LOS DOS MORIBUNDOS POLITICOS DEL AÑO

Desde hace un siglo, en la teoría de la revolución socialista se decía que la toma del poder para implantar la dictadura del proletariado, sólo se podía realizar mediante la guerra armada por cuanto las clases dominantes se opondrían a esta toma, de manera que por la vía pacífica eso no era posible. Pero también se afirmaba que el primer requisito, indispensable para la toma del poder, era que el movimiento revolucionario tuviera amplio respaldo de las masas populares ya que de otra manera la insurgencia no podría conquistar el poder. Así, las fuerzas revolucionarias requerían de la simpatía y el afecto generalizado de la comunidad, además de la credibilidad en la fuerza revolucionaria y la confianza de que esa era la verdadera solución de las necesidades sociales.

Cuando en septiembre del año 2000, el Partido Liberal aprobó en su Asamblea Constituyente la plataforma política, muchos colombianos conscientes de que la opción del socialismo había fracasado porque este tipo de economía no permite el crecimiento económico, se ilusionó con que, por fin, había surgido en el país un partido que ofreciera la alternativa adecuada a los cambios de las estructura sociales y con propuestas consecuentes frente a la realidad socioeconómica. Horacio Serpa dijo en su discurso que esa organización había asumido el compromiso de abogar por los fundamentos socialdemócratas y complementó diciendo “Claro, somos socialistas modernos”. En el punto 12 de los principios doctrinarios dice que “La afiliación a la Internacional Socialista compromete al Partido Liberal a poner en práctica un proceso de democratización interna…”.

Lo anterior es la carreta y la palabrería. En Colombia, después de medio siglo de terca insistencia que va en contravía de la realidad histórica, jamás las masas populares y la comunidad ha respaldado, ha simpatizado, ha creído o ha tenido confianza en los movimientos insurgentes, de modo que nunca le han brindado el apoyo necesario para su triunfo. Por el contrario; si algún fenómeno político genera repulsión colectiva, es la guerrilla. Pero sus dirigentes son ciegos, tercos o irracionales, mejor dicho locos. No entienden la realidad histórica ni la cultura política nacional. De manera obstinada persisten en mantener una acción violenta que cada día desciende hacia el fracaso total no sólo por la acción de la fuerza pública, sino porque sus propias tropas están desertando en concordancia con la realidad del país.

De otro lado, ya a punto de terminar el año, el Partido liberal demostró que las ilusiones del año 2000 no pasaban de ser eso: mera ilusión. En uno de los actos más bochornosos y vergonzosos para quien presume ser la vanguardia de la política social, de manera amañada elige como director de la organización al hijo del “Padre del Neoliberalismo en Colombia”, quien lideró el abandono de las propuestas socialdemócratas eliminando así la única opción que tenían los colombianos de enfrentar políticamente a la derecha neoliberal. Simón Gaviria, un muchacho cuyo único mérito es ser hijo de su papá, quien seguirá en las mismas convirtiendo al Partido Liberal en uno de los dos moribundo políticos del año.

EL DESAFIO ES GRANDE

El Artículo 29 de la Ley 1454 de 2011 mediante el cual el legislador establece la distribución de competencias en materia de ordenamiento del territorio, le fija al departamento las tareas de establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio, definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos, orientar la localización de la infraestructura física-social, integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de sus municipios y entidades territoriales indígenas y la de articular sus políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio. Previamente, mediante la Ley 1450 de este mismo año que adopta las bases del plan nacional de desarrollo, había establecido que en “el marco de referencia para el análisis territorial se tomará como unidad de análisis el departamento”.

Por muchos años se había tenido a esta entidad territorial en el “cuarto de san alejo” institucional, afirmando algunos que se debía eliminar porque siendo el municipio la célula básica del ordenamiento del Estado en el nivel territorial, el departamento era inoficioso. Ahora con las dos leyes expedidas en este año, lo que vemos es que se “reencaucha” la entidad y por el contrario, se reviste de especiales funciones que le imprimen gran magnitud a la potencia de su capacidad de gestión y que a los gobernadores que inician período el próximo mes les toca estrenar.

Pero lo más relevante no es en sí mismo las funciones que le asigna la ley de ordenamiento territorial, como la de adoptar un plan de ordenamiento del territorio que imponga lineamientos a los municipios y la de definir políticas para los asentamientos poblacionales; el chicharrón tieso es que estas funciones las debe cumplir en el marco de los efectos del invierno que desde hace más de un año vienen arrasando el país. Según dijo el Presidente Santos a través de la TV, el invierno que está inundando el país no es un asunto transitorio que pasará y luego volverán los ciclos estacionales que siempre habían existido dentro de la curva de distribución normal. Señaló, y seguramente está bien documentado, que Colombia está ya afrontando los efectos del cambio climático universal los cuales son irreversibles.

Quiere decir lo anterior, que los paradigmas conocidos sobre ordenamiento territorial regional y la gestión del riesgo, ahora hay que revisarlos; y que al departamento como administrador territorial le toca asumir unas funciones para las que no está debidamente preparado, constituyendo esto para los nuevos gobernadores un asunto de gobierno donde el desafío es grande.

MALA EDUCACION

El artículo escrito por Edgar Papamija el pasado domingo en el Diario El Liberal, en el que transcribe las cifras sobre resultados de las pruebas de Estado para la educación secundaria y que permite sacar conclusiones sobre la calidad del servicio educativo en las instituciones del departamento del Cauca, sin duda coloca sobre la mesa múltiples reflexiones que dejan preocupada a más de una persona, sobre todo a padres de familia.

Para comenzar es necesario tener en cuenta que la educación privada no existe. La única educación que existe es pública, independientemente de que el propietario del establecimiento prestador sea el Estado o un particular. Después de la salud y la seguridad social, la educación es tal vez, el asunto más público entre todos los asuntos públicos, en razón a los lazos de dependencia con la génesis de lo público, sustentada en la ley natural.

La educación, siendo un asunto público, está privatizada desde la ley 115 de 1994, aunque mantiene camuflado el principio de la capitación, que aplica en las instituciones de propiedad estatal; pero el producto, concentrado en el PEI de cada “empresa” prestadora, es similar al POS de la también privatizada salud. Ni más faltaba que el Estado no se encargara de ayudar a los más pobres bajo el concepto neoliberal de subsidios a la demanda, los cuales por obvias razones, aplica en los establecimientos de su propiedad, aunque dentro de las estrategias de ampliación de cobertura, también ha entregado recursos a prestadores de propiedad privada.

Pero lo más preocupante no es el esquema que opera ya hace más de quinde años, sino el vacío que el Estado deja en los niveles territoriales, abandonando su función constitucional de ser el rector o regidor de los procesos sociales. Las secretarías de educación, departamental y municipales, se han dedicado a administrar recursos humanos, físicos y materiales, dejando de lado su verdadera función, de rectores del proceso social educativo. Para mover maestros, reparar edificaciones o comprar materiales, no se necesita tener una secretaría porque bien lo podría hacer la secretaría administrativa o la de hacienda. En este caso sobraría la secretaría de educación porque, una cosa es administrar los recursos del sector institucional de educación y otra muy diferente, es cumplir la obligación constitucional de liderar y orientar el proceso social educativo. No se necesita una secretaría para administrar recursos sino un agente del Estado que ejerza la rectoría del proceso social educativo.

El rol sociológico, doctrinario, constitucional y legal del secretario de educación departamental o municipal, es el de regir la política territorial educativa orientada al direccionamiento del proceso social educativo, que comienza en el vientre materno y termina cuando la persona muere. Independientemente de quien sea el actor prestador del servicio, la familia, las IE, el ICBF, o quien quiera que sea, oficial o privado, el verdadero ejercicio del gerente público es el de convocatoria, liderazgo, orientación, concertación y convergencia en una política pública con objetivos sociales de formación integral, conocimientos y desarrollo del capital humano concertada entre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, en esa realidad que Edgar Papamija muestra en su artículo, no puede dejarse de lado la responsabilidad de los secretarios de despacho de los últimos años, cuyo papel mucho tiene que ver con la señalada mala educación.

LA ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL ESTADO

No hay para educación, no hay para salud, no hay para pensiones, nunca hay plata para nada, no obstante que los colombianos pagamos cerca de ochenta billones de pesos en impuestos y al Estado le ingresan otros recursos por tarifas de servicios que vende, regalías, participaciones en negocios privatizados, etc. Pero las finanzas públicas siempre están en la olla.

Los casos de Europa son la prueba de que no es verdad que el Estado nunca quiebra y que por lo tanto la hipótesis del Capitalismo Financiero Internacional sobre la base del “rentismo”, tarde o temprano será un bumerán. Después de la experiencia de 1930 creyeron que bastaba con realizar sus inversiones especulativas comprando papeles del gobierno y con poner al FMI de guardián para hacer monitoreo a los Estados con el fin de asegurar que sus inversiones estuvieran protegidas. Pero les falló, según se deduce de Grecia, Italia, España, Portugal y los demás que van en la fila. Le montaron al Estado una estructura de financiamiento perversa, que sacrifica el gasto social en primer término y luego todo el resto de gasto público, con el fin de concentrar los ingresos corrientes del fisco prioritariamente en atender el servicio de la deuda, es decir a pagar cumplidamente los intereses y el principal de los especuladores del dinero. El esquema era supuestamente sencillo, pues bastaba con privatizar los bienes públicos para que la comunidad comprara sus servicios, en lugar de que el Estado los brinde gratuitamente como contraprestación de los impuestos. Con ese fundamento implantaron el Estado Social de Derecho, para que el Estado se limite a garantizar derechos a la gente pero no a ofrecerle los satisfactores de sus necesidades, las cuales los ciudadanos deben solucionar individualmente cada uno como pueda. El Estado escasamente brinda de manera focalizada, subsidios a la demanda para los más pobres.

