QUE COMAN DE SU PROPIO COCINADO

Desde que se promulgó la constitución política neoliberal en 1991, se crearon condiciones para la privatización de los bienes públicos y con ello, se le abrieron las agallas a los empresarios ambiciosos e inescrupulosos, que vieron en este campo grandes negocios lucrativos, que podían dejar jugosas utilidades, en razón a las especificidades del mercado de este tipo de bienes que ofrece importantes ventajas: los bienes públicos tienen una curva de demanda con elasticidad-precio inelástica o rígida, que crea condiciones favorables al mercadeo y con ello, a la simplicidad de las estrategias de penetración de mercado, de fidelización de clientes y en general de aseguramiento de las ventas. A los clientes no hay que capturarlos, sino que ellos hacen fila para comprar y llevarle el dinero a la empresa vendedora. Con estas ventajas de mercado cautivo, los inversionistas no dudaron en entrar en el juego de las privatizaciones y muchas veces, recurriendo a los métodos corruptos, lograron la concesión o adjudicación del negocio que, en la mayoría de los casos, tiene condiciones monopolistas u oligopolistas que mejoran el negocio. 

Pero otro aspecto de las condiciones de mercado, además de la elasticidad de demanda, no vieron los empresarios privatizadores. Los economistas llaman “función demanda” a una relación de variables que también inciden en la cantidad de producto o servicio que se concreta en ventas. Una de estas variables es la conducta del consumidor, que actúa con su propia lógica y su comportamiento en el mercado juega un papel importante en la relación con el vendedor y, por supuesto, con las estrategias de marketing que se debe aplicar. La racionalidad del consumidor que determina su conducta, es diferente para los bienes públicos que, para los bienes privados, porque en los bienes públicos hay un factor innato derivado de la ley natural, que modifica la racionalidad acostumbrada en el consumo de los bienes privados. Así, el marketing y las relaciones con los clientes se revisten de situaciones difíciles, muchas veces conflictivas o de confrontación, que la empresa privatizadora tiene que asumir. 

Y claro, cuando llegan los conflictos con los consumidores, vienen las lamentaciones y lloriqueos, quejándose por las dificultades en la operación de la empresa, que, a pesar de la complicidad y apoyo de la superintendencia respectiva, le crea problemas que se vuelven intolerables y con alto riesgo para la situación financiera. Le lloran a papá gobierno, para que les brinde auxilio, logrando en la mayoría de las veces, que el gobierno alcahueta les saque del apuro, sacrificando el bienestar general y el bien común.  

El interrogante que surge inmediatamente es: ¿para que se metieron en esa empresa, si saben lo que implica el negocio con bienes públicos? 

Pero en todos los casos acuden al Estado para que les tienda la mano, so pena de que le pongan una demanda en contra, la cual tiene una alta probabilidad de que la gane el privado, porque los corruptos que firman la privatización, elaboran minutas leoninas que, por lo general perjudican al organismo, de modo que a los jueces les queda fácil fallar.    

Es una historia de nunca acabar. Los empresarios que se meten en negocios sobre bienes públicos, deberían asumir las consecuencias de esta operación, porque es por su propia iniciativa que lo hacen. Al final siempre ganan, pero después de larga trayectoria de conflicto donde hay dolor de cabeza para muchos actores, por lo cual, en los casos de privatización de los bienes públicos, lo más indicado para el bienestar general, donde a los empresarios privados no se les ha llamado, sino que entran por su propia iniciativa, ante el surgimiento de los problemas y conflictos, que coman de su propio cocinado.

LOS 30 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN

Hace treinta años, por esta misma época, desde las altas esferas del Estado nos dijeron que Colombia había llegado al paraíso terrenal; que pronto correrían ríos de leche y miel por toda la geografía nacional gracias a que se había promulgado la nueva Constitución Política. Todavía estamos esperando tanta belleza y, en cambio, podemos ver: que las finanzas públicas están arruinadas, que la deuda pública se ha multiplicado por cinco, que el aparato productivo criollo se ha secado, que el desempleo se ha incrementado al doble, que la inequidad social se ha agudizado como se puede ver en el coeficiente de Gini el cual hoy es de 0,54, cuando en esa época, era de 0,47 lo que significa que se ha aumentado la concentración de riqueza en unos pocos aumentando la cantidad de personas en pobreza; que la población en situación de miseria sobrepasa el 16 % del total nacional según el DANE, que la descomposición social y la desintegración familiar ya llegan a niveles espeluznantes y que, como se puede ver en las calles, el descontento social y la protesta tiene manifestaciones nunca antes vistas, lo que permite concluir que engañaron a los colombianos cuando Gaviria Dijo en su discurso de posesión que “bienvenidos al futuro”. 

Hoy, después de treinta años, aún quedan interrogantes que resolver y que, quienes conocieron la situación como Cesar Gaviria y Rudolf Hommes, no le han explicado al país. Por ejemplo: no han dicho quienes financiaron el movimiento de la séptima papeleta; qué papel desempeño el Instituto para la Economía Internacional (IIE) de Washington que hoy se llama Instituto Peterson; cuál fue la participación del señor John Williamson quien, según la página web de ese organismo, manejó un presupuesto de 18 millones de dólares; no se ha informado que movimientos oscuros se realizaron por debajo de la mesa, cuando Alfonso López dijo que no se podía hacer asamblea constituyente y la Corte Suprema emitió un concepto con argumentos triviales diciendo que sí, que porque el Congreso estaba deslegitimado en razón  a la corrupción, cuando lo cierto es que ese organismo comparado con el Congreso de hoy, era un claustro de monjitas de la caridad; y más delante la misma Corte Suprema, también como respuesta al expresidente López que habló sobre los alcances de la Asamblea, que había sido elegida para reformar la Constitución de 1886, la Corte dijo que sí podía hacer una constitución nueva y diferente a la existente; no se ha explicado qué ocurrió cuando la prensa informó que se había borrado el archivo del computador de la secretaría con los registros sobre lo aprobado; tampoco por qué Jacobo Pérez Escobar, como secretario general, dijo que él no había certificado el texto de la nueva carta. Igualmente, no conoce la opinión pública por qué arrebataron el Banco de la Republica de las manos del gobierno nacional para ponerlo de rodillas al servicio del Banco de Pagos Internacionales (BPI) con sede en Suiza, con un supuesto y falaz argumento de la autonomía del organismo.

Lo que sí está claro es que la caracterización del Estado, consagrada en el primer artículo de la Carta, no se ha cumplido a cabalidad, tal como lo propusieron sus fundadores. Los alemanes, encabezados por Hermann Heller, en 1930 crearon el Estado Social de Derecho para elevar a la categoría de derechos las necesidades humanas con el fin de que el Estado les brindara la atención requerida; pero en Colombia torcieron este concepto y han utilizado este tipo de Estado solo para disminuir el gasto público al mejor estilo neoliberal, reemplazando la responsabilidad del organismo en materia de suministro de bienes públicos, por la garantía de los derechos que no es exactamente lo que encierra el espíritu del estado creado en los años treinta. El balance entonces es desfavorable y no es, como dicen algunos, que la Constitución no se ha cumplido; al contrario, se ha cumplido al pie de la letra porque ha permitido expedir las leyes necesarias para brindar piso jurídico a las políticas neoliberales que las élites de poder han impuesto durante los 30 años de la Constitución. 

MISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Interpretando las cifras oficiales del DANE, presenciando las noticias de los medios de comunicación y observando los hechos cotidianos, se concluye que Colombia necesita cambios de fondo en las estructuras económica, social y política, lo cual se corrobora con la explosión social que desde hace dos meses ha ocupado la preocupación general. Es innegable que la situación que afronta el país, ha llegado a una crisis que no permite esperar el regreso a la normalidad, esa normalidad que desembocó en la triste realidad de miseria generalizada y conflicto sociopolítico que hoy vivimos.  

Revisando la historia se aprecia que, por lo general, esos cambios estructurales en los sistemas económico, social y político, cuando son bruscos, van acompañados con fenómenos de violencia, que ya en nuestro medio, no son deseables por la saturación que la comunidad tiene frente al conflicto y al agotamiento de la capacidad de aguante que tiene a la sociedad en su conjunto, exasperada por tanta violencia ocurrida en la historia nacional. Hoy es necesario reflexionar sobre otras alternativas para introducir los cambios estructurales minimizando al máximo los factores de violencia, los cuales no se pueden eludir en su totalidad, porque la historia universal nos enseña que cuando se proponen cambios de esta magnitud, surgen fuerzas de oposición que reaccionan a los cambios porque, en la situación presente, hay grupos de individuos que se están beneficiando, los que tienen privilegios, y que por supuesto, no los quieren perder por lo cual entran en choque contra las nuevas propuestas.  

Hoy, ya no tiene sentido hablar del cambio en el sistema económico como en el siglo pasado, sino en la necesidad de modificar la forma como se maneja el Estado, que actualmente está al servicio de algunas élites económicas, sociales y políticas, quienes usufructúan las mieles del poder y explotan el organismo solo para su propio beneficio, dejando a las mayorías excluidas del bienestar público que debe propiciar el Estado, y con ello alejándose del principio universal de que esta institución debe dar respuesta pertinente y consecuente a los requerimientos y expectativas que los asociados tienen frente al Estado, que tiene el deber, al menos, de propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de la totalidad de los súbditos, sin exclusión ni privilegiados.  

