EL PODER DEL CUARTO PODER

Los expertos, que la gran prensa bogotana acostumbra a llamar para el análisis de las elecciones, quienes por lo general especulan con criterios subjetivos porque no disponen de estudios sociológicos para el efecto, suministraron todo tipo de explicaciones sobre el resultado de la votación del domingo pasado, atribuyendo las cifras a diversidad de factores, algunos razonables, otros insólitos, pero no hicieron referencia a uno que, tal vez, no podemos desconocer, cual es papel de los medios de comunicación en la creación de la opinión pública y la determinación de la conducta electoral de la ciudadanía.

También especulando un poco como los expertos bogotanos, podemos decir que esta vez tuvo mucho peso en los resultados: el voto en contra, el voto comprado, el voto por temor laboral y el voto por miedo. Probablemente el porcentaje de votos por convicción política y decisión voluntaria fue menor, que el voto por los demás motivos. Pues no es fácil creer que haya 4.8 millones de “petristas” y 7.5 millones de “duquistas”.

Por eso también es razonable pensar que muchos de esos votos son producto de la imagen creada a través de los medios de comunicación, a los que se les llama el cuarto poder, que de manera abierta en unos casos y soterrada en otros, influyeron en la conciencia ciudadana y ayudaron a definir la conducta electoral. Estamos seguros que en Colombia no hay tantos neoliberales y partidarios de políticas públicas para favorecer a los ricos, ni tantos defensores de la corrupción. Pero sí hay muchos colombianos aterrorizados con lo que está ocurriendo en Venezuela, de modo que atribuirle a Petro similitud con ese país, produce votos en su contra. Así mismo, la gente cansada de ver los hechos de corrupción e impunidad que en los últimos años han denunciado los medios, toma una postura y el voto en contra de quienes sostienen el establecimiento.

Por supuesto, el periodismo no debería estar metido en este conflicto; pero lamentablemente, mientras existan los medios mercantilizados, o sea que necesitan de la pauta para subsistir, no es posible extraer dicha función pública de las presiones que desvían la objetividad. La comunicación social es un asunto público que ha estado privatizado siempre y por ello su papel en la conciencia colectiva y por supuesto en la cultura política, es relevante, más cuando la propiedad de ellos es de grupos económicos que no solo los sostienen, sino que los colocan al servicio de sus propietarios como ocurre con la gran prensa bogotana y los canales de televisión, que a la vez, son los responsables de atizar el fuego de la polarización izquierda-derecha que no es totalmente cierta. Pero es que los directores, en su mayoría, no ocupan el puesto porque tengan méritos profesionales, sino porque tienen vínculos con los propietarios o se han ganado el apoyo a través de lagarteo, servilismo, arribismo y sumisión. Por ello en el análisis de los resultados electorales, no podemos dejar por fuera el efecto de los medios en la generación del voto en contra, que esta vez fue significativo, y de esa manera también una vez más tenemos que reconocer que en política es bien importante el poder del cuarto poder.

PETRO NO ES CAUSA SINO CONSECUENCIA

En el debate electoral para la presidencia que se está realizando, se ha visto, sorpresivamente, gran acogida por el candidato Gustavo Petro, la que se manifiesta a través de aglomeraciones plazas públicas, en los resultados de las encuestas y en la opinión callejera de la gente. No se puede negar ni desconocer, la magnitud del apoyo a este candidato, independientemente de los resultados del 27 de mayo.

Ante dicho fenómeno político, y como suele ocurrir siempre, los “expertos” bogotanos no se hicieron esperar y salieron a dar las explicaciones del caso, señalando las causas del fenómeno y atribuyendo a Petro la culpa de los acontecimientos, porque, según dicen ellos, este salió ante el público con un discurso embaucador, engañoso, que se aprovecha de la ingenuidad de los jóvenes y con argumentos populistas, captura a la gente y la aglutina alrededor de su campaña.

Pero cuando se observan los antecedentes del actual proceso electoral y se interroga a los simpatizantes del candidato, se encuentra que los “expertos” están equivocados. Hubiera podido ser otro, que dentro del marco de la cultura política caudillista que impera en Colombia, donde no importa la estructura organizacional ni el partido político, como en este caso de Petro que no tiene ni partido ni organización, un personaje con algún grado de carisma y algo de credibilidad, se hubiera podido convertir en el fenómeno político de campaña. Habría podido ser un miembro del Partido Liberal, si este partido no hubiera caído desde hace quince años, en manos de la camarilla neoliberal de Gaviria, que está llevando al abismo al histórico partido.

