LOS DOS MORIBUNDOS POLITICOS DEL AÑO

Desde hace un siglo, en la teoría de la revolución socialista se decía que la toma del poder para implantar la dictadura del proletariado, sólo se podía realizar mediante la guerra armada por cuanto las clases dominantes se opondrían a esta toma, de manera que por la vía pacífica eso no era posible. Pero también se afirmaba que el primer requisito, indispensable para la toma del poder, era que el movimiento revolucionario tuviera amplio respaldo de las masas populares ya que de otra manera la insurgencia no podría conquistar el poder. Así, las fuerzas revolucionarias requerían de la simpatía y el afecto generalizado de la comunidad, además de la credibilidad en la fuerza revolucionaria y la confianza de que esa era la verdadera solución de las necesidades sociales.

Cuando en septiembre del año 2000, el Partido Liberal aprobó en su Asamblea Constituyente la plataforma política, muchos colombianos conscientes de que la opción del socialismo había fracasado porque este tipo de economía no permite el crecimiento económico, se ilusionó con que, por fin, había surgido en el país un partido que ofreciera la alternativa adecuada a los cambios de las estructura sociales y con propuestas consecuentes frente a la realidad socioeconómica. Horacio Serpa dijo en su discurso que esa organización había asumido el compromiso de abogar por los fundamentos socialdemócratas y complementó diciendo “Claro, somos socialistas modernos”. En el punto 12 de los principios doctrinarios dice que “La afiliación a la Internacional Socialista compromete al Partido Liberal a poner en práctica un proceso de democratización interna…”.

Lo anterior es la carreta y la palabrería. En Colombia, después de medio siglo de terca insistencia que va en contravía de la realidad histórica, jamás las masas populares y la comunidad ha respaldado, ha simpatizado, ha creído o ha tenido confianza en los movimientos insurgentes, de modo que nunca le han brindado el apoyo necesario para su triunfo. Por el contrario; si algún fenómeno político genera repulsión colectiva, es la guerrilla. Pero sus dirigentes son ciegos, tercos o irracionales, mejor dicho locos. No entienden la realidad histórica ni la cultura política nacional. De manera obstinada persisten en mantener una acción violenta que cada día desciende hacia el fracaso total no sólo por la acción de la fuerza pública, sino porque sus propias tropas están desertando en concordancia con la realidad del país.

De otro lado, ya a punto de terminar el año, el Partido liberal demostró que las ilusiones del año 2000 no pasaban de ser eso: mera ilusión. En uno de los actos más bochornosos y vergonzosos para quien presume ser la vanguardia de la política social, de manera amañada elige como director de la organización al hijo del “Padre del Neoliberalismo en Colombia”, quien lideró el abandono de las propuestas socialdemócratas eliminando así la única opción que tenían los colombianos de enfrentar políticamente a la derecha neoliberal. Simón Gaviria, un muchacho cuyo único mérito es ser hijo de su papá, quien seguirá en las mismas convirtiendo al Partido Liberal en uno de los dos moribundo políticos del año.

EL DESAFIO ES GRANDE

El Artículo 29 de la Ley 1454 de 2011 mediante el cual el legislador establece la distribución de competencias en materia de ordenamiento del territorio, le fija al departamento las tareas de establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio, definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, orientar la localización de la infraestructura física-social, integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas y la de articular sus políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio. Previamente, mediante la Ley 1450 de este mismo año que adopta las bases del plan nacional de desarrollo, había establecido que en “el marco de referencia para el análisis territorial se tomará como unidad de análisis el departamento”.

Por muchos años se había tenido a esta entidad territorial en el “cuarto de san alejo” institucional, afirmando algunos que se debía eliminar porque siendo el municipio la célula básica del ordenamiento del Estado en el nivel territorial, el departamento era inoficioso. Ahora con las dos leyes expedidas en este año, lo que vemos es que se “reencaucha” la entidad y por el contrario, se reviste de especiales funciones que le imprimen gran magnitud a la potencia de su capacidad de gestión y que a los gobernadores que inician período el próximo mes les toca estrenar.

