LOS CRÍMENES SOCIOAMBIENTALES

Desde cuando se conoció el estudio de la Estructura Ecológica Principal de Popayán que realizó la firma payanesa del Ingeniero Oscar Calvache para la administración municipal anterior, en varias ocasiones hemos hecho referencia en esta columna a los méritos del paisaje urbano de la ciudad y a la subvaloración que se percibe en los distintos estamentos de la comunidad local. Este paisaje, compuesto por elementos naturales y culturales, es un patrimonio público que mucho puede contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los residentes y a la atracción de flujos de turistas de otros lugares, contribuyendo así al fortalecimiento de la base económica local. Se sabe de países, como por ejemplo Suiza, donde el paisaje es un importante factor de ingresos por el flujo de turistas de toda Europa que acuden allá a satisfacer sus apetitos visuales.

Uno de los elementos de este patrimonio público era la plantación forestal existente al occidente, a lado y lado de la variante de la carretera Panamericana. No solamente contribuía a la riqueza paisajística urbana, sino que además, servía de albergue a especies animales voladoras y por supuesto, aportaba a la absorción de carbono, ambas funciones ecológicas propias de todas las plantaciones vegetales que se debe valorar independientemente de la magnitud de su contribución.

Pero, lo que hemos visto en los últimos días ha sido la tala del producto forestal, o sea la destrucción de este activo ambiental. Muchos dirán que eso era un cultivo comercial privado y que sus propietarios pueden hacer con ello lo que quieran. Pero también hay voces que resaltan la función social de la propiedad privada consagrada en la Constitución Política y otros que destacan la creación de la gerencia pública, que precisamente, ofrece instrumentos de gobernanza con el fin de que el Estado pueda negociar y concertar con los particulares el uso y orientación de los bienes públicos y comunales cuando estos están privatizados. Pero la ineptitud, ignorancia o politiquería de los funcionarios de la CRC y la administración municipal anterior, no les permitió dimensionar adecuadamente el asunto, ni manejar los instrumentos de gestión administrativa disponibles para regir los procesos privados hacia fines de interés general y beneficio público.

Ahora sólo quedan las lamentaciones colectivas y por supuesto, los efectos que se generarán tarde o temprano por la desaparición de esa riqueza pública privatizada. Después de ojo sacado no vale Santa Lucía, pero muchos otros casos del patrimonio ambiental municipal están corriendo el mismo riesgo sin que haya un doliente institucional que intervenga preventivamente antes de que en el municipio se siga cometiendo los crímenes socioambientales. 

ALGO VA DE PEDRO A JUAN

Lo público es tan antiguo como la misma humanidad y desde que nació el Estado, estos bienes se han ubicado en su seno. Solo hasta ahora a finales del siglo XX y después de varios miles de años, con el surgimiento del capitalismo rentista y su soporte el pensamiento neoliberal, lo público se ha trasladado al mercado y con ello, exceptuando los bienes de mérito, son privatizables todos los bienes de interés general y que competen al conjunto total de la especie humana. Por eso el nicho natural de lo público es el Estado y oponerse a la privatización es un asunto de principios.

Hace como una década, siendo Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y presidente Uribe, ya llegaba la fecha de vencimiento de unos papeles de deuda cuyo monto ascendía a varios miles de millones de dólares. El año anterior a dicho vencimiento, el ministerio alistaba las provisiones para pagar cumplidamente a los acreedores, por lo cual sacó a la venta ISAGEN y Granahorrar y presentó una propuesta de reforma tributaria; pero los negocios se dañaron y la reforma no pasó en el Congreso. Carrasquilla, asustado por el chicharrón que tenía encima, presentó renuncia, pero Uribe no se la aceptó, pues no podía abandonar tremendo problema. Después, haciendo malabarismos de tesorería, llegó el vencimiento de los papeles; Carrasquilla pagó, le dieron el premio de mejor ministro y Uribe le aceptó la renuncia. Es decir se trató de vender la empresa para pagar deudas, una de las salidas más absurdas en la concepción de las finanzas públicas. En todos los casos es una estupidez vender un activo fijo para pagar una deuda. Es un paso hacia la bancarrota.

Ahora, siendo Cárdenas el ministro y Santos el Presidente, nuevamente se sacó y se concretó la venta de ISAGEN. Pero esta vez no para pagar deudas, sino para prestarle plata a los concesionarios de las vías cuya construcción se financiará con los peajes que pagamos entre todos. Una salida financiera simplista y con intereses creados, que traslada un monto del patrimonio público de una situación estable a una de alto riesgo, aunque el financiamiento de los proyectos se puede hacer por otros caminos igualmente viables.

El caso es que en esta época del capitalismo rentista y su soporte conceptual el neoliberalismo y la inepta y entreguista oligarquía colombiana administrando el Estado, ningún bien público está libre de riesgo. Ya sea con un fin o con el otro, siempre el patrimonio de todos los colombianos estará expuesto a los intereses de las empresas multinacionales que le meten capital en la medida en que el negocio sea lucrativo o le den puntadas con dedal para futuros negocios. Pero dependiendo de qué grupo político esté en el gobierno pueden haber diferencias como en este caso comparado entre Uribe y Santos en el que, sin pretender atacar o defender gobierno alguno, bien podemos aplicar el viejo refrán de que algo va de Pedro a Juan. 

