COLOMBIA FEDERAL

Hace pocos días, el gobernador de Magdalena habló sobre la conveniencia de transformar a Colombia en un Estado Federal, lo cual fue apoyado por otros gobernadores; algo así como lo que se hizo en 1863 cuando el caso de Estados Unidos de Colombia, pero por supuesto distinto, para la realidad de hoy. Los gobernantes territoriales sienten en carne propia los golpes del centralismo bogotano y por ello son autoridad para opinar sobre esta materia.

Es claro que el exagerado centralismo bogotano que hoy existe, le está haciendo mucho daño al país, ya que, a pesar de que desde 1987 se viene hablando de descentralización, la realidad es totalmente contraria al discurso que fue presentado en aquella época y que se acentuó en 1991. Cada día las acciones del gobierno nacional son más centralistas, con casos, inclusive, de atropellar la norma constitucional sobre autonomía de las entidades territoriales, en un momento histórico donde se habla de democracia participativa, desarrollo endógeno, enfoque territorial y otros temas institucionales, que no son posibles en un ordenamiento centralista como el de hoy. Los mecanismos que utiliza la Nación son camuflados para no enfrentar abiertamente las normas jurídicas, pero eficaces por las condiciones prácticas que imponen a las entidades territoriales, donde el chantaje se evidencia sin mayor esfuerzo deductivo. Tal vez, si las cualidades del nivel nacional fueran diferentes a las existentes hoy, probablemente el daño que el centralismo bogotano hace al país fuera inferior y las regiones pudieran salir adelante a pesar de dicho esquema institucional; pero los efectos del régimen político, la ineptitud de la mayoría de funcionarios, los mecanismos burocráticos y la subordinación a los intereses internacionales, entre otros factores, no permiten que con las formulas centralistas se logre cambiar la triste realidad que viven los territorios.

Pero surgen también interrogantes sobre las bondades de la federalización y sobre todo, de la pertinencia de esta fórmula para la realidad colombiana, que encierra aspectos geográficos, culturales y socioeconómicos diversos, los cuales se afectan substancialmente por las condiciones del sistema político, con una cultura política que ya ha demostrado ser inapropiada para responder a los verdaderos requerimientos de las comunidades. Temas importantes como el financiamiento del Estado, el peso de las élites de poder regional que hoy han sido cuestionadas por razones de ética pública, motivación y dinámica de las comunidades locales, entre otras cosas, serán aspectos apropiados para una federalización??.

Igualmente, si se examina la pertinencia, no se aprecia mucha claridad, debido a que ésta debe considerar las causas del problema, donde se evidencia que no es por falta de federalismo que se viven los problemas actuales, sino por falta de la voluntad política para realizar una verdadera descentralización. Hoy existen las normas, aunque en la realidad no se aplican debidamente, para permitir la descentralización administrativa, pero no existe descentralización política, lo que conlleva a la incapacidad para tomar decisiones por parte de los órganos territoriales. Descentralización política significa el empoderamiento de las comunidades locales y la dotación de herramientas para diseñar y construir su propio futuro, lo cual no existe. Las políticas públicas son impuestas por el nivel nacional con enfoque de arriba hacia abajo (top down) y las herramientas de decisión están concentradas en el nivel nacional. Los hechos de los últimos treinta años muestran que la descentralización administrativa no tiene eficacia, si no se acompaña con la descentralización política, para lo cual las organizaciones sociales y el concejo municipal, deben tener mayor capacidad de regir su propio destino.

Más que federalización, que puede ser un remedio peor que la enfermedad, lo que Colombia necesita es descentralización política y ordenamiento territorial, entendido este, no como lo señalan las leyes 388 de 1997 y la 1454 de 2011, sino como la construcción colectiva de territorio por parte de los mismos actores regionales, lo cual, con seguridad, es más eficaz que tener una Colombia Federal

EL JUICIO AL ESTADO

Cuando los alemanes diseñaron el Estado Social de Derecho, por allá en los años treinta del siglo pasado, lo hicieron pensando que los derechos eran un elemento excelso en la organización social y por su majestuoso carácter, todo el conglomerado humano le rendiría pleitesía y esta categoría ganaría el reconocimiento y el respeto de todos los actores sociales. Ante la crisis social derivada de la gran depresión de 1928, los pensadores encontraron la fórmula de convertir en derechos las necesidades humanas, para garantizar la atención por parte del Estado y de esa manera salvaguardar las condiciones de vida de la población, principalmente de los más pobres, quienes se veían en mayores dificultades para resolver sus necesidades de manera autónoma y sin la intervención del organismo.

