BAJÓ LA TASA DE INTERÉS

A comienzo de semana en la primera sesión de la Junta del Banco de la República, contra todos los pronósticos de los analistas económicos quienes pensaban que el banco iba a mantener la tasa en el mismo nivel, la autoridad monetaria resolvió bajar la tasa de interés en 25 puntos básicos quedando la cifra en 4,5 %, con el argumento principal de que el año anterior la tasa de inflación estuvo por debajo de lo esperado, además de otros motivos como el flujo de entrada de dólares al país que se ha incrementado y considerando también el estancamiento de la demanda interna que tiene frenada la economía.

No se sabe cuáles son los resultados reales de esa política, porque en los libros de teoría se afirma que con esa medida se aumentará la demanda agregada y habrá dinamismo en el mercado, por lo cual el trasfondo de la medida está en la necesidad de reactivar la economía que el año pasado estuvo pesada y las ventas de las empresas se vieron afectadas con el consecuencial efecto en el desempleo y los ingresos familiares y así el círculo vicioso; pero la historia y las estadísticas nos muestran que esa política teórica no es tan exacta como dicen los organismos multilaterales y los teóricos neoliberales. Lo que se ha visto es que la baja en la tasa de interés beneficia a los intermediarios financieros, pero no se percibe sustanciales aumentos en la demanda agregada y mucho menos en la reactivación de la economía, ni tampoco en la meta de inflación fijada.

Antes de 1991, cuando la autoridad económica era la Junta Monetaria, las medidas de política macroeconómica eran para aumentar el empleo y con ello beneficiar el aparato productivo cuyas ventas aumentan si hay gente en la calle con plata en la mano. Era época en que el Gobierno manejaba la economía en concordancia con las políticas generales de desarrollo y bienestar social. Pero ahora, la autoridad es el Banco, organismo que si bien es cierto es estatal, no se somete a las políticas del gobierno sino a los vaivenes y conveniencias del capitalismo financiero internacional. En ese tiempo, la política monetaria ofrecía dos alternativas: o era expansionista para aumentar el empleo, o era contractiva cuando había pleno empleo. Casi siempre era expansionistas lo cual significaba brindar créditos a los agentes económicos y emitir moneda para aliviar el déficit fiscal.

Pero hoy no. Ahora los propósitos no son los del empleo ni el aparato productivo, sino el sector financiero y principalmente los capitalistas rentistas que han invertido su dinero comprando papeles de renta fija, por lo cual sus ingresos corren mucho riesgo cuando la inflación se eleva porque se les come sus ganancias. La política monetaria se ha reducido simplemente a fijar la meta de inflación, que sirve de señal para que los especuladores del dinero sepan qué papeles compran según el interés que pagan y las decisiones de política se limitan a subir y bajar la tasa del Banco, que es la indicativa de la economía, sin importar el empleo ni lo que ocurra en el aparato productivo, por lo cual, en vista de la baja inflación del año 2017, ahora la autoridad monetaria bajó la tasa de interés.

DESGASTE DE LAS PROPUESTAS DE CAMPAÑA

En estos días que se adelantan las diversas campañas electorales, se escucha un sin número de iniciativas y eslogan de campaña, tenientes a convencer al electorado que voten a su favor, usando este recurso de marketing político que ahora ha tomado fuerza tal vez por recomendación de los expertos en mercadeo electoral, que toman como base la norma del voto programático y por la reiterada crítica a la compra vulgar de votos con dinero o con especie. Claro, los candidatos a la presidencia deben inscribir un programa; pero no son de trascendencia las propuestas de los candidatos al Congreso donde su tarea se limita a votar a favor o en contra de los proyectos de ley. Distinto fuera que su compromiso se concentrara en ofrecer que su voto se condicionará a que la ley sea de beneficio para los grupos más necesitados y no, como sucede ahora, que los congresistas votan sin importar el contenido de las leyes sino a cambio de puestos y contratos, bajo el esquema que se ha popularizado con el nombre de “mermelada”.

Algunas ideas son sensatas, otras atrevidas y otras soñadoras. Hay de todo como en botica. Pero a ninguno se le ha escuchado, cómo afrontar la realidad de los condicionantes impuestos por las fuerzas políticas superiores que limitan la acción del legislativo y del gobierno.

Por encima de las iniciativas de los políticos, hoy candidatos, están la Constitución y las reglas que rigen el ordenamiento mundial como el Consenso de Washington, el tratado de la OMC, las reglas del FMI y demás pactos internacionales que Colombia ha suscrito obedeciendo las imposiciones realizadas por las elites de poder económico mundial. La Constitución Política que, como se ha demostrado, fue influenciada por el IIE desde Washington, quita al gobierno las facultades para manejar la política macroeconómica y reduce la política fiscal al simple pago del servicio de la deuda, bajo el patrón impuesto por la Ley 51 de 1990. Así que los grandes problemas nacionales, como la estructura de financiamiento del Estado y lo que hoy llaman la crisis fiscal, solo se pueden solucionar si desaparecen los factores que, precisamente, los han generado.

