IMPACTO EN LAS FINANZAS PÚBLICAS

Aprobado el Presupuesto General de la Nación para 2019, hecho ocurrido la semana pasada, varias reflexiones caben sobre las cifras y la consecuencia de este ejercicio, es tremenda preocupación por una parte, y dolor de patria por la impotencia que de ahí se deriva.

Se estima que los ingresos legítimos del Estado, que son los tributarios, serán de 145 billones aproximadamente, pero de esta suma, el 46 % o sea casi la mitad, se va para pagar el servicio de la deuda, es decir para aplicar la regla universal del Capitalismo Rentista que viene operando plenamente en Colombia desde 1991. Por lo tanto, quedan 78 billones para cubrir todos los demás gastos del Estado, incluyendo el funcionamiento y la inversión. Pero de estos 78, el 43 % se los lleva el sector de Defensa Nacional, o sea la guerra, quedando solo 44.5 billones para pagar lo que falta, como es el funcionamiento, la infraestructura, el gasto social y la inversión en capital humano, donde salud y educación son fundamentales. O sea que menos de la tercera parte de la plata que los colombianos pagamos para financiar el suministro de los bienes públicos por parte del Estado, se destina a este fin y a cubrir los egresos con los cuales se solucionan y satisfacen los problemas y necesidades de toda la comunidad nacional.

Por supuesto, esto no es culpa de Carrasquilla; porque si fuera Petro, estaría en las mismas, siendo este el primer presupuesto del período. Esto es una consecuencia de la estructuras de financiamiento del Estado que se impuso en 1991 por la vía constitucional, con introducción en la Ley 51 de 1990, y todo, como efecto universal del modelo del Capitalismo Rentista que con el núcleo en la Reserva Federal de USA, rige para todo el mundo occidental y cuyos perjuicios son incalculables no solo para Colombia sino para todos los países que giran en la órbita de la FED.

Para el 2019 se estima que Colombia pagará un poco más de 30 billones solamente en intereses de la deuda, o sea recursos de nuestros impuestos que se irán para el bolsillo de los especuladores del dinero de los cuales la mayoría son fondos de inversión extranjeros. Para formarnos una idea, si tomamos esta cifra en valor presente nominal y la calculamos para el cuarto de siglo que ha transcurrido desde la imposición del modelo, quiere decir que le hemos entregado 750 billones de pesos a los capitalistas rentistas, sin incluir abonos al principal, con lo que ellos se han enriquecido y en esa misma cantidad los colombianos nos hemos empobrecido. Si tomamos la cifra del presupuesto de inversión del próximo año estimada en 35 billones, quiere decir que con lo que hemos pagado solo en intereses, podríamos realizar inversiones durante 21 años, o lo que es igual, que tendríamos hecha hoy la inversión acumulada que tendremos en el año 2041.

Por supuesto, el cambio de la estructura de financiamiento del Estado para asimilarla a la que existía antes de 1980 en todo el mundo, es muy difícil, por cuanto los grupos de poder económico beneficiarios de este modelo que son los fondos de inversión, aplican todo su magno poder para mantener el esquema, utilizando todo tipo de maniobras, la mayoría camufladas e ilegales, que introducen en los países bajo su influencia produciendo así el tremendo y deletéreo impacto en las finanzas públicas.

LA UNIFICACIÓN DE PERÍODOS DE GOBIERNO

Ante el embeleco uribista de unificar los períodos de los gobernantes territoriales con el del presidente, no se sabe con qué subterránea intensión, han surgido las posturas que se oponen a la propuesta, las cuales principalmente manifiestan argumentos jurídicos opuestos a la decisión que ya se aprobó en el primero de los ocho debates constitucionales exigidos. Porque, de verdad, dos lesiones a antiquísimos fundamentos del derecho se violan con esa majadería, como son el de 1648 (Westfalia) donde se estableció que el poder nace del pueblo, no del Congreso, y el de 1910 (Alemania), cuando se estableció que el Estado solo puede realizar acciones que tengan normas previamente establecidas, es decir, que no existen las normas retroactivas. La reforma se pretende realizar pasando por encima del mandato del elector primario que eligió hasta diciembre de 2019 y mediante una norma posterior a la fecha de la elección.