La respuesta que el Estado brinda a la sociedad, la realiza mediante el mecanismo de la administración, razón por la cual la calidad de los servicios que el organismo brinda, depende de las características de la administración pública que, además está condicionada al régimen político existente.  

En Colombia la administración pública está en crisis. A pesar de que existen bases conceptuales que soportan métodos apropiados para administrar el Estado con criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y moralidad, en los procesos inherentes a la administración imperan la ignorancia, el subjetivismo, los vicios y desvíos frente al bienestar general y el bien común, por lo cual, es a partir de los cambios en la forma de administrar el Estado, utilizando modelos adecuados al cumplimiento de los supuestos fines que están en el papel pero que no se cumplen, como se puede avanzar en la superación de los problemas actuales, introduciendo los cambios estructurales, inicialmente en la administración del Estado, para luego sí y desde este organismo, introducir los cambios de fondo en las estructuras económica y social. 

Para el efecto, se requieren actos legislativos que hagan ajustes constitucionales y leyes que sustenten políticas públicas, por lo cual surge la necesidad, urgente, de transformar el Congreso de la República, comenzando con la elección en ese órgano, de otras personas diferentes a las que hoy ocupan las curules; y para ello, la necesidad de que la ciudadanía no venda su voto electoral sino que tome conciencia de votar por los agentes del cambio, que permitan facilitar el cumplimiento de la misión de la administración pública. 

NECESIDAD DE NUEVAS OPCIONES POLÍTICAS

El gobierno de Duque, como siempre, anda perdido sobre los asuntos económicos, sociales y políticos y en estos últimos, tal vez por ignorancia, confunde lo político con lo electoral, siendo que todo lo electoral es político, pero todo lo político no es únicamente electoral. Claro que para el uribismo política es solamente comprar votos y ejercer presión al elector a través de grupos paramilitares, que es su manera de hacerse elegir.  

Según la Real Academia de la Lengua, la política es un “Conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado” y según Wikipedia, “La política​ es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, u otras formas de relaciones de poder entre individuos”. Como se puede ver, ni en una ni en otra fuente, concentran la definición en los procesos electorales, de modo que podríamos decir que toda acción o postura de un individuo frente a un asunto público, es política. Por lo tanto, las protestas y los paros, todos, son actos esencialmente políticos, para que Duque no se aterre. 

Pero la política, desde la óptica sociológica, tiene sentido en la medida en que se enmarque dentro de procesos relacionados con el ejercicio del poder, de manera que los actos y posturas no deben ser sucesos aislados o puntuales, sino eslabones de una cadena estratégica que conduzca a los cambios que la sociedad requiere, los cuales solo se pueden hacer desde el poder de Estado y, en el caso colombiano, mediante la expedición de leyes por parte del Congreso, no obstante de que este organismo corrupto está vendido y entregado a los intereses de la élite de poder. Pero eso no quiere decir que sea mala la institución del Estado de Derecho, sino que el régimen político ha llevado a ocupar las curules a mercenarios de la politiquería, por lo cual basta con cambiar a quienes ocupan los cargos de congresistas y así rescatar la institución.  

Entonces, las protestas y los paros, en sí mismos, no producen los cambios sin que medie una ley; pero en el caso del paro que ocurre desde el 28 de abril, el evento ha generado importantes situaciones que hoy caracterizan la coyuntura política presente y que pueden facilitar el cambio desde los organismos del Estado. El paro ha despertado una gran motivación, sensibilización y concientización, sobre la realidad social y económica que afronta el país como consecuencia de las políticas neoliberales reinantes, cuyos efectos se han acumulado durante treinta años con graves perjuicios en la dignidad humana, la integridad familiar y la vida social. 

El paro ha despertado el interés por los asuntos políticos del país, mermando la apatía sobre estos temas que tradicionalmente ha existido y que ha llevado al abstencionismo electoral de la mitad de la ciudadanía. Ahora hay más interés en la opinión pública y probablemente habrá mayor participación automotivada en los procesos electorales que se avecinan para el próximo año. Es una novedad que en años anteriores no se observaba, por lo cual el paro se convierte en un paso estratégico de la ruta que debe culminar el día de las elecciones. 

Está demostrada la existencia de una gran energía social y de una inquietud generalizada por los asuntos y problemas públicos, lo cual significa la necesidad de implantar mecanismos organizacionales para convertir esta fuerza en un proyecto político que conduzca al manejo de las ramas del poder público, principalmente la legislativa y la ejecutiva. Pero la opinión generalizada de la gente, es que hay saturación de los antiguos y viejos esquemas organizacionales inscritos en el seno del régimen político vigente. Se nota que la opinión general quiere cambio, pero se percibe un agotamiento emocional que abre la puerta a espacios diferentes, con ideas novedosas y dirigentes frescos. 

La puerta está abierta y la oportunidad creada para el nacimiento de nuevas organizaciones políticas, que canalicen la energía social emanada del paro, pero con líderes nuevos que no necesariamente deben ser jóvenes en edad, sino jóvenes en ideas y conductas honestas que, aunque sean mayores, nunca hayan estado activos en los partidos políticos tradicionales. Se necesita una propuesta política que propugne por el desmonte de las políticas neoliberales que tanto daño le han hecho a la comunidad, y que responda de manera consecuente a la necesidad de nuevas opciones políticas. 

OTRO ATAQUE A LAS PENSIONES

Otra vez, uno de los lacayos colombianos de los especuladores internacionales del dinero a quien lo tienen ubicado como presidente de Asofondos para que defienda los intereses del capitalismo financiero, se viene lanza en ristre contra el único sistema de pensiones que existe en Colombia, el de Colpensiones, esta vez con argumentos falaces basados en unas cifras cuya interpretación tienen un trasfondo que el sujeto no aclara. Señala también comparaciones con otros países que son igualmente neoliberales y donde así mismo, predomina el enfoque financierista de los servicios sociales y no el enfoque humanista que la comunidad reclama. 

La pensión de vejez es un bien público que encierra el satisfactor de la necesidad humana de protección, requerido por todos los humanos cuando han superado la edad de retiro laboral; y por el hecho de ser de interés general que compete a todos los individuos de la especie, dicho satisfactor tiene carácter es público, razón por la cual, es al Estado a quien le corresponde asumir el manejo de este satisfactor, o lo que es lo mismo, el nicho sociológicamente obligado para las pensiones, igual que para todos los bienes públicos, es el Estado, como lo fue desde el siglo XVII y hasta los años ochenta del siglo XX.  

Las empresas afiliadas a Asofondos no son fondos de pensiones sino fondos de ahorro privado, por lo cual no constituyen un bien público y no son satisfactores de la necesidad de protección que requieren los mayores. Es decir, los fondos privados de pensiones no existen puesto que la única pensión de vejez que tiene carácter de bien público, solo la presta el Estado.  

Argumenta Montenegro que el presupuesto nacional deben asignar una suma de 20 billones para cubrir el faltante de recaudo originado en las cotizaciones de los jóvenes; pero es que los jóvenes que cotizan están en manos de los fondos privados de ahorro, mientras que los de mayor edad que reciben la pensión y no cotizan, están en el sistema público. Además, ¿cuál es el problema si el presupuesto público debe ser prioritariamente para la atención de las necesidades sociales y no para atender el negocio de los agiotistas del mundo que son los gota-gota internacionales?? Por eso la solución estructural del problema fiscal, es acabar con los fondos de ahorro privado y que todos los cotizantes jóvenes se afilien al sistema público. 

La comparación que el directivo gremial de marras hace con otros países igualmente neoliberales, que conciben los servicios sociales con el criterio financierista y no con el enfoque humanista que aplicaba el Estado del Bienestar antes de 1980, no tiene sentido; porque ven el ahorro financiero, pero no el carácter público del satisfactor que no debe condicionarse al monto ahorrado, sino a la satisfacción de la necesidad humana independientemente de las sumas cotizadas durante la vida laboral, algo parecido a lo que llaman el régimen de prima media.

Claro, para los neoliberales, esto constituye una bomba de tiempo, porque lo único que les preocupa, no son las condiciones de vida de la gente, sino el pago cumplido del servicio de la deuda bajo el esquema del capitalismo rentista que impera en el mundo occidental desde los años ochenta. La explosión de que hablan es de caráter fiscal, pero no les importa la explosión de carácter social como la que se está viviendo ahora en Colombia como efecto de los treinta años de descontento acumulado consecuencial de las políticas neoliberales y por eso, una vez más y como lo hacen cada cierto tiempo, lanzan otro ataque a las pensiones.

EL BUMERAN DE LA REACTIVACIÓN

Esta semana el gobierno expidió un nuevo paquete de medidas, supuestamente, tendientes a la reactivación de la economía, para lo cual pretende beneficiar a las micro, pequeñas y medianas empresas agrupadas en el conjunto de mipymes, con el argumento de que el 96% de las empresas de este grupo se encuentran afectadas por la situación socioeconómica general que vive el país por el acumulado de tres décadas del modelo neoliberal, agravado durante el último año por efecto de la pandemia. El gobierno anunció un conjunto de medidas con seis aspectos principales, que pretende apoyar estas empresas para ayudarlas a salir de la encrucijada.  

