INSUFICIENCIAS DEL PLAN

Examinando el anteproyecto del plan de desarrollo para el período 2022-2026 en la versión presentada ante el Consejo de Planeación, vemos un muy bajo relieve en el tema relacionado con la gestión pública, lo cual es bastante sorprendente, porque el manejo de lo público, es la causa principal de la crisis colombiana y porque ahí, en la gestión pública, se ubican las herramientas con las cuales se pretende introducir el cambio prometido, que no es otra cosa diferente al desmonte de las políticas neoliberales. Si el Estado no se acomoda por dentro, no podrá realizar las tareas adecuada en el contexto nacional del país real. 

Vemos algunos puntos que muy tímidamente se refieren al asunto y, claro, con ese contenido se puede sustentar los ajustes pertinentes, sobre todo en los niveles territoriales, que es donde más se sienten la ineficacia y la impertinencia de la gestión pública; pero implica que, por deducción, se precisen las acciones que conlleva el propósito del plan. No es contundente, ni directa, ni concreta, la propuesta que contemplan este plan, que, en sí mismo, constituye el primer eslabón del proceso de gestión.  

Vale la pena resaltar las anotaciones en el capítulo 5 “Convergencia Regional”, cuyo espíritu es similar al plan del primer gobierno de Santos, en tanto señala que “La convergencia regional es el proceso de reducción de brechas sociales y económicas entre hogares y regiones en el país”. Aquí, en este capítulo, se anotan los llamados “catalizadores” e incluye los puntos relacionados con los aspectos territoriales, donde se contemplan superficialmente temas sobre la gestión púbica. 

De todo el escrito, se deducen conclusiones, sin duda, trascendentales, importantes y consecuentes con la situación real, pero si no se leen con detenimiento, pasan desapercibidas. Entre otras cosas, se deduce que el plan contempla la implementación del enfoque de desarrollo endógeno; pero se refiere, simplemente, al reconocimiento de la democracia participativa, cuando esta debería ser un objetivo central de todo el plan. Dice que se conformará áreas urbanas con actividades que promuevan el valor de la estructura ecológica, siendo que esta estructura constituye la columna vertebral de la gestión ambiental urbana. Contempla acciones supramunicipales con un enfoque regional, pero no señala los ajusten en la gestión territorial necesarios para que este propósito sea viable. 

Hace un reconocimiento a la participación comunitaria destacando la ingeniería social, pero no contempla los ajustes en el código de régimen municipal, que hoy se cocina en el Ministerio del Interior, para que este sea concordante con el plan de desarrollo y en general, los ajustes a la normatividad del POT que, durante un cuarto de siglo, no ha arrojado los resultados esperados. 

En general, todos esos propósitos señalados en este capítulo necesitan la creación de un piso jurídico apropiado para que se desarrolle la descentralización política, sin la cual la descentralización administrativa seguirá anquilosada, el enfoque territorial de los PDET seguirá siendo una falacia, el ordenamiento territorial un cuento, las corporaciones administrativas los mismos entes politiqueros que son hoy y la democracia participativa una ilusión que solo está escrita en un papel. 

Por supuesto, sin la decidida contribución de las entidades territoriales, las intensiones del plan nacional se quedarán frustradas, porque muchas de las acciones contempladas, corresponden a las funciones y competencias de los departamentos y municipios, por lo cual las próximas elecciones de organismos territoriales son de trascendental importancia para el gobierno nacional y para el éxito del plan de desarrollo, que si no se ajusta durante la discusión en el Congreso, será aprobado con las ya señaladas insuficiencias del plan.