AFUERA PETRO

Revisando los hechos históricos desde la antigüedad y con mayor razón los del último siglo, se observa con claridad que los fenómenos mundiales o internacionales, están por encima y son determinantes de los hechos al interior de los países en los asuntos relacionados con ellos. Se aprecia que los centros de poder mundial ejercen influencia y dominio sobre los procesos internos y que estos finalmente se someten a aquellos.

Si esa ley histórica se cumple, el próximo presidente de Colombia no será progresista, sino salido del otro bando y prevalecerá el péndulo que en las últimas cuatro décadas se ha observado en los países de Latinoamérica. Solo cuando se derrumbe la modalidad del capitalismo rentista con el poder concentrado en los fondos, como Black Rock, por ejemplo, y regido por la FED, que se sustenta en la doctrina neo-neoclásica y su derivado neoliberal, se podrá implantar en los países dependiente un cambio del modelo económico y social, que se sostenga y perdure en el largo plazo, hasta llegar a su propósito de condiciones de vida y dignificación humana , como lo quiere el progresismo.

El capitalismo financiero internacional ha implantado los mecanismos e instrumentos para ejercer la dominación global, los cuales son muy potentes y están blindados con normas constitucionales y del derecho internacional, de modo que se convierten en un obstáculo para que los Estados, en su conjunto o sea las tres ramas, puedan aplicar políticas que permitan solucionar estructuralmente los problemas sociales y satisfacer las necesidades del pueblo.

Comenzando por el Banco de la República que raptaron mediante norma constitucional y lo colocaron a su servicio a través del BPI de Suiza, convirtiéndolo, además, en autoridad económica por encima del gobierno, el cual con su política monetaria de freno a la inflación para beneficiar a los rentistas que colocan su inversión en papeles de renta fija, propicia el desempleo masivo que afecta la situación social. Luego lo protegieron con normas que solo una asamblea constituyente puede modificar, esta que los mismos centros de poder global, siempre impedirán por miedo a que les tumben su poder.

El negocio del rentismo internacional, es mantener al Estado sometido al mecanismo de financiamiento que ellos han impuesto a través de los mercados de capitales, haciendo del Estado un deudor continuo y permanente, que no se puede escapar de sus garras y se mantiene esclavo de la deuda; porque propiciaron la implantación de una estructura de financiamiento donde el organismo queda amarrado a la deuda y debe destinar más de la mitad de los ingresos tributarios al pago de las obligaciones, limitando al gobierno por escases de recursos, para atender las necesidades sociales y de inversión. Para complementar, crearon el cuento de la “regla fiscal”, con la que aseguran que el gobierno destine prioritariamente los recursos de los impuestos, para atender las obligaciones con los acreedores. Así, al gobierno no se le permite implementar las políticas sociales necesarias para el cambio, por limitaciones fiscales que no pueden evadir. Y si trata de aplicar programas sociales, por algún lado, atacan las propuestas con el argumento falaz del “populismo”, cuyo concepto ha sido distorsionado y lo utilizan de manera peyorativa contra los principios del Estado de Bienestar, que se impuso en la mitad del siglo XX. Para complementar el dominio internacional, se ha establecido el monitoreo periódico del FMI y los acuerdos de Basilea mediante los cuales el BPI ejerce su dominación sobre el banco central. Adicionalmente, y para mantener el sometimiento del Estado al servicio de la deuda, se inventaron otros instrumentos como las calificadoras del riesgo (Moody’s, Estándar & Poor´s, Fitch Ratings), con las cuales hacen “terrorismo” fiscal contra algún gobierno que pretenda escaparse de su secuestro.

Pero hasta aquí, solo se ha señalado una fracción del conjunto de factores que limitan al gobierno para realizar los cambios, que espera con afán la comunidad nacional en corto plazo y que exasperan el ánimo cuando no llegan rápido las soluciones deseadas.

Además de los mecanismos permanentes, los núcleos de poder internacional no se quedan de brazos cruzados cuando su domino está en riesgo. Meten todo el billete que sea necesario a través de las ONGs que poseen para tal efecto, como ocurrió en 1990 con el IIE (hoy Instituto Peterson) fundado en Washington en 1981, que influyó el cambio de la constitución política en Colombia, para poder secuestrar en banco central con la complicidad de Cesar Gaviria. Cualquier intento de cambio en el país que vaya en contra de los intereses globales, será frenado con el auspicio y la financiación de fondos provenientes del exterior, que manejan los organismos civiles alimentados con donaciones de los grandes grupos financieros. Y no hemos citado el cinturón de la OMC que aprieta desde afuera, ni el enclave de FEDESARROLLO, el esbirro que mete cizaña desde adentro para la conservación del régimen.

Pero también hay fenómenos internos que impiden el cambio a la velocidad que la ciudadanía espera y necesita, de modo que la impaciencia empuja procesos electorales desesperados, que terminan en contravía de las verdaderas soluciones al descontento social. No solo es la acción inmoral y antiética de los neonazis, que utilizan métodos depravados para atacar al gobierno presente con el fin de dañar la imagen pública mediante la falsedad que condiciona la opinión de la ciudadanía, similar a la propaganda nazi de Goebbels, sino también que el soporte político del gobierno, presenta debilidades como para enfrentar la magnitud de las fuerzas opositoras nacionales e internacionales.

Históricamente, la cultura política colombiana es caudillista y los procesos electorales no se sustentan en una plataforma ideológica que contenga propuestas de gestión y políticas públicas, sino en el nombre y cualidades de un personaje. De otro lado, el desempleo y la pobreza generalizados por culpa del modelo neoliberal que ha imperado en los últimos 30 año, generan una acción política espontánea y reactiva de horizonte coyuntural, que facilita la manipulación del voto mediante cualquier prebenda; situación que aprovechan los tenedores del gran capital para comprar la conducta del elector y alcanzar las cifras electorales deseadas.

El actual gobierno no llegó al poder montado sobre una estructura organizacional con soporte ideológico fuerte y de gran cobertura, sino como resultado reactivo de la situación de descontento acumulada durante lo que va del presente siglo, que había sido originada en el desempleo y la pobreza generalizada propios del capitalismo salvaje, agravado por el pésimo gobierno del anterior presidente cuyo talante neonazi concentró los beneficios del poder en grupos de amigos y ocasionó la horda electoral que llevó al triunfo de la propuesta progresista.

Pero el progresismo, como partido, no existe. Se aprecia una “cocha de retazos” antagónica al neoliberalismo y a las elites tradicionales del poder, corruptas y criminales por cierto, en cuyo liderazgo se destacan los nietos de expresidente, quienes se creen los propietarios del Estado, al mejor estilo neonazi. Los actores contrarios a esa tradición política hegemónica, se agruparon y superaron la tradicional clientela que ha sustentado el ejercicio del poder en el último medio siglo. No fue el producto de un proceso político ordenado y consecuente construido sobre bases sociológicas profundas y estables, sino el aprovechamiento de la coyuntura de descontento y la presencia de un caudillo con el carisma suficiente para canalizar la votación.

Por supuesto, la necesidad de crear una organización sólida y con fortaleza estructural que se alimente con las posturas progresistas o cualquiera antineoliberal, está vigente y es un menester histórico, ahora que el modelo neoliberal se está derrumbando en todo el mundo, según se deduce de los síntomas globales de inflación y la próxima recesión económica, lo cual implica la debida preparación para la construcción del futuro modelo que reemplace al actual, diseñado sobre bases nacionales y aprovechamiento del patrimonio productivo propio. Pero la dirigencia territorial de la llamada “izquierda” no muestra un comportamiento apropiado frente al reto, como se puede ver en la conservación de los viejos vicios de la izquierda del siglo pasado, donde se manifestaba la pugna interna entre los propios camaradas y no sobre el verdadero rival en el escenario político. Para completar, no se vislumbra un caudillo de alto perfil, que recoja las riendas del proceso y lidere la continuidad del mismo.

El panorama aquí narrado, deja ver la alta probabilidad del péndulo, que ha ocurrido en toda Latinoamérica, y que permite prospectar un gobierno de derecha en 2026 y nuevamente, uno de izquierda en 2030, porque el grueso de la comunidad es impaciente en razón a que las condiciones de vida no dan espera y existe la creencia errada de que, con un simple cambio de gobierno, al día siguiente la situación mejora.