Ni el Congreso y mucho menos el gobierno, tienen la competencia para erradicar del todo el origen de los males cuya raíz está en el modelo neoliberal que impera en la economía mundial para favorecer a los grupos financieros y los grandes fondos de inversión donde se concentra la gran magnitud de la riqueza global. Entonces, el Congreso con sus leyes y el Gobierno con sus políticas públicas, solo tienen un margen estrecho para moverse, del cual hay que lograr, aunque sea el sombrero del ahogado. Es lo que puede distinguir las propuestas de campaña que solo tienen dos alternativas: o se favorece a los ricos o se favorece a los pobres, dentro del vaivén que llaman de derecha o de izquierda. Por lo tanto, siendo así la situación, con los poderosos limitantes reales que existen, los esfuerzos de los candidatos por difundir iniciativas no pasan de ser el simple desgaste de las propuestas de campaña.

LA CALIDAD DEL SERVICIO DE LAS EPS

Desde cuando los alemanes crearon es Estado Social, por allá en los años 1890, la política social ha tenido como fin la atención de las necesidades humanas y desde entonces, el objetivo de la política social de salud, en cualquier lugar del mundo, es el cuerpo humano para que la gente pueda gozar de la normalidad. Por eso, un caso curioso es el del Plan de Desarrollo Nacional 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario”.

En este periodo de gobierno, el objetivo de la política de salud no fue el de lograr la salud de los colombianos o sea objetivos en la persona humana, sino que el objetivo de la política fue asegurar las ganancias de los inversionistas en las EPS. Garantizar la sostenibilidad financiera del sistema era asegurar los balances positivos a las empresas, independientemente del bienestar de los usuarios.

Dice la ley 812 de 2003 por la cual se aprueba dicho plan, en el Artículo 8 del Capítulo II del Título II, que “se buscará la sostenibilidad financiera del SGSSS”. Y en el documento Bases del PND Hacia un Estado Comunitario, en la página 190 se incluye un título que dice “Sostenibilidad Financiera” con el literal B que titula “Garantía de Sostenibilidad Financiera” donde se anota que se “Implementarán mecanismos para ajustar el contenido de los planes de beneficios” a los filiados y más adelante señala que se “Impulsarán mecanismos para definir el alcance de los derechos y deberes de los afiliados al sistema e imponer límites razonables al gasto en salud”. Sin duda, política perversa.

Como era de esperarse, en ejecución de respectivo plan durante el gobierno de Uribe, en materia de salud, se dedicó a salvar los capitales invertidos en las EPS, para lo cual dictó una serie de decretos y resoluciones del Ministerio, con los cuales se creó el piso jurídico para que las EPS bajaran sus costos y con ello sus resultados financieros fueran favorables. No era objetivo del plan de desarrollo salvar vidas ni garantizar la salud humana como cualquier política social en salud, sino la sostenibilidad financiera de un sistema que, ni en esa época ni ahora, tiene salvación financiera.

Con esa política del gobierno y ya con soporte jurídico, las EPS, ni cortas ni perezosas, se dedicaron a bajar sus costos, ya que los ingresos no los pueden subir por los limitantes de las tarifas SOAT y el valor de la UPC. Solo que para bajar los costos se necesita matar a los usuarios porque si les cura la enfermedad, los costos se elevan.

A partir de ahí, se vino la oleada de negación de servicios, dilación y aplazamiento de la atención, y con ello la más grande mortandad de colombianos hasta que hoy un médico candidato al Senado dice en sus discursos que el sistema de salud ha asesinado más personas que la guerrilla y que el período de la violencia del siglo pasado. Según las estadísticas, fue desde el gobierno de Uribe, que comenzó la crisis para los usuarios derivada de un plan de desarrollo que permitió la atrocidad en la operación del sistema y con ello el deterioro total en la calidad del servicio de las EPS. 

LA ECONOMÍA COLOMBIANA DE 2018

Anotaba en esta misma columna el 11 de enero de 2017 con el título “Panorama de la economía”, algunos comentarios acerca de lo que sería el año pasado para la economía colombiana y hoy, examinando los sucesos del final, vemos que los hechos resultaron muy cerca de lo comentado, que coincidía con la apreciación de varios analistas que examinan la realidad con óptica distinta a la tradicional del pensamiento neoliberal.

La baja en la calificación que le propinó Standard & Poor’s (S&P) al final del año es un signo que demuestra la afirmación. Si bien es cierto lo que en el trasfondo examinan las calificadoras y lo que les interesa a esas firmas, es el riesgo para pagar el servicio de la deuda, o sea las conveniencias de los fondos de inversión, el argumento utilizado para la descalificación de que Colombia no reduce el déficit en cuenta corriente, no cumple la regla fiscal y no reactiva la producción, es cierto. Aunque las calificadoras no juzgan estas variables preocupadas por la realidad interna y sus consecuencias en las condiciones de vida de la población sino por el temor de que los capitalistas rentistas se vean afectados, esa realidad sí debe preocupar a los colombianos porque es la continuación de una tendencia que tiene ya varios años, desde cuando se fue el suelo el precio del petróleo y las finanzas públicas se afectaron.