El problema es que, una vez más, en gobierno insiste en medidas de corte neoliberal, que recaen en la oferta y que ponen en duda su eficacia. Nos recuerda que la historia nos habla de las discusiones realizadas en 1930, cuando el mundo capitalista afrontaba también una seria crisis en los mercados que tenía decaído el aparato productivo de la época. 

Las acciones propuestas más relevantes son referentes al crédito, como los cupos a las líneas existentes, el otorgamiento de garantías para créditos de capital de trabajo, ampliación de las líneas de Bancóldex, crédito para los productores rurales, líneas especiales de crédito subsidiado; y otras dos medidas que no son crédito pero que también van aplicadas a la oferta como son el plazo para pagar los impuestos que, se corre en el tiempo, y la feria virtual llamada ‘Reactivatech’, con la cual el Gobierno pretende beneficiar 100.000 empresarios para que fortalezcan digitalmente sus negocios y diversifiquen su portafolio de clientes. 

Probablemente estas medidas les aporten alguna liquidez inmediata a los empresarios en el corto plazo; pero el interrogante que surge es entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar más adelante esos créditos? Porque los recursos no son regalados sino prestados y tarde o temprano tendrán que pagarlos. ¿Cómo van a hacer los empresarios para vender la producción que financien con esos créditos si no hay en la calle gente con plata en la mano que les compre? 

Si la demanda agregada sigue contraída por insuficiencia de ingresos familiares, que es el principal destino de las micro y mipymes, los empresarios se van a ver a gatas a la hora de pagar los créditos, cuando tengan las oficinas de abogados de cobranza llamando todos los días a las cinco de la mañana para recordar las cuotas del préstamo. Por eso una vez más, también hay que recordar que la reactivación económica por la vía de la oferta tiene a serias limitantes, que conducen a la ineficacia de las medidas, situación que se ha demostrado históricamente muchas veces y que se ha sustentado en conceptos económicos repetidamente; pero el enfoque neoliberal todavía cree que funciona la Ley de Say de hace dos siglos.  Ese fenómeno podría tener sentido, si el aumento de la producción se realizara con utilización intensa de mano de obra cuyos salarios se orientan al consumo de la propia producción; pero en Colombia eso no existe por la altísima dependencia de las importaciones de materias primas e insumos.

Así, las llamadas medidas para la reactivación que propone el gobierno, es muy probable que sean un caso más de esos donde el remedio sale peor que la enfermedad y el plan anunciado esta semana se convierta en el bumerán de la reactivación.

OTRA VEZ EL TEMA DEL DESEMPLEO

A raíz de la explosión social que se vive actualmente en Colombia como producto del descontento acumulado durante 30 años de neoliberalismo, nuevamente los comentaristas y analistas están tocando el tema del empleo en razón al importante papel que juega esta variable económica en la situación social, hoy agudizada por la pandemia.  

El empleo, principalmente del factor trabajo, porque también existe el empleo de los recursos naturales y del factor capital, es una variable económica pero, justamente la que conecta el sistema económico con el sistema social porque, por un lado, es un factor de la producción y por el otro es la fuente de ingresos familiares que sirve para la satisfacción de las necesidades humanas, motivo por el cual es un fenómeno tan importante, que durante los últimos 30 años del modelo neoliberal, ha sido el dolor de cabeza de intelectuales y políticos porque, precisamente, en el alma del modelo neoliberal, el desempleo constituye principio y fin de las estructuras del modelo. Ya se sabe, y a pesar del cuento del desempleo friccional que se expresa en la Curva de Beveridge, de las ideas de Friedman sobre la tasa natural de desempleo y de todos los esfuerzos que han hecho los neoliberales para desconocer a William Philips, los hechos reales y las evidencias históricas han demostrado que, en un país subdesarrollado, que posee bajo capital y muy poca tecnología, existe una relación inversa entre inflación y desempleo, relación esta que se expresa en la agredida Curva de Philips. La mayor vergüenza de los neoliberales es que se les atribuya a sus posturas la generalización de la pobreza como producto del aumento del desempleo, como resultado de su empeño por frenar la inflación y por eso atacan a Philips. Pero los hechos no dejan mentir.  

Los analistas sobre el fenómeno del empleo se han separado en dos corrientes: quienes hacen su mirada desde el punto de vista de la oferta y quienes lo miran desde la demanda. Los primeros, que son de corte neoliberal, proponen generar empleo mediante incentivos y estímulos a la oferta de trabajo, bajo el supuesto que los empresarios crean puestos de trabajo cuando disponen de mecanismos para reducir sus costos. Creen que, al reducir los costos, el empresario corre hacia el aumento de la producción, aunque se encañengue con la mercancía producida porque no hay compradores. Por eso proponen desmejorar las condiciones laborales de los trabajadores para bajar costos, y disminuirles los impuestos, entre otras medidas. Por su parte, la otra corriente, que es de corte keynesiano, mira el fenómeno desde el punto de vista de la demanda y asegura que los empresarios enganchan personal cuando tienen pedidos de sus compradores y que deben cumplir para satisfacer al cliente, por lo cual para disminuir el desempleo es necesario incrementar la demanda agregada mediante mecanismos de aumento del ingreso o de incremento del dinero en manos de la gente para que acuda a comprar en el mercado y así, dinamizar la producción, reactivar la economía y fortalecer el aparato productivo, lo cual se logra con una fuerte intervención del Estado ya sea para el gasto público o para implementar políticas orientadas al pleno empleo.  

Pero a pesar de que la realidad histórica demuestra que los de la corriente de demanda tienen la razón, los neoliberales son tercos e insisten en aplicar medidas de oferta, que deterioran las condiciones de vida del grueso de la población, pero no propician el aumento del empleo, como lo hemos visto en Colombia desde el año 2002.  Son obstinados en la exoneración de impuestos y en el recorte de los beneficios a los trabajadores, con lo cual le incrementan la carga tributaria al factor trabajo, disminuyendo la capacidad adquisitiva del salario y deterioran las condiciones de trabajo acelerando los factores de pobreza. 

Antes de 1980, cuando imperaba el capitalismo clásico con privilegio del sector industrial, la inflación era elevada, pero había empleo y las condiciones de vida de las clases populares eran más satisfactorias porque lo que los pobres necesitan no es que los precios no suban aceleradamente, cuando no poseen dinero para comprar, aunque las mercancías estén baratas; lo que al pueblo le conviene es que haya empleo para generar los ingresos familiares. La inflación baja solo beneficia a los capitalistas rentistas que invierten su dinero en papeles de renta fija, de manera que basta con observar los hechos en la realidad, para resolver el debate que hoy incluye otra vez el tema del desempleo.

LA TORCIDA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Los pensadores alemanes han hecho importantes aportes a las disciplinas de las ciencias sociales como la sociología, la economía y el derecho, entre otras, siendo de especial relevancia los aportes a la conceptualización sobre el Estado, como fue la Constitución de Bismark en 1890, la Constitución de Weimar en 1919 y, principalmente, el concepto de Estado Social de Derecho, que planteó Hermann Heller en 1930 y que ha sido trascendental en Colombia desde finales del siglo XX. 

El mundo occidental y en este caso Alemania, vivían una crítica situación social motivada por el desempleo y los efectos de la gran depresión de 1928, lo cual generó gran preocupación a los pensadores y políticos sobre la forma de afrontar la pobreza y amparar la situación de las clases sociales menos favorecidas, para lo cual, Heller y otros juristas, destacaron el papel del Estado con fines de favorecer las condiciones de vida de los más necesitados, de modo que recogieron los conceptos de Estado social que habían sido tratados en 1890 y del Estado de derecho referidos en la década de 1910. Así conjugaron los conceptos para configurar el Estado Social de Derecho como una evolución del Estado Formal de Derecho, con la finalidad de que el organismo desplegara políticas potentes para proteger las necesidades humanas, para lo cual convirtieron estas necesidades en derechos que el organismo debe proteger y velar por la satisfacción. 

Pasado medio siglo y cuando el capitalismo financiero internacional protagonizado por los fondos de inversión y sustentado en la doctrina de Frederick Von Hayek que Wilhelm Röpke moldeó y bautizó con el nombre de Neoliberalismo, se tomó el poder de Estado con los triunfos de Thatcher en Reino Unido y Reagan en USA y ante la necesidad de instaurar un tipo de Estado que facilitara la implementación de las políticas económicas y políticas públicas apropiadas para sus intereses de negocio, vieron en la criatura de Heller la oportunidad para implementar sus propuestas pero haciendo los ajustes o desviaciones necesarias para sus intereses. 

La estrategia central de los neoliberales era arruinar al Estado para, ya sin recursos de otras fuentes, obligarlo a recurrir al endeudamiento que los capitalistas rentistas podían suministrar amarrando y subyugando el organismo a una nueva estructura de financiamiento, para lo cual era absolutamente necesario, bajar al máximo el gasto público y particularmente el gasto social.