Sin embargo, el deterioro en las condiciones de vida seguirá en aumento mientras la situación global sea la misma y por ello el descontento será creciente. Seguirán las manifestaciones de descomposición social y los fenómenos de violencia que la acompañan, de modo que al período 2026-2030 le corresponderá una situación de mayor caos, agravada con el desplome total del modelo neoliberal, que se espera en esta misma década llegue a su final, por ruptura de sus contradicciones dialécticas que se están agudizando y se manifiestan en el desbalance entre el sector monetario, cada vez más grande, y el sector real, cada vez más pequeño. Así, lo que corresponde hacer por ahora, es alistarse para evitar que la premonición del vaivén ocurra, cuando llegue el momento en que esté afuera Petro.

ADN DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

 La historia de Colombia está caracterizada porque es la historia de los conflictos y la violencia, como se puede ver en los dos siglos anteriores, desde la Patria Boba que comenzó en 1810, pasando por las nueve guerras civiles que hubo en el siglo XIX para terminar en la “Guerra de los mil días”. Luego vino el siglo XX con la violencia que durante la primera mitad protagonizaron los liberales y conservadores, para terminar en la segunda mitad con el conjunto complejo de fenómenos de violencia, donde confluyeron múltiples actores con diversidad de propósitos como guerrilla, narcotráfico, paramilitares, bandas criminales, pandillas sicariales, mercenarios y muchas formas más. 

El siglo XXI, que se creía iba a mejorar la convivencia y podría tener mejores condiciones de armonía social y clima pacífico, resultó peor que el anterior. Las guerrillas se torcieron, los paramilitares se ajustaros a la realidad presente y aparecieron otras manifestaciones de conflicto con diversidad de expresiones que van desde la violencia intrafamiliar, pasando por la violencia barrial, siguiendo por los grupos y bandas tradicionales, los extorsionistas que cogieron fuerza, las mafias de todos los pelambres acompañadas con violencia, hasta la violencia de los altos niveles del poder, donde se cruzan muertes de dudosa procedencia. 

La violencia no solamente es política; está incrustada en la esencia de los colombianos, por lo que se observa en el interior de la familia, las pandillas de las calles y los campos, además que se ha diversificado. Hay violencia psicológica, violencia laboral, violencia institucional y violencia material, que, en todos los casos, deteriora las condiciones de vida. Las celebraciones familiares, las tradiciones culturales, los carnavales populares, las fiestas patronales, en los espectáculos públicos, en los torneos deportivos, en el tráfico de las calles, en los colegios, en las filas de las entidades, en el vecindario y en todo lugar, se aprecian las manifestaciones de violencia por cualquier motivo, sin nombrar el caso más aberrante que es la violencia de género, donde la mujer es la víctima más relevante. 

La violencia está enraizada en la ideología o la cultura de los colombianos, que casi en todas las fiestas de celebración, a la madrugada de remate de fiesta es un enfrentamiento violento entre borrachos. La violencia está incrustada en los tuétanos de los colombianos, que comienza desde el maltrato a los niños producido por los mismos padres y termina en las amenazas y chantajes en los altos niveles del poder político y económico. 

En esas condiciones sociales y culturales existentes en la realidad objetiva de la comunidad nacional, ¿cómo se debe concebir una política pública orientada a la construcción de paz?? 

La política pública de paz debe tener viabilidad cultural o ideológica, viabilidad social, viabilidad financiera y viabilidad técnica. No se trata de celebrar acuerdos con grupos armados y realizar negociaciones como las realizadas en el siglo pasado en los años cincuenta, en los años ochenta y en los años noventa. Los hechos muestran que los resultados no fueron los esperados porque por encima se colocó la conducta violenta de los actores y los procesos fueron un fracaso. En este siglo, se está viendo los mismo: acuerdos con paramilitares, acuerdos con las Farc, pero la violencia sigue peor que antes porque ahora la descomposición social creada por el modelo neoliberal y agravada por la ideología de la postmodernidad, ha trascendido la violencia sociopolítica y está invadiendo todas las esferas de la vida social. 

El diseño de una política pública para atender este gran problema público, implica abordar las causas objetivas y también las subjetivas; atender los factores estructurales y también los factores coyunturales, por lo que requiere medidas de inmediato plazo, de corto, mediano y largo plazo, diseñados por los actores sociales, más allá de negociaciones en mesas cerradas entre el gobierno y un solo actor, que está contaminado ideológicamente y opera en un caldo de cultivo que propicia más violencia.

Ya está claro y demostrado que, así como se ha realizado el propósito en los últimos setenta a años, así no es; porque puede resultar peor el remedio que la enfermedad, visto en el contexto de toda la complejidad social donde cohabitan multiplicidad de actores con diversidad de intereses. Pero no se conoce una formula acertada, pertinente y viable para afrontar esta complejidad, que inicia en la sangre misma de los habitantes y circula en el mismo ADN de la violencia en Colombia. 

LA RAZÓN DEL COBRO DE INTERÉS

Desde época de la antigua Grecia, cinco siglos A.C., el tema de la tasa de interés y el cobro del mismo ha sido objeto de análisis y comentarios sobre su racionalidad y justeza, a la luz de la ley natural y los principios filosóficos, como los que expuso Aristóteles en esa época. Posteriormente, y con la evolución de la economía y después de 25 siglos, aun el tema sigue ocupando primeros lugares en el análisis de la economía, como ocurre hoy, cuando, independientemente de su eficacia, la política macroeconómica neoliberal lo ha convertido en el principal instrumento para regular la inflación monetaria. 

Pero desde, los albores del capitalismo, por allá en el siglo XVI, el cobro de interés se ha considerado como el costo que tiene el dinero, por lo cual se justifica cuando se aplica como contraprestación a la concesión de un préstamo. Es decir, el cobro de interese es justo y equitativo, cuando un prestamista le entrega dinero al prestatario en calidad de préstamo para ser devuelto posteriormente. Eso es el principio universalmente aceptado. 

La pregunta que surge, entonces, es: cuándo la autoridad de tránsito y transporte, concedió un préstamo a los infractores de una norma reguladora, ¿¿cómo para que cobren intereses por las multas de tránsito?? Es una aberración de un principio universal sobre el costo del dinero, que no corresponde de manera pertinente, al argumento de pérdida de capacidad adquisitiva del dinero y la necesidad de indexar el valor real. Eso es otra cosa.

Es cierto que el Código de Tránsito ha sido concebido y diseñado, no con el propósito de ordenar la movilidad, racionalizar el uso del espacio, elevar la competitividad ni para mejorar las condiciones de vida de la población, sino que, y está muy claro, el objetivo es instaurar un instrumento idóneo para enriquecer a las mafias globales de privatización de los bienes públicos; pero el caso del cobro de interés por las multas, ya es un extremo morboso que se aparta de cualquier argumento sólido para justificar la razón del cobro de interés.

LA NECESIDAD DE PEDAGOGÍA POLITICA

Quienes desean el cambio de las políticas públicas con las que el Estado responde a las necesidades humanas de la sociedad, lo que deben hacer es dedicarse a realizar actividades tendientes a la toma de conciencia sobre el ejercicio cívico de la participación en política, para acabar con esa patología social de que para ganar elecciones se necesitan manejar volquetadas de dinero. La cultura política colombiana se aparta de todos los cánones sociológicos de las relaciones Estado-Sociedad, situación que aprovechan quienes solo tienen intereses particulares, pero cuentan con el dinero suficiente, para manipular la voluntad electoral y mantener los grupos de dominación que desde mediados del siglo pasado vienen controlando el manejo del Estado en todos los niveles. 

No obstante, lo que se ha visto en la tradición, es que los militantes de grupos de afuera de los políticos tradicionales, se dedican a atacar y pelear entre ellos mismo, descuidando la siembra de conciencia en la comunidad, sobre la realidad económica, social, institucional y política que impera en nuestro medio. Eso permite que las elites tradicionales utilicen los medios masivos de comunicación convencionales, para difundir mentiras y distorsionar la verdad, influenciando la mente de la gente y creando temores y posturas en contra de sus verdaderos intereses. De tal manera, que, para evitar el efecto de la gran prensa y las campañas de desprestigio mediático contra las propuestas de cambio, la más adecuada estrategia es el contacto personal en los mismos territorios donde reside la comunidad y con base en ejercicios de convivencia, compartir pensamientos para el conocimiento de la realidad objetiva.

 

La gente del común no sabe del daño que las políticas neoliberales le han hecho al país desde 1991, y no vivieron lo que era la economía y las instituciones de Colombia antes de 1980. Los jóvenes no habían nacido todavía. Entonces solo conocen la realidad del capitalismo salvaje y no es fácil asimilar el significado de los cambios para volver a tener en algo, no igual porque no es posible, pero similar a ese pasado que permite mayor dignidad a la vida humana y por eso existe la necesidad de pedagogía política. 