Pero muy poco, casi nada, se ha dicho acerca de las conveniencias y la racionalidad de la reforma en términos de la gestión pública, o sea en el campo de la respuestas que el Estado debe dar a las expectativas de la sociedad, que espera de su organismos rector, que propicie el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, para lo cual debe aplicar los más adecuados procesos de gestión pública, dentro del marco de la democracia participativa, que aunque es un discurso constitucional, el Estado aún está en deuda con la sociedad sobre su aplicación y desarrollo. La democracia participativa en Colombia es un cuento escrito que no se realiza.

Para fortalecer la democracia participativa es necesario ir más allá de la descentralización administrativa que desde hace tres decenios viene realizando el centralismo bogotano, en forma atropellada, para adentrarse en la descentralización política sobre la base del empoderamiento de las comunidades locales, de tal modo que la unificación de los períodos de los tres niveles de gobierno, implicaría la modificación de, por lo menos, una docena de leyes más, comenzando por la Ley 152 de 1994, más la 388 de 1997, más la 1454 de 2011 y otras más, para implantar los mecanismos de hacer los procesos de gestión de abajo hacia arriba con políticas públicas Botton Up, totalmente al contrario de lo que es hoy que se realizan de arriba hacia abajo con políticas Top Down.

Hoy existen unos absurdos técnicos y metodológicos desde el punto de vista de la teoría de la planificación, como ese de superponerle a una misma comunidad municipal tres planes de gobierno, uno encima del otro, mal llamados planes de desarrollo, los cuales constituyen la carta de navegación del gobierno nacional y de las entidades territoriales, cuya elaboración afronta varios traumatismos metodológicos por la obligatoriedad de algunas normas y la simultaneidad de los planes del gobernador y del alcalde. A esto se le suma el sentido centralista, que es al revés, imponiéndose el más amplio sobre el más bajo, cuando debería ser al contrario, como dije antes, haciendo la planificación de abajo hacia arriba para dar cumplimiento a la autonomía municipal consagrada en el Constitución por motivo de que el municipio es la célula básica del Estado.

El anterior es solo un ejemplo; pero son muchos los argumentos relacionados con la gestión pública, diferentes a los del derecho, que demuestran la irracionalidad de esa iniciativa, si ella se aplica de manera aislada o sea sin el complemento de otras normas inherentes a la gestión, como son las leyes sectoriales que determinan la operación del Estado y que por ello, debido a la forma como se está tramitando, es más conveniente para el país, no seguir con el propósito de la unificación de períodos de gobierno.

EL PERFIL DEL GOBERNADOR

Hace unos días publicó una columna el excontralor Álvaro Urbano haciendo referencia a los requisitos y condiciones que debía poseer la persona quien ocupe el cargo del gobernador del departamento, exponiendo una lista larga de atributos y cualidades para ser un gobernante eficaz y efectivo; y de verdad que, debido a que desde 1991 Colombia derogó el Modelo de Estado Burocrático y se embarcó en el Modelo de Estado Gerencial, los gobernantes territoriales son los gerentes públicos por excelencia dentro del territorio de su competencia, por lo cual sus dotes deben ser consecuentes con el rol gerencial que la norma jurídica les impone, aunque por motivo del régimen político, el proceso de transformación de la administración pública ha sido lento y muy poco se ha avanzado en este cuarto de siglo.

Simultáneamente con la publicación de la columna de Álvaro, entró a circular por las redes sociales un mosaico de fotos con el grupo de aspirantes a dicho cargo, en la cual hay de todo, como en botica, algunos más conocidos que otros, pero todos con la legítima aspiración que todo ciudadano puede tener haciendo uso de sus derechos. Para algunos comentaristas hablar de ese tema es todavía prematuro, pero los antecedentes sobre procesos electorales, muestran que un año es apenas suficiente para realizar una campaña, que la misma norma legal impone cuando regula el régimen de inhabilidades. El tiempo vuela.

Si bien es cierto que debido al carácter gerencial del gobernante los atributos personales son importantes por cuando, ante todo, el gobernante territorial es un líder que dinamiza procesos públicos mediante la gobernanza y constituye el rector de los procesos sociales, económicos e institucionales, también existe la Ley 131 de 1994 que establece la obligación a los candidatos de inscribir un programa de gobierno y aunque en el sistema político no se cumple, la ley dice que cuando el elector vota, no lo hace por una persona sino por un programa de gobierno.