Así, sustituyeron o cambiaron la función de satisfacer las necesidades humanas mediante el gasto social, por la garantía de los derechos que no pasan de ser un saludo a la bandera. Sin embargo, como dijo Reinhold Zippelius, “las simples garantías de los derechos fundamentales no posibilitan dogmatizar el camino y la completa realización de la justicia social. En Colombia, el Estado se desvió respecto a los fines de sus creadores, que pretendían asegurar el mejoramiento de la calidad de vida, y se cambió la finalidad del diseño inicial por un organismo dedicado a suprimir el gasto social para atender prioritariamente el servicio de la deuda; como dijo alguien en un foro en la Universidad Externado hace diez años en la conmemoración de los veinte años de la Carta, la Constitución del 91 tiene mucho de derecho, pero muy poco de social, porque lo que se ha presentado en estos treinta años, es la torcida del Estado Social de Derecho.

LAS CAUSAS DE LA PROTESTA

En el marco de la lógica aristotélica, cuando se pretende solucionar un problema, lo correcto es identificar primero la causa del mismo para formular medidas que tiendan a su eliminación, so peligro de aplicar correctivos impertinentes o inconsecuentes con la realidad objetiva y por lo tanto que no solucionan el susodicho problema. 

Frente al paro que afronta Colombia, las marchas y ocupación del espacio público por cuenta de la multitud de manifestantes, los funcionarios del gobierno le han atribuido un rosario de causas que según ellos, están ocasionado el conflicto: que es por culpa del gobierno venezolano, que es por culpa del Foro de Sao Pablo, que es por culpa de la guerrilla del ELN, que es por culpa de Petro, que son los oportunistas saqueadores y demás, pero dejan por fuera el principal motivo que tiene a la gente masivamente en la calle. Es probable que todos esos señalamientos de alguna manera contribuyan a atizar el fuego porque el conflicto tiene causas objetivas, pero también subjetivas, que se alimentan con factores coyunturales y con factores estructurales; pero la lectura sociológica del fenómeno no debe desconocer hechos cuya veracidad ha sido reconocida mundialmente y desde tiempo atrás. Y ahora, para completar el dechado de falacias, están diciendo que se trata de un caso de la “revolución molecular disipada”, algo que, según creo, no se le ha pasado ni por la mente a nadie en Colombia. Este es un enfoque derivado de una propuesta de filósofos franceses, que los nazis chilenos han tergiversado y vino a Colombia uno de ellos, quien, mediante una interpretación torcida y fantasiosa, envenenó a Zapateiro diciéndole que la protesta es una estrategia de esta revolución, por cual los militares salieron a la calle encarnizados a frenar la supuesta y falaz toma del poder que pretende instaurar el sistema socialista, profundizando la ignorancia sobre el espontaneismo de las masas y la dinámica de los jóvenes, consecuencial del descontento acumulado durante tres décadas de neoliberalismo y exacerbado por la pandemia del último año. Lo que el pueblo colombiano pretende, es el desmonte del modelo neoliberal, lo cual es viable siempre que el Congreso dicte las leyes pertinentes. 

La explosión social presente, es una crónica anunciada. Internacionalmente lo advirtió Soros en los años noventa y Stiglitz y Hagens en este siglo, entre otros. En Colombia varios comentaristas de prensa y columnistas también lo habían anunciado en periódicos como El Espectador o, para no ir más lejos, los artículos publicados en el diario El Liberal de Popayán el 3 de noviembre de 2005 con el título “Jugando con candela” o el 18 de septiembre de 2008 en una columna titulada “Comienzo del fin”, en cuyos textos se auguraba la protesta social como efecto de las políticas neoliberales. 

La principal causa objetiva de la explosión social que vive el país es el descontento acumulado durante treinta años, ocasionado por el modelo neoliberal que desde esa fecha rige en Colombia, el cual contiene entre otras características, una política macroeconómica que propicia el desempleo, la privatización de los bienes públicos que, además de abrir las puertas para el desboque de la corrupción, ha traído la disminución de la capacidad adquisitiva del salario y con ello la pobreza, que el Dane anunció en 42 % de la población con un extremo de miseria de casi 8 millones de personas. También tiene dicho modelo una política social mezquina basada en el asistencialismo y la focalización y en general, un vacío del Estado en la satisfacción de las necesidades humanas, sumados y agravados con los efectos de la ideología de la posmodernidad que ha propiciado la descomposición familiar y destruido el amor filial, gestando una generación sin afecto que se expresa mediante comportamientos rebeldes e irreverentes y que hoy explotó por el florero de Llorente de la pandemia y sus efectos sociales vividos en el último año.

Los daños acumulados de las políticas neoliberales, han gestado una juventud que ya no se resigna como los de la generación anterior. Los muchachos que hoy protestan, son nacidos después de 1989, fecha en que se instauró el Consenso de Washington, de modo que toda su vida, desde que nacieron, han estado recibiendo el azote de las políticas neoliberales y no han vivido ni un instante el capitalismo clásico con el Estado del Bienestar que existieron hasta 1980 y que les tocó a la generación anterior resignada y conforme. 

Si no se reconoce que el modelo neoliberal existente desde hace tres décadas, impuesto para complacer los apetitos del capitalismo financiero internacional, y que debilitó la estructura de financiamiento del Estado limitando la intervención del organismo en la solución de las necesidades sociales y con ello disparando la descomposición social debido al desempleo y la pobreza, no será posible encontrar la solución al problema del conflicto sociopolítico que arrastra violencia en sus múltiples manifestaciones y no permite la convivencia armónica de la comunidad nacional, por lo cual se hace indispensable que el gobierno acierte con objetividad y sin sesgos politiqueros, en la precisión de las causas de la protesta. 

EL ALCANCE DE LA REFORMA TRIBUTARIA

El gobierno justifica la reforma tributaria como una necesidad para resolver el problema fiscal que hoy afronta las finanzas públicas nacionales y como siempre, recurre a los impuestos indirectos y regresivos, como es el IVA, todo para mantener la exoneración de tributos a los más ricos y a las multinacionales. El motivo, como ya se sabe, es el vencimiento de títulos de deuda pública que fueron colocados hace muchos años y el temor de que las calificadoras de riesgo le bajen la calificación al país. 

Pero una reforma tributaria, ni en este ni en ningún momento, trae la solución definitiva al problema fiscal. Solo lo dilata, de modo que dentro de algunos pocos años, nuevamente tendrá que hacer otra reforma con el mismo enfoque, lo que significa que tarde o temprano, la capacidad de tributación de la sociedad se sature, porque todo tiene su límite, y explotará una crisis de consecuencias impredecibles. La razón, es porque la causa del problema es de fondo cuyas raíces están en la estructura de financiamiento del Estado. 

Se podría decir entonces, que se cambie dicha estructura; pero los cambios son extremadamente difíciles, casi imposibles, en el momento histórico que vive Colombia, lo que significa que estamos condenados a las reformas cada cierto tiempo y a cargar con el peso de las finanzas públicas por parte de las clases del medio hacia abajo. Para comenzar, la modificación de la estructura de financiamiento del Estado implica una reforma constitucional, que las fuerzas de poder internacional no lo van a permitir por temor a que se eche para atrás lo que lograron en 1991 para facilitar el cumplimiento del Consenso de Washington. Luego modificar todas las leyes expedidas desde 1990 comenzando por la Ley 51 de ese año, para crear el piso jurídico a los nuevos procesos fiscales que permita la solución definitiva al problema de las finanzas públicas. Y hasta ahí, no hemos considerado que el movimiento tiene que ser global con procesos que simultáneamente realicen muchos países. 

Lo primero que se requiere es regresar el Banco de la República al seno del gobierno y fijarle como competencia, la creación de empleo y el fortalecimiento de la economía, lo cual implica arrebatar el organismo al Banco de Pagos Internacionales (BPI) con sede en Berna Suiza, al cual los bancos centrales de más de sesenta países le rinden pleitesía mediante acuerdos sustentados con normas del derecho internacional. Lo siguiente sería cambiar las políticas macroeconómicas e implantar el enfoque que existía antes de 1980, donde la política fiscal se basaba en impuestos directos y progresivos, la política monetaria era expansiva y el tipo de cambio fijo regulado por la autoridad económica. Volver a proteger la economía para que los aranceles se conviertan en fuente de ingreso fiscal y se fortalezca la base tributaria nacional y por supuesto, aplicar una política de emisión debidamente calculada y cuidadosa de modo que contribuya al alivio del déficit fiscal y al fortalecimiento de la base tributaria.

Todo porque una estructura fiscal cuya columna vertebral es la deuda pública es insostenible, porque la deuda sube por el ascensor mientras que el recaudo tributario sube por la escalera, de modo que llegará el día en que el volumen de la deuda pública es tan grande que será imposible pagarla y no habrá reforma que aguante, por lo cual es bastante limitado hoy el alcance la reforma tributaria.