CONSTRUIR EL PROGRESISMO COLOMBIANO

 Si bien es cierto que no es verdad la afirmación de los políticos tradicionales quienes afirman que los resultados de las elecciones territoriales de octubre son un rechazo al gobierno nacional, también es cierto que el gobierno de Petro no es un dechado de virtudes ni que el presidente sea una pera en dulce. Ya se ha señalado que el gobierno, como cualquiera, comete errores a la luz de la teoría de la gestión pública y considerando las expectativas creadas con su elección.  

Se ha reconocido que la elección de un gobernante de afuera de las élites tradicionales de poder, fue consecuencia o efecto del descontento generalizado derivado de la situación económica, social e institucional que, todavía, reina en Colombia. Examinando las causas del fenómeno que originó la reacción masiva, está muy claro que los factores estructurales causantes del problema radican en las políticas neoliberales que durante treinta años se han impuesto en Colombia y que los factores coyunturales se ubican en el fracaso del pésimo y corrupto gobierno del anterior presidente. Así, blanco es, gallina lo pone; por lo cual la esperanza de la ciudadanía, sin saberlo a ciencia cierta, pero sintiéndolo, estaba centrada en cambio de las políticas neoliberales y la lucha contra la corrupción que tiene hastiada a la comunidad. 

Pero, el direccionamiento que ha impuesto el gobierno actual, no corresponde a los elementos estratégicos existentes en el escenario y la respuesta no ha sido del todo pertinente frente a las necesidades específicas de los colombianos. No se observa una ruta concreta para avanzar en la dirección correcta durante los cuatro años del período, sino una dispersión de acciones diversas, que dan oportunidad para el ejercicio de la oposición y la publicidad engañosa de las élites tradicionales.   

Ahora, no se trata de hacer un listado de los desaciertos o elementos impertinentes aplicados, sino de pensar en una solución hacia el futuro que responda a los mismos motivos, que aún mantienen, del descontento generalizado. Una solución política más coherente con la causa estructural señalada y que permita sembrar un proceso político organizado, con una arquitectura adecuada, que corrija las debilidades del tradicional caudillismo empotrado en la cultura política colombiana. 

Lo apropiado es la conformación de una organización política única, cohesionada, que sobrepase las limitaciones del proceso que llevó a Petro a la presidencia, cuyo carácter se asimila más a una “colcha de retazos”, además contaminada con los viejos vicios de la izquierda del siglo XX, esos que no precisaban quién era el verdadero rival y se dedicaban a atacar a los propios compañeros. Una organización donde pueda operar la democracia interna, que hoy no es eficaz por la pequeñez de la cultura política y los resabios individuales de muchos miembros de la dirigencia, sobre todo en los niveles territoriales.

De acuerdo a la reciente historia política latinoamericana, la ola progresista es la corriente recomendada para sostener un proceso político de largo alcance. Según Ángel Arellano, un analista uruguayo, “el discurso progresista rescata la promoción de la justicia y el progreso social, la equidad, la participación, la democracia, y da al Estado un rol esencial como actor garante de la disminución de la desigualdad y las discriminaciones de las minorías, apoyado en una nueva lógica de la distribución de los recursos públicos”: Por ello, el progresismo constituye el mecanismo más idóneo para conducir el desmonte del neoliberalismo, el que por fortuna, ya está dando los últimos estertores en todo el planeta y que se espera se derrumbe totalmente dentro de esta misma década, fecha para la cual ya se debe haber avanzado en el proceso de caracterizar las propias especificidades nacionales y con base en ello construir el Progresismo Colombiano.

CONFLICTO EN LA ESAP

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), que fue creada en 1958 en época en que se pretendía introducir el modelo de industrialización recomendado por la CEPAL para abrir el mercado colombiano a los intereses de las multinacionales, está afrontando una coyuntura de conflicto, que parece ser la primera, por lo menos en lo que va corrido del presente siglo, ocasionada por el descontento de los estudiantes y las organizaciones gremiales que agrupan a los distintos servidores de la entidad, donde se destacan los docentes. 

Como ha sido costumbre desde el siglo pasado, el movimiento estudiantil se concentra en temas de carácter economicista, haciendo requerimientos en materia de edificaciones, instalaciones, servicios complementarios, apoyos didácticos, materiales, tecnología, principalmente, y los docentes, como es costumbre, en asuntos salariales. Pero, la situación de la escuela es más profunda que estos temas, los que se resuelven con recursos presupuestales y voluntad del director. En el fondo, algunos puntos se pueden tener en cuenta. 

El primer punto, es si este establecimiento público, que no es una institución universitaria, de verdad es una Escuela; es decir, si crea y genera paradigmas y modelos para abordar el tema de la administración pública; o si se limita a repetir las directrices del CLAD y los autores europeos y norteamericanos, en el marco del colonialismo intelectual que impera en el país y que no concuerda con los retos de las ciencias sociales. En opinión de algunos docentes, dicen que el nombre de “escuela” le ha quedado grande a la entidad. 

El segundo punto se refiere a la preocupación por la participación de los administradores públicos en el mercado institucional de profesionales. Gran cantidad de cargos en las entidades del Estado, para desempeñar funciones de administración pública, son desempeñados por administradores privados, ingenieros industriales, abogados y otras disciplinas y en una muy baja proporción, participan los administradores públicos. Casi que la microgestión está en manos de disciplinas diferentes a la administración pública. 

El tercer punto que genera interrogantes, se refiere al perfil de los egresados de la ESAP. No existe claridad si la formación profesional se orienta a la preparación de administradores públicos burocráticos o si se orienta a la preparación de administradores públicos científicos. Partiendo de la base de que la administración pública es una ciencia que está en proceso de construcción y aunque todas las ciencias están sin terminar, inclusive las naturales, esta disciplina tiene especial relevancia por las condiciones imperantes en la esfera institucional, donde la administración pública presenta debilidades y deficiencias que impiden el cumplimiento de los fines esenciales del Estado en cuanto a la solución de problemas y necesidades públicas. El ejercicio profesional, en el mundo institucional está limitado al conjunto de leyes o normas y a las funciones y competencias asignadas a los agentes del servicio civil, los cuales se cumplen de cualquier manera, la mayoría de las veces atropelladamente con criterios subjetivos, sin que se erijan sobre esas normas y competencias, los procesos de gestión requeridos para alcanzar los objetivos de calidad con impacto en la ciudadanía. El ejercicio científico de cualquier disciplina de las ciencias sociales, requiere métodos y procedimientos ampliamente reconocidos por la epistemología, los cuales en la rama administrativa del poder público no se aprecian en la realidad de la operación institucional, principalmente de los niveles territoriales. 

Punto complementario al anterior, se refiere a la calidad institucional, principalmente en el proceso misional de formación profesional. Los comentaristas destacan dos tipos de calidad y consideran que en la ESAP no hay la suficiente claridad en cada uno de ellos. Una es la calidad del proceso de formación profesional y otra la calidad del producto o sea de los egresados, que se relaciona con el punto anterior. Dependiendo del perfil profesional que se pretende, el pensum y los patrones de calidad en la formación, son diferentes; pues un administrador público burócrata es simplemente un operador mecánico de normas y funciones, que no requiere mayores exigencias en la calidad académica; mientras que un administrador público científico requiere, entre otros, un componente de investigación, tanto básica como aplicada, el fortalecimiento de sus competencias para la interpretación y comprensión de los fenómenos públicos reales, el abordaje de la complejidad y la dotación de pragmatismo y flexibilidad para intervenir en los procesos públicos existentes. Son interrogantes que aún no están resueltos y que están en manos de los directivos. 

Aportes de investigadores reconocidos y de docentes de la misma entidad, destacan la importancia de distinguir el marco de la administración pública en dos campos: el de la macrogestión y el de la microgestión, lo cual, en el caso colombiano, se reviste de especial relevancia, hoy, cuando el debate político destaca con importancia el papel del Estado en la rectoría de los procesos económicos, sociales, ambientales e institucionales. La pregunta es, cómo se prepara científicamente al administrador público para abordar la macrogestión y cómo se forma académicamente para desempeñarse en la microgestión. En el debate político actual, más que discutir sobre las especificidades del sistema económico, se discute sobre las alternativas de política pública, donde el papel del Estado ocupa un lugar especial. Las posturas se ubican, no tanto en la confrontación de sistemas económicos, sino en la contraposición de modelos sobre la administración del Estado y las políticas públicas que de este organismo se generen. 

Las anteriores apreciaciones son algunas reflexiones que crean interrogantes que están por discutir y resolver, y que se inscriben en el conflicto de la ESAP, por lo cual este va mucho más allá de los temas que se han colocado sobre la mesa de negociación y que requieren un análisis profundo, siendo relevante el examen sobre la pertinencia, frente a la realidad nacional, del manejo que tiene la entidad, comenzando por definir si debe continuar como establecimiento público o si debe constituirse como institución universitaria. 

DESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA ECONOMÍA

Los críticos del actual gobierno, todos miembros de la élite de poder que manejó el Estado colombiano durante más de dos siglos, le imputan al presidente Petro que quiere destruir la democracia y la economía, cargos cuyo significado genera interrogantes que se alejan de toda lógica histórica. 

El gobierno actual, desde la campaña electoral, luego en la ley 2294 de 2023 de iniciativa gubernamental y además en los discursos ante la comunidad internacional en el escenario de la ONU, ha dicho entre líneas y también en forma concreta, que el espíritu de sus políticas es el de revivir los fundamentos del estado Moderno y los de la economía clásica. El primero, mediante el cual occidente retomó los principios de la democracia griega de la antigüedad y el segundo, al que se le debe la acumulación capitalista que hoy existe. 

Lo que se aprecia en el plan de gobierno consignado en la correspondiente ley, es el propósito de fortalecer la democracia participativa, esa que ha sido tan esquiva en Colombia, a pesar que se deriva de la carta constitucional vigente. Por eso no se entiende de qué manera es que el gobierno quiere destruir la democracia, cuando hay una ley vigente cuyo espíritu significa todo lo contrario y cuando el gobierno solo puede hacer lo que la ley le permite. La crítica, parece que no tiene claro qué es el Estado de derecho y tampoco el concepto de dictadura, este que impone decisiones sin acatar la ley. 

Dicen los críticos que con las políticas del gobierno se va a aumentar el desempleo y la pobreza; pero justamente, el capitalismo clásico, que durante gran parte del siglo XX se sustentó en los conceptos keynesianos del Estado Interventor-Benefactor, precisamente, tenían como eje de la política macroeconómica el pleno empleo. 

Las evidencias históricas nos muestran que el desempleo y la pobreza se han incrementado es en el capitalismo neoliberal, que se tomó el poder de Estado en los años ochenta, según los señalan los indicadores como el coeficiente de Gini y las estadísticas de empleo, a pesar de que ocultan el desempleo disfrazado y el subempleo, características relevantes en el período del capitalismo rentista cuyo poder se concentra en los grandes fondos como Black Rock y Vanguard, entre otros. 

Recuperar los fundamentos del Estado Interventor-Benefactor, porque aplicarlo al pie de la letra no es posible, genera un efecto todo lo contrario al que le endilgan los críticos, que ahora han trasladado sus argumentos al debate electoral de Argentina, país que también ha sido fuertemente azotado por el flagelo neoliberal.

Las políticas de rescate del aparato productivo, lo que traerán es fortalecimiento de la base económica para permitir procesos de crecimiento sostenido en el largo plazo. Y fortalecer la democracia participativa en el marco de la descentralización política, es el medio para revitalizar el régimen político que ha estado en manos de la politiquería y la corrupción por tanto tiempo.

Entonces lo que vemos en los ataques de la oposición a las políticas del actual gobierno, no tiene argumentos sólidos para desconocer lo que fue el país durante el siglo XX, cuando se presentó el crecimiento empresarial gracias a las políticas de pleno empleo y logró soportar el régimen democrático, a pesar de los vientos de dictadura militar que soplaron en toda Suramérica. Es una postura absurda esa de afirma que regresar al capitalismo clásico como el que existía en Colombia antes de 1980, es propiciar la destrucción de la democracia y la economía. 

REVIVIR A KEYNES

 Dijo un presidente en su discurso de la ONU este año, que hay que revivir a Keynes globalmente después de su olvido, una frase que tiene significado trascendental debido a la coyuntura que vive hoy el mundo en su totalidad, cuando, después de 40 años de dominio del capitalismo rentista con su soporte neoliberal y mentalidad posmoderna, las condiciones de vida y la situación social están bastante deterioradas en casi todo el mundo. 

En el siglo XIX, época en que no se vivía la calamidad de hoy, las preocupaciones del pensamiento giraban en torno al cambio de ese mecanismo, del que habló dicho presidente, que constituye la fuerza que hace funcionar el sistema, con el argumento de que ese mecanismo, además de hacer funcionar el sistema económico, también es la causa principal de las desigualdades sociales y la inequidad humana; pero  en el siglo XX se ensayó la formula del cambio de mecanismo y también fracaso, presentándose el caso de que resultó peor el remedio que la enfermedad. En conclusión, hay que seguir con el mecanismo de mercado. 

Keynes, el Estado y lo público, que citó el presidente Petro en su discurso, tienen un significado más profundo que lo que se cree a simple escucha. En primer término, quiere decir que ya no se debe hablar de socialismo ni de economías con el mecanismo de la planificación, como se dijo en el siglo anterior; los fracasos de las economías planificadas así lo demuestran. Quiere decir que cualquier opción para combatir la desigualdad, la inequidad y hacer la defensa de la vida, tiene que ser bajo el mecanismo del mercado, como operador del sistema económico. Pero también quiere decir, que las fuerzas del mercado por sí solas, no podrán disminuir la injusticia social y el deterioro de las condiciones de vida. Se necesita que el Estado meta la mano ahí y seguramente con los principios de Keynes intervenga para evitar la catástrofe ambiental y humana.  

Por supuesto, la historia no tiene reversa y la teoría keynesiana tal cual no tiene vigencia en este siglo, cuando existe otro tipo de capitalismo, otro tipo de Estado, otras son las relaciones internacionales y otros son los núcleos del poder económico mundial, todos diferentes al medio siglo anterior cuando la teoría del citado autor tuvo vigencia. Pero, los fundamentos o principios que sustentan esa teoría, son totalmente pertinente y oportunos en la actual realidad económica y cuando se acerca el derrumbe total del modelo neoliberal. 

Principalmente, hay que destacar del discurso de marras, el llamado que hace a al trato de lo público, porque una de las causas, de las más fuertes, que ha propiciado la concentración de la riqueza y la extensión generalizada de la pobreza en el actual modelo neoliberal, además del desempleo es la de privatización de los bienes públicos, que se han convertido en instrumentos para propiciar el enriquecimiento desmedido de unos pocos con su explotación y han deteriorado la capacidad adquisitiva del ingreso familiar. Los fundamentos keynesianos nos invitan a la recuperación del manejo de los bienes públicos por parte del Estado, para que en estos prime el bienestar general y el servicio a la comunidad, más que los resultados financieros de las empresas privatizadoras. 

El debate hoy, entonces, no gira en torno al sistema económico que tiene ya una aceptación universal, sino sobre la forma de manejar el Estado de modo que se aplique una administración pública orientada a la eficiencia, eficacia y efectividad, pero con el horizonte de cumplir los fines esenciales del organismo, en el marco de la solución de las necesidades humanas y las condiciones de vida. Está la vida humana por encima de los intereses políticos nacionales e internacionales y por ello es pertinente pensar en revivir a Keynes. 

LOS FRUTOS DE LA POSTMODERNIDAD

Surgió en los años 60 del siglo anterior, pero cogió fuerza en los años 80, una corriente filosófica basada en los postulados del pensador francés Jean Francois Lyotard, que hoy, cuarenta años después, nos permite hacer un balance y sacar conclusiones sobre los efectos de la ideología de la postmodernidad en la organización social y la vida en general de la especie humana en el mundo.

Justo, ese ideario le cae como anillo al dedo a la modalidad del capitalismo rentista que hoy impera y que, aunque es muy antiguo, se consolidó también en los años 80 del Siglo XX. Ese capitalismo, salvaje que llaman, que logró sus propósitos en 1980 con la toma del control del Estado en el mundo occidental, desde donde ha impuesto su dominación para llenar las arcas de sus protagonistas, que encontró su soporte doctrinario económico en la escuela neo-neoclásica del austriaco Von Hayeck y en el campo político se amparó en el Estado Social de Derecho creado por los alemanes en los años 30, el cual fue distorsionado para proteger sus intereses agiotísticos y especulativos. Por supuesto, en la instancia ideológica necesitaba también un soporte concordante, para completar el esquema total en el andamiaje social. 

La modalidad de capitalismo, que hoy conocemos como el neoliberalismo, requiere de un conjunto de patrones mentales que regulen la conducta humana en el seno de la vida social, los cuales deben ser concordantes con los intereses económico de las élites de poder dominante, en este caso el capital financiero y el negocio de la especulación monetaria, para lo cual los fundamentos de la posmodernidad son totalmente concordantes y por ello merecen el estímulo a través de los medio de comunicación social, que esos mismos grupos de poder poseen y manejan a su antojo. La postmodernidad se divorcia totalmente de la ley natural, que sustentó la modernidad, y se entrega de rodillas a la ley del mercado, que constituye el determinante mental de todo el raciocinio y de la conducta del individuo, que, en este caso, es un simple consumidor de cuanto el mercado ofrezca, independientemente de los efectos sobre la ley de la naturaleza.