Pero el esquema les falló. Se olvidaron los capitalistas rentistas agrupados principalmente en la diversidad de fondos de inversión y agentes del mercado de capitales, que la capacidad tributaria de la sociedad es limitada y que depende del volumen de Excedente Económico o ahorro social disponible, el que a la vez, depende del la fortaleza del aparato productivo. Igualmente olvidaron que las necesidades sociales son cada vez mayores y que por más ideas de conformismo y resignación que quieran meter a través del pensamiento cristiano, las necesidades tienen una capacidad de aguante y que al final revientan a manera de protesta social como forma de liberar la energía colectiva represada, como lo estamos viendo en muchos lugares del mundo y recientemente en Colombia con la protesta estudiantil que exige educación gratuita o por cuenta del Estado. Ya se está cayendo el modelo y por más que se reúnan en el G-20 o los banqueros, o la UE o quien sea, el fracaso como inversión o negocio es inevitable por un lado, mientras por el otro la protesta social se expande y se incrementa, la cual sólo es posible frenar, si se cambia la estructura de financiamiento del Estado.

LA ESPERANZA DEL BUEN GOBIERNO

Pasadas ya todas las adversidades del proceso electoral, incluida la guerra sucia que este año fue escabrosa pero sin efectividad, comienza una nueva preocupación que ya deja escuchar comentarios y que se relaciona con la expectativa sobre lo que será la labor de los nuevos gobernantes territoriales. El comentario generalizado hoy es el de “ojalá haga un buen gobierno”.

El cuento del buen gobierno fue popularizado por Juan Manuel Santos desde finales del siglo pasado y hasta creó una fundación con ese nombre. Hoy es un capítulo del plan de desarrollo nacional al que le asigna bondades en materia de soporte transversal del plan, trascendiendo la concepción popular del término y señalando los principios que deben aplicarse en el ejercicio del poder.

Lo cierto del buen gobierno según los conceptos del PND y los de otros autores, es que los gobernantes territoriales deben dejar de tomar decisiones basadas en el sentido común. Los asuntos públicos son demasiado importantes y de tanta trascendencia como para que, en esta situación de crisis, gobernadores y alcaldes sigan gobernando como hasta ahora lo han hecho, basados en el subjetivismo de sus criterios personales u obedeciendo intereses parcializados de carácter politiquero. Si lo privado se maneja con paradigmas objetivos y técnicos, con mayor razón lo público, que es sagrado, se debe manejar con modelos de gestión acordes con la naturaleza de lo público y consecuentes con la dignidad humana. Alcaldes y gobernadores que se olviden ya del sentido común y sus caprichos personales para gobernar, que lo público no se debe administrar como un puesto de dulces en el semáforo.

Hoy, por fortuna, existen suficientes leyes y decretos que establecen el piso jurídico adecuado para implantar esquemas organizacionales y operativos acordes con el buen gobierno. No necesariamente sustentados en el paradigma privado y el “gerencialismo” de corte neoliberal derivado principalmente en la doctrina japonesa, sino recurriendo al enfoque heurístico que caracteriza la nueva gestión pública y que permite el equilibrio entre la racionalidad burguesa y los fundamentos de la ley natural que soportan la esencia de lo público. Para hacer buen gobierno, los gobernadores y alcaldes no deben inventarse nada; basta con aplicar las herramientas disponibles creadas por ley y reglamentadas por decreto, para que el primer fin esencial del Estado, que es el servicio a la ciudadanía, logre colmar las expectativas de la gente, al tenor de la gerencia pública, que difiere sustancialmente de la tradicional gerencia privada que el capitalismo vienen aplicado desde hace dos siglos. Y por el contrario, dejar de cumplir las leyes y los reglamentos en materia de gestión pública, no solo deja frustrada a la ciudadanía sino que expone al gobernante a sanciones de parte de los organismos de control.

Esperamos por lo tanto que los gobernantes territoriales elegidos el domingo pasado tengan el sano criterio de cumplir fielmente las leyes vigentes en materia de operación, control y satisfacción de los requisitos del ciudadano, para que de esa manera dentro de cuatro años se haya colmado lo que hoy es la esperanza en el buen gobierno

EL SENTIDO DE LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO

La Ley 131 de 1994 dice en su texto que “Los candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deberán someter a consideración ciudadana un programa de gobierno”, estableciendo además que “los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa…”. No sabemos en el lenguaje jurídico esto que significa porque como interviene la hermenéutica, ni los abogados saben el significado de las palabra por lo cual existe la interpretación, la jurisprudencia y la doctrina. Pero en el lenguaje del común basado en el significado de las palabras del idioma castellano, bien podemos pensar en los alcances de la norma, que mucho servirían para corregir algunos vicios que persisten en el régimen político cuando de elecciones se trata.

Por ejemplo, se podría pensar en que los candidatos se mantuvieran anónimos y que lo presentado ante el público y los electores fuera el programa, sin que estos supieran a quien pertenece. Con esto se rebajaría el culto a la personalidad, no se haría marketing para vender un candidato, la cultura política se modificaría haciendo tomar conciencia a los votantes, la compra de votos sería más difícil, se acabaría la foritis y la debatitis entre candidatos cuyos beneficios para la sociedad son discutibles, entre otras cosas. Pero sobre todo, se evitaría la “guerra sucia” y por supuesto los fenómenos como los que se vieron en este departamento la semana pasada, cuando con mucha claridad se deduce que alguien recurrió al amarillismo periodístico, para sacar a relucir eventos del pasado lejano del candidato Temístocles Ortega, que según él dice, no son personales sino corporativos de la época en fue magistrado, justamente, después de que las encuestas muestran que este candidato va adelante y en vísperas del día de elecciones. Puede ser que esta maniobra del mejor estilo de J.J. Rendón beneficie al candidato de la convergencia y perjudique a los autores intelectuales que, aunque no se sabe quiénes son, la opinión pública lo intuye. Pero en cualquier caso, se trata de un asunto de la persona, sin consideración al programa inscrito del que trata la ley en mención.

El programa de Temístocles Ortega es sin duda, pertinente, oportuno, de mucha profundidad y alcance y consecuente con la realidad territorial. Si los ataques al candidato surtieran efectos electorales y el afectado no conquistara el cargo, la comunidad territorial perdería la oportunidad de establecer los mecanismos y procesos idóneos para enderezar las tendencias actuales que están llevando el departamento al abismo. Pero si lo que se confrontara fueran los programas de candidatos, que al inscribirse ya han cumplido con los requisitos de habilidad y moralidad, esta clase de prácticas que confunden y desorientan no tendrían cabida y así la ley vigente tendría la oportunidad de que en la realidad se experimentara el sentido de los programas de gobierno.

TERRORISMO ECONOMICO

Ahora Santos convocó a los diferentes actores de la economía, los gremios del capital y del trabajo, para examinar la prospectiva de Colombia frente a la llamada crisis económica internacional, que ha estado al acecho durante las últimas semanas a raíz de la situación de vive Grecia, donde el desbordamiento del endeudamiento del Estado, ha puesto en apuros a los especuladores internacionales del dinero que habían comprado papeles del gobierno con fines rentistas y cuya mayoría son capitalistas alemanes.

En verdad hace más de dos décadas que la economía mundial viene aguantando la crisis que según dicen, se avecina. El sector monetario se ha incrementado tanto y el aparato productivo mundial se ha secado tanto, que ya no soporta el peso de las cifras que circulan en el sector financiero y el mercado de capitales. Los megamillonarios del mundo, comenzando por la decena de familias propietarias de la Reserva Federal de Estados Unidos, han acumulado tanto dinero improductivo, que el sector real de la economía ya no soporta y el conjunto total está a punto de colapsar, creándose con ello una situación de alto riesgo para ellos, los multimillonarios especuladores del dinero, quienes han invertido sus capitales en papeles sin respaldo sólido en términos de valor o en los títulos de gobiernos cuya capacidad fiscal está saturada y no están en capacidad de recoger los impuestos necesarios para cumplirles a los tenedores de los papeles.

Pero lo peor del caso no es el riesgo de estos capitalistas que están a punto de perder sus fondos; lo grave para ellos, es que las medidas convenientes para solucionar el problema, se basan en teorías que ellos mismos han combatido porque se apartan de los conceptos que sustentan ese modelo universal de globalización financiera que por muchos años les permitió acumular riqueza, pero que ahora está matando la gallina de los huevos de oro por cuanto en su propio seno, se ha creado la fuerza que pronto les llevará al fiasco.

Y lo preocupante para nosotros es esa corriente mediática de generar pánico generalizado haciendo creer a la opinión pública que la crisis es un monstruo que acabará con todo, como si las clases pobres no estuvieran acabadas ya, viviendo y afrontando la crisis desde hace más de un cuarto de siglo, precisamente desde que se comenzó a implementar el modelo en el mundo, debidamente amparado por la Reserva Federal de Estados Unidos. Cuando se venga la pérdida de los capitales de especulación, quienes pierden son ellos porque los pobres ya no tienen nada que perder y en Colombia, donde las políticas se han manejado con el debido cuidado de no lesionar los intereses de los capitalistas rentistas llevando el nivel de endeudamiento a un porcentaje adecuado del PIB y el servicio de la deuda a una fracción racional respecto a los impuestos que se recaudan, el riesgo para ellos es menor que en muchos de los demás países del mundo, de manera que las noticias económicas actuales no son más que una simple manifestación de terrorismo económico.