EL TERRORISMO DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO

La esencia del capitalismo rentista, que se sustenta con el pensamiento que el alemán Wilhelm Röpke denominó “neoliberalismo” y cuyos principales protagonistas son los fondos de inversión, es prestarle plata al Estado, al que, quitándole el banco central, dejaron sin el principal instrumento de las finanzas públicas. Con ello, el organismo quedó amarrado a los préstamos que obtiene por el canal del mercado de capitales y con el vehículo de la colocación de papeles de renta fija que compran los especuladores internacionales del dinero o agiotistas del mundo. 

Después de la mala experiencias de 1928 y durante medio siglo, los rentistas han gestado los mecanismos de protección de su negocio, incluyendo el control del Estado que lograron en 1980, para lo cual crearon y opera con mucha potencia, la más aberrante y degenerada arma para mantener el sometimiento del órgano público a los intereses del capital financiero internacional, debilitando la soberanía y destruyendo la magnificencia del, antaño, más poderoso instrumento de conducción de la economía; esta arma son las calificadoras de riesgo. Estándar & Poor’s, Moody’s y Fitch, las tres con sede en USA, son las más importantes calificadoras de riesgo que le brindan señales y alertas a los especuladores, que ahora les llaman inversores, para que sepan en qué Estado colocan su capital con mayor seguridad y mejor rentabilidad. 

La política fiscal se ha convertido ahora, simplemente en una operación de deuda, deuda y deuda con un mecanismo donde los Estados se mantienen abriendo huecos para tapar los huecos anteriores. Es una esclavitud de los ministros de finanzas de alimentar el presupuesto público mediante la colocación de papeles de deuda pública en los mercados de capitales, lo que significa el sometimiento del órgano público a las condiciones que imponen los agiotistas que someten y obligan a adoptar políticas para su conveniencia, deteriorando la otrora soberanía del Estado, aún a costa del sacrificio de su propio pueblo. El instrumento de presión y chantaje, es la calificación del riesgo que imparten las calificadoras, con lo cual amenazan al país para obligar a que los gobiernos adopten las medidas que aseguren el pago cumplido de la deuda pública, como las reformas tributarias, so pena de que, si no adoptan las medidas fiscales, le bajan la calificación al país creándole dificultades para la consecución de nuevos préstamos futuros mediante la colocación de papeles de deuda en los mercados de capitales. 

Es un chantaje terrorista, arbitrario y descarado de las calificadoras para, bajo una supuesta neutralidad técnica, proteger las mismas empresas que las sostienen y alimentan como son los fondos de inversión, sin importarles las condiciones socioeconómicas internas que afronta el mismo país, destruyendo así el papel sociológico natural del Estado, que desde sus orígenes por allá en el esclavismo y hasta el Estado Moderno que en Colombia se mantuvo hasta 1991, siempre fue el órgano social idóneo para brindar protección y propiciar las mejores condiciones de vida a la población nacional.

Vivimos hoy la privatización del Estado mismo, que sufre del sometimiento a las condiciones del mercado financiero y que se dedica únicamente facilitar el buen negocio para los prestamistas internacionales mediante un modelo fiscal que se aleja no solo de los fundamentos del Estado, sino también de la esencia del sistema económico que la ley de la naturaleza creó instintivamente como instrumento para suministrar los medios de subsistencia a la especie humana, pero que mediante el modelo neoliberal permite que se ejerza el terrorismo de las calificadoras de riesgo. 

LAS RAZONES DEL CONFINAMIENTO

Escuchando los argumentos de los gobernantes territoriales para justificar el toque de queda o el confinamiento por motivo del Covid-19, surgen varios interrogantes relacionados con los métodos de gestión pública que utilizan estos funcionarios en el manejo de la pandemia. Argumentan en primer término que no han hecho las inversiones necesarias para dotar de camas UCI a los centros de atención y por otra parte que la velocidad de contagio se ha incrementado; pero si aplicamos la lógica causa-efecto para comprender la decisión de encerrar a la población, no queda muy claro el razonamiento que conduce a esa decisión. 

No se ha hecho un estudio técnico para evaluar el impacto de la medida gubernamental que demuestre que el confinamiento de verdad genera los efectos argumentados, ni para demostrar que tanto sacrificio social y daño económico, justifica el evento, en razón al volumen o porcentaje de contagio que evita o disminuye la medida; con el riesgo, aun sin estudiar, de que sale más caro el remedio que la enfermedad. Tampoco se sabe a ciencia cierta si la gente acata la norma y de verdad se aíslan en su casa, o si incurren en desobediencia civil, porque no hay herramientas coactivas para obligar la conducta social ni para supervisar los alcances de la norma. ¿Será que tamaño golpe a la economía local y a las condiciones de vida de la comunidad es proporcional a los efectos en el contagio??? O estamos pagando un precio muy alto por tan poquitos beneficios. 

Lo que sí queda claro es que el contagio no es producto del número de camas UCI ni de que la gente salga a la calle, sino de que las personas no toman las medidas de protección necesarias. Tampoco se sabe si el contagio se produce en horas laborales o en horas nocturnas y fines de semana, por lo cual la decisión gubernamental se toma con base en argumentos especulativos y no, como recomiendan las normas de gestión de la calidad, que dicen que las decisiones deben tomarse con base en evidencias. 

Si el motivo del contagio es el descuido o las conductas inapropiadas de la comunidad, la gestión pública contiene fórmulas técnicas para atender los casos de este carácter, las cuales implican sabiduría, voluntad política y recursos de financiamiento; pues no son gratis y al contrario son costosas. Pero los gobiernos territoriales adoptan la fórmula más fácil, más rápida y más barata como es la de expedir un decreto, aunque sus efectos no sean los deseados y mucho menos los necesarios. Dictar un decreto es puro facilismo insulso que no propicia los resultados requeridos, pero en cambio sí genera grandes perjuicios en la economía local, o se paga un precio social muy elevado por un producto insignificante. 

Manejar la situación con sabiduría significa aplicar un método de gobernanza e invertir los recursos fiscales necesarios. Ha tenido un año para utilizar este método, pero no lo ha hecho, sino que, en cada pico, y ya van tres, se repite la misma fórmula que no se ha evaluado técnicamente. La gobernanza debe orientarse al cambio de la conducta social que conlleve la autoprotección, para lo cual deben vincularse muchos actores sociales debidamente comprometidos, debe aprovecharse la organización comunitaria y las instituciones civiles; debe acompañarse con una estrategia adecuada de comunicación social y debe ser diseñada por expertos profesionales que conozcan sobre conducción de la conducta humana. Y por supuesto, implica invertir los recursos necesarios para cubrir los costos de toda esa empresa. La gestión pública no se realiza a punta de decretos coercitivos cuyo impacto es incierto, sino con procesos y procedimientos que respondan de manera pertinente y consecuente a las especificidades de la situación social, por lo cual son improcedentes las razones del confinamiento.  

EL DAÑO A LA SALUD DEL ÁNIMO DE LUCRO

Las dos alternativas más conocidas para la adopción de la política social de salud, son la universalidad y el aseguramiento, donde la primera era propia del Estado del Bienestar, que brindaba una cobertura abierta a la totalidad o el ciento por ciento de la población, con el único limitante de la capacidad operativa de las entidades, que conllevaba congestión y filas para atender pacientes y cuyo financiamiento se realizara mediante los recursos fiscales; y la segunda, o sea la que se instauró a través de la Ley 100 de 1993, que es propia del Estado Neoliberal y que brinda cobertura solo al porcentaje de población que está afiliada al sistema y paga mensualmente las respectivas tarifas de aseguramiento dejando por fuera a los que no tienen dinero para pagar, por quienes interviene el Estado y después de haberlos identificado mediante el SISBEN, pagar la cuota per-cápita respectiva, pero dejando todavía por fuera a otro porcentaje de población que cuando necesita servicio le llaman vinculados. 

Pasados ya 27 años desde cuando se estableció el sistema de aseguramiento, el balance que se realiza sobre el impacto social de este sistema, es totalmente desfavorable y se califica como un fiasco, ante lo cual muchos actores sociales de las esferas institucionales, políticas, académicas, científicas, comunitarias y ciudadanía en general, proponen eliminar por completo la ley 100 y crear otro sistema para la atención de la salud de los colombianos. No obstante, han pasado tantos años que el mecanismo de aseguramiento ya está empotrado en la estructura institucional por lo que el desmonte no dejaría de causar serios traumatismos al ordenamiento sectorial de la salud, además que los interesados en ello, quienes de verdad se han lucrado con los recursos que circulan en el sistema, siempre se han opuesto y seguirán realizando acciones de oposición al desmonte del sistema con efectos impredecibles. 

Analizando detalladamente las causas de la pésima atención del servicio de las EPS, vemos con claridad que el modelo gira en torno al sacrificio de la calidad para favorecer la estabilidad financiera del negocio. El direccionamiento estratégico de las empresas no prioriza las necesidades humanas del usuario para definir los procesos y procedimientos operativos, sino que somete la actividad empresarial a las necesidades de la programación financiera de donde surgen las metas, siempre tratando de salvar en primer lugar la rentabilidad de los empresarios que han invertido el capital motivados por su espíritu de mercaderes de la vida humana o traficantes de la muerte. La rentabilidad de la inversión está condicionada a la muerte de los usuarios ocasionada por el mal servicio de atención. Si priorizan la vida humana, la rentabilidad del negocio se cae.