Así, rompiendo con la ley natural, se desbocó la pérdida de valores que durante siglos gobernaron la moral y la ética; se degeneró el comportamiento ciudadano y los patrones del civismo; cambió de rumbo la juventud que se llenó la mente de nuevos móviles de conducta; se trastornó el arte y estableció nuevas expresiones, se legitimó la desintegración familiar, se atomizó la especie humana y se ha llegado a un grado de descomposición social que hoy está haciendo invivible el conglomerado humano, por lo cual preocupa a todo el mundo, por el rumbo que están tomando los frutos de la postmodernidad. 

TERRORISMO CON EL DESEMPLEO

 Uno de las mayores vergüenzas que padecen los neoliberales, después de la pobreza extrema, es el desempleo del factor trabajo, porque en un país subdesarrollado, sin capital ni tecnología, las políticas macroeconómicas de estabilidad monetaria o freno a la inflación, por lo general generan desempleo principalmente de la fuerza de trabajo, política ésta, que ellos propician para efecto de no arriesgar la colocación del capital especulativo, que casi siempre lo hacen en papeles de renta fija, por lo que la inflación afecta la rentabilidad de su portafolio. 

De la misma manera, siempre están a la defensiva sobre este tema, porque el empleo de mano de obra, es el puente entre el componente económico de una sociedad y su componente social, así que por esta vía es por donde se transmite la pobreza que afecta a las familias y con ello, sumado a la ideología de la postmodernidad que sustenta el capitalismo postindustrial, se disemina en el conglomerado humano la descomposición social y la desintegración familiar.  

Por ello, la defensa del capitalismo rentista, organizado alrededor de los fondos de inversión y en el corazón del sistema bancario, se realiza siempre utilizando la amenaza del desempleo para proteger sus intereses y que no les vayan a tocar su establecimiento. En concordancia, han inventado unos argumentos conceptuales falsos sobre el tema del empleo, llegando siempre a la conclusión de que cualquier intento por desmontar sus privilegios produce desempleo, como el caso presente, cuando la propuesta de reforma laboral favorece a los intereses de la clase trabajadora y que obliga a remunerar más equitativamente el factor trabajo.  

El Banco de la República, que es un agente protector del sistema bancario global, que obedece al Banco de Pagos Internacional (BPI) y opera mediante las reglas de los acuerdos de Basilea, publicó un artículo, que no es un estudio científico, sino un escrito especulativo, donde anuncia, con sentido amenazante y tratando de crear pánico, que la reforma laboral ocasionará la pérdida de 450 mil puestos de trabajo. 

El banco central colombiano, igual que otros 60 bancos similares del mundo, que no responde a los intereses de la economía nacional, sino que, bajo una supuesta y falsa autonomía, sirve de rodillas a los intereses del capitalismo financiero internacional, en su calidad de agente de los intereses financieros globales utiliza el paradigma neoliberal en sus conceptos y su doctrina sobre el empleo, que no corresponden con fidelidad a los hechos demostrados en la historia económica mundial. Según los neoliberales, el empleo o desempleo, depende de la oferta y no de la demanda, como se ha demostrado históricamente. Cuando se produce el desempleo, es porque la demanda agregada se ha contraído, independientemente de la situación de la oferta. 

Los puestos de trabajo se crean independientemente de los costos que debe cubrir el empresario. Si éste tiene ventas, para atender los pedidos de sus clientes engancha personal a cualquier costo; pero si no, así se le reduzcan todos sus costos, no crea puestos de trabajo porque no tienen a quien vender. Esa es la realidad del mercado. Pero los neoliberales han creado una teoría de que el empleo se crea si los costos del empresario bajan y no han logrado demostrar con hechos la veracidad de ese postulado.

Lo que ocurre es que la preocupación de los capitalistas especuladores es el aumento de la cantidad de dinero en manos de la gente para hacer compras, porque, como la oferta no responde al mismo ritmo, les da temor que suban los precios y para ellos la inflación es su peor enemigo.  Pero su teoría sobre el empleo no ha sido posible demostrarla por lo cual el documento publicado en contra de la reforma laboral no es otra cosa que el ya consabido y tradicional terrorismo con el desempleo.

SE ENREDÓ MÁS LA MADEJA

 Desde 1991 se viene diciendo que el Estado se está transformando y que se sale del modelo burocrático para meterse en el modelo gerencial, destacando que dicho cambio se hace para cumplir el espíritu de la Constitución Política. Efectivamente, en estos treinta años el Congreso ha expedido varias leyes en ese sentido, es decir, creando el piso jurídico para construir la transformación, ya que, en un Estado de derecho, solo se puede hacer lo que la ley permite. 

Sin embargo, otros fenómenos se observan en la vida real, por cuanto existen factores estructurales que impiden o retardan la transformación, que llaman modernización, pero que, realmente, es una postmodernización del Estado. Entre esas barreras está el régimen político con sus sistemas imperantes, que impone limitaciones al logro de la viabilidad real del modelo de Estado Gerencial. Los reductos del modelo burocrático son más pesados que los propósitos de cambio y con ello se crea una confusión donde confluyen los conceptos de gerencia pública, las normas jurídicas, la operación del servicio civil, la actitud del funcionariado y las acciones cotidianas de la administración pública. 

De acuerdo a conceptos de carácter gerencial, las organizaciones deben soportarse en un sistema de procesos que están clasificados según el papel de cada uno en el engranaje de la organización y en este complejo, el todo en su conjunto, requiere del direccionamiento estratégico que señala la ruta por donde debe marchar la totalidad de la organización, hacia el horizonte definido con base en los fines organizacionales. Entonces se deduce que, si el Estado es de carácter gerencial, el organismo debe adoptar los patrones operativos que recomienda el marco conceptual. 

Pero en la vida real no es así. Los fundamentos, algunos con antigüedad mayor a dos mil años, los intereses creados por las élites para su beneficio, la baja efectividad de los procesos institucionales y la resistencia al cambio que predomina en la ideología, son fuertes factores para complejizar más el conjunto y generar todo tipo de interpretaciones, posturas y planteamientos que en lugar de converger, propician la divergencia y con ello un escenario de conflicto. 

La separación de poderes públicos tiene origen en la antigua democracia griega, cuando la clase explotada, los esclavos, no se consideraban parte de la sociedad y la ciudadanía se preocupaba por la concentración del poder en un solo órgano y la necesidad de realizar la vigilancia mutua de unos con otros, para evitar el desborde en el ejercicio del poder, en lo que hoy se llama control político. Todos se vigilaban entre todos. Pero más adelante en la historia se crea el Estado Moderno que adopta por similitud el esquema de la división de poderes y mantiene el control político entre el legislativo y el ejecutivo; pero parece, según lo vemos hoy, que el poder judicial pretende ser omnímodo, como en la época del absolutismo, yendo en contravía de los fundamentos históricos de la democracia y de los principios de la organización gerencial que se pretende para el Estado contemporáneo.

Se complica con ello el entendimiento sobre qué es lo que debe existir en la realidad; o es que existe un vacío constitucional que no permite examinar con claridad el ordenamiento institucional y el direccionamiento jurídico. Así, se afecta la intención de que el Estado sea una respuesta pertinente a la realidad histórica y lo que está ocurriendo es que se enredó más la madeja.

EL DESDÉN SOBRE EL BANCO CENTRAL

En estos años de turbulencia del tercer decenio del siglo XXI, se ha hablado de todo un poco, principalmente por la preocupación que genera la situación económica, sociopolítica e institucional, donde las deterioradas condiciones de vida de la mayoría de colombianos ha sido preocupante; pero muy poco se ha dicho acerca del Banco de la República, que ha pasado de agache, hasta ahora que la organización sindical ANEBRE ha puesto el dedo en la llaga sobre el papel de dicho organismo en materia de desarrollo económico y, por supuesto, del desarrollo social que se deriva del anterior. 

Recordemos que en 1991, por la presión del Instituto para la Economía Internacional (IIE), hoy Instituto Peterson, y bajo el liderazgo del señor John Williamson, la Asamblea Constituyente resolvió arrebatar el banco de las manos del presidente para colocarlo de rodillas al servicio del capitalismo financiero internacional, con la finalidad de facilitar la aplicación en Colombia de los diez puntos del Consenso de Washington, que por esa época, constituía la nueva política económica para Latinoamérica. 