LA VOZ DE ANGELINO

Al escribir estas notas ya el Vicepresidente se había echado para atrás, después de que el lunes pasado desde Pasto, había desafiado al Presidente, pero aun así, bien vale realizar una observación al episodio de sus opiniones frente a situaciones del gobierno porque, si bien el Vice de manera prepotente dijo que a él lo había elegido el pueblo con más de nueve millones de votos desconociendo que esos votos no son de él sino de Santos, a quien le debe el cargo porque el Presidente fue quien lo incluyó en el tarjetón, en el alto gobierno sí hace falta quien le hable serio al Departamento Nacional de Planeación.

Los servidores del DNP están acostumbrados, desde cuando el Presidente Carlos Lleras les consagró como ídolos hace más de cuarenta años, a que se les rinda pleitesía y ni siquiera respetan al Congreso de la República. Ellos son simples tecnócratas que van a estudiar a Harvard, Chicago o Massachusetts donde les lavan el cerebro inyectándoles la doctrina neoliberal y los modelos que se derivan de esta, para que vengan a Colombia a imponer las medidas acordes con los intereses del capitalismo financiero internacional y en contra del pueblo colombiano. Desde 1958, el DNP ha sido un fiel servidor del capital extranjero y ahora, los más consagrados agentes del capitalismo rentista y arraigados defensores de los especuladores internacionales del dinero.

Las grandes vergüenzas del capitalismo financiero internacional han sido el desempleo y la pobreza, razón por la cual a toda costa tratan de ocultar estos fenómenos, o de inventar teorías para “demostrar” que tanto el uno como la otra, se deben a causas diferentes y que no son consecuencia del modelo universal de liberación y globalización financiera. Por eso las metodologías son internacionales y los promotores son los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el FMI y el BID, cuya existencia se sustenta en la defensa de los grandes capitales del mundo, debidamente amparados por la Resera Federal de Estados Unidos.

El Vicepresidente de la República debe conservar la unidad de criterio con el Presidente en materia de políticas de gobierno, pero su derecho a opinar no se puede perder, más cuando no existe otra alternativa en el alto gobierno para que a los tecnócratas del DNP, que sólo piensan en defender a los ricos de Estados Unidos, de vez en cuando se les recuerde que aquí en Colombia hay pobres y que ahora se les debe tener en cuenta si no quieren escuchar la voz de Angelino.

LOS LAZOS CON LA NACION

La historia lo ha demostrado: ningún territorio colombiano puede salir adelante sin el apoyo de la Nación, razón por la cual lo peor que puede hacer un mandatario territorial, es enfrentarse con el gobierno nacional. Si bien la Carta establece la descentralización administrativa, que el gobierno anterior durante ocho años echó para atrás, el país cada vez más consolida el centralismo político que concentra las directrices de los procesos institucionales, sociales y económicos en Bogotá e igualmente el grueso de los recursos, aun los que por mandato constitucional, son de propiedad de los territorios y que circulan a través del sistema general de participaciones.

Los nuevos gobernantes territoriales que iniciarán período en enero del próximo año, tendrán que estrenar políticas nacionales. Aunque el actual gobierno nacional para esa fecha ya llevaría año y medio, el plan nacional de desarrollo apenas se aprobó en mayo del presente año y esta vigencia presupuestal fue aprobada antes de iniciar el mandato, por lo cual el nuevo plan propiamente inicia en pleno, en enero de 2012. Así, la obligada armonización de los planes de gobierno territorial con el nacional que establece la Ley 152 de 1994, se acomoda a las relaciones de temporalidad necesarias.

Los candidatos actualmente en contienda dispusieron oportunamente de la información para incluir en sus programas las propuestas pertinentes para lograr la complementación y el apoyo del gobierno nacional, con la ventaja de que el PND “Prosperidad para Todos”, en gran medida ha condicionado su éxito a la gestión de los departamentos. El espíritu de la prosperidad para todos gira en torno al desarrollo territorial y pretende disminuir la brecha entre las regiones avanzadas y las más atrasadas mediante una estrategia de elevar los niveles en las que están atrás, pero no sometiendo a las regiones a los tradicionales caprichos de Bogotá, sino empoderando y fortaleciendo las iniciativas locales y regionales, las cuales sólo pueden prosperar, si los gobernantes territoriales ejercen la adecuada función de convocatoria y liderazgo social, además de la debida gestión de los asuntos públicos.

Cauca es uno de los territorios importantes en el actual período. Las tasas de desempleo, la agudización del conflicto sociopolítico, la localización geográfica en el contexto nacional, las condiciones ambientales, los niveles de pobreza y demás aspectos sobre descomposición social, obligan a que los próximos gobernantes territoriales cumplan sus funciones en plena armonía con el gobierno nacional, razón por la cual en el próximo debate electoral, es absolutamente necesario evaluar en la propuesta de cada candidato a gobernador, la forma como se plantea el manejo de los lazos con la Nación

ALGUNOS ALCANCES DEL PROGRAMA DE TEMISTOCLES ORTEGA

El programa inscrito por el candidato Temístocles Ortega no es un extenso libro que incluye infinidad de detalles, constituyendo más un instrumento de marketing electoral, que una propuesta seria y viable para el período de gobierno. Este programa se concreta en definir las pautas y criterios para tomar decisiones cuando se ejerza el poder, por lo cual se constituye en un “Proyecto Político”, a la luz de la técnica de la planificación.

CRITERIOS DE GOBERNABILIDAD

“Gobernar el Cauca con un criterio democracia participativa en el real sentido de la palabra. Partiendo de un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales sin excepción para impulsar proyectos de desarrollo, local y regional, dentro de parámetros sustentables y sostenibles…”

“Diseñar políticas públicas trabajadas de manera participativa y decisoria con todos los sectores y estamentos del departamento.”

Desde 1991 ha sido propósito colombiano transformar el régimen político desde la Democracia Representativa hacia la Democracia Participativa o “Democracia Directa. Esto significa que el gobernante no debe ejercer el cargo mediante políticas gubernamentales sino mediante políticas públicas, es decir, asumiendo los asuntos del desarrollo mediante esquemas de co-gestión con responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad, donde las políticas se conciban, se planifiquen, se ejecuten y se controlen a través de procesos conjuntos con prevalencia del consenso entre entidades del gobierno y organizaciones sociales.

“la Gobernación no será la ejecutora acrítica de las políticas nacionales sino que buscará que las propuestas de la región sean tenidas en cuenta de manera seria y con incidencia y que las políticas nacionales que se apliquen en nuestro ámbito territorial, sean el resultado de compromisos bilaterales con la gobernación y las alcaldías.”

Se acomoda plenamente al espíritu del PND “Prosperidad para todos”, lo cual es muy importante y conveniente porque ningún territorio en Colombia podrá salir adelante sin el apoyo de la Nación. El PND asignará recursos a los territorios en la medida en que se concierten entre las dos partes los objetivos y sólo apoyará las iniciativas que sean originadas e iniciadas en los mismos territorios.

En este sentido, la propuesta del programa implica dos aspectos que son vitales en la actual coyuntura institucional, ambas armónicas con el gobierno nacional y por lo tanto con posibilidad de acceder a los recursos de la Nación, pero consecuentes con las necesidades territoriales. Por un lado, la generación de procesos endógenos debidamente promovidos, liderados y orientados por la gobernación en concordancia con las nuevas teorías del desarrollo y el querer del PND; y por otro lado la aplicación de mecanismos de negociación bilaterales entre Nación y Territorio, tal como lo señala la política nacional.

“Las acciones del Gobierno y las políticas públicas se realizarán y construirán con visión de largo plazo y no solo pensando en los 4 años de ejercicio de la gobernabilidad. Una propuesta de largo alcance con una fuerza y una decisión capaz de construir desde una visión caracterizada por vivir todos y todas de manera digna, equitativa y justa, disfrutando y conservando la diversidad que tenemos como departamento”.

Desde la esfera académica siempre se ha rechazado el cortoplacismo reinante en los procesos institucionales colombianos, lo cual no permite alcanzar objetivos de fondo, los que requieren de períodos más prolongados. Cualquier territorio o región, necesita definir una Visión de largo plazo para disponer de un norte hacia donde se orienten los procesos de desarrollo regionales. De otro lado, el PND, para reiterar la conveniente armonía con el gobierno nacional, se propone impulsar a los territorios para que definan visiones de largo plazo dentro de la autonomía territorial.

1. EJE ESTRATEGICO TERRITORIAL Y AMBIENTAL

“Promoveremos y trabajaremos mancomunadamente con los departamentos vecinos para construir la Región Pacifico y la Región Suroccidental de Colombia, buscando que a mediano plazo haya una recomposición del país que permita que el Estado centralista de pie a un país de regiones, en el que la inversión y los enfoques sobre el desarrollo sean decididos desde las localidades en su relacionamiento regional y no desde un centro que desconoce nuestras realidades.”

“En cumplimiento de las funciones y competencias legales, el Departamento definirá los lineamientos para el ordenamiento territorial, como insumo para que los municipios formulen adecuadamente sus planes de ordenamiento territorial. Así mismo de manera concertada se definirán políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos previniendo situaciones de riesgo.”

“El Departamento realizará los estudios y promoverá las acciones pertinentes, para crear al interior del territorio los Esquemas Asociativos entre entidades territoriales de que trata la Ley 1454 de 2011, que sean pertinentes y consecuentes con las necesidades de desarrollo regional.”