Pero lo más grave es que los instrumentos de política económica que aplican las autoridades nacionales no han servido para corregir las deficiencias; pero ellos, Cárdenas y sus compinches, siguen insistiendo en lo mismo, en la cartilla que sacan en Harvard y que aquí le hacen eco Anif y Fedesarrollo, los templos del ideario neoliberal. A pesar de que los resultados de estas políticas no han dejado ver soluciones, se reitera en su aplicación y esto es lo grave.

Por ejemplo, poco ha servido la Política Monetaria de inflación objetivo con el uso de la tasa de interés de referencia como instrumento, si la meta del año pasado se sobrepasó; la reforma tributaria que generó un nocivo golpe de opinión para el gobierno y afectó la demanda agregada alimentando más la recesión, no produjo los ingresos fiscales esperados y la política cambiaria de regulación por el mercado, que ha encarecido tanto las importaciones y con ello los costos del aparato productivo que depende en gran medida de insumos importados, ha causado más daños que beneficios porque las exportaciones no responden.

Ahora lo que vemos es que las condiciones del presente año no han cambiado sustancialmente y los pequeños cambios ocurridos son para perjudicar más; pero las autoridades económicas reiteran en la aplicación de la cartilla neoliberal. Por lo tanto, los augurios para este 2018, independientemente de quien gane la presidencia, son muy similares a los del año anterior y esto debe ser claro; porque la costumbre es imputarle la culpa al Presidente de turno, desconociendo los factores de la economía global, que son los que verdaderamente repercutirán en la economía colombiana de 2018. 

NUEVO AÑO PARA INCUMPLIR EL ACUERDO DE PAZ

En repetidas ocasiones hemos dicho en esta columna que el gobierno nacional está incumpliendo el Acuerdo de Paz en lo que se refiere al Punto 1, que considera la transformación de la zona rural y que constituye el verdadero potencial del acuerdo, por sus posibilidades de contribuir a la solución profunda de los grandes problemas de la economía colombiana; claro está, si se cumple lo acordado y se aplica el espíritu del compromiso. Pero también hemos recalcado que mientras siga operando el centralismo bogotano, con su ignorancia sobre la realidad del país, la gran oportunidad histórica se podrá desperdiciar.

Ahora es la web de la organización CENSAT la que publica un escrito, que coincide con una propuesta preparada por el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca sobre la metodología de los PDET en este departamento y por FESOC para todo el suroccidente colombiano, donde se resalta los errores en la implementación del Enfoque Territorial promovida desde la ART.  La citada publicación del 19 de diciembre de 2017, se refiere a un evento realizado en la Universidad Nacional Sede Bogotá, en el que participaron líderes sociales de las 16 regiones donde se desarrollan los PDET y que tuvieron la oportunidad de manifestar sus inquietudes y comentarios acerca de lo que viene haciendo la agencia nacional en materia de Enfoque Territorial.

El artículo cita textualmente a un líder campesino que dijo “nos están metiendo el Caballo de Troya y no nos damos cuenta”, lo cual es totalmente cierto como lo señala la propuesta de José Rodrigo Sánchez (qepd) en el Consejo Gremial, cuando destacó que ese enfoque metodológico no es pertinente en el Cauca por lo cual es necesario diseñar una metodología para el Enfoque Territorial apropiada para este territorio.

Publica el artículo de CENSAT que en el evento de la Universidad Nacional se dijo que en los PDET hay falencia en tres ámbitos: 1) en lo metodológico, 2) en lo administrativo y 3) en lo temático, “cuando se desconoce propuestas locales” por cuando no hay acuerdo en la visión de territorio ya que se mira el territorio como un espacio que requiere ser ordenado y desarrollado a través del ejercicio de las instituciones estatales, que como ya se sabe es de corte neoliberal, sin tener en cuenta que “el territorio es un espacio vivo que contempla las múltiples concepciones de espacialidad y temporalidad que se transforman a diario en el él”, como lo planteado en el encuentro de la universidad.

Pero la ART no lo quiere entender, según se desprende de una carta con fecha 13 de septiembre suscrita por Luis Enrique López Carrizosa, Jefe de la Oficina Jurídica, quien se concentra en citar un sartal de normas jurídicas como respuesta los comentarios críticos por los errores que la entidad está cometiendo en la aplicación del Enfoque Territorial, demostrando con ello su desconocimiento sobre gestión pública y sobre la realidad territorial colombiana, por lo cual estamos en la situación de nuevo año para incumplir el Acuerdo de Paz.