FINANCIAMIENTO DEL ESTADO

El revuelo de los últimos días ha sido por la llamada Ley de Financiamiento, que no es otra cosa que una propuesta de reforma tributaria adicionada con algunos micos, que el gobierno plantea como una solución al problema fiscal, pero que no pasa de ser un paño de agua tibia, como ese que cada cierto tiempo coloca con el mismo fin, y cuyos efectos no alcanzan a solucionar de fondo los problemas y necesidades de recursos en las finanzas públicas. Se trata simplemente de hacer un quite a las presiones que por el pecho le hacen los organismos multilaterales para asegurar el pago de la deuda pública a los especuladores internacionales del dinero agrupados en los fondos de inversión y que son tenedores de los bonos de deuda que frecuentemente está colocando el Ministerio de Hacienda en los mercados de capitales para conseguir los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado. Lo diferente que ocurre esta vez, es que por la espalda también está recibiendo otra presión, de modo que hoy Duque se encuentra entre la espada y la pared, porque la comunidad nacional ya se está manifestando de manera activa y en las calles, en oposición a dicha reforma, motivada por la grave situación pecuniaria de las familias, cuyo empobrecimiento secular ya lleva tres décadas y ha llegado a niveles intolerantes, así la vicepresidenta diga que la protesta obedece a influencias extranjeras de Rusia y Venezuela. La pobre Martuchis, como diría el periodista Samper, anda bien perdida.

Claro, el gobierno prefiere atender prioritariamente a los acreedores, que le tienen puesta la espada en el pecho, y resolver a los de la pared con el Esmad, así haya muertes y no se sepa para dónde se desvíe la protesta, ahora que los síntomas de descomposición social, derivados de la misma situación, son alarmantes. Por eso la reforma se aprueba en el Congreso o se aprueba. No hay otra alternativa; porque los Fondos tumban gobiernos, mientras que el pueblo no tiene fuerza para ello.

Pero la realidad va mucho más allá de la simple maniobra para evadir la presión del FMI, el BM, el BID, el BPI y la OCDE, porque el problema de las finanzas públicas es estructural y no se corrige con simples reforma tributarias, por lo cual cada tres o cuatro años hay que hacer otra y el faltante de recursos sigue igual. Más cuando el enfoque neoliberal de las finanzas públicas busca la plata donde no hay, porque grava a los pobres y exonera a los ricos, siendo que los pobres no tienen para sobrevivir, mucho menos para pagar impuestos.

El factor estructural comienza con la carencia de un banco amigo, como cualquier empresa, que le de la mano ante los problemas financieros. En teoría, el Banco de la República debe ser el instrumento del gobierno para resolver los problemas fiscales, pero este organismo no le pertenece al gobierno sino al BPI, el banco que controla la familia Rothschild desde Suiza y que obliga a que la principal fuente de ingresos del Estado sean las deudas. Luego sigue los impuestos a la actividad extractiva que realizan las multinacionales, pero estas no pagan tributo con el argumento de la doble tributación; en seguida, los capitalistas rentistas, que son los verdaderos ricos con capacidad de pago, pero estos están exentos de impuestos. Se necesita una estructura financiera que utilice los impuestos directos, pero hoy se utiliza los indirectos que afectan más a los pobres. La base gravable depende del Excedente Económico el cual proviene del aparato productivo, pero este se está desecando, de modo que el mayor aportante al PIB son las empresas financieras, que son del sector parásito de la economía. Una estructura sentada sobre deuda, deuda y más deuda, nunca podrá alcanzar la autonomía y sostenibilidad financiera. Y así, sucesivamente, se pueden listar todos los factores estructurales que originan la crisis fiscal y que impiden la solución definitiva del financiamiento del Estado.

EL REGRESO DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Cuando el capitalismo rentista, aglutinado en los fondos de inversión, se tomó el poder de Estado a través de Reagan y Thatcher, en los años 80 desplegó un feroz ataque de desprestigio contra el Estado del Bienestar utilizando la propaganda sucia y con la aquiescencia de algunos intelectuales auspiciados por los mismos fondos. Se le censuró la deuda pública, que en ese entonces era mucho menor que la de ahora, se le calificó de despilfarrador, siendo que eso no era culpa del tipo de Estado sino del régimen político, peyorativamente se le denominó populista, como si precisamente eso no fuera la esencia del Estado Social y en fin, todo tipo de diatribas que escondieron la verdadera causa del ataque bajo el concepto de “crisis del Estado del Bienestar”, que no era otra cosa a su necesidad de cambiarlo para establecer su modelo económico basado en el uso del organismo para sus fines empresariales.

Hoy, pasadas tres décadas de la consolidación del esquema mediante el Consenso de Washington suscrito en noviembre de 1989, se puede hacer el balance y los resultados se están viendo en las calles de varias ciudades tanto de Latinoamérica como de Europa. Después de 30 años la gente está saliendo a protestar contra los efectos sociales de dicha modalidad de capitalismo y los impactos en la vida humana. Ahora estamos presenciado cuál era el futuro que anunció Cesar Gaviria con su famosa frase de “bienvenidos al futuro” que lanzó el día de su posesión en 1990.  