Haciendo ahora, en las primeras de cambio y de manera preliminar, el ejercicio de confrontar los principales atributos que plantea Urbano, pues todos creo que nadie los cumple, y las propuestas sobre programa de gobierno, me atrevo a resaltar la opción de Blanca Inés Chávez, cuyos lineamientos de programa son novedosos, pertinentes, viables y responden cabalmente a las causas de las situaciones que hoy afronta el departamento en los principales aspectos del complejo territorial, por lo que, considerando que, según se deduce de los resultados de las últimas elecciones, la gente quiere y desea un cambio que permita renovar a los viejos dirigentes que desde el siglo pasado están protagonizando los procesos electorales y colocando sus fichas en los cargos de dirección, el nombre de la doctora Chávez merece ser tenido en cuenta para hacerle seguimiento cuidadoso en este proceso político que está comenzado, a ver qué ocurre el próximo año con miras a constatar si el departamento acierta con el perfil del gobernador. 

LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY 30

Pasados casi 26 años desde cuando se expidió la nefasta Ley 30 que rige la educación superior en Colombia, ya comienzan a aflorar los efectos deteriorativos de este muy importante componente del complejo social, como es la formación profesional del capital humano, que como consecuencia de la aplicación del enfoque neoliberal introducido en el país por el enterrador del Partido Liberal, ya no aguanta más el acumulado de más de dos décadas operando con aberrantes elementos en el funcionamiento de las universidades.

Está convocada una marcha de la comunidad académica para protestar por el descuido del gobierno sobre el financiamiento de las universidades oficiales y, aunque la única eficaz y efectiva protesta es la votación el día de las elecciones, no deja de ser muy significativa la expresión de inconformidad que hoy ha saturado el espíritu estudiantil. Dicha ley, sancionada el día de los inocentes de 1992, establece las normas para el financiamiento de las instituciones, el cual, como todo el eje del enfoque neoliberal, sólo busca bajar el gasto público, que es la gran preocupación del capitalismo rentista que impera en el país. Por supuesto, manejada con este criterio neoliberal la universidad colombiana, con el transcurrir del tiempo se iban a acumular las dificultades financieras hasta llegar al punto donde hoy se encuentra, casi en la frontera del cierre definitivo, por cuanto el ritmo de crecimiento de los gastos para atender el aumento de la población estudiantil, la investigación, la innovación tecnológica, la infraestructura, entre otras, es mayor que el ritmo con el que el gobierno incrementa las asignaciones presupuestales año a año.

Pero no es solo en materia financiera como se manifiesta el deterioro, sino también en cuanto a la calidad, que también ya está reventando hoy. Esta ley magnifica el papel de los diplomas académicos de los docentes y reduce la calidad a la vinculación de profesores con postgrados, como si los simples títulos fueran suficientes para garantizar la competencia pedagógica y el conocimiento del profesor, por lo menos en las disciplinas de las ciencias sociales. Así, con el afán de crear fuentes alternativas de ingresos propios, las universidades entraron en un mercado de posgrados, en muchos casos irresponsables, actuando como mercachifles del saber que compiten para capturar clientes que paguen las costosas matrículas en los programas de postgrado. Y se vuelve un círculo vicioso porque a los profesores los vinculan con el mismo criterio y hoy se ven en las especializaciones y maestrías del campo de las ciencias sociales, muchos casos de personajes incompetentes que están ahí porque poseen un título, llegando al punto que hoy para ser profesor vale más un diploma que la sabiduría y la experticia, cuando la opinión pública sabe que en esta rama del saber, lograr el título no garantiza el conocimiento. Con ello, casos aberrantes se ven, como los que suelen suceder en trabajos de grado de cursos de especialización y maestría, donde muchas veces, los jurados actúan sujetos a sus propias pasiones subjetivas y movidos, tal vez, por sus condiciones psíquicas, se alejan de la objetividad de su rol perjudicando al estudiante. Sobre esto, se han visto situaciones donde el jurado no entiende el producto académico del estudiante y descalifica al alumno por culpa de sus propias limitaciones intelectuales.