El artículo120 de la Constitución de 1886 en su numeral 17, decía que era función del presidente de la república “organizar el banco nacional, y ejercer la inspección necesaria sobre los bancos de emisión y demás establecimientos de crédito, conforme a las leyes”. En 1991 la Carta establece a través del artículo 371, que el Banco de la República estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio; y a través del artículo 373, la norma protege los intereses del capitalismo financiero internacional de carácter rentista, cambiando la política macroeconómica que existía anteriormente orientada al pleno empleo, para instaurar la política de estabilidad monetaria que satisface los requerimientos de los especuladores internacionales del dinero que ahora les llaman inversores. Con ello y con base en la teoría del británico William Philips, queda instaurado el desempleo por la vía constitucional, ya que las políticas fiscal y monetaria se deben someter únicamente a frenar la inflación, en lugar de promover el crecimiento de la demanda agregada y con ello la generación de empleo, como era antes.    

Paso el banco central, de ser un instrumento obediente de la política de desarrollo fijada por la autoridad económica en concordancia con los propósitos del gobierno, a ser una autoridad en sí mismo, y a obedecer las orientaciones que imparte el Banco de Pagos Internacionales (BPI) desde Basilea Suiza, a través de los llamados Acuerdos de Basilea, y todo camuflado dentro de una supuesta autonomía institucional, que lo somete a ser un agente al servicio de la protección y cuidado del sistema bancario mundial.   

Ya lo decía Hernando Agudelo Villa en la Plataforma Ideológica del Partido Liberal aprobada por la Constituyente Liberal a comienzos de este siglo, que “En el ejercicio de la nueva autonomía, el Banco, a lo largo de los años 90, incurrió en graves errores que contribuyeron decididamente a que el país cayera en la recesión que lo agobia” y por eso el ideólogo de ese partido recomendaba que “ se impone devolver al Banco de la República su fisonomía de instrumento básico para dirigir la política monetaria, crediticia y cambiaria y coadyuvar en el desarrollo económico general, que va mucho más allá del propósito único de control de la inflación que le asignó la Constitución de 1991”. Señala también dicho soporte ideológico del Partido Liberal, que esa autonomía es bastante imprecisa en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones “en coordinación con la política económica general”.

Por esas circunstancias, son procedentes las inquietudes de ANEBRE, que aunque son de mucho riesgo y peligro por los antecedentes que hay en el mundo sobre asuntos monetarios y bancarios, ahora que el modelo neoliberal se está derrumbando globalmente junto con el capitalismo rentista que ha dominado desde 1980, pensando en el futuro no muy lejano, cuando se desplome el neoliberalismo totalmente, es oportuno y procedente dejar ya de lado el desdén sobre el Banco Central.

EL PODER DE LAS JUNTAS COMUNALES

Tremenda alharaca se ha armado por la iniciativa del gobierno de asignar funciones a las JAC en el marco de la gestión pública, incluyendo a periodistas de grandes medios nacionales, de esos que hacen comentarios sin el conocimiento a fondo de los temas, que han criticado la propuesta gubernamental porque rompe los cánones de la costumbre, la de desconocer el significado de la norma constitucional sobre democracia participativa. 

En el país desde 1987 se viene hablando de descentralización administrativa y pasados ya más de tres decenios, aun no se han visto los resultados ofrecidos desde cuando se comenzó a hablar de este tema, de tal manera que ya se puede hacer un balance de los hechos y sacar algunas conclusiones a partir de las experiencias. 

Son varios factores los que han incidido en el poco beneficio de la descentralización al interior de la Rama Administrativa del Poder Público, la cual pudo haber traídos réditos al enfoque neoliberal de reducir el tamaño del Estado en el nivel central, pero en materia de impacto a las comunidades municipales, aun queda por demostrarlo. Uno de esos factores citados, se refiere a la falta de acompañamiento del proceso, con la descentralización política, para así poder afianzar el esquema de la democracia participativa que se pretende en el mundo posmoderno. 

De acuerdo a las experiencias en varios países y según la misma teoría, para lograr la democracia participativa se requiere de mucha fuerza y capacidad en las sociedades civiles, esas que se rigen por el código civil, pero que en Colombia presentan una debilidad palpable. Por ello se hace necesario, como se viene realizando desde la Ley 743 de 2002, recurrir a la sociedad comunal para llenar el vacío de organización social y poder vincular a la comunidad en la gestión de las políticas públicas, mediante procesos de cogestión con responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad. 

Por supuesto que la organización comunal, cuyo origen proviene de otros fines, aun no se encuentra suficientemente preparada para asumir este rol, pero la salida conveniente es comenzar y propiciar la madurez en la capacidad institucional de la organización comunal, más que castrar la posibilidad de implantar mecanismos para hacer realidad la democracia participativa, que no puede avanzar sin la suficiente descentralización política. 

También se debe considerar, que asignarle funciones a las JAC, no significa eximir el cumplimiento de las demás normas que rigen el ordenamiento jurídico del país, como es el caso de la ley de contratación administrativa o las normas fiscales establecidas por la DIAN; esto lo que significa es que las organizaciones de base deben mejorar su capacidad operativa y alejarse del espíritu patrimonialista con el que nacieron por allá en los años cincuenta del siglo pasado. 

La descentralización política conlleva el empoderamiento de las organizaciones primarias de la comunidad y el establecimiento de mecanismos para propiciar la toma de decisiones públicas por parte de ellas. Por supuesto, esto es una medida que no se logra de la noche a la mañana, sino a través de un proceso de duración incierta, pero que Colombia necesita y que es necesario comenzar lo más pronto posible, ahora que hay un gobierno dispuesto a construir democracia, por cuanto los anteriores solo acentuaban el centralismo bogotano y la concentración de la toma de decisiones para amarrar el manejo de los recursos públicos a su antojo, restringiendo así el poder de las juntas comunales.

LA PRUEBA DE LO DICHO

En varias ocasiones y por distintos medios se ha señalado, que la erradicación de cultivos de uso ilícito había sido un fracaso porque utilizaban medidas de política gubernamental para solucionar un problema cuya causa es de mercado; y por lo tanto, solo se podía solucionar si se aplicaban medidas de mercado, tal como se está palpando ahora en las zonas de economía campesina tradicionalmente ocupadas en este tipo de cultivos. 

El gobierno actual, a diferencia de los anteriores, está aplicando medidas dirigidas, no contra los cultivadores campesinos, sino contra los agentes del mercado, como son los acopiadores, transportistas, mayoristas, distribuidores y principalmente exportadores, a quienes les han incautado muchos cargamentos de la mercancía. Entonces, fue sin querer queriendo. Pero al impedir que los canales de comercialización operen libremente en el escenario del mercado, donde, según lo dicen algunas investigaciones, contaban con protección de organismos del Estado, se produjo una contracción de la demanda en zonas productoras y, en consecuencia, ya se está viendo la sustitución de cultivos por otros cuyo uso es lícito, ante la imposibilidad de vender la mercancía que ya tenían en inventario.

Por supuesto, el golpe a las finanzas campesinas en dichos territorios es fuerte y los perjuicios sociales son lamentables; pero es una situación transitoria mientras se estabiliza la economía rural en actividad de producción y mercadeo sin efectos de ilegalidad. No obstante, en casos como estos, la presencia del Estado es indispensable, con apoyos de financiamiento, asistencia técnica y soluciones de comercialización para los nuevos productos lícitos, porque sino las mismas leyes de mercado se encargan de golpear a las familias con efectos sociales de impredecibles consecuencias.

De esa forma, el caso trae aspectos favorables y desfavorables cuyas consecuencias, como siempre, afectan a las familias rurales, pero es un fenómeno que se debe conocer y estudiar detenidamente por los organismos gubernamentales; y, sobre todo, es un hecho que muestra los caminos correctos de solución y ante todo que permite observar con evidencias que es la prueba de lo dicho. 

PRAGMATISMO DE LAS REFORMAS

Después de tres decenios de políticas neoliberales y la acumulación del descontento social por los efectos inhumanos de este modelo global, la ciudadanía cambió mediante proceso democrático, las élites que durante todo ese período manejaron el Estado, con la expectativa de que se realizaran los cambios pertinentes en las políticas, para alcanzar un sistema económico más humano, al estilo del que existía en el mundo occidental antes de 1980.   

Por supuesto, con ese compromiso el gobierno actual asumió la conducción del Poder Ejecutivo y con ello, ha formulado propuestas de reformas que debe tramitar ante el Congreso, donde no cuenta con mayorías y necesita el apoyo de otros partidos que también tienen asiento en el organismo, por lo cual los debates no se dejan esperar, algunos bastante acalorados.  