Todo esto sucede porque la ley considero que las empresas aseguradoras (EPS) como las empresas prestadoras (IPS) son negocios de inversión privada que se motivas por el ánimo de lucro, por lo cual, más que el desmonte del sistema, traería muchos beneficios a la salud humana, el cambio de los tipos empresariales mercantiles pasando a empresas sin ánimo de lucro, como son las empresas de economía solidaria u otro tipo, también sin ánimo de lucro, con un régimen especial diferente al de la ley 454 de 1998; o recurriendo a la propuesta consignada en la plataforma política del Partido Liberal aprobada en el 2002, que se refiere a una sola aseguradora para todo el país pero de carácter público sea el Estado como dueño de la aseguradora; porque lo que ha permitido la penetración al sector de los mercaderes de la muerte es el carácter de inversión privada que ha permitido el daño a la salud del ánimo de lucro. 

LAS CURIOSIDADES DEL CAPITALISMO

Ha generado gran revuelo en la opinión pública la imputación de cargos hecha por la Fiscalía contra Sergio Fajardo por el caso de una deuda en dólares que resultó perjudicando las arcas departamentales de Antioquia, por motivo de la variación en el tipo de cambio y el caso, no solo muestra el carácter arbitrario y politiquero de ese organismo judicial que en manos del narcisista Barbosa se ha convertido en un antro de corrupción, sino que permite ver también los efectos en materia jurídica que ha generado el cambio de la modalidad del sistema económico, cuando pasó del capitalismo empresarial al capitalismo rentista, o del capitalismo industrial al posindustrial o también del capitalismo moderno al posmoderno. Ya estábamos acostumbrados a observar consecuencias del fenómeno económico en los campos ideológico, político y cultural con todo el acervo de productos en teorías, paradigmas, modelos y conceptos creados principalmente por la Universidad de Harvard para sustentar o justificar los recientes procesos económicos; pero ahora se genera un evento de índole jurídico que altera la normalidad conceptual del derecho.

Antes de 1980, en época del capitalismo moderno, la política macroeconómica que era para favorecer a las empresas multinacionales principalmente industriales, contenía una política cambiaria caracterizada por el tipo de cambio fijo, el que establecía la autoridad económica en este caso la Junta Monetaria. En ese entonces, era posible prever las alteraciones del precio del dólar porque, en primer término, el precio era estable en períodos de corto y mediano plazo y en segundo lugar, porque quien fijaba el precio era un organismo del Estado cuyas decisiones obedecían al juicio de las personas que ocupaban los cargos, las cuales, por supuesto, eran concordantes con los intereses de las operaciones internacionales de las empresas multinacionales y de la situación oficial de la Balanza de Pagos.

En cambio, en este siglo, ya en plena operación del modelo neoliberal con la consagración del imperio del mercado por encima del Estado para resolver casi todos los asuntos de interés público, el tipo de cambio es totalmente fluctuante o variable que navega en un mar de incertidumbre y se somete a las fuerzas de oferta y demanda y otras interferencias especulativas que penetran el mercado de divisas. Hubo un período de transición a finales del siglo pasado en el que operó la banda cambiaria que permitía el dominio del mercado, pero dentro de unos límites fijados por la autoridad económica, hasta que finalmente se dio la liberación total y entró a funcionar el mercado como autoridad cambiaria que impone el precio de la divisa según los movimientos de entrada y salida de dólares al país.

En esta evolución histórica la postura de la Fiscalía es anacrónica. Hubiera tenido más sentido imputar faltas por la imprevisión cambiaria en época del tipo de cambio fijo definido por autoridad monetaria, más no ahora en época del tipo de cambio variable fijado por las leyes del mercado que son impredecibles. Pero lo más relevante del hecho destacado en el campo jurídico, es la muestra de todo lo que puede ocurrir en el terreo del derecho por motivo de este cambio en la modalidad del capitalismo, de manera que es probable que muchas otras instituciones que todavía operan, también sean anacrónicas porque la realidad cambiante va dejando rezagadas las normas que finalmente se vuelven inaplicables, además que nos permite examinar y ver las curiosidades del capitalismo.

EL DESPLOME DEL MODELO ECONÓMICO

Viendo la situación que vive hoy la economía mundial recordamos un programa presentado por el canal History Channel hace ya varios años con el título “Los profetas del Armagedón”, en el cual varios analistas norteamericanos expusieron sus planteamientos sobre el futuro de Estados Unidos previendo que según nos demuestra la historia, todo imperio tienen su final ya que nada es eterno en el mundo. John Cronin, Michael Rupert, James Howard, Robert Gleason y Nathan Hagens, atribuyeron a factores como el agua, el petróleo, la tecnología, el terrorismo y el devenir de las finanzas globales, los motivos que en el futuro no muy lejano llevarán al ocaso de la sociedad americana.

Parece que el que más razón tiene en sus argumentos es Hagens, quien señaló el derrumbe de la economía como el fenómeno que causaría dicha caída, según los hechos de 2008 y el de este año cuando Biden ha tenido que inyectar 1,9 billones de dólares para reactivar la economía, supuestamente golpeada por la pandemia, pero que si no estuviera el Covid-19, también necesitaría la ayuda; pues la tendencia de los fenómenos económicos ocurridos en la década que acaba de terminar, muestra que ya el modelo del capitalismo financiero global está dando pataleadas de ahogado y que por más que los líderes de la economía mundial, principalmente asociados en el Club Bilderberg, hagan maniobras para frenar la caída, solo podrán aplazarla pero no evitar el desenlace final.

Nathan Hagens mostró lo que ya todo el mundo sabe. Que hay dos aspectos del modelo actual que encierra con ellos en su interior su propia destrucción: por una parte, el hecho de que esta modalidad de capitalismo gira en torno a la moneda, que ha convertido en una mercancía, pero sin la correspondiente contrapartida en el sector real de la economía o sea donde están los bienes y servicios, siendo que, desde sus orígenes, el dinero es solo un medio de pago que sirve para intercambiar con todas las mercancías, pero que no contiene valor porque son las demás, las que conllevan satisfactores de necesidades humanas y que por ello tienen un valor real. El negocio de compra-venta de dinero es solo una especulación monetaria sin respaldo en el mercado de bienes y servicios.

El otro aspecto, que es más grave aún, se refiere al aprovechamiento del Estado como objeto de negocio. El modelo se basa en prestarle dinero al organismo y luego mandarlo a recaudar impuestos para que pague el servicio de la deuda, esquema éste que tiene serias limitaciones; pues la capacidad de endeudamiento fiscal de todos los Estados no puede sobrepasar las posibilidades de la base tributaria, que está sujeta a la generación de valor por parte del aparato productivo y que el mismo modelo se encarga de secar creando un círculo vicioso. Un Estado dedicado solo a pedir plata prestada en los mercados de capitales, con un esquema donde abre un hueco para tapar otro siendo el ultimo más grande que el anterior, no tiene mayor durabilidad en el tiempo; y eso sin pensar en los efectos sociales que esto genera y que arrastran el descontento con explosiones políticas.  Hoy se observa que todos los Estados del mundo están sobre endeudados y que la capacidad de recaudo de impuestos para pagar está cada vez más estrecha.

Lo que Hagens nos muestra es que esa modalidad de sistema económico, donde los ricos no invierten en capital de riesgo creando empleo y aumentando la oferta de bienes y servicios, sino que están dedicados a comprar productos monetarios sin esfuerzo empresarial, no tiene soportes raizales que brinden sostenibilidad al modelo y mientras tanto, los fondos de inversión por donde se canaliza el movimiento de capital, llenando sus arcas y concentrando la riqueza del mundo, dejando al resto de la humanidad en la miseria y por eso está asegurado tarde o temprano el desplome del modelo económico. 

LA UNIFICACIÓN DE LOS PERÍODOS DE GOBIERNO

Por fortuna la iniciativa politiquera de reformar la Constitución para unificar los períodos de gobierno no pasó, no solo porque el argumento era muy bizantino, sino por el daño que una situación de estas puede ocasionar a la democracia participativa y a la descentralización administrativa y política. 

Si así como está hoy, con calendario común para gobernaciones y alcaldías, se generan traumatismo en la formulación del plan de desarrollo, cómo será si están unificados los tres niveles, en un país que está diseñado al revés: según los fundamentos de la democracia participativa y la descentralización política, el “deber ser” es que el plan de desarrollo departamental sea una síntesis de los planes municipales y el plan nacional una síntesis de todos los departamentales, o sea democracia de abajo hacia arriba con políticas públicas bottom-up; pero en Colombia ocurre al revés como se puede ver en el Artículo 32 de la Ley 152 de 1994, donde dice que “Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin prejuicio de su autonomía, deberán tener en cuenta para su elaboración las políticas y estrategias del Plan Nacional de desarrollo…” sacando a relucir el centralismo bogotano, cuando debería decir que el plan nacional tendrá en cuenta los planes territoriales. Un fenómeno absurdo donde a una misma población municipal, le sobreponen tres planes de desarrollo uno encima de otro, siendo que el proceso de desarrollo es uno solo. 