Pero ya en los años ochenta, los especuladores internacionales del dinero, agrupados en los fondos de inversión y con el sustento teórico del pensamiento neoliberal, encontraron en este tipo de Estado la gran oportunidad, o papayaso, para lograr su propósito de negocio, convirtiendo al Estado en el marrano para asegurar sus colocaciones de capital, lo cual realizan navegando en el turbulento mercado de capitales que opera como cordón umbilical para nutrir o desnutrir las finanzas públicas. Primero, desplegaron un feroz ataque contra el Estado del Bienestar utilizando engaños y calumnias y luego, impusieron el Estado Social de Derecho, pero totalmente distorsionado y torcido, con relación a la propuesta de sus fundadores. Ya no es concebido como mecanismo para garantizar la satisfacción de las necesidades humanas, sino como instrumento para disminuir el Gasto Público, una de las dos finalidades de la política neoliberal. En lugar de brindar a la comunidad bienes públicos como contraprestación del pago de impuestos, tal como lo hacía el Estado del Bienestar, ahora este organismo brinda garantía o protección de derechos, pero no ofrece con carácter universal satisfactores de las necesidades básicas, sino que mediante la focalización, concede subsidios irrisorios a los más pobres para que estos vayan al mercado a comprar los bienes públicos cuyos oferentes, en su mayoría, son empresarios privados.  

Ahora llega el Covid-19 y corresponde al Estado asumir la tarea de brindar la protección a toda la población y principalmente a los afectados por el paro de la economía. Pero para ello, justamente, tiene que aumentar el Gasto Público, una función que no está prevista en la operación del organismo, por lo cual ya no cuenta con los medios para el efecto, como era el banco central. Ahora el eje de las finanzas públicas es el endeudamiento por lo tanto para dicho aumento del gasto, debe endeudarse más de lo que ya está. Entonces se vuelve un círculo vicioso porque para pagar el servicio de la deuda debe recaudar impuestos, pero el paro de la economía ha disminuido el recaudo, mientras que el gasto debe aumentar para atender las necesidades humanas derivadas de la pandemia, por lo cual debe pedir nuevos préstamos incrementando el saldo de la deuda en forma desmedida.

Así, el gobierno se encuentra en una encrucijada ya que requiere incrementar ingresos tributarios para aumentar la capacidad de deuda y viabilizar los nuevos endeudamientos; pero la base tributaria está saturada, por la antigua deuda y porque el paro de la economía ha bajado la capacidad de pago de impuestos. Por otro lado, la opinión pública reclama que el Estado debe aumentar el Gasto Público, pero el organismo ya no tiene el Banco de la República para que le dé la mano; así las cosas y ante la gran crisis social que se avecina por el desempleo y las necesidades básicas insatisfechas, ha llegado la hora de realizar el juicio al Estado.

LA CRISIS DE LAS ESE

El problema de las ESE no es técnico ni científico; desde tiempo atrás, las facultades de medicina, los centros de investigación y las multinacionales tecnológicas y farmacéuticas, ya han resuelto los problemas de este género. Hoy lo que se aprecia es una gran debilidad gerencial que impide el logro de los objetivos corporativos, porque los problemas administrativos y operativos superan los esfuerzos y voluntad de quienes están a cargo de la organización.

El gobierno nacional creyó equivocadamente, que brindando a los médicos algunos conocimientos sobre gerencia hospitalaria a través de especializaciones de un año, donde apenas se alcanza a dar algunos brochazos sobre la materia, ya estaban listos para desempeñarse con eficacia en el manejo de las entidades y lo que vemos en muchos casos, es que se sigue manejando las empresas a punta de sentido común, donde prevalece las decisiones subjetivas basadas en el “yo pienso”, “yo opino”, “ a mí me parece”, o sea en forma totalmente alejada del enfoque gerencial. Creyó el gobierno nacional que el direccionamiento estratégico de las organizaciones, depende de las personas, sin entender que son más determinantes los procesos y los modelos operativos que se apliquen. En el mejor de los casos, las ESE aplican enfoques gerenciales calcados de la empresa privada, lo cual, por el contrario, agudizan más el problema por la impertinencia del esquema.   

