Ordenamiento territorial, desarrollo territorial y administración
territorial, son tres conceptos estrechamente relacionados pero con
significados diferentes que aunque en el ejercicio de la gestión pública las
interacciones son obligatorias, su concepción genera diferencias a la hora de
tomar decisiones administrativas.
En ordenamiento territorial municipal se conocen por lo menos una
decena de enfoques, que van desde el diccionario, pasando por autores como
Fals, Carvajal, Arocena, Ibarra, Mendoza, Gómez, hasta llegar al enfoque
adoptado por la Ley 388 de 1997 en su artículo quinto. Como en Colombia rige el
Enfoque Jurídico de la Administración Pública, los conceptos pasan a segundo
plano y la obligación es cumplir la ley, independientemente de que esta sea
teóricamente adecuada o inadecuada.
Lo importante es la deducción que surge de la interpretación de los
conceptos, según la cual, si se quiere racionalidad en la gestión pública y
optimización de los recursos, no se debe ejecutar obras civiles en un
municipio, si previamente, no se han evaluado desde el punto de vista del
desarrollo territorial y si no se ha hecho el correspondiente cálculo de
beneficios, con los métodos recomendados por el DNP, para determinar la
viabilidad financieras de las mismas.
En la más elemental definición de este concepto, el desarrollo
territorial incluye un conjunto de obras y acciones necesarias para alcanzar el
ordenamiento territorial; así que no se puede entender, cómo se determina la
realización de obras, antes de disponer del modelo de ordenamiento territorial
debidamente aprobado por organismo competente. De ser así, significa que las
obras fueron definidas con base en el sentido común y no con criterios de racionalización
y optimización de la gestión pública. Los recursos de financiamiento son
escasos, por lo cual es recomendable que se asignen de modo que no se realicen
obras innecesarias; y la necesidad de ellas solo la determina el ordenamiento
territorial. Caso contrario, estaríamos colocando el techo sin haber construido
los muros.
Hoy
se vive un serio debate sobre la realización de obras urbanas y principalmente
cuando se utiliza el sistema de valorización para el financiamiento, ya que
muchas veces los gobiernos territoriales se apresuran a la ejecución de ellas,
ya sea por la tajada de los contratos o por el afán de mostrar realizaciones, o
por la urgencia de las mismas, pero en todos los casos se está saltando el
debido ordenamiento técnico que exige la magnitud de las inversiones, más
cuando se trata de tocar el bolsillo de los propietarios de los inmuebles. Así,
es natural que se generen interrogantes y conflictos, porque, por lo general,
no es que la gente no quiera pagar, sino que o no dispone de los dineros o no
comparte los procedimientos gubernamentales cuando estos no se ajustan a los
cánones de la adecuada administración pública, como en los casos donde no se
aplica la lógica de las obras municipales.