DETALLES DE LOS PLANES DE DESARROLLO

Dice el Artículo 31 de la Ley 152 de 1994 que el contenido de los planes de desarrollo de las entidades territoriales estará conformado por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las corporaciones administrativas siguiendo los criterios de formulación establecidos en la misma ley. Es decir, en cada municipio debe existir un acuerdo del concejo que defina todos los aspectos inherentes a la elaboración de dicho plan, en aplicación de las facultades que el legislador le otorga a la corporación.

Pero en casi ningún municipio existe dicho acuerdo. Por no decir en ninguno. Cuando se va a elaborar el plan cada cuatro años, lo primero que se hace es buscar en la dependencia respectiva tal documento para precisar la manera como se debe realizar el trabajo. Pero no lo hay. Escasamente se encuentra un acuerdo en el que se define la composición del consejo territorial de planeación. Pero no más.

Por supuesto, el equipo de gobierno recién posesionado y buñuelo, debe consultar la norma para conocer el procedimiento que se aplica, los detalles del contenido, la metodología y demás aspectos, como la forma de hacer el diagnóstico, la manera de fijar objetivos, los conceptos que se deben utilizar en cuanto a políticas, estrategias, indicadores, metas, principales programas, el modelo de desarrollo que sustenta el plan, etc., todos detalles técnicos necesarios para realizar un trabajo de conformidad con el ordenamiento establecido por órgano competente. Pero no lo hay. Los concejos han dejado el vacío y a los equipos que trabajan en la formulación del plan les toca actuar a su manera, bajo su criterio y esto en nada contribuye al mejoramiento técnico de la disciplina de la planificación territorial.

Como resultado de dicho vacío, se observa planes sin un adecuado diagnóstico, muchos confunden políticas con estrategias, otros no consideran el modelo de desarrollo que rige el plan, en otros no se sabe de dónde salen los objetivos, en otros los indicadores producen risa, en fin, hay de todo como en botica. Pero un surtido que no se ajusta a los cánones de la técnica de planificación que se recomienda en los círculos académicos. Se cumple la ley, sí; pero de cualquier manera y casi a las patadas.

Ya, para los planes que se deben estar elaborando hoy, no hay algo que hacer. El vacío seguirá si el incumplimiento de la ley por parte de los concejos municipales se reitera, a pesar de que son ellos mismos quienes deben aprobar este instrumento de gobierno. Con el agravante de que por esta razón dejan la puerta abierta para la intromisión del DNP con su costumbre de violentar la autonomía municipal. Hace falta que en cumplimiento del artículo citado de la ley,  los concejos expidan lo que bien podría denominarse un estatuto municipal de la planificación para que en él se definan todos los detalles de los planes de desarrollo.

LOS CULTIVOS Y LA MINERÍA ILEGALES

Desde cuando la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) publicó en julio de 2015 el informe de monitoreo a los cultivos de uso ilícito en Colombia en el que se muestra un incremento de las áreas sembradas del 44 % durante el último año del estudio, pusieron el grito en el cielo los uribistas y desde entonces vienen despotricando en contra del gobierno Santos. Mejor dicho les dieron papaya para, junto con el Procurador Ordóñez, vociferar los improperios de costumbre en contra de la negociación con las Farc. Dicen que es por culpa de las políticas del gobierno Santos, quien está favoreciendo el narcotráfico de la guerrilla; pero ocultan una de las verdaderas causas de la siembra, que se asimila también a la expansión de la minería ilegal, otra actividad que se ha vuelto dolor de cabeza para el gobierno.

El mecanismo instintivo que la naturaleza propicia para la conservación de la especie, genera conductas económicas en los individuos conocidas desde el origen mismo de la economía. La ley natural es implacable y no hay leyes ni reglas sociales que valgan. La situación de desempleo, pobreza y falta de instrumentos para aprovechar las oportunidades de vida, impulsa a las personas al rebusque dentro de lo que se puede denominar “la economía del instinto”.

Las zonas de minifundio y economía campesina totalmente desconectadas del mercado, lo mismo que los parajes donde se concentra la dotación de minerales valiosos, son medios apropiados para encontrar recursos de subsistencia, cuando existen en Norteamérica y Europa mercados de consumo donde pagan altos precios; y con ello se propicia la creación de canales de comercialización, aunque los lugares de producción estén muy apartados. Los jóvenes de los países ricos son consumidores de droga e igualmente los ricos de esos países han expandido la demanda de oro que ahora compran para atesorar, debido a los riesgos de acumular capital utilizando las monedas fuertes como el dólar y el euro. Con el aumento de esa demanda los precios del metal se han elevado tanto que justifica el negocio de la explotación a como dé lugar.

No hay otros productos que tengan mejor solución de comercialización en las regiones apartadas, como para sustituir los ilegales. Por ello tampoco existe otro medio de subsistencia más expedito para las comunidades abandonadas. En la actividad agrícola imperante en las zonas de minifundio y economía campesina, solo dos productos tienen solución de comercialización fija: el café y la coca. Pero el café tiene su franja territorial apropiada y requiere de la infraestructura de mercado desarrollada. Por otro lado, si el precio del oro no se hubiera elevado tanto, no sería objeto de la economía del rebusque.

Independientemente de las políticas del gobierno, mientras existan demanda y altos precios en Europa y Norteamérica y sigan viviendo grupos humanos en extrema pobreza y sin opciones de subsistencia, la ley natural sobrepasará a la ley jurídica y siempre seguirán presente los cultivos y la minería ilegales.