Lo que se aprecia es que no fue el candidato quien capturó a las masas, sino las masas quienes capturaron al candidato. Antes del candidato, las masas ya estaban ahí, listas, con la energía social acumulada para canalizarla hacia una propuesta presidencial. Era el resultado de varios años durante los cuales los medios de comunicación se encargaron de crear el descontento y la inconformidad contra el establecimiento, que ha sido manejado con prácticas mafiosas donde la corrupción y la impunidad sobresalen, mientras el grueso de la población se ahoga en innumerables problemas de vida y en la descomposición social que cada vez corroe más a fondo los cimientos morales y éticos de la organización social. Por eso, los beneficiarios del actual estado de cosas, que preocupados por la amenaza de Petro, han desplegado todo tipo de ataques para frenar el ímpetu de su campaña, no han logrado mayores resultados porque a la gente no le importa lo que digan del candidato. Ya desde antes de que el personaje surgiera, la disposición a votar en contra de quienes durante los últimos años han administrado el Estado por fuera de los más elementales principios de la ética pública, estaba presente en el pensamiento de gran cantidad de electores.

No hay tal, por lo tanto, que Petro está engañando incautos, por cuanto su propuesta no es otra que la de regresar el país al modelo económico que existía en Colombia antes de 1980 y aplicar políticas concordantes con la plataforma del Partido Liberal aprobada en el año 2002. Son precisamente quienes hoy se oponen a esta candidatura, quienes más han fortalecido su campaña aportando potenciales votantes, que desde mucho antes de que el candidato saliera al escenario político, ya estaban en disposición de votar en contra de las costumbres politiqueras tradicionales, por lo cual está claro que Petro no es causa sino consecuencia.

ENFOQUE JURÍDICO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

En días pasados el gobierno dictó una resolución estableciendo la norma por la cual a partir del primero de enero de 2019, en los hogares se debe utilizar tres colores para sendas bolsas de recolección de los residuos sólidos, con el argumento de que en Colombia solo el 17 % de estos residuos se recicla y se propone una meta para el año 2030 de reciclar el 50 %.

Digamos que como propósito la medida es plausible por cuanto el reciclaje permite bajar costos de materias primas y alargar la vida de los rellenos sanitarios. Pero por el lado de los resultados prácticos se presentan muchas dudas; pues está visto y comprobado, que las solas normas de tipo jurídico no dinamizan procesos de gestión pública, ni de parte de los organismos estatales y mucho menos, de parte de los organismos civiles que, por cuenta de la democracia participativa, deben intervenir de manera constructiva en el manejo y la solución de los asuntos públicos.

Al igual que en todas las ciencias sociales, en el campo de la gestión pública también existen varios enfoques conceptuales y paradigmáticos, donde uno de ellos es el enfoque jurídico que, justamente es el que impera en Colombia y mediante el cual, siempre se pretende resolver los asuntos público expidiendo leyes, decretos o resoluciones, como si estos instrumentos que solo constituyen el piso jurídico que determina la legalidad de las acciones, fueran suficientes para dinamizar los procesos sociales e institucionales necesarios para el logro de los objetivos. Los gobiernos, tanto nacional como territoriales, se lavan las manos con la expedición de normas y no asumen con eficacia su obligación como responsables de la rectoría de los procesos sociales. Si las simples normas jurídicas fueran suficientes en la gestión pública, este país no tendría problemas y necesidades; pues leyes y decretos es lo que hay aquí para todos los asuntos; pero falta ver cuantas y cuáles de las normas vigentes en la realidad se aplican.

Otros enfoques conceptuales acerca de la gestión pública, destacan la importancia del piso jurídico que, por supuesto, debe ser favorable; pero otorgan mucho mayor significado a las acciones que verdaderamente le imprimen la vida al comportamiento social, que en muchos casos como en este, requieren de pedagogías apropiadas y de los métodos de gobernanza que aseguren la conducta cívica concordante con los propósito de la política pública, todos ellos contemplados en la teoría de la Gerencia Pública. El caso de las bolsas de colores es solo uno de los miles de asuntos públicos que el gobierno pretende resolver con actos administrativos, los cuales permiten justificar su acción y publicitar las medidas para dar la imagen de buen gobierno; pero que examinando profundamente en términos de la ciencia administrativa y la observación práctica de los resultados, deja muchos vacíos que demuestran la necesidad de aplicar otros enfoques conceptuales y evidencian las limitaciones del enfoque jurídico de la gestión pública.

LA DEPENDENCIA INTELECTUAL

Tremendo escándalo se armó en Popayán por motivo de que en el Concejo Municipal se había aprobado un estatuto “fusilando” un caso similar de otra ciudad, relacionado con la valorización por obras civiles urbanas, fenómeno aberrante de administración pública que es ya común en las entidades territoriales, por diversos factores que si bien, muchos no lo consideran como grave falta jurídica, sí son magnas violaciones a la ética pública y por supuesto a los fundamentos de la gerencia pública. Se han visto casos como en la década pasada que el POT de Cali calcó el modelo de Bogotá y así mismo los de otros municipios que aplicaron el mismo procedimiento metodológico, el de copiar planes de otros lugares.