Lo programado para esta semana es solo el comienzo, de un desfogue social que, tratándose de un tema público de esta magnitud, no se sabe hasta dónde puede llegar. Porque no se tratas de una calentura coyuntural de algunos líderes estudiantiles, sino de una explosión derivada de factores estructurales que requieren cambios profundos, que como señale arriba, van más allá de los aspectos financieros y abarcan temas desde el comienzo mismo de los principios epistemológicos del saber, que hoy están sometidos a la dominación cultural del eurocentrismo, desconociendo, por ejemplo, la construcción de ciencia a partir del conocimiento popular, para citar solo este elemento. Y lo grave es que del gobierno no se puede esperar nada, por lo cual será desde el seno mismo de la comunidad educativa, desde donde se lidere el proceso de cambio para neutralizar las consecuencias de la Ley 30.

LA DIMENSIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS

Si bien es cierto cuando el público habla del debate político los comentarios se refieren a candidatos, avales o aspiraciones, el verdadero tema central de la discusión es el relacionado con el manejo de los bienes públicos y en este caso, el aspecto que demuestra ser el de mayor trascendencia, es el de su privatización, por cuanto los grandes problemas sociales de pobreza y exclusión y también los más relevantes en el campo institucional, que hoy son los derivados de la corrupción, se desprenden también de lo que han sido las consecuencias del traslado de lo público al escenario del mercado, después que durante más de tres siglos estuvo en el seno del Estado, fenómeno este que se consolidó en los años ochenta, después que el capitalismo rentista se tomará el poder de Estado para colocar este organismo a su servicio y  usarlo como fuente de sus ingresos.

La privatización de lo público ha permitido crear los negocios más aberrantes y perversos, para beneficiar intereses privados y sacrificar el interés general y el bien común; en la mayoría de los casos, sin sacar un solo peso de los recursos fiscales, por lo que la corrupción queda camuflada y la comunidad suficientemente golpeada, siendo esta la principal causa del empobrecimiento generalizado y el enriquecimiento de unos pocos, la mayoría de veces, empresarios multinacionales que operan con procedimientos mafiosos untando de tajada a los funcionarios que firman las concesiones y delegaciones para la administración de los bienes públicos. El negocio es sencillo: los funcionarios que firman reciben una comisión y autorizan altas tarifas que los usuarios pagan por recibir el servicio, de cuyos fondos reciben un porcentaje que el corrupto privatizador les paga.

La finalidad de la privatización no es el mejoramiento del servicio en calidad, cantidad y precio, sino el enriquecimiento de los empresarios que reciben los bienes públicos para su manejo. Así, gran parte de los ingresos de la población, que obligatoriamente tienen que comprar los bienes o servicios a quien los brinda en el mercado, pasan a manos del privado, porque no puede dejar de consumir este tipo de bienes.

Para acabar de completar, los contratos son leoninos para el Estado de modo que todas las de ganar las tiene el privado y las de perder las tiene el Estado; porque repito, el objeto no es beneficiar el interés general y el bien común, sino asegurar las ganancias del empresario privado. Así lo vemos en las carreteras concesionadas y los peajes, las empresas de servicios básicos domiciliarios, la infraestructura de servicios públicos colectivos, sin tener en cuenta la privatización de la seguridad social, donde en salud y pensiones los casos son aterradores, principalmente en pensiones que le adjudicó los jóvenes cotizantes a los fondos privados, los que por más de veinte años solo reciben dinero, dejando a Colpensiones los viejos que no pagan cotización, pero que reciben las mesadas, creando así una grave presión contra el presupuesto nacional, que ahora les preocupa por el riesgo que genera en el pago cumplido del servicio de la deuda.

Pero el Congreso de la República, escenario obligado a tratar los temas de importancia para el país, se dedica a otra cosa, dentro del mismo enfoque donde priman los intereses personales y el beneficio individual por encima del interés general y el bien común, los congresistas legislan pensando en su propio beneficio sin importarles un carajo la situación que vive el pueblo que los elige y los vuelve a elegir, como es este tema de la dimensión de los bienes públicos.