Las ESE son empresas doblemente públicas: uno, porque el objeto de trabajo o sea la salud, es un asunto público; y dos, porque el propietario de la empresa es el Estado; por ello, lo apropiado es la aplicación de modelos de gerencia pública diseñados de manera particular para las especificidades de la organización, pero aplicando los principios teóricos de la microgestión pública. Para no ir más lejos, veamos un ejemplo: como gran hazaña, algunas aplican el enfoque del Plan Estratégico que parte de un DOFA, pero que fue creado para fábricas de productos tangibles de carácter privado y para empresas mercantiles que deben salir al mercado a competir con sus similares, situación muy diferente a la de las ESE, mientras existen otros enfoques de planificación institucional más adecuados a este tipo de empresas. En la mayoría de los casos, los DOFA son mentirosos. Así mismo ocurre con el modelo operación, que en su mayoría se concentra en la aplicación de los protocolos de atención que manda el gobierno desde Bogotá, con procedimientos rígidos y cuyo trasfondo encierra la política sectorial con sustento financierista y sin valor humanista; e igualmente las estrategias de marketing, que imitan los esquemas privados y no se ajustan al paradigma público. Parece que los protocolos del Ministerio son elaborados, más para aumentar las ventas de las multinacionales tecnológicas y farmacéuticas, que para sanar las enfermedades.

Ahora bien, si en tiempos de normalidad, estas empresas prestadoras del servicio de salud estaban sufriendo por todos estos motivos, con el agravante de los golpes que las aseguradoras les dan como efecto del sistema de la Ley 100, ahora, con la aparición de la pandemia del Covid-19, sí que es cierto que la situación se agravó, porque las fallas son estructurales y las empresas no tienen la capacidad de dar respuesta pragmática, pertinente y flexible, a los cambios en el entorno, como lo exigen las situaciones emergentes. Como quien dice, las cogieron fuera de base y a última hora están dando pataleadas de ahogado para salir del embrollo de la mejor manera posible, pero que de todas maneras no es la más adecuada para atender el reto que el virus impone a todos los actores, estamentos y sectores de la sociedad, profundizándose de esta manera la crisis de las ESE.

LA NUEVA UNIVERSIDAD

Desde comienzos de este siglo y especialmente durante el último decenio, los expertos en temas educativos han venido exponiendo la necesidad de ajustes en el ordenamiento institucional de la universidad, como respuesta pragmática a los cambios de la realidad mundial que ocurre desde finales del siglo anterior. Y eso que no se sabía sobre la aparición de la pandemia del covid-19, que ahora ya hace parte de la realidad histórica del mundo y como tal, es otro factor que incide en la operación de las instituciones. Ya con este fenómeno, los retos para la universidad son aún mayores que los contemplados por los analistas durante los diez años anteriores.

Algunos aspectos que han considerado los observadores destacan varios temas como el caso de la métrica de los procesos educativos, que es una de las aberraciones más grandes en la universidad colombiana, donde a los estudiantes no se les evalúa su formación profesional, sino que se les califica cuantitativamente sus conocimientos, generando una distracción sobre la verdadera formación y esclavizando al estudiante a sacar una nota para aprobar las asignaturas, más que a internalizar los patrones mentales de la formación profesional.

También consideran los analistas, que el enfoque especializado debe superarse, para utilizar un enfoque holístico, que implica programas interdisciplinarios y articulación entre varias facultades para formar profesionales más integrales, lo cual conlleva una estructura administrativa diferente a la actual, sobre todo para los fines académicos.

Destacan también los estudios sobre el tema, que hacia el futuro inmediato, se debe disminuir la carga de clases en aula de carácter magistral, para aumentar el peso de los ejercicios prácticos, lo cual significa que se debe revisar la norma sobre perdida de la materia por faltas; pues la asistencia al aula ya no debe considerarse como requisito obligatorio. Y por supuesto, los espacios de aula en cuanto a su composición arquitectónica e instalaciones, debe ser diferente para facilitar las interacciones de los estudiantes y los métodos colaborativos que son necesarios para una formación profesional diferente.

Ocupa especial importancia en los artículos de los expertos, el tema de la creatividad con fines de innovación, por lo cual el viejo sistema de transmisión de conocimientos de forma unilateral donde el profesor suministra información al estudiante, en su mayoría sacada de libros escritos por autores extranjeros que el maestro ha leído,  pasa a segundo lugar y ahora la producción intelectual del estudiante, seguramente con base en las mismas realidades regionales y locales, pasa a ocupar lugar de privilegio, adaptándose de mejor manera, a la misión del aparato universitario en el seno de la sociedad.

Y uno de los planteamientos más interesantes entre los muchos expuestos, es el que se refiere a los recursos educativos abiertos, que significa no limitar los programas al uso de textos preestablecidos, sino a combinar acciones por fuera del aula sobre fuentes de conocimiento diversas donde el uso del internet toma una posición relevante.