“Desde un concepto integral de gerencia pública impulsaremos la adecuación de la infraestructura del Cauca para que responda a nuestras necesidades de de desarrollo humano, económico y social. Se promoverán los estudios, diseños, construcción, modernización, fortalecimiento o mantenimiento, de las obras de infraestructura básica o infraestructura especializada, que sea necesaria para lograr los objetivos del desarrollo territorial como solución de espacio y territorio en la ejecución de las estrategias de desarrollo económico y social.”

El PND “Prosperidad para todos” incluye la construcción de la región Sur-Occidente como una de sus acciones previendo recursos que permitan alcanzar los fines. Pero sin el concurso de los gobernadores de estos territorios donde están Cauca, Nariño y Valle, no será posible lograr el objetivo nacional. De otro lado, la heterogeneidad geográfica del territorio departamental ha propiciado y mantenido históricamente la desarticulación de las zonas centro, sur, norte, oriente, pacífica y bota caucana, creando dificultades para la gobernabilidad y para lograr procesos económicos y sociales que redunden en el desarrollo departamental. Por eso es acertado el propósito de aprovechar las ventajas que aporta la nueva Ley 1454 de 2011 o LOOT.

Igualmente, si se tiene en cuenta que uno de los fracasos de la Ley 388 de 1997 fue porque los departamentos fueron débiles para orientar el ordenamiento territorial, la gobernación tiene una obligación seria en esta materia, teniendo en cuenta que la mayoría de procesos económicos, sociales y ambientales son de cobertura supramunicipal por lo cual las directrices de ordenamiento territorial deben partir desde la gobernación.

El desarrollo territorial incluye la realización de las obras de infraestructura y de las acciones institucionales, tanto estatales como civiles, necesarias para lograr el ordenamiento territorial. Si bien la mayor parte de los recursos para financiar obras físicas están en manos de la nación y los municipios, el liderazgo en los procesos de planificación debe estar en el departamento, por lo cual el programa, con sentido pragmático, acierta en este papel agregando además el sentido gerencial que le impondrá.

2. EJE ESTRATEGICO ECONOMICO

“Se diseñará una estrategia integral para promover el emprendimiento empresarial, que incluya la creatividad y la innovación, que se complemente con procesos de formación empresarial, se acompañe con capacitación y se apoye con promoción de la infraestructura especializada adecuada además de los mecanismos de financiamiento acordes con las especificidades de la empresa naciente e informal.”

El eje central y estratégico para los procesos endógenos, que constituyen la “columna vertebral” del desarrollo regional, es el emprendimiento empresarial. Pero los empresarios no se hacen de la noche a la mañana, sino previos los requisitos de cultura y formación empresarial, de los que Cauca tiene poco. Es necesario comenzar por el principio para evitar que se sigan perdiendo esfuerzos y recursos pensando que se pueden crear empresas competitivas y sostenibles de manera súbita. De la misma manera, los mecanismos de financiamiento de estos proyectos no pueden ser los tradicionales sistemas de crédito convencional, sino otros novedosos y apropiados. El PND contempla el instrumento los “Ángeles Inversionistas” como un mecanismo novedoso de financiamiento empresarial que se debe aprovechar por iniciativa del gobierno departamental.

“bajo el principio de la innovación generalizada para la productividad y la competitividad, el desarrollo de la biotecnología que aproveche la riqueza natural regional será prioritario en los enlaces estratégicos entre el aparato universitario y la administración municipal, bajo las consignas de la sociedad del conocimiento.”

Un aspecto fundamental en los procesos endógenos es la innovación y la creatividad, que para ser generalizada, no se debe limitar a la creación de nuevos productos simplemente, sino también para la organización empresarial y el mercadeo, además de la ingeniería social que se aplica para la resolución de problemas de las comunidades. Uno de los medios apropiados para la inserción del Cauca en la economía mundial, es la biotecnología, que puede desarrollarse aprovechando la riqueza natural de la zona pacífica y las cuencas de los ríos Micay y Caquetá. Las universidades locales tienen importantes instrumentos para la formación del Capital Conocimiento, de modo que la alianza entre la gobernación y las universidades para desarrollar la biotecnología es una alternativa prominente para el desarrollo regional.

3. EJE ESTRATEGICO SOCIAL

“nos proponemos como objetivo de la política social promover el desarrollo humano integral y el mejoramiento de la calidad de vida de los caucanos y caucanas, bajo el entendido que los derechos y demandas sociales, exigen tener como norte al sujeto social, sus requerimientos y necesidades vitales, si de verdad queremos avanzar en la consolidación de un modelo de sociedad equitativa e incluyente.”

Significa que el gobierno departamental promoverá mecanismos de gestión pertinentes con las condiciones específicas de la realidad colombiana, donde uno de los factores que impiden mayor impacto de los programas sociales, es el carácter sectorialista con que se realiza la gestión. Si el ser humano es integral y por lo tanto presenta una demanda de satisfactores conjunta y sistémica, es impertinente que se le siga llevando una oferta sectorial. Así, la integralidad humana solo se puede resolver mediante la gestión suprasectorial, que en las condiciones actuales colombianas, sólo se puede lograr con una potenciación del Consejo Departamental de Política Social, que también contempla el programa cuando dice que “orientaremos desde el Consejo de Política Social, acciones de coordinación interinstitucional que se traduzcan en estrategias y programas viables que garanticen la existencia, el desarrollo, la ciudadanía y protección de los derechos de nuestros menores, conforme a las disposiciones de la Ley de Infancia y adolescencia.”

“se promoverán desde el gobierno departamental estrategias de apoyo serio y responsable para que dichas organizaciones, dentro de la órbita de sus competencias legales, se conviertan en las principales aliadas para desarrollar la política social así como para fortalecer la participación en la gestión de las políticas sociales bajo el concepto de política pública.”

La única manera de resolver la problemática social es mediante políticas públicas, por cuanto las políticas gubernamentales son limitadas y los temas sociales exigen una participación y compromiso profundo de las organizaciones sociales ya sea de la sociedad comunal, sociedad gremial, sociedad civil, sociedad solidaria, por supuesto de la sociedad familiar que es la célula del organismo social y hasta de la sociedad mercantil. Pero el fortalecimiento de las organizaciones sociales no se logra si el gobierno directamente no asume su papel de rector de los procesos sociales, toma la iniciativa, hace la convocatoria, lidera los procesos y apoya con los recursos necesarios.

“el gobierno no se limitará simplemente a ser un administrador de los recursos sectoriales, sino que ejercerá su competencia de direccionar, supervisar y controlar el proceso social educativo en su conjunto”

La educación privada no existe. La única educación que existe es de carácter público independientemente de que los prestadores del servicio sean de propiedad privada o de propiedad del Estado. Así, el gobierno tiene la obligación de intervenir en el proceso social educativo, que inicia en el vientre materno y termina con la muerte, ejerciendo su competencia de regir los procesos sociales superando el papel que actualmente realizan las secretarias de educación que se han limitando a administrar los recursos del sector institucional que ofrece el SGP, abandonando su obligación que va más de la simple administración de los recursos sectoriales.

“Se suscribirá convenios con la Nación para la identificación, formulación y ejecución de Macroproyectos Urbanos de Vivienda de conformidad con la política nacional, apoyando a los municipios de mayor concentración de población en este propósito.”

La vivienda es más un compromiso pertinente a las competencias municipales pero los recursos tienen origen en la nación. El PND “Prosperidad para Todos”, incluye el mecanismo de celebrar convenios con los departamentos para desarrollar macroproyectos urbanos de vivienda, de modo que la inclusión en el programa de esta acción es pertinente y oportuna.

4. GERENCIA PÚBLICA

“La administración departamental será objeto de organización de todos sus procesos y procedimientos administrativos de conformidad con las normas legales vigentes sobre modernización y transformación del Estado de manera que se tenga un desempeño que redunde en mejores servicios para los ciudadanos desde el concepto de Gerencia pública y dentro de los principios de eficiencia y eficacia, efectividad, legalidad y responsabilidad.”

Desde 1991 Colombia viene desarrollando un proceso de transformación del Estado, que se conoce como la modernización, el que consiste en abandonar el Modelo Burocrático que existía para implementar el Modelo Gerencial. Para el efecto, ha creado tres sistemas de obligatoria aplicación en todos los organismos, como son el sistema operativo (NTCGP 1000:2009), el sistema de control (MECI 1000:2005) y el administrativo (SISTEDA). Esto implica la adopción de un nuevo modelo de operación que se basa en los procesos y en la adopción de procedimientos que conllevan ellos mismos el autocontrol. Con ello se busca eficiencia, eficacia y efectividad, que traen como efectos, directo el mejoramiento del servicio a la ciudadanía y colateralmente la erradicación de la inmoralidad y la corrupción.

EL REGRESO DE LA CRISIS ECONOMICA

Hace algunos días un columnista dominical de un diario bogotano decía que Keynes había vuelto a morir, porque cuando se presentó la crisis en el sector financiero de hace tres años, los gobiernos habían incrementado el gasto público para evitar la recesión y reactivar la economía y ahora nuevamente, comenzando por Estado Unidos, varios de los países del llamado “primer mundo” como Italia, Portugal, España y otros de la antigua “cortina de hierro”, están haciendo cola detrás de Grecia para caer en la grave situación de estrangulamiento fiscal por la imposibilidad de pagar la deuda.