El desastre comenzó en noviembre de 1990 con la Ley 51 de Rudolf Hommes y se consolidó a mediados de 1991 con la nueva constitución política, a través de la cual arrebataron el Banco de la República de las manos del presidente, para, bajo una supuesta y falsa autonomía, colocar el organismo de rodillas al servicio del Banco de Pagos Internacionales (BPI) que desde Basilea Suiza, controla la familia Rothschid; y de ahí en adelante, toda la avalancha de privatizaciones para trasladar los bienes públicos al escenario del mercado y desmantelar el anterior Estado del Bienestar.

Ahora, 30 años después, vemos que la privatización de los bienes públicos, que se convirtió en el gran negocio de los empresarios inescrupulosos, ha sido uno de los factores del empobrecimiento generalizado de las clases medias hacia abajo, por el alto porcentaje de los ingresos familiares que se comen las elevadas tarifas que los privados cobran por la producción de los bienes públicos para que su negocio sea altamente rentable. Los otros factores son las políticas económicas que propician desempleo y los elevados impuestos que el Estado requiere cobrar para pagar la deuda a los fondos de inversión y que recae sobre los más pobres porque los ricos están exentos de tributación.

Que ese modelo se derrumba, es una realidad. Solo falta esperar un poco de tiempo. Por ello nuevamente se está añorando el Estado del Bienestar y muy poco se piensa en cambiar es sistema económico, ya que el sistema alternativo, el socialismo, no tiene vigencia histórica porque su mecanismo de funcionamiento que es la planificación en reemplazo del mercado, no permite el ritmo de crecimiento necesario ni la innovación adecuada. Toca entonces dentro de este mismo sistema capitalismo cuyo mecanismo de funcionamiento es el mercado, aplicar las medidas para evitar el sacrificio de la especie humana, lo cual solo es posible por la vía del manejo del Estado. Pero el viejo Estado del Bienestar, no es procedente al pie de la letra, por cuanto dicho tipo de Estado era adecuado al capitalismo industrial y las economías cerradas, en otra coyuntura histórica. Sin embargo, los fundamentos, principalmente en lo que se refiere al manejo de lo público y a la política fiscal redistributiva con impuestos directos y progresivos, sigue siendo válida, por lo hoy es razonable pensar que, haciendo los ajustes necesarios, no podemos olvidar el regreso del Estado del Bienestar.

PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO

Dice el Artículo 39 de la Ley 152 de 1994, que el alcalde elegido “impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo conforme al programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato” y agrega que una vez elegido el Alcalde, “todas las dependencias de la administración territorial y, en particular, las autoridades y organismos de planeación, le prestarán a los candidatos electos y a las personas que éstos designen para el efecto, todo el apoyo administrativo, técnico y de información que sea necesario para la elaboración del plan”. Es decir la norma legal no dice que para comenzar la elaboración del plan de desarrollo, el gobernante debe estar posesionado, lo cual realiza ya el próximo año. En tal sentido, desde que el electo recibió la credencial de la Registraduría se debió haber comenzado la elaboración del plan. No sabemos cuántos y cuáles están aplicando debidamente la norma, porque el llamado “proceso de empalme”, cuyas bondades están por demostrarse, parece que absorbe la transición del período de gobierno y distrae a los elegidos sobre el cumplimiento de la citada norma del plan.

También dice la misma ley, conocida como “ley orgánica del plan de desarrollo”, en su artículo 31, que “los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales”, lo cual significa que el contenido y la metodología del plan debe ser fijada por la corporación administrativa. No obstante, cabe la pregunta sobre cuántos y cuáles concejos municipales han expedido el acuerdo respectivo para definir los términos y condiciones que establece la ley.

La situación, en esas condiciones del vació que dejan los concejos, es muy peligrosa, como se ha visto en los últimos períodos. El DNP, que es el mayor enemigo de la descentralización en Colombia, aprovecha el hueco para llenarlo atropellando la autonomía municipal consagrada en la Constitución y la misma ley. Ese organismo nacional, cuya misión es penetrar en Colombia las directrices neoliberales que fijan los organismos multilaterales,  aprovecha para imponer sus criterios y métodos, pasando por encima de los intereses de los alcaldes elegidos y los verdaderos requerimientos de las comunidades municipales. Utilizando los ya conocidos mecanismos de chantaje y bajo el disfraz de supuesta asesoría, obliga a que los municipios elaboren el plan bajo el criterio financierista, típico del enfoque neoliberal, convirtiendo a los alcaldes en mandaderos de la Nación.

Probablemente esta vez ocurrirá lo mismo y tal vez peor, si consideramos el estilo demostrado por el gobierno nacional. Por lo cual, corresponde a las organizaciones sociales del municipio, en primer término, pero ante todo al alcalde elegido, estar expectante y no permitir, ante el vacío normativo dejado por el concejo, la injerencia del centralismo bogotano en la elaboración del plan. El alcalde debe hacer valer su competencia fijada por la ley de ser la máxima autoridad de planeación en el municipio, para sobreponer las normas constitucionales y legales en materia de autonomía municipal, por encima de los propósitos del DNP en la realización del proceso de formulación del plan de desarrollo.