Son muchas más las consideraciones que hoy se hacen sobre la educación superior, que retan a la institución a desanquilosarse y actuar con flexibilidad, respondiendo a los retos que impone el covid-19, junto con todos los demás fenómenos que en presente siglo se han introducido en la historia, para avanzar en la adecuada construcción de la nueva universidad. 

CALLADITO DE GAVIRIA

Se hizo popular el apelativo de la “calladita”, haciendo referencia a la magistrada que ocultó información de interés público; y últimamente se armó un escándalo porque la vicepresidenta calló durante muchos años una tragedia familiar. Entonces como ya está de moda el tema, bien vale recordar algunos datos que el sepulturero del glorioso Partido Liberal y padre del neoliberalismo en Colombia, ha mantenido en secreto durante tres décadas.

Cesar Gaviria está en deuda con el país sobre varios asuntos de interés general que la opinión pública no conoce y que él en su calidad de presidente de la república debió saber. Por ejemplo, no ha dicho Gaviria qué papel jugó el Instituto para la Economía Internacional (IIE) de Washington, que hoy se llama Instituto Peterson, en todos los antecedentes de la Asamblea Constituyente de 1991, ni tampoco ha informado sobre el papel del señor John Williamson que coordinó un proyecto derivado del Consenso de Washington, que según el informe de esa misma entidad, contaba con un presupuesto de 18 millones de dólares. Aún no sabe la opinión pública de dónde salieron los recursos para financiar el movimiento de la Séptima Papeleta. Tampoco sabe la opinión pública qué maniobras se dieron para que la Corte Suprema de Justicia expidiera dos conceptos sobre reforma constitucional, cuando Alfonso López manifestó la imposibilidad de reformar la Constitución mediante Asamblea Constituyente y más adelante, sobre la capacidad de esta asamblea para cambiar totalmente la Carta.

Cesar Gaviria no ha dicho quien le recomendó a Rudolf Hommes para el cargo de Ministro de Hacienda, justamente, el único colombiano que participo en el Consenso de Washington, auspiciado y financiado por el IIE, y tampoco nos ha informado por qué este mismo organismo, cuyos recursos principales recibía en ese tiempo de los fondos de inversión con importante participación de Rockefeller, según publican en su página web, cubrió los gastos para que en 1993 fueran a la capital norteamericana a recibir la cartilla neoliberal, un numeroso grupo de funcionarios de su gobierno, quienes a finales de ese año llegaron a Colombia a presentar los proyectos de ley que hoy tienen destruido al país y en grave situación de descomposición social.

No ha explicado todavía por qué y cuál era el significado de su famosa frase en el discurso de posesión “bienvenidos al futuro”, un futuro que hoy es presente y que ya conocemos. Tampoco ha dicho el significado de la famosa autonomía del Banco de la República, cuando vemos que hoy ese organismo tiene lazos de dependencia muy estrecha con el Banco de Pagos Internacionales (BPI) con sede en Basilea Suiza, mientras el gobierno no dispone del instrumento apropiado para afrontar la grave crisis de las finanzas públicas. Debe informar Gaviria, cuáles eran los compromisos con el IIE sobre cambio de la Constitución, derogando el Estado del Bienestar, que había sido víctima de cruentos ataques y desprestigio de parte de los especuladores internacionales del dinero aglutinados en los fondos de inversión.

También hay gente que piensa, que Gaviria sabe sobre quiénes son los verdaderos autores intelectuales de la muerte de Galán; pues no creen que un narcotraficante llegue al asesinato de un virtual presidente por un motivo irrisorio. En cambio esta corriente considera que el cambio de tipo de Estado sí justifica un crimen de esa magnitud, resaltando que Galán no iba a prestarse para destruir el Estado Interventor-Benefactor, que él tanto defendió, para instaurar el Estado neoliberal que se impuso en 1991.

Pero el mayor interrogante que hoy nos amarga a los liberales, a los afiliados al Partido Liberal que somos fieles a la plataforma ideológica aprobada por la Constituyente Liberal de comienzos de siglo, es quién le sostiene aferrado a la organización política que encierra la potencialidad suficiente para cambiar el actual establecimiento neoliberal e imponer las políticas pertinentes para solucionar los grandes problemas nacionales. Por eso hoy toca dejar el temor de un lado y aprovechando que el tema del silencio se ha puesto de moda, exponer públicamente el caso del calladito de Gaviria.