Pero lo más relevante no es en sí mismo las funciones que le asigna la ley de ordenamiento territorial, como la de adoptar un plan de ordenamiento del territorio que imponga lineamientos a los municipios y la de definir políticas para los asentamientos poblacionales; el chicharrón tieso es que estas funciones las debe cumplir en el marco de los efectos del invierno que desde hace más de un año vienen arrasando el país. Según dijo el Presidente Santos a través de la TV, el invierno que está inundando el país no es un asunto transitorio que pasará y luego volverán los ciclos estacionales que siempre habían existido dentro de la curva de distribución normal. Señaló, y seguramente está bien documentado, que Colombia está ya afrontando los efectos del cambio climático universal los cuales son irreversibles.

Quiere decir lo anterior, que los paradigmas conocidos sobre ordenamiento territorial regional y la gestión del riesgo, ahora hay que revisarlos; y que al departamento como administrador territorial le toca asumir unas funciones para las que no está debidamente preparado, constituyendo esto para los nuevos gobernadores un asunto de gobierno donde el desafío es grande.

MALA EDUCACION

El artículo escrito por Edgar Papamija el pasado domingo en el Diario El Liberal, en el que transcribe las cifras sobre resultados de las pruebas de Estado para la educación secundaria y que permite sacar conclusiones sobre la calidad del servicio educativo en las instituciones del departamento del Cauca, sin duda coloca sobre la mesa múltiples reflexiones que dejan preocupada a más de una persona, sobre todo a padres de familia.

Para comenzar es necesario tener en cuenta que la educación privada no existe. La única educación que existe es pública, independientemente de que el propietario del establecimiento prestador sea el Estado o un particular. Después de la salud y la seguridad social, la educación es tal vez, el asunto más público entre todos los asuntos públicos, en razón a los lazos de dependencia con la génesis de lo público, sustentada en la ley natural.

La educación, siendo un asunto público, está privatizada desde la ley 115 de 1994, aunque mantiene camuflado el principio de la capitación, que aplica en las instituciones de propiedad estatal; pero el producto, concentrado en el PEI de cada “empresa” prestadora, es similar al POS de la también privatizada salud. Ni más faltaba que el Estado no se encargara de ayudar a los más pobres bajo el concepto neoliberal de subsidios a la demanda, los cuales por obvias razones, aplica en los establecimientos de su propiedad, aunque dentro de las estrategias de ampliación de cobertura, también ha entregado recursos a prestadores de propiedad privada.

Pero lo más preocupante no es el esquema que opera ya hace más de quinde años, sino el vacío que el Estado deja en los niveles territoriales, abandonando su función constitucional de ser el rector o regidor de los procesos sociales. Las secretarías de educación, departamental y municipales, se han dedicado a administrar recursos humanos, físicos y materiales, dejando de lado su verdadera función, de rectores del proceso social educativo. Para mover maestros, reparar edificaciones o comprar materiales, no se necesita tener una secretaría porque bien lo podría hacer la secretaría administrativa o la de hacienda. En este caso sobraría la secretaría de educación porque, una cosa es administrar los recursos del sector institucional de educación y otra muy diferente, es cumplir la obligación constitucional de liderar y orientar el proceso social educativo. No se necesita una secretaría para administrar recursos sino un agente del Estado que ejerza la rectoría del proceso social educativo.

El rol sociológico, doctrinario, constitucional y legal del secretario de educación departamental o municipal, es el de regir la política territorial educativa orientada al direccionamiento del proceso social educativo, que comienza en el vientre materno y termina cuando la persona muere. Independientemente de quien sea el actor prestador del servicio, la familia, las IE, el ICBF, o quien quiera que sea, oficial o privado, el verdadero ejercicio del gerente público es el de convocatoria, liderazgo, orientación, concertación y convergencia en una política pública con objetivos sociales de formación integral, conocimientos y desarrollo del capital humano concertada entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, en esa realidad que Edgar Papamija muestra en su artículo, no puede dejarse de lado la responsabilidad de los secretarios de despacho de los últimos años, cuyo papel mucho tiene que ver con la señalada mala educación.