto público. Por lo tanto, la solución es simple: que regresen los jóvenes al Estado y les dejen los viejos a los fondos privados. Así, Colpensiones tiene una fuente de ingresos y la carga contra el presupuesto deja de ser una bomba.

Mientras no se cambie la actual estructura de financiamiento del Estado impuesta por el Consenso de Washington, donde las finanzas públicas se han reducido a abrir un hueco para tapar el otro hueco abierto años atrás, siempre incrementando la deuda con los cuantiosos intereses que debe pagar, nunca llegará la solución definitiva para los problemas sociales y las necesidades del desarrollo nacional. Mientras el Estado siga siendo el marrano para asegurar los lucrativos negocios de los fondos de inversión y siga alejado del cumplimiento de los sus fines sociales, ni las pensiones, ni la infraestructura, ni la educación, ni la salud, ni el deporte, ni nada, tendrá los mecanismos adecuados para satisfacer los requerimientos humanos. Se comprende la postura de Clavijo quien debe defender a toda costa los fondos sin que le importe un comino, ni el Estado, a quien ven simplemente como el cliente de su negocio, ni la comunidad, a quien ven como un obstáculo para su negocio; pero ya llegar al extremo de sus propuestas con la idea de arrebatar del todo lo público de las manos del Estado, es una perversa desfachatez de ANIF. 

DESPILFARRO EN EL TERRITORIO

Hoy, cuando el mundo está globalizado con una dominación cultural asfixiante, cuando los grupos de poder económico universal imponen el Nuevo Orden Mundial para favorecer los intereses de dos centenares de multimillonarios de Estado Unidos y Europa, que tienen un poder económico y militar invencible, son muy escasas las opciones  de emancipación en África y Latinoamérica y por supuesto, las posibilidades de construir procesos sociales basados en el nacionalismo y la protección de los propios intereses, como la defensa de la identidad, la pertenencia y los recursos naturales del patrimonio local.

Ante esa escasez de posibilidades de generar proyectos políticos capaces de contrarrestar los efectos de la globalización, la tradición ancestral y el arraigo de las comunidades indígenas encierran un gran potencial que puede convertirse en la punta de lanza de toda la sociedad, para orientar procesos de largo alcance hacia objetivos políticos independientes y sostenibles, diferentes a los tradicionales en manos de la oligarquía criolla entreguistas y vende patria. La energía social que encierra la comunidad indígena es la única que tiene la magnitud para liderar y arrastrar a la totalidad de la población alrededor de un gran proyecto político nacional, pero siempre que los grupos indígenas cuenten con la visión política adecuada y un liderazgo interno a la altura de las necesidades. Una visión que se aleje de sus intereses mezquinos y su afán economicista, para dimensionar sus acciones en el marco de toda la sociedad nacional sin distingos de etnias ni estratos sociales.

Vemos la energía social de la comunidad indígena, pero también vemos lastimosamente las limitaciones de sus líderes y dirigentes que no ven en el horizonte el gran potencial. Se encierran en sus aspiraciones puntuales y en vez de ganarse el apoyo y respaldo de toda la sociedad, propician la división y el rechazo de otros grupos poblacionales, igualmente colombianos, actores de la historia reciente y sujetos de derechos derivados de los cambios dialécticos que han surgido a lo largo de la historia. Para enfrentar la globalización, además del liderazgo social, se requiere la unión de todos los habitantes que sienten los nocivos efectos del dominio internacional. Las posturas y acciones que crean conflictos internos en la comunidad nacional son contraproducentes.

Es lamentable el desperdicio que afecta no solo a las comunidades protagonistas, sino a todo el país que pierde una gran opción de construcción de patria y aprovechamiento de la fortaleza multicultural para implementar procesos de mejoramiento de las condiciones de vida a partir de las propias realidades históricas, todo debido a dirigentes que marchan por la línea equivocada respecto a las condiciones históricas de la realidad presente, en el marco no solo del departamento del Cauca, sino en el concierto universal, que hoy, más que nunca, cuando ya llevan algunos años procesos en otros países de Suramérica, se presente semejante despilfarro en el territorio.