La situación es que la concepción y diseño de las reformas requiere un tejido de filigrana, porque no se debe tener como referencia, al pie de la letra y a raja tabla,  las normas que rigieron en el siglo pasado, cuando en Colombia existía el capitalismo clásico con predominio del sector industrial, la economía cerrada en el marco del neocolonialismo cuyo eje era el desarrollo exógeno con presencia relevante de las multinacionales, la economía protegida y cerrada, y el Estado Interventor-Benefactor que utilizaba políticas macroeconómicas basadas en el pleno empleo y la universalidad de los servicios sociales. 

Hoy la realidad es diferente después de la imposición del modelo neoliberal derivado del capitalismo rentista y el poder de los fondos que agrupan a los especuladores del dinero, modalidad preferida por los capitalistas actuales. Hoy tenemos una economía abierta globalizada, predominio del sector financiero, políticas macroeconómicas basadas en la estabilidad monetaria, servicios sociales privatizados, teoría del desarrollo endógeno y un Estado neoliberal con finalidad de bajar el gasto público y frenar la inflación. 

La historia no tiene reversa; es dialéctica. Es como un río. Así que no es sensato pensar que las reformas como la de salud, la de protección social, la reforma laboral y demás, deben retroceder y volver a imponer las normas del siglo pasado. Se necesita creatividad e innovación para ablandar o neutralizar los efectos sociales dañinos del capitalismo salvaje, pero en concordancia con la nueva realidad histórica, para encontrar la viabilidad real de las propuestas. 

Principalmente dos aspectos claman a gritos para tener en cuenta en las reformas: por una parte, la complejidad, heterogeneidad y diversidad de la realidad del subdesarrollo colombiano sobre una geografía también diversa; y por otra parte las políticas del plan nacional de desarrollo que se discute en el Congreso y que hace énfasis en la economía popular, social y solidaria. 

Los sistemas fiscales, parafiscales, y de protección social, no deben tener un sistema tarifario uniforme y rígido, desconociendo la diversidad sectorial, institucional y geográfica, si se quiere evitar que las reformas ocasionen un bumerán donde el remedio resulta peor que la enfermedad. El subdesarrollo incluye dualidad en muchos sectores de la economía, de modo que a todos no se les debe tratar con el mismo rasero. La economía popular no cuenta con la fortaleza suficiente como para asumir la carga fiscal y parafiscal propia de una gran empresa, y, peor aún, como una multinacional similar a las del siglo pasado, cuando la época del modelo cepalino de sustitución de importaciones; de tal manera que el éxito de las propuestas del gobierno, en gran medida, depende del pragmatismo de las reformas. 

OTRA LEY PARA REFORMAR

 Ahora que están en boga, el tema del plan de desarrollo y los cambios en leyes, es oportuno reflexionar sobre la necesidad de reformar la Ley 152 de 1994, llamada “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, ya que la Constitución Política establece en su artículo 339 que habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general, donde se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. Pero, en el artículo 341, introduce una contradicción, o crea una confusión, cuando señala que el gobierno presentará el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del período presidencial respectivo. Así mismo, la Carta establece en el artículo 342, que se expida la correspondiente ley orgánica que reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo. 

Se desprende la duda, si la norma obliga elaborar un plan de desarrollo o un plan de gobierno; pues en la primera parte claramente se refiere a un plan de desarrollo, pero en la segunda trata lo relacionado a un plan de gobierno, por lo cual el ejecutivo de esa época, ni corto ni perezoso, tramitó ante el Congreso todo lo relacionado al plan de gobierno, dejando un vacío grande en los aspectos del pan de desarrollo, que la misma Constitución invoca, como para el largo plazo. El gobierno se limitó a institucionalizar la costumbre implantada por Misael Pastrana en 1970, que continuaron los demás presidentes con el procedimiento que se le llama del “libro plan”, donde consignaban las acciones que se proponían realizar durante su período. Pero el desarrollo, entendido como el cambio para mejorar las condiciones de vida, no se logra en cuatro años, además que, en un sistema de mercado, el desarrollo económico, que es la base, no es protagonizado por el gobierno sino por los empresarios. Ese vacío sobre el largo plazo, es tal vez, la debilidad más fuerte de la ley, por las consecuencias que ha tenido en temas como el ordenamiento territorial, los ajustes culturales y la gestión de proyectos públicos, entre otros. 

Transcurridos ya casi tres decenios de vigencia, el país ha tenido la oportunidad de verificar en la práctica, las deficiencias de la ley orgánica del plan, por lo que ya están identificados los elementos normativos que se debe reformar, sobre todo en los niveles territoriales, donde no se aprecia el cumplimiento del artículo 31, mediante el cual le otorga facultades a las corporaciones administrativas territoriales, para que determinen los términos y condiciones de la conformación de los planes en el territorio, es decir para que definan el contenido y metodología para la formulación.

De otro lado, es conveniente tener en cuenta que, de 1994 a la tercera década del presente siglo, muchos aspectos de la vida económica, social, institucional y ambiental han cambiado, así como las teorías del desarrollo, ahora que existe un mundo globalizado con enfoques de desarrollo endógeno, en el marco de la democracia participativa, diferentes a lo que fue la época de los libros plan del siglo pasado.

Son muchas las falencias que se han evidenciado en dicha norma a la luz de la conceptualización sobre planificación, que se construyó en la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando se evidenció el fracaso del método normativo, irrumpió el método estratégico y se propuso la prospectiva, entre otros avances en la estera del pensamiento, que sumados a todos los casos impertinentes como ese del centralismo bogotano que se manifiesta a través del kit territorial impuesto por el DNP, los que permiten hoy afirmar que la 152 de 1994, es otra ley para reformar.

POPAYÁN Y LA ACUMULACIÓN FLEXIBLE

 Ahora que se requiere el debate sobre la situación del peniplano de Popayán, que agrupa los municipios de la zona centro del departamento, en lugar de estar hablando de candidatos, de esos que pululan, conviene tener en cuenta el caso exitoso de desarrollo regional que se le conoce como “La Tercera Italia”, que con base en la percepción de Michael Piore y Charles Sabel, formularon la propuesta que se le denomina la “Acumulación flexible” a finales del siglo pasado, y que conlleva un modelo asociado al desarrollo endógeno, que se basa, no en la competencia entre empresas, sino en la emulación, similar al benchmarking norteamericano de los años sesenta, que tiene relaciones de aprendizaje entre empresas, lo cual se facilita si existe una cultura de solidaridad y mutualidad, más que de rivalidad. En Italia, el esquema fue aplicado para conjuntos de municipios, como en el caso del Cauca donde se puede agrupar Popayán con sus territorios vecinos. Ahí, en ese conjunto de municipios, se destaca la importancia de los aspectos sociales e institucionales, la acción colectiva de las empresas, la formación de redes y el factor llamado “medio innovador”, que requiere una cultura propia del capital social. 

En esta zona territorial y en el actual momento histórico de crisis por el desempleo y la descomposición social, que es un subproducto del modelo neoliberal que ya lleva tres decenios en Colombia, no se debe pensar en la instalación de grandes empresas como en el siglo pasado cuando prevalecía el concepto de desarrollo exógeno, ni en el estilo soñado y anhelado de la Ley de Páez de hace tres décadas que finalmente no generó los frutos esperados, ni en Promocauca posterremoto y el billete que despilfarró Mosquera. En este caso, se trata de que los territorios ubicados en la zona centro del departamento, que sí cuentan con las potencialidades suficientes, dinamicen un proceso de Acumulación Flexible, que propicie la generación de empleo y la posibilidad de insertar la economía regional en el mercado global. Entre las potencialidades, se destaca la existencia de múltiples programas académicos y de formación del aparato universitario local y entidades educativas, de donde surge gran volumen de capital humano susceptible de nutrir un proceso al estilo del modelo de la Tercera Italia. 

Lo que sí es fundamental y decisivo para implementar una estrategia apropiada a las condiciones regionales y la dotación de recursos disponibles, es el factor que los italianos llamaron medio innovador, donde se exige el ejercicio de un liderazgo institucional adecuado a las condiciones ideológicas locales y a las exigencias de los actores que conforman las fuerzas vivas del territorio, el cual no puede ser otro que el de los gobiernos territoriales. Por eso la elección de los próximos gobernantes se convierte en un factor clave para sacar la región del atolladero en que se encuentra, por lo cual conviene pensar en formas diferentes de hacer campaña electoral, de escoger los candidatos y de precisar el perfil de los gobernantes.