En esta columna lo dijimos en el 2008: las medidas de intervención para salvar el sector financiero y especialmente a los especuladores internacionales del dinero, que los gobiernos adoptaron para aliviar el impacto, lo único que lograrían era posponer el anunciado y fijo fracaso del modelo de globalización financiera que ha impuesto en el mundo el Capitalismo Rentista, bajo el amparo de la Reserva Federal de Estados Unidos. No es tanto por Keynes, sino porque no se debe desconocer el papel y la importancia del Estado como ente rector de los procesos económicos y sociales.

El gasto público no se debe mirar simplemente así, a rajatabla; una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía el filósofo del cuento. Depende del destino y del objetivo del gasto para evaluar el efecto deseado en la economía. Era de esperar que el incremento del gasto fiscal para salvar al sector parásito de la economía y a los especuladores del dinero, no traería beneficio en materia de reactivación y sostenibilidad de los procesos en el largo plazo. Esto sólo se logra, si dicho aumento se destina para recuperar y fortalecer el aparato productivo.

Los neoliberales, como el columnista de marras, se obstinan en defender un modelo económico que tarde o temprano caerá, arrasando todos esos capitales especulativos que tanto daño le han hecho a la especie humana. La caída de las bolsas no perjudica a los pobres; estos ya están perjudicados desde hace un cuarto de siglo, precisamente, porque los grandes capitales han logrado ganancias y la acumulación excesiva concentrando la riqueza sólo en algunos pocos individuos de la especie, mientras la gran mayoría de la población mundial se ahogan en el desempleo y la consecuencial pobreza. No es que el daño a los ricos produzca alegría; pero, si bien es cierto que para que los Estados endeudados puedan cumplirles a los especuladores con los pagos, ellos acuden al sacrificio de los pobres, sí se siente un fresquito por el acercamiento del derrumbe del modelo que trae el regreso de la crisis económica.

PERFIL DEL GOBERNANTE

Mirando el extenso listado de precandidatos a la gobernación y la alcandía de la capital, el observador desprevenido debe opinar que hay de todo, como en botica. Pero sorprende algunos nombres que seguramente se lanzan, movidos por la vanidad narcisista de ver su foto en un afiche, porque frente a las condiciones que circundan los gobiernos territoriales para el próximo período, su osadía pareciera un mal chiste. El departamento y su capital, no están para juegos. La crisis territorial está a punto de tocar fondo, pero los tradicionales caciques propietarios de los votos cautivos parece que no se dieran cuenta; como siempre, se preocupan más por su interés personal que por el interés general y el bien público, que ni siquiera lo consideran.

El Estado postmoderno que se instaura en Colombia desde hace veinte años, cuya penetración no ha avanzado lo suficiente, requiere en el gobernante territorial un perfil gerencial que como tal, implica ciertas dotes innatas y la formación intelectual pertinente, la que no se consigue en universidades, porque en la realidad colombiana, lo más eficaz es el método heurístico, que exige gran experiencia, pero no vivida porque una palanca política le recomendó en los cargos como cuota burocrática, sino como constructor de virtudes a partir de sus propios méritos.

Además de lo anterior, el PND “Prosperidad para Todos”, dice que su propio éxito depende de la convergencia regional basada en los procesos endógenos que puedan surgir en los territorios sobre la base de sus potencialidades, las cuales por sí solas no son suficientes, si no se destacan los gerentes públicos ejerciendo su función de liderazgo colectivo y construyendo el capital social necesario para alcanzar los fines. El gobierno Santos rescata la descentralización que Uribe había reversado y recupera el papel del departamento como el administrador territorial intermedio, idóneo para resolver las necesidades supramunicipales que en las esferas ambiental, económica y social, son la mayoría. Adicionalmente la mal llamada ley de ordenamiento territorial, crea mecanismos importantes, que si los territorios aprovechan adecuadamente, pueden ser instrumentos para lograr de verdad, cerrar la brecha entre las regiones avanzadas y las atrasadas, tal como quiere el plan.

También hay que tener en cuenta que los jóvenes son excelentes para momentos de normalidad, por su activismo e iniciativa; pero la historia muestra que en épocas de crisis, más vale la sabiduría, experticia, experiencia, frialdad y serenidad de los maduros, para manejar situaciones complejas y atípicas, propias de realidades como las que afronta el territorio caucano. Ojalá cuando ya definan las candidaturas se depure el listado, para ver si a nivel de candidatos definitivos aparece un personaje que tenga el necesario perfil del gobernante.

EL TIRO POR LA CULATA

Cuando los inventores de la privatización de lo público, con el argumento de que el Estado es ineficiente ocultando que la verdadera causa de la ineficiencia radica en el régimen político y no en el Estado, lo hicieron para sustentar medidas favorables al capitalismo rentista, contando con que de esta manera, los recursos fiscales provenientes de los impuestos, se podrían destinar prioritariamente y en mayor proporción, a atender el servicio de la deuda para beneficio de los especuladores internacionales del dinero y los agiotistas del mundo, que la prensa bogotana llama inversionistas y que les defiende a capa y espada. Desconocieron la voracidad de quienes realizan, esa sí, inversión en empresas para explotar lo público y la inmoralidad y falta de ética que reina en la cultura colombiana. Creyeron que de esta manera el fisco se libraría de hacer gasto social y que los recursos tributarios no tendrían riesgos para los fondos de inversión y demás tenedores de papeles valores del gobierno.

Con lo que no contaban los alumnos de la Universidad de Harvard y demás doctrinarios del Neoliberalismo, es que en este país reina la corrupción y que las agallas de los mercaderes de lo público están muy por encima de los modelos organizacionales y financieros. Con ello el saqueo de los recursos destinados a financiar los bienes públicos está llevando los sistemas operativos a la crisis y poniendo nuevamente en jaque al Estado, quien no puede, por razones sociológicas y filosóficas, abandonar lo público dejando tirados a los más pobres para que la voracidad del mercado los aniquile. Al fisco le toca intervenir y salvar de la crisis a los prestadores de servicio, que por razones de las implacables leyes del mercado han caído en la grave situación de iliquidez y paro.

El Ministro de Protección Social ha anunciado que el país acudirá a un préstamo de la banca multilateral para aliviar la crisis de las ESE que hoy están así, porque los mercaderes de la muerte, llamados EPS, no les han pagado por los servicios, mientras que estos, los traficantes de vidas humanas, sí han cobrado por anticipado a los afiliados las cotizaciones que fija la ley. Entonces, de qué sirvió la privatización para aliviarle la carga al fisco, si al Estado le toca meterse la mano al bolsillo para salvar las empresas que el mercado de lo público quiebra? La doctrina parecía viable para el capitalismo financiero internacional, pero la historia que encierra realidades como la colombiana, dice que de eso tan bueno no dan tanto y a los modelos neoliberales parece que se les está saliendo el tiro por la culata.

LA HORA DE LA SOCIEDAD CIVIL

La Constitución Política que nos rige estableció el modelo de Estado Gerencial que poco a poco se viene implementando en el país. Con ello, las necesidades socioeconómicas y en general los asuntos del desarrollo, se deben atender con políticas públicas en lugar de las políticas gubernamentales con las operaba el Estado antes de 1991, para así de aplicar ciertamente, la Democracia Directa en concordancia con el espíritu de la Carta. Para el efecto, se han expedido las leyes necesarias, de modo que hoy se cuenta con el piso jurídico suficiente para alcanzar la legalidad y legitimidad necesarias en los procesos participativos.

El modo de participación social en los términos de la Democracia Directa, no es otro que el de la co-gestión con responsabilidad compartida entre el Estado y la Sociedad, para lo cual el fortalecimiento de las organizaciones sociales es un requisito indispensable; pero a los gobiernos poco les ha interesado que la contraparte se fortalezca para compartir la gestión de las políticas de desarrollo bajo los principios de la concertación, por lo cual no han propiciado la construcción de una sociedad civil adecuada a los requerimientos de las políticas públicas y en estas condiciones, los politiqueros y las mafias que controlan la rama administrativa del poder público, han hecho fiestas de interés particular, por encima de los intereses del bien común. Para la próxima elección de gobernantes territoriales, ya se alistan para continuar el festín con los recursos públicos, según se deduce de los candidatos que hoy están en el ruedo electoral.

Pero hasta cuándo? Acaso no es suficiente con lo que ha ocurrido en estos 20 años? Será posible que la sociedad esté anestesiada y no sienta el dolor de la descomposición social que viene ocurriendo?

Como se vislumbra, para los años venideros no se debe esperar nada bueno de los gobiernos territoriales. De los candidatos que hay para gobernador y alcalde no hay dónde escoger, así que la tendencia se mantendrá y el proceso descendente continuará hacia el abismo profundo, si la sociedad se queda de brazos cruzados, simplemente rajando del gobernante y en total pasividad.

O será posible que por aparte de las entidades gubernamentales se conforme una organización social fuerte que paralelamente al gobierno territorial impulse y direccione procesos de cambio aprovechando las oportunidades que brindan la políticas del Presidente Santos, que en su plan de desarrollo contribuye a profundizar la participación social abriendo puertas para que la iniciativa civil tenga acceso a los mecanismos de financiamiento. Desde ya la comunidad territorial debe prepararse para que, si el gobernador y el alcalde no dan la talla, a través del PND se puedan concretar proyectos trascendentales propiciando ahora sí la hora de la sociedad civil.

VEINTE AÑOS DESPUES

Hace dos decenios por esta época, se promulgó la constitución política colombiana que hoy rige. En aquella fecha se nos dijo que a partir de ese momento, por el país correrían ríos de leche y miel; que no nos preocupáramos, que le había llegado el futuro a Colombia porque la nueva carta política era la panacea. Todavía estamos esperando los ríos de leche y miel por cuanto, como les consta a los mayores de 45 años, los cambios ocurridos en este lapso no son los anunciados en esa época por la gran prensa bogotana.