El tema no es tan simple y los factores que lo propician son más graves que los imaginados, los cuales van desde la debilidad en la gestión pública hasta las deficiencias en la ley de contratación, pasando por la ineptitud de los servidores que ocupa los cargos y las prácticas sospechosas en la adjudicación de los contratos. En Popayán también se vio alguna vez que colgaron en página web una convocatoria utilizando los términos de Manizales y ni siquiera cambiaron el nombre de la localidad, además que establecieron un equipo de profesionales totalmente impertinente con el objeto del estudio; pues se refirieron a los requisitos académicos y no a la sabiduría para abordar el tema del trabajo.

Pero además de las fallas en la gestión pública y el desconocimiento del modelo de Estado Gerencial, que es pragmático, flexible y estratégico, hay un componente cultural que incide notoriamente, el cual se deriva de la tradicional costumbre de menospreciar los valores propios y arrodillarse ante las firmas foráneas, las cuales, las más de las veces, utilizan maniobras inapropiadas para ganarse la adjudicación de los contratos, con la complicidad de la Ley 80 de 1993. Y así mismo ocurre a nivel internacional, cuando se desprecia la producción intelectual de los pensadores criollos y se pretende abordar la realidad nacional con modelos y paradigmas diseñados con base en la realidad de otros países.

Los diversos casos muestran la importancia de fortalecer la gestión pública, de modo que se apliquen, no las normas, porque la administración pública no se puede reducir a la aplicación mecánica de leyes y decretos, sino la teoría científica que se desprende de las normas jurídicas y que es propiamente, la que dinamiza los procesos propios de la gestión en el campo de lo público. Así, la posibilidad de “meter goles” o “hacer jeta de caballo” se reduce substancialmente, de modo que quienes pretendan adjudicar contratos por debajo de la mesa a firmas foráneas, encuentren suficientes dificultades porque en materia de administración pública, se ha disminuido la dependencia intelectual.

FALLAS EN LA GERENCIA HOSPITALARIA

Hace unos días dijo el Ministro de Salud que dos años atrás, el Hospital San José era modelo de organización hospitalaria; y eso mismo había destacado un trabajo académico de un grupo de estudiantes de la Maestría en Administración Pública de la ESAP, al analizar el caso del HUV de Cali y compararlo con el de Popayán, también hace dos años. Ahora, no comprende el ministro, qué ocurrió, que hoy el San José se encuentra atravesando por un mal momento, tal como también sucede en el HUV.

La situación del Hospital San José como la del HUV de Cali y la de casi todos los hospitales públicos del país es parecida y las causas también son similares. La principal, por supuesto, es estructural y radica en el diseño del sistema que impuso la Ley 100 de 1993, cuando se sustituyeron los mecanismos fiscales por los mecanismos de mercado para la entrada y la salida de insumos y productos de estas empresas, lo cual abrió la puerta para la intervención de múltiples agentes privados que operan motivados por el afán de rentabilidad y con ello el sacrificio de las ESE. Pero también, y además de los factores de la macrogestión sectorial, hay otros factores comunes en la microgestión que no les permite tener éxito empresarial en el marco de este enfoque mercantil en el que han sumergido a las entidades públicas.

Los errores probablemente comienzan en la formación académica de posgrado, exigida para ocupar la dirección de las ESE, porque en la operación de las mismas se aprecian deficiencias administrativas y operativas que muestran factores de fracaso. Estas organizaciones son doblemente públicas por cuanto su propietario es público y el objeto empresarial también, como es el campo de la salud, que es de los asuntos más públicos entre todo lo público, si se pudiera hacer esta clasificación. Pero utilizan herramientas del paradigma privado para el manejo de la organización y, por supuesto, se produce el choque con resultados poco satisfactorios. La gerencia adopta herramientas administrativas propias de la administración privada, porque así lo señala la moda, las cuales quedan consignadas en el papel, pero su aplicación no corresponde con la realidad, porque esta es de carácter público, por lo cual requiere de tipos de instrumentos diferentes, propios de la gerencia pública, los cuales están muy distantes de lo que actualmente se aplica.  No se puede manejar empresas doblemente públicas con enfoques propios de las empresas privadas porque la misión, la visión, el plan estratégico, la norma técnica de calidad, la norma de control, el marketing y todos los demás embelecos, se convierten en saludos a la bandera escritos en un papel y adoptados por resoluciones que no se cumplen.

De otro lado, la injerencia de actores externos, como los gobernadores y alcaldes, que influyen en la definición de políticas empresariales y en el direccionamiento estratégico de la empresa, ocasiona distorsiones en la aplicación misma del modelo gerencial y desvía la ruta para el logro de los objetivos de éxito. Y hasta aquí no hemos nombrado la politiquería y la corrupción, que no se pueden dejar a un lado.

Así que, tras de gordo hinchado. Además de los factores de fondo derivados de la privatización de los bienes públicos, se presentan otros elementos que agudizan las dificultades y no permiten la sostenibilidad en el largo plazo de los procesos necesarios para la estabilidad financiera de las ESE, por lo cual hoy es necesario adelantar un análisis profundo de las fallas en la gerencia hospitalaria.