El cuarto de hora está dado hoy, que el gobierno nacional ha propuesto un plan de desarrollo donde es relevante la economía popular y donde la intervención de las localidades es determinante para el logro de los objetivos, o sea que se cuenta con las políticas nacionales necesarias para realizar una estrategia que bien le cabe el nombre de Popayán y la Acumulación Flexible.

POPAYÁN NO NECESITA CANDIDATOS

Circula por las redes sociales una lista con más tres decenas de aspirantes a la alcaldía de Popayán, donde la mayoría, por no decir todos, corresponden a impulsos de vanidad y narcisismo con una sobredosis de autoestima, más que a la plena convicción de tener la sabiduría y competencia para regir un proceso sostenido de desarrollo endógeno, que tanto necesita este territorio para responder a los innumerables problemas económicos y sociales.

Popayán lo que necesita no son candidatos ni mucho menos candorosos, sino que al tenor de la ley 131 de 1994 y considerando la preocupante situación económica, social, física e institucional que afronta, cualquier fenómeno de pugnacidad o competición de carácter electoral en la cancha política, no concuerda con los requerimientos apropiados para salir de la coyuntura presente. Es más pertinente, pero sobre todo conveniente y necesario aunque de muy escasa viabilidad, realizar un concierto entre todos los actores municipales, empresariales, gremiales, civiles, comunales, etc., y, utilizando técnicamente una metodología apropiada, mediante consenso o mayoría, definir un programa sostenido de cambio que, en el marco del desarrollo endógeno, la democracia participativa y la descentralización política, defina trayectorias para la construcción colectiva futura de territorio, con la contribución desinteresada de todas las fuerzas que conforman el conglomerado municipal. Después y una vez definido el programa, identificar el perfil de quien debería ser el rector de ese proceso de construcción de futuro, quien, lo más probable, no sea salido del tradicional escenario politiquero que durante tantos años le ha causado perjuicios a la comunidad municipal y donde los méritos se logran con base en servilismo y lambonería, por cuanto el caso trataría de un ejercicio de gerencia pública postmoderna.

No es hora de confrontaciones electorales ni de manipular espíritus, sino de tomar conciencia ciudadana y sumarse a una empresa colectiva de cambio, que enderece las sendas para la reconstrucción municipal y la salvación de los principios y tradiciones que históricamente han hecho parte de la identidad local, por lo cual es necesario pensar en que Popayán no necesita candidatos.

LAS RÉMORAS DEL PLAN NACIONAL

Ya está en el Congreso el proyecto de plan de gobierno “Colombia potencia mundial de la vida”, un nombre por cierto rimbombante, donde se consignan todas las acciones que el gobierno pretende realizar en los tres años y medio que le quedan del período constitucional, las cuales se agrupan en cinco capítulos, además de dos definiciones de políticas generales, la de paz y las poblacionales, complementadas con las políticas macroeconómicas.

Sin duda, es un ambicioso catálogo de propósitos con muy buenas intenciones y además pertinente y consecuente con la realidad y los requerimientos del pueblo colombiano, que responde a las expectativas de cambio que generó la elección presidencial. Está claramente definido todo lo que se piensa hacer, o sea que contiene el qué. Pero deja interrogantes acerca del cómo, con quién y con qué herramientas. Por los recursos financieros se ve que no hay problema y que está financiado; pero los medios y el ambiente institucional y operativo, generan dudas.

Por lo general y de acuerdo a la teoría de la planificación, un plan contiene definidos los puntos de llegada, las rutas o trayectorias por donde marchará el proceso y los instrumentos que garanticen la viabilidad real en al marco de la institucionalidad. Pero el plan del presente gobierno muestra debilidades en cuanto al marco de condiciones, supuesto y requisitos que se deben cumplir para facilitar la realización de todas las acciones que contempla este instrumento de gestión gubernamental.

La pregunta que surge es, si se cuenta con la capacidad institucional suficiente para realizar en tan corto tiempo toda la lista de actividades contempladas, ya que no bastan las entidades del orden nacional, sino que requiere de la contribución de los organismos territoriales, a quienes competen varias de las funciones para el logro de muchos propósitos. Y, sobre todo, lo más importante, si la comunidad está suficientemente organizada y cualificada para intervenir en los procesos de gestión necesarios.

En el trasfondo del plan se percibe claramente que para la realización de las acciones, es necesario fortalecer la democracia participativa y la descentralización política, lo cual implica aclarar si el centralismo bogotano está dispuesto a ceder algo de su poder y si las comunidades locales y principalmente los concejos municipales, están dispuestos a satisfacer los requisitos técnicos y organizacionales para que la gestión pública se realice en ese marco, que, por demás, está contenido en el espíritu de la constitución política pero que hoy no ha pasado de ser simple discurso.

Si el llamado plan de desarrollo, que no es más que un plan de gobierno, no contempla el marco de condiciones y requisitos para llevar a cabo las intenciones que contiene, por muy adecuado que sea a la realidad nacional, se queda rezagado frente a los propósitos. Ya vimos el caso: existe similitud del capítulo 5 “Convergencia Regional” con el plan de del período 2010-2014, que, en esa época, no se logró por las mismas razones que aquí se están exponiendo, es decir por la necesidad de que, principalmente en el medio comunitario, se brinden las condiciones apropiadas para la participación social en los procesos de gestión pública; caso contrario, será muy difícil sobrepasar las rémoras del plan nacional.

INSUFICIENCIAS DEL PLAN

Examinando el anteproyecto del plan de desarrollo para el período 2022-2026 en la versión presentada ante el Consejo de Planeación, vemos un muy bajo relieve en el tema relacionado con la gestión pública, lo cual es bastante sorprendente, porque el manejo de lo público, es la causa principal de la crisis colombiana y porque ahí, en la gestión pública, se ubican las herramientas con las cuales se pretende introducir el cambio prometido, que no es otra cosa diferente al desmonte de las políticas neoliberales. Si el Estado no se acomoda por dentro, no podrá realizar las tareas adecuada en el contexto nacional del país real. 

Vemos algunos puntos que muy tímidamente se refieren al asunto y, claro, con ese contenido se puede sustentar los ajustes pertinentes, sobre todo en los niveles territoriales, que es donde más se sienten la ineficacia y la impertinencia de la gestión pública; pero implica que, por deducción, se precisen las acciones que conlleva el propósito del plan. No es contundente, ni directa, ni concreta, la propuesta que contemplan este plan, que, en sí mismo, constituye el primer eslabón del proceso de gestión.  

Vale la pena resaltar las anotaciones en el capítulo 5 “Convergencia Regional”, cuyo espíritu es similar al plan del primer gobierno de Santos, en tanto señala que “La convergencia regional es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país”. Aquí, en este capítulo, se anotan los llamados “catalizadores” e incluye los puntos relacionados con los aspectos territoriales, donde se contemplan superficialmente temas sobre la gestión púbica. 

De todo el escrito, se deducen conclusiones, sin duda, trascendentales, importantes y consecuentes con la situación real, pero si no se leen con detenimiento, pasan desapercibidas. Entre otras cosas, se deduce que el plan contempla la implementación del enfoque de desarrollo endógeno; pero se refiere, simplemente, al reconocimiento de la democracia participativa, cuando esta debería ser un objetivo central de todo el plan. Dice que se conformará áreas urbanas con actividades que promuevan el valor de la estructura ecológica, siendo que esta estructura constituye la columna vertebral de la gestión ambiental urbana. Contempla acciones supramunicipales con un enfoque regional, pero no señala los ajusten en la gestión territorial necesarios para que este propósito sea viable. 

Hace un reconocimiento a la participación comunitaria destacando la ingeniería social, pero no contempla los ajustes en el código de régimen municipal, que hoy se cocina en el Ministerio del Interior, para que este sea concordante con el plan de desarrollo y en general, los ajustes a la normatividad del POT que, durante un cuarto de siglo, no ha arrojado los resultados esperados. 

En general, todos esos propósitos señalados en este capítulo necesitan la creación de un piso jurídico apropiado para que se desarrolle la descentralización política, sin la cual la descentralización administrativa seguirá anquilosada, el enfoque territorial de los PDET seguirá siendo una falacia, el ordenamiento territorial un cuento, las corporaciones administrativas los mismos entes politiqueros que son hoy y la democracia participativa una ilusión que solo está escrita en un papel. 

Por supuesto, sin la decidida contribución de las entidades territoriales, las intensiones del plan nacional se quedarán frustradas, porque muchas de las acciones contempladas, corresponden a las funciones y competencias de los departamentos y municipios, por lo cual las próximas elecciones de organismos territoriales son de trascendental importancia para el gobierno nacional y para el éxito del plan de desarrollo, que si no se ajusta durante la discusión en el Congreso, será aprobado con las ya señaladas insuficiencias del plan.