Los muchachos de la séptima papeleta eran como héroes; nadie contó las papeletas, pero se dijo que eran más de dos millones. Extrañamente la Corte Suprema de Justicia tumbó la propuesta gubernamental de limitar la competencia de la Asamblea Constituyente y le abrió paso para cambiar totalmente la de 1886. La opinión pública aplaudía. Se cambió la Constitución de 1886 violándola a ella misma y todo se aceptó. El país estaba tan cansado de lo que ocurría con la politiquería de los años ochenta, cuya situación no era tan funesta comparándola con la de hoy, por lo que todos los atropellos al ordenamiento jurídico nacional se aceptaban, con tal de que cambiara.

Pero con el tiempo han surgido una serie de interrogantes aun sin resolver. Por ejemplo: de dónde salió el dinero para financiar la séptima papeleta?; por qué las coincidencias con lo ocurrido un siglo antes, cuando se cambió la constitución colombiana de 1863 para acomodar el país a los intereses de los industriales ingleses, en plena era victoriana del imperio, y se trasladó el discurso del político Disraeli al espíritu de la carta de 1886?. Por qué en la carta del 91 se trasluce el discurso del movimiento que se le conoce como “la nueva derecha norteamericana” y la doctrina de Hayeck, Friedman y Bernstein aparece en el trasfondo?; qué papel desempeñó el Instituto para la Economía Internacional de Washington (IIE) y el señor John Williamson?; por qué el mismo proceso se repitió en otros países subdesarrollados acondicionando el ordenamiento jurídico a las necesidades del Consenso de Washington?; por qué tanta armonía de las normas constitucionales con los intereses del Capitalismo Rentista donde los más beneficiados son los especuladores internacionales del dinero?; por qué se le arrebató el Banco de la República al jefe del Estado para ponerlo de rodillas al servicio del capitalismo financiero internacional?

Muchos más interrogantes surgen hoy después de observar los impactos del cambio en las relaciones Estado-Sociedad que trajo la nueva carta, cuando la Asamblea Constituyente derogó de un plumazo el Estado Formal de Derecho, para implantar el Estado Social Neoliberal. La evidencia muestra que las expectativas creadas no resultaron y que las condiciones del pueblo colombiano son peores veinte años después.

FALACIA DE LA CERTIFICACION EN CALIDAD

Desde cuando se viene transformando el modelo de Estado en Colombia, abandonando el Estado burocrático para implantar el modelo gerencial, uno de los instrumentos esenciales ha sido el cambio en el sistema de operación, donde se debe aplicar la norma técnica NTCGP 1000:2009, lo cual no es reprochable ni cuestionable, sino todo lo contrario, es loable. Muchas entidades se han empeñado en implementar la norma, que no es un fin en sí misma como en muchas partes lo han creído, sino un medio para alcanzar la finalidad más profunda, la del todavía nuevo modelo de Estado gerencial.

Una vez implantada la norma, el paso siguiente que trasnocha a los gerentes y directores, es lograr la certificación, para lo cual acuden a Bureau Veritas, a Icontec o a cualquier otra certificadora, con el propósito de obtener el documento que deja constancia que en dicha entidad se aplica la norma técnica de gestión de la calidad. Cumplido todos los requisitos, la certificadora del caso expide el correspondiente diploma y con ello parece que los gerentes han alcanzado la meta. Hasta ahí todo normal.

Lo aburridor del asunto es que las entidades así calificadas aprovechan la certificación para convertirla en tema de su propaganda y publicidad, la cual deja traslucir su mala intensión de engaño a la opinión pública. Sus mensajes publicitarios con métodos subliminales crean la idea en las mentes de la gente, que la entidad certificada ofrece a sus clientes la máxima satisfacción de sus requerimientos, tal como reza el concepto de calidad. Pero si examinamos lo que ocurre en la realidad, encontramos que es más fácil ver satisfacción del cliente en las entidades no certificadas que en las que han obtenido la bendición de las certificadoras.

La certificación en calidad no es garantía de que el servicio que suministra la entidad certificada deja plenamente satisfecho al cliente. Ella se refiere a que la empresa cumple todos los requisitos de la norma técnica en cuanto a la gestión de la actividad operativa, de modo que hacer creer que la aplicación de los requisitos de la norma en la gestión u operación de la empresa automáticamente satisface al cliente es un engaño. Una cosa es cumplir las disposiciones de la norma técnica en la gestión y otra bien distinta, es dejar satisfecho al cliente. La realidad muestra que las entidades certificadas, por el contrario, dedican la energía, el talento y el tiempo de su personal, más a llenar registros y papeles que exige la gestión, que a satisfacer los requisitos del cliente externo. Tanto que los servidores públicos de estas empresas se mantienen aburridos por tanto desgaste que produce la cantidad de trámites y papeles que conlleva la inadecuada interpretación de la norma; y más que asegurar la satisfacción del cliente, a lo que llevan es a acumular argumentos para demostrar la falacia de la certificación en calidad.

VIOLACIONES DEL FMI

Desde hace varios lustros el FMI ha sido el principal instrumento del Capitalismo Financiero Internacional. A través de este organismo multilateral, los especuladores internacionales del dinero y los agiotistas del mundo, han chantajeado gobiernos y les han presionado para que adopten en sus países las políticas macroeconómicas que favorecen los intereses de dichos capitalistas, a costa de la miseria de sus propios pueblos, imponiendo un modelo que tantas veces se ha cuestionado por sus efectos nocivos de largo plazo, derivados principalmente del desecamiento del aparato productivo de las economías nacionales y por ende, de la economía mundial. El modelo de globalización financiera con tipo de cambio flexible impuesto por el mercado, política monetaria de inflación objetivo y política fiscal de financiar el presupuesto con papeles de mercado, siempre se ha dicho, es un fracaso, porque genera desempleo, agotamiento de la demanda agregada y con ello desigualdad social y conflicto. Pero el FMI insistía.

Al cabo del tiempo, creíamos que el FMI entraría en razón. Liderado por su director gerente, Dominique Strauss-Kahn, quien en un discurso dijo que “el empleo y la igualdad son los pilares de la estabilidad y la prosperidad económica, de la estabilidad y de la paz política” y que “esto está en el corazón del mandato del FMI” lo que además también “se lo debe poner en el corazón de la agenda política”, supusimos que próximamente el FMI cambiaría sus políticas y que vendría una posición diferente en la presión que ejercen sobre los países pobres. Creímos que por fin, se cambiaría el modelo económico que está llevando la economía mundial al colapso total y que los enfoques keynesiano en lo económico y socialdemócrata en lo político, tendrían cabida en las decisiones de los gobiernos nacionales, defendiendo el empleo y el aparato productivo y rescatando el papel del Estado en su función rectora de la economía.

Pero el Capitalismo Financiero Internacional no se iba a quedar con los brazos cruzados. Así como ha propiciado cambios en la constitución política de varios países y como ha derrocado gobiernos, ahora aprovechó la debilidad sexual del director del Fondo para montarle una operación encubierta, igual a las que le monta a los gobiernos que tumba, y lo metió a la cárcel, como lo ha hecho con varios presidentes, por proponer medidas de política económica diferentes a sus intereses, haciendo una más de las tradicionales violaciones del FMI.

DESCUBRIR QUE EL AGUA MOJA

El Presidente Santos, a diferencia de su antecesor quien protegía delincuentes, él mismo en persona denuncia por TV a quienes están saqueando los bienes públicos como producto de la avalancha privatizadora que ocurre en el país desde hace 20 años. Ahora ha colocado sobre la mesa el caso de los recursos de la salud, aunque no es nada nuevo por cuanto esto ya lo conocía la opinión pública.

Durante los ocho años del gobierno anterior, Colombia fue el único país del mundo donde el objetivo de la política social de salud, en lugar de ser la salud humana, era la salvación financiera del sistema, un sistema que no tiene salvación mientras existan los mercaderes de la muerte y traficantes de vidas humanas, alias las EPS. El uribismo se dedicó a expedir decretos y resoluciones para brindar piso jurídico a los atropellos de las EPS contra los usuarios, con el fin de que estas bajaran sus costos y tuvieran ganancias, para alimentar los bolsillos de los inescrupulosos capitalistas que han convertido los bienes públicos en objeto de lucrativo negocio. Y claro, con esto quedó abierta la puerta, para introducir todo tipo de maniobras fraudulentas mediante las cuales se sustraen los recursos y engrosan, aún más, las arcas de los corruptos. Los reintegros por las tutelas, la negación de la atención al usuario con cualquier argumento que establece una norma, el subsidio a los medicamentos de alto costo, el amarre de la salud con las pensiones para crear obstáculos en el reconocimiento de derechos, el argumento del pago atrasado para no reconocer beneficios, y la mas aberrante de las normas, la destrucción del principio universal del aseguramiento creando la obligación del aseguramiento retroactivo, son sólo algunos de los atropellos al más sagrado de los servicios públicos como es la salud, que el gobierno anterior estableció para defender los intereses de los sanguinarios capitalistas mercaderes de la muerte.

