EL IMPACTO DE LA PRIVATIZACIÓN VIAL

La norma constitucional permite que todo sea privatizable en Colombia, excepto los bienes de mérito, que por su misma esencia, no es posible que lleguen a manos privadas. La privatización de los bienes públicos es uno de los pilares del modelo neoliberal, que se apoderó del mundo para proteger al capitalismo rentista, es decir los intereses de los especuladores internacionales del dinero que ahora les llaman inversores. La justificación ha sido siempre la de qué se trata de ganar eficiencia y eficacia, lo cual está comprobado que no es cierto, y de que el Estado no tiene recursos para sostener el suministro de este tipo de bienes, argumento que tampoco es verdad. 

Pero lo cierto es que en la realidad no se presenta ni lo uno ni lo otro. Las privatizaciones se han utilizado más con fines politiqueros y de corrupción, que con propósitos de mejorar la gestión pública, como se puede ver en el caso de privatización de las carreteras mediante el mecanismo de la concesión, lo mismo que en otros asuntos pertenecientes al sector de tránsito y transporte. Hoy vemos que las multas, los trámites, el recaudo y otros, son operados por empresas privadas donde también hay participación de capital extranjero. 

Lo más aberrante y descarado en toda esa ola privatizadora de los sectores de infraestructura, tránsito y transporte, es lo de la carreteras, que se entregan a empresarios privados por período de treinta años, con el argumento de que el privado se encargará del mantenimiento de la obra, la cual en la mayoría de casos es construida con recursos públicos, cuyo cobro de peajes se realiza con tarifas escandalosas, lo que genera magnitudes espeluznantes en los ingresos del empresario privado, que asume los irrisorios costos del mantenimiento cuya calidad deja mucho que desear; pues en muchos casos el estado de la obra presenta deficiencias que entorpecen o arriesgan la circulación por dicha vía. 

Lo curioso del esquema es que las empresas concesionarias siempre son las mismas y coincidencialmente, con el tiempo se sabe que esas mismas son aportantes que financian campañas electorales. Parece entonces que no hay tal argumento de mejoramiento vial sino un negocio de intercambio independiente de la situación financiera de la obra. Se presume que lo menos importante es el servicio de la vía y lo que predomina es el ingreso de quien necesita recuperar la inversión, no en la infraestructura sino en la campaña electoral. 

Hoy el país está atestado de peajes, pero en las vías de mayor tráfico vehicular. Dicen que existen cerca de 170 en todo el país lo cual es exagerado, como ocurre en la vía panamericana en el Valle del Cauca, donde entre Cali y La Paila, en una distancia aproximada de 120 kilómetros, hay cuatro peajes, o sea uno cada 30 kilómetros, como si el costo de mantenimiento de esa vía fuera tal elevado como para que un vehículo pequeño de uso particular tenga que pagar 80 mil pesos para ir y regresar. Se estima que por ese tramo circulan más de 15 vehículos diarios, o sea que calculen cuanto ingreso representa para el concesionario.

Pero claro que las cuentas alegres del negociado de las concesiones afecta otros sectores de la actividad económica; ya el sector de turismo está poniendo el grito en el cielo por las cifras de encarecimiento de los viajes por tierra lo mismo que el sector de transporte de carga al que le han obligado a elevar las tarifas afectando también el comercio, de manera que por las agallas de los inversionistas electorales, se está haciendo un bumerán el impacto de la privatización vial.