El argumento del costo de las elecciones parece ser mezquino, cicatero o pichicato, cuando hay despilfarro de recursos fiscales para asuntos menos importantes y cuando es necesario salvar los esquemas de la democracia y la gestión pública gerencial. El enfoque gerencial de la gestión pública donde están incluidos los procesos de planificación, ejecución y control, debe ser acorde con la participación social que establece el Artículo 2º de la Constitución y dentro de los principios de la descentralización política. Si en Colombia hubiera verdadera descentralización política, en el orden nacional solo deberían existir el DNP y cuatro ministerios, ya que la tarea de la Nación solo debe limitarse a la formulación de políticas, el nivel regional encargarse de los asuntos supramunicipales y el nivel estratégico de la gestión, para que el municipio se dedique a los aspectos tácticos y operativos. Pero el ordenamiento del Estado colombiano no obedece a factores técnicos de la gestión pública sino a los intereses de las élites de poder y los aspectos politiqueros. 

Lo que se necesita es todo lo contrario sin pichicatear gastos: primero se deben elegir las autoridades municipales y por lo menos seis meses después los órganos departamentales para posteriormente elegir los nacionales bajo el condicionamiento de adoptar sus políticas con base en los argumentos de los territorios. Así tendríamos una organización del Estado de abajo hacia arriba, consecuente con el espíritu de la constitución en materia de democracia participativa y descentralización política, propuesta ésta que es totalmente inviable a pesar de su sensatez conceptual, pero que se atraviesa al centralismo bogotano que está destruyendo al país y que no afloja los amarres para mantener el poder político en manos de las roscas del Jockey Club y el Club El Nogal, principalmente.

Seguirá por muchos años más la comunidad nacional siendo víctima de la actual arquitectura del establecimiento, pero eso sí, lo que será necesario evitar con todas las fuerzas sociales, es que se vuelva a intentar la iniciativa cuestionada, que más parece por aplazar el cambio de los actuales grupos de poder; pero en todo caso, que no se vuelva a hablar de la unificación de los períodos de gobierno.

LA FALACIA DE LA POBREZA

 A fines dela semana pasada un dirigente político manifestó públicamente su propósito de acabar con la pobreza en Colombia y causó gran revuelo por los antecedentes del político y por los alcances directos que un gobernante tiene en esta materia. Por supuesto, casi todos los políticos hablan de este tema y cuando se avecinan las elecciones lanzan consignas relacionadas con la solución de este grave problema social y humano que se ha agudizado notoriamente en el último año por motivo del desempleo y el paro en la economía ocasionado por la pandemia del covid-19. 

Pero en las frase de los políticos en campaña poco se puede creer en razón a los alcances directos que tiene un programa de gobierno en este campo, así sus planteamientos sean bien intencionados; pues la pobreza, que ya se está convirtiendo en miseria, tiene causas estructurales cuya eliminación, para que el problema desaparezca, no es posible realizar desde el gobierno únicamente. El gobierno solo puede promover las leyes pertinentes para crear condiciones en la economía y la institucionalidad, que conlleven a mejorar las condiciones económicas de las familias de bajos ingresos. 

Estamos en el sistema capitalista y nadie está proponiendo cambiarlo por otro; por lo tanto el país marcha sobre el mecanismo de funcionamiento del sistema, que en este caso es el mercado, con las leyes y reglas  inherentes a este mecanismo, donde una de estas reglas es, precisamente, la gestación de las desigualdades en todos los frentes del conjunto socioeconómico. Por culpa del mercado se crean desigualdades entre regiones, entre sectores económicos, entre empresas y por supuesto, entre las clases sociales, concentrando la riqueza en unos grupos, que cada vez son de menor cantidad y extendiendo la pobreza, que cada vez se agudiza más, en las grandes capas de la población donde se asienta la mayor parte de los colombianos. Es una ley implacable que no perdona. 

Pero un sistema económico con estas características va en contra de la ley natural, que propicio mediante el instintito, la creación de la economía como un mecanismo para la conservación de la especie; por ello no es razonable ni justo, que se permita la economía de mercado gozando de plena libertad para que la riqueza se concentre en manos de unos pocos. Se necesita que el Estado intervenga para neutralizar las fuerzas del mercado y canalizar los flujos de valor de manera equitativa, para que toda la población pueda contar con condiciones de vida aceptables.

Siendo así la realidad y ya descartada la opción de cambiar el sistema económico, la alternativa política debe orientarse hacia la administración del Estado, para que este organismo establezca los mecanismos apropiados para neutralizar las fuerzas del mercado canalizando los flujos de riqueza de manera más equitativa. Políticas macroeconómicas, políticas sectoriales y políticas públicas adecuadas, con un Estado justo, transparente y honesto, que propicie las condiciones necesarias para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de bajos ingresos, lo cual requiere de la expedición de las leyes necesarias para la creación del piso jurídico que permita la realización delos procesos de gestión pública acordes con el bienestar general y el bien común. No son suficientes las palabras de un dirigente, sino se cuenta con las condiciones políticas necesarias y la voluntad de enfrentar a las élites de poder económico que hoy se están beneficiando de la situación presente y que se oponen a los cambios de fondo necesarios, por lo cual es mejor no creer cuando se presenta en el discurso político la falacia de la pobreza. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Por motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer que se presentó esta semana, en muchos medios se destacó que no se trata de una celebración sino de una conmemoración, entendiendo que esto último trata del recuerdo de un hecho que no es alegre y festivo, ya que el evento se refiere a la muerte de muchas mujeres que exigían derechos humanos. Para ello, se ha destacado que el 8 de marzo no es por referirse a una fecha propiamente sino a un fenómeno permanente de discriminación y desconocimiento de la igualdad de derechos.  

Todos esos hechos son ciertos; pero además, también es cierto que la especie humana en general tiene una gran deuda con el género femenino por el poco o nulo reconocimiento de los aportes de la mujer a la ciencia y la tecnología, según se deduce de la lectura de varios artículos publicados en Internet sobre el origen de la agricultura en la historia.

Dicen varios artículos de esa fuente, que en los primeros estadios de la civilización cuando la especie del homo sapiens todavía era nómada y la economía se limitaba a la simple recolección de productos de la naturaleza, fue el espíritu observador de la mujer el que descubrió la ley natural. La narración se refiere a que las mujeres embarazadas y las que tenían hijos pequeños y que por lo tanto no se iban con el hombre a la caza y la pesca, al quedarse en su labor diaria realizaron las observaciones que detectaron y concluyeron, que si se depositaba en la tierra una semilla salida del interior de un fruto, en ese punto germinaba una nueva planta por lo cual de manera deliberada se podría sembrar semillas y esperar el crecimiento del nuevo individuo vegetal. Es decir, fue la mujer quien creo la agricultura y con ello la ciencia y la tecnología que consiste en la comprensión y manipulación de las leyes de la naturaleza, como ocurre hoy cuando la microelectrónica se basa en lo operación deliberada del desplazamiento del electrón. Así mismo, fue por la habilidad manual de la mujer que se elaboró la cestería como utensilios para recoger la cosecha y que se convirtió en la base de la posterior manufactura que antecedió a la industria de hoy. 

Pero la cultura humana siempre ha destacado los grandes logros de los hombres y por ello la humanidad tiene una deuda de reconocimiento a la mujer por sus aportes en materia de ciencia y tecnología como primera descubridora de la ley básica de la naturaleza, que es la de reproducción. Bien dice la biblia que Eva le dio a Adán de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque así como la agricultura sirvió para que se produjera el asentamiento de la especie dejando su nomadismo, también fue el generador del producto social excedente por sobrantes de la cosecha, lo que propició las clases sociales y la aparición de la primera forma de Estado basado en la guerra que más adelante se consolidó en el Estado esclavista.

Entonces el asunto va más allá del reconocimiento de la igualdad de derechos frente al género masculino, porque la valoración por la creación de la agricultura y con ello las bases del método de la ciencia expresado en el conocimiento y la reproducción de los procesos naturales, es muy superior al simple reconocimiento de los derechos de igualdad. Es una deuda que la humanidad tendrá que pagar, no se sabe cómo, pero que es mucho más que reconocer la igualdad de derechos. Porque desde esos mismos orígenes y la imposición del principio de la fuerza bruta que se transformó en violencia, el género masculino ha sobrepuesto este atributo físico por encima del mérito intelectual de la sabiduría, lo cual se aprecia todavía cuando los gobiernos siguen utilizando la fuerza pública para neutralizar la racionalidad y el pensamiento diferente a los intereses de las élites de poder, de manera que es justo que ahora se le otorgue otra connotación al Día Internacional de la Mujer. 

LA GLOBALIZACIÓN DE LAS MAFIAS

El martes de esta semana sorprendió la prensa nacional con el despliegue de una información relacionada con el tráfico de influencias para trámites de registro de identidad, que involucra a las entidades que cumplen esta función como son las notarías y la Registraduría. Una emisora de cobertura nacional entrevistó a un funcionario de entidad competente y señalaba el entrevistado los hallazgos sobre casos de cambio de identidad, nacionalización de extranjeros y trámites con delincuentes internacionales como es el caso de Al Qaeda, que explícitamente citó, además de las situaciones de venezolanos que constituyen el pan del día en la actualidad.  

La noticia parece trascendental por la gravedad de los hallazgos, pero no es sorprendente, si recordamos el libro escrito por Jean-Francois Gayraud y publicado por Editorial Tendencias de Barcelona en 2007 con el título “El G9 de las mafias en el mundo”. El autor en 544 páginas describe la situación de las mafias internacionales y su extensión en casi todos los países del mundo, incursionando en las esferas pública y privada.  

Con el surgimiento de la globalización y después de 1990, el espíritu de la aldea global que el capitalismo neoliberal instauró en el sector monetario con la globalización financiera, se extendió a otros campos de la vida social usando formas no convencionales y violatorias de las normas, como se aprecia en la esfera del factor trabajo, que no se globalizó formalmente como ocurrió en el sector financiero, pero que el instinto de conservación de la humanidad ha propiciado con una especie de globalización de la mano de obra con procedimientos ilegales. De la misma manera, dice Gayraud que las mafias originarias en algunos países, han penetrado las esferas política y económica y se han extendido por todos los continentes, citando el caso de nueve grupos mafiosos principalmente europeos.  

Para Gayraud, dinero, poder y secreto son la esencia de las organizaciones mafiosas que hoy se manifiestan claramente en la privatización de los bienes públicos, como dice el autor poniendo el ejemplo del manejo de los residuos sólidos y líquidos en Italia, los cuales están en manos de la Cosa Nostra de Sicilia. Pero así mismo, se observa en las carreteras, la plusvalía de la tierra urbana, las obras públicas, la explotación de los recursos naturales, los servicios de tránsito y transporte, etc. donde empresas multinacionales han metido la mano y son las que operan los procesos económicos, como también en el campo político, donde las entidades mafiosas internacionales financian campañas y facilitan la elección de gobernantes y legisladores.  

No es de extrañar por eso, la noticia de los tentáculos internacionales en los casos del registro de identidad encontrados en la investigación publicada por radio el martes en la mañana. Muchos fenómenos ocurren en Colombia cuya explicación no es evidente y por ello es lógico pensar que está presente el secretismo mafioso del que hablo Gayraud en 2007, ya que han pasado catorce años desde la publicación del libro y lo más probable es que esos tentáculos se hayan incrementado y extendió a otras áreas y no que se hayan disminuido; igualmente, además de los nueve grupos que cita el autor, en este período de más de un decenio, seguramente han aparecido otros grupos fortaleciendo así el fenómeno de la globalización de las mafias.

EL IMPACTO DE LA PRIVATIZACIÓN VIAL

La norma constitucional permite que todo sea privatizable en Colombia, excepto los bienes de mérito, que por su misma esencia, no es posible que lleguen a manos privadas. La privatización de los bienes públicos es uno de los pilares del modelo neoliberal, que se apoderó del mundo para proteger al capitalismo rentista, es decir los intereses de los especuladores internacionales del dinero que ahora les llaman inversores. La justificación ha sido siempre la de qué se trata de ganar eficiencia y eficacia, lo cual está comprobado que no es cierto, y de que el Estado no tiene recursos para sostener el suministro de este tipo de bienes, argumento que tampoco es verdad. 

Pero lo cierto es que en la realidad no se presenta ni lo uno ni lo otro. Las privatizaciones se han utilizado más con fines politiqueros y de corrupción, que con propósitos de mejorar la gestión pública, como se puede ver en el caso de privatización de las carreteras mediante el mecanismo de la concesión, lo mismo que en otros asuntos pertenecientes al sector de tránsito y transporte. Hoy vemos que las multas, los trámites, el recaudo y otros, son operados por empresas privadas donde también hay participación de capital extranjero. 

Lo más aberrante y descarado en toda esa ola privatizadora de los sectores de infraestructura, tránsito y transporte, es lo de la carreteras, que se entregan a empresarios privados por período de treinta años, con el argumento de que el privado se encargará del mantenimiento de la obra, la cual en la mayoría de casos es construida con recursos públicos, cuyo cobro de peajes se realiza con tarifas escandalosas, lo que genera magnitudes espeluznantes en los ingresos del empresario privado, que asume los irrisorios costos del mantenimiento cuya calidad deja mucho que desear; pues en muchos casos el estado de la obra presenta deficiencias que entorpecen o arriesgan la circulación por dicha vía. 

Lo curioso del esquema es que las empresas concesionarias siempre son las mismas y coincidencialmente, con el tiempo se sabe que esas mismas son aportantes que financian campañas electorales. Parece entonces que no hay tal argumento de mejoramiento vial sino un negocio de intercambio independiente de la situación financiera de la obra. Se presume que lo menos importante es el servicio de la vía y lo que predomina es el ingreso de quien necesita recuperar la inversión, no en la infraestructura sino en la campaña electoral. 

Hoy el país está atestado de peajes, pero en las vías de mayor tráfico vehicular. Dicen que existen cerca de 170 en todo el país lo cual es exagerado, como ocurre en la vía panamericana en el Valle del Cauca, donde entre Cali y La Paila, en una distancia aproximada de 120 kilómetros, hay cuatro peajes, o sea uno cada 30 kilómetros, como si el costo de mantenimiento de esa vía fuera tal elevado como para que un vehículo pequeño de uso particular tenga que pagar 80 mil pesos para ir y regresar. Se estima que por ese tramo circulan más de 15 vehículos diarios, o sea que calculen cuanto ingreso representa para el concesionario.

Pero claro que las cuentas alegres del negociado de las concesiones afecta otros sectores de la actividad económica; ya el sector de turismo está poniendo el grito en el cielo por las cifras de encarecimiento de los viajes por tierra lo mismo que el sector de transporte de carga al que le han obligado a elevar las tarifas afectando también el comercio, de manera que por las agallas de los inversionistas electorales, se está haciendo un bumerán el impacto de la privatización vial.

LA REFORMA TRIBUTARIA QUE SE VIENE

El gobierno nacional con su habitual costumbre de mentir y tratar de engañar a la opinión pública, dice que Colombia necesita una refirma tributaria para subsanar los elevados gastos en que incurrió por motivo del Covid-19 y se alista para introducir un paquete dentro del típico enfoque neoliberal, es decir impuestos indirectos y estructura regresiva, pero oculta el verdadero motivo de dicha reforma que radica en la presión de los organismos multilaterales como el FMI y la OCDE, cuya misión es proteger en los países que intervienen, los intereses de los especuladores internacionales del dinero o los agiotistas del mundo. 

El problema fiscal colombiano es de fondo y no por los gastos de una pandemia que es coyuntural, el cual se inició con la Ley 51 de 1990, cuando se modificó la estructura de financiamiento del Estado que luego se consolidó con la Constitución de 1991. Antes de esa fecha, en época del Estado Interventor-Benefactor, el esquema de financiamiento del organismo se basaba en los impuestos directos, principalmente el impuesto al patrimonio y los aranceles, y el carácter progresivo de los mismos, más la emisión de dinero del banco central; pero ahora las finanzas públicas se sustentan en la deuda, que es la esencia del modelo neoliberal y que el fisco adquiere en el mercado de capitales. 

Fijémonos en el crecimiento de la deuda y el pago de la misma que año tras año se incrementa en cifras escandalosas que se comen un porcentaje elevado del recaudo de impuestos. En 1991, cuando comenzó el esquema, la deuda pública ascendía a 17 mil millones de dólares equivalentes al 2,8 % del PIB, mientras que en 2020 el monto ya iba en 180 mil millones de dólares equivalente al 61.4 del PIB. A este ritmo, no nos extrañemos que en pocos años recorten el sistema general de participaciones, todo el sistema de subsidios y las pensiones, que ya las tienen en la mira para comenzar, todo con el fin de liberar recursos de los impuestos para pagar el servicio de la deuda. 

Pero lo más grave no es que escondan la verdadera causa de la reforma tributaria con el falaz argumento de los gastos por la pandemia, sino el carácter neoliberal de la estructura impositiva, donde los verdaderos ricos, los capitalistas rentistas especuladores que ahora les llaman inversores agazapados en los fondos de inversión, no pagan impuestos y las multinacionales del sector extractivo tampoco pagan, con el argumento de la doble tributación, como si las regalías por el saqueo de los recursos naturales fuera un tributo; y así mismo otras multinacionales y grande capitales que están exentos de pagar.

Entonces la solución es sencilla; pero se requiere voluntad política. Si el gobierno quiere solucionar la crisis de las finanzas públicas originada en la estructura de financiamiento del Estado, pero no quiere recurrir al instrumento clásico que es el Banco de la República porque el BPI con sede en Suiza no se lo permite, que recurra a la fórmula de que los ricos y las multinacionales paguen impuestos con justicia y racionalidad económica. Con solo eliminar las exenciones establecidas en la última reforma, ya consigue 15 billones de pesos, sin necesidad de seguir estrangulando los ingresos familiares y deteriorando aún más la calidad de vida del pueblo colombiano que ya no aguanta más con las altas tarifas de los bienes públicos privatizados y así se evitaría atizar el fuego del descontento social que con seguridad producirá la reforma tributaria que se viene.