En esta columna lo hemos anotado varias veces y ahora podemos repetirlo: las EPS sobran en el sistema; no se necesitan para que el engranaje funcione; son parásitos que se comen el mayor porcentaje de los recursos sociales del sector, que se van en gastos y ganancias de las empresas; y ahora como para completar, son canales propicios para que los corruptos se lucren mediante el saqueo de los fondos, que a la fuerza y obligados, los colombianos pagan, en miles de casos, no para recibir un servicio, sino para cumplir con la obligación y así lograr que el mismo Estado les cancele honorarios y salarios a quienes tienen celebrado un contrato como fuente de ingresos laborales. Aplausos para el gobierno Santos por su empeño en combatir la corrupción que dejó de herencia el uribismo; pero conciencia de que esta no es la solución para la salud mientras existan las EPS con criterio mercantil y ánimo de lucro, porque aunque los funcionarios salgan por TV a mostrar su euforia y a sacar pecho por los hallazgos, no debemos olvidar que lo que han hecho es simplemente descubrir que el agua moja.

REVENTÓ LA CAMORRA

El jueves 25 de diciembre de 2008, se publicó en esta misma columna del Diario EL LIBERAL un artículo titulado “Mejor que se quede Uribe”, donde se leía que “Los efectos e impactos de las políticas del gobierno casi siempre se manifiestan y se sienten después de tres años desde cuando se comienzan a aplicar. Por eso, la situación que vive el país hoy durante el segundo período de Uribe es consecuencia de las políticas que él aplicó en el primer período; y al Presidente del período 2010-2014, le tocará afrontar las consecuencias de las políticas que Uribe está aplicando hoy. Así, al próximo presidente le tocará asumir problemas sociales y económicos aun más graves de los que se están viviendo hoy. La opinión pública dirá entonces, que la culpa es de él y que el Uribe de hoy era mejor gobernante.”

El artículo perece premonitorio, si se tienen en cuenta los eventos de la última semana, cuando los uribistas están atribuyendo al gobierno de Santos, la culpa de la situación que hoy vive el país en materia de convivencia y seguridad, como efecto de las políticas que aplicó su antecesor y que han agudizado los conflictos sociopolíticos de la historia nacional. Lo justo sería que Uribe comiera de su propio cocinado afrontando hoy la agudización de la crisis que él mismo cultivó con sus cacareadas políticas de seguridad democrática, confianza inversionista y la descomposición social que llamó cohesión social. Pero por las razones que la opinión pública ya conoce, ahora le toca al Presidente Santos afrontar las consecuencias y en tal razón, recibir la crítica por la situación presente cuyos orígenes datan de varios años atrás pero que la visión popular no percibe.

A diferencias de Uribe, quien en su filosofía de gobierno mostraba los fundamentos más recalcitrantes de la derecha fascista, Santos que hizo la campaña bajo la sombra del Partido de la U, hoy demuestra con suficientes evidencias, que en su sentir político tiene muy arraigado los principios liberales de sus ancestros familiares, donde el respeto por las ideas opuestas, prima sobre el sentimiento narcisista. Por eso, a pesar de que Uribe boicotea su gobierno, el Presidente con nobleza reafirma públicamente su respeto y agradecimiento a quien le abrió la puerta para ascender al poder.

Colombia tiene que valorar y tomar posición frente a la confrontación que los uribistas está promoviendo, como siempre, por debajo de la mesa con métodos soterrados y turbios, hoy cuando el país ha recuperado la confianza y se vislumbra que nuevas rutas definirán el futuro; porque como se ven las cosas, ya reventó la camorra.

LA TAPA DE LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Ya es de público conocimiento, con suficientes evidencias descubiertas por los medios de comunicación en unos casos y por las autoridades en otros, que los ocho años del gobierno anterior dejaron como herencia la consolidación y entronización de la cultura de la corrupción en Colombia, siendo los bienes públicos la presa preferida de los corruptos. Pero lo ocurrido con los vehículos decomisados por la autoridad de tránsito en Manizales, es ya un caso aberrante.

Se sabe que el sector institucional de tránsito y transporte durante los ocho años de marras, ocurrieron las más perversas modalidades de aprovechamiento de lo público para beneficio de unos pocos avivatos. Porque es común que las ratas le echen mano al fisco de dónde sacan los recursos a través de tajadas o coimas de contratos que llaman, como en el caso del carrusel de Bogotá. Pero en este sector institucional ha hecho carrera que, sin afectar el presupuesto oficial, utilizan la privatización de lo público para explotar a los usuarios y canalizar las tarifas hacia el bolsillo del concesionario y del funcionario que otorga la concesión.

Se inventaron el requisito del examen médico para licencia de conducción y le entregaron la concesión, con carácter monopolista, a una empresa que llevaba menos de un mes de constituida, de tal manera que si alguien quiere establecer un centro de reconocimiento de conductores, debe pagar la franquicia a la firma concesionaria la que a la vez, fija las tarifas y costos; crearon el SIMIT y el RUNT para operar por manos privadas, así como los centros de diagnóstico automotriz para la revisión técnica; y eso, sin contar la concesión de vías con tarifas de peaje más costosas que la gasolina de un viaje.

Para fomentar la descentralización de la corrupción, privatizaron las grúas y los patios de las secretarías de tránsito municipal, convirtiéndose esto en el más salvaje mecanismo para extorsionar a los propietarios de vehículos. En la mayoría de ciudades del país, los guardas de tránsito en lugar de hacer la tarea de regular los flujos vehiculares para mejorar la movilidad urbana, se dedican a poner comparendos, muchas veces por supuestas infracciones inventadas por ellos mismos, para tener pretexto de subir el vehículo a la grúa y enviarlo a los patios, donde se cobran unas tarifas escandalosas por ambos servicios. La vox populi dice que en muchas de las ciudades de Colombia, un porcentaje de lo que la víctima paga en la escalofriante tarifa del servicio de grúa y de parqueadero, va para el bolsillo del guarda que generó la inmovilización. Si pasan dos días del vehículo en los patios, ya está perdido; pues retirarlo después de este tiempo cuesta más que el vehículo mismo. Pero lo ocurrido en la capital de Caldas cuando se robaron cerca de 200 vehículos del parqueadero oficial del tránsito, sí es la tapa de la corrupción institucional.

LE TURNO A LA EDUCACION SUPERIOR

Cuando teníamos el Estado Social Benefactor antes de 1991, a cada necesidad humana el Estado le respondía con la oferta directa de los satisfactores necesarios, que brindaban principalmente los institutos descentralizados con cargo al presupuesto. Pero después de 1991, el Estado Social Neoliberal que tenemos, a cada necesidad humana le responde con un derecho, que es algo así como un saludo a la bandera que permite al Estado eludir su responsabilidad sobre las necesidades humanas y se convierte en una falacia para la comunidad, cuando es el mismo Estado, el primero en violar el derecho.

En la avalancha privatizadora de lo público, la educación tampoco se ha salvado y con la fachada del derecho a la educación, este servicio público se privatizó desde la ley 115 de 1994 para el nivel básico, utilizando el mismo mecanismo de la capitación, como en la salud, sólo que aplicado de manera diferente porque, como dijo el gobierno de Pastrana en 1998, el país no está preparado para juntar en un mismo salón durante once años, a un niño de estrato 1 con otro de estrato 6. En salud no importa que en la misma cama de la clínica donde acuestan a un rico también lo hacen con un pobre, porque sólo es por unos días y no se hace simultáneamente; pero en educación, esto sería salvaje. Por eso la capitación opera diferente pero el mecanismo es el mismo.

Ahora la legislación da un paso adelante para llevar la educación superior a las garras de los mercaderes del saber, como ocurre en salud con los mercaderes de la muerte y los traficantes de vidas humanas que les llaman EPS. Ahora queda abierta la puerta para que los mercachifes de la educación conviertan este bien público en objeto de inversión con ánimo de lucro.

Como siempre ha ocurrido con la privatización de lo público, la voracidad de los inescrupulosos empresarios capitalistas no desaprovecharán la oportunidad de sacar jugosas ganancias con empresas de educación superior, con la complicidad del gobierno que siempre se arrodilla ante los intereses de los inversionistas expidiendo los decretos y resoluciones que brindan el piso jurídico para que ellos dentro de la legalidad, cometan los atropellos contra los usuarios. Ahora se acentúa el disfraz de la dicotomía entre educación privada y educación pública, como si fueran dos campos diferentes, para permitir que los privados cometan toda clase de abusos, como si esta dicotomía existiera: una cosa es la propiedad del establecimiento que brinda el servicio y otra muy diferente es el servicio mismo, que en todos los casos es público, independientemente de quién es el propietario de la entidad. Como proceso social, no existe la educación privada; esta siempre es pública y los particulares deben someterse a la ética pública cuando se meten a montar negocio con el servicio educativo, así lo hagan a través de las universidades, ahora que en la privatización de lo público, le tocó el turno a la educación superior.

LA BASURA DE LA BASURA

Otro de los asuntos públicos que ha sido víctima de la ola privatizadora que viene ocurriendo en Colombia desde que se estableció el Estado Social Neoliberal en 1991, ha sido los servicios básicos domiciliarios, como la recolección y manejo de los residuos sólidos urbanos. Como en todos los casos de la privatización de lo público, el fenómeno le abre la voracidad a los agalludos empresarios que ven la posibilidad de llenarse los bolsillos convirtiendo en negocio lo público, dadas las ventajas de mercado que tienen estos bienes por su inelasticidad-precio de la demanda y por que cuentan con una demanda cautiva que exige poco esfuerzo para enganchar clientes.

Lo ampliamente conocido en el país, que lo sabe tanto la opinión pública como los organismos de control pero que no se puede comprobar, es que el procedimiento para adjudicar la concesión a la empresa privada por lo general es obscuro y cargado de intereses parcializados. Lo común, es que abren una licitación o concurso, con unos términos de referencia que sólo los cumple un proponente, el que ya previamente ha negociado con el adjudicador, a cambio de un porcentaje, comisión o coima que llaman.

También la realidad histórica nacional de los últimos quince años, muestra que estos procesos por lo general se presentan durante el último año del período del gobernante y así mismo, que las empresas que ganan la adjudicación casi siempre son las mismas, las que andan por varios o muchos de los municipios adelantando el lobby para que el mecanismo rompa los principios de transparencia, economía y responsabilidad de que trata la ley 80 de 1993, una ley que se ha hecho expresamente, para favorecer la corrupción en el país. Pues las normas que contiene esta ley se utilizan, precisamente, para excluir a los proponentes que deben quedar por fuera y para defender la adjudicación amañada con base en el cumplimiento estricto de la normatividad vigente. En la celebración indebida de contratos, jamás se viola una norma y jamás se dejan pruebas. Por eso los Nule perderán la pelea contra los Moreno.

Pero como la conducta del consumidor de lo público es diferente a la conducta del consumidor de lo privado en razón a la relación con la ley natural que lo público tiene, más temprano que tarde le aparecen los problemas a los empresarios de marras. Cuando esto llega, ponen el grito en el cielo y acuden a papá gobierno para que les salve su negocio. Las superintendencias y las comisiones reguladoras proceden a dictar las medidas pertinentes y al pobre pueblo le toca asumir las cargas financieras de los empresarios mediante la elevación de las tarifas. No permite el gobierno que la ambición de los capitalistas, coma de su propio cocinado; porque cuando se meten en el negocio de lo público como la recolección, tratamiento y disposición de los residuos sólidos, lo único que ven es el lucro del negocio, sin considerar que también lo público trae problemas empresariales, a pesar de que en el proceso de adjudicación se haya evidenciado la basura de la basura.

EL TRASFONDO DE LAS PENSIONES

De las cosas más públicas entre todo lo público son las pensiones. Las normas jurídicas dicen que lo público es lo de interés general, que es así, porque nos compete a todos; y si hay algo que nos compete a todos es la vejez; pues para allá vamos todos.

En la época del Capitalismo Empresarial cuando teníamos el Estado Formal de Derecho, el mecanismo mal o bien funcionó durante muchos años sin mayores traumatismos: mediante el régimen de prima media, los jóvenes pagaban la cotización y con este mismo dinero, se les cancelaba la pensión a los viejos. Cuando los primeros se volvían viejos y entraban a recibir pensión, nuevos jóvenes llegaban a pagar y así sucesivamente. Pero cuando llegó el Capitalismo Rentista con su aliado el Estado Social Neoliberal de 1991, el Estado dejó de ser el monopolista en el manejo de lo público. Lo público se privatizó y con ello se privatizaron las pensiones. Las agallas y voracidad del capitalismo financiero vieron en los fondos de pensiones un buen negocio y con la complicidad del Gobierno, se llevaron a los jóvenes para recaudar de ellos, de los jóvenes, el dinero de los aportes, el cual colocan en el mercado de capitales con fines de especulación monetaria y logro de altas utilidades. Mientras tanto, le dejaron los viejos y el sistema de prima media al Estado, quien debe pagar las pensiones, pero no cuenta con los ingresos de los cotizantes jóvenes.

El resultado era previsible y absolutamente perverso. Para poder pagar las pensiones a los viejos sin el ingreso que aportan los jóvenes, la carga pensional recae sobre el presupuesto nacional. Este año, el peso contra el fisco asciende a los 24 billones de pesos, lo cual no es censurable porque para eso, para pagar los costos de lo público, es el dinero de los impuestos de los colombianos que este año se aproxima a los 75 billones de pesos. Pero al capitalismo financiero internacional, debidamente protegido por el FMI, el Banco Mundial y el BID, le preocupa que se ponga el riesgo el pago del servicio de la deuda, o sea el negocio de los especuladores internacionales del dinero y los agiotistas del mundo, por lo cual presiona al gobierno, para que se baje la presión de las pensiones contra el presupuesto nacional.

Lo natural y socialmente lógico es que los jóvenes regresen al sistema de prima media y que coticen al Estado para que este nuevamente tenga flujo de fondos con qué pagar las pensiones; pero los neoliberales que manejan este país proponen que se suba la edad de jubilación, como si fuera fácil conseguir trabajo después de 60 años, para no poner en riesgo el servicio de la deuda en el futuro y no se le afecte el negocio a los fondos privados de pensiones, que simplemente acumulan durante toda la vida laboral la misma suma que, cuando sus afiliado están viejos, reciben como pensión. No es ninguna pensión; es su propio ahorro que durante 20 años han entregado para que los fondos privados se llenen los bolsillos, engañando así a toda la comunidad que no conoce la realidad en el trasfondo de las pensiones.

LAS PISADAS DE ANGELINO

Luis Carlos Villegas, el parlante de los empresarios del gran capital, que líder no parece, pero que cuando la prensa bogotana le pone el micrófono en la boca, vocifera de todo y por todo pontificando sobre lo divino y lo humano, las más de las veces diciendo babosadas, pero siempre en concordancia con las posiciones políticas de la extrema derecha, que se caracterizan por la defensa del gran capital, ahora está disgustado por culpa de Angelino Garzón. De la manera más irrespetuosa trató la institucionalidad que encarna la Vicepresidencia y afirmó que había que aclarar si Angelino es llanta de repuesto o freno de mano del Gobierno, sin precisar si freno de mano es defender los intereses populares.

Angelino fue un gobernador bastante regulimbis en Valle y como dirigente sindical dejó ver posiciones ambiguas; pero en el seno del gobierno no ha sido convidado de piedra frente a situaciones y temas de gran trascendencia para el país. Estábamos acostumbrados a que el Vicepresidente era figura decorativa y el de Uribe un pintoresco personaje tropical de corte macondiano más que un servidor público de alta jerarquía, por lo cual ahora que Garzón está metiendo la cuchara, al país le causa extrañeza.

El Presidente Santos ha demostrado que es sensato, conciliador y pragmático e igualmente que tiene ideales liberales. Por eso acepta correcciones sin la rígida terquedad de su antecesor. Santos es un destacado miembro de la oligarquía bogotana de quien los empresarios esperaban que fuera su títere y que, como Uribe, siempre acomodara sus decisiones para darles gusto; pero se han encontrado un hombre diferente, que privilegia la sensatez antes de la defensa de clase.

Desde antaño, Angelino ha sido piedra en el zapato de los empresarios. Le tocó confrontar con ellos cuando se trataba de asuntos laborales y era dirigente de lo que para los capitalistas es el demonio, como ven el sindicalismo. Ahora está en alta dignidad del gobierno y para ellos es un dolor de cabeza. Se han alejado de Santos y siguen añorando a Uribe que fue su marioneta incondicional. Pero atacar a Santos es nada más y nada menos que ir en contra de un representante de la oligarquía bogotana que durante dos siglos ha manejado este país a su antojo.

Es cierto que el vicepresidente debe acomodarse mejor al ordenamiento institucional del país, pero también es cierto que los intereses populares necesitan de un abogado que manifieste sus intereses, aunque el gran capital se incomode con las pisadas de Angelino.

LOS CAMIONEROS Y LOS BIENES PUBLICOS

El conflicto que actualmente se vive en el país, que tiene confrontando a los camioneros y al gobierno, es otra manifestación más de las irracionales consecuencias cuando lo público es manejado por empresarios privados. Las interrelaciones entre los individuos de la especie humana que se realizan a través de las comunicaciones y el transporte, son de interés general porque nos competen a todos; y nos competen a todos porque no se originan en el capricho de la mente humana, sino en las leyes de la naturaleza que han establecido la necesidad de que los individuos del conglomerado se agrupen e interactúen con fines de subsistencia de la especie.

Pero tanto el transporte como las comunicaciones, se han convertido en objeto de negocio de los empresarios privados, lo cual no es censurable per se, sino por dos factores que crean las inconsistencias sociales: por un lado, porque el Estado no asume un adecuado papel de regulación cuando lo público es manejado por empresas privadas; y por otro lado, porque los empresarios privados no miden las consecuencias cuando se meten en el negocio de lo público creyendo que esto se trata sólo de utilidades financieras, sin considerar las implicaciones de carácter social que el negocio tiene. Si un empresario se mete a hacer negocios con lo público, pues que coma de su cocinado. La relación con la ley natural que tienen los bienes públicos ocasiona condiciones de mercado que los empresarios no miden y después les toca crear el coro de plañideras para que el gobierno les proteja y sacrifique el interés general para favorecer sus intereses particulares. Por lo general, o por lo menos durante los últimos ocho años se vio, el gobierno favorece los intereses privados de los empresarios perjudicando el interés general y bien común de los asuntos públicos.

Los camioneros proclaman sus derechos, pero desconocen los derechos de toda la comunidad; tanto al servicio de transporte como a la libre movilidad por los espacios públicos. El gobierno trata de rescatar el bien común pero la propiedad privada de los medios de transporte y de la prestación del servicio, terminarán imponiendo sus condiciones y el gobierno tendrá que ceder a sus pretensiones porque tampoco les puede obligar a operar contra su voluntad. Esas son las reglas de juego en nuestra sociedad y siempre será sacrificado el bien público para satisfacer las necesidades de los particulares.

EL GRITO DE CARACOL

Aterrados los periodistas de Caracol Radio cuando la Contralora General dijo que el costo de las pensiones era de 24 billones de pesos, como si eso no fuera la razón de ser del Estado; pero se quedaron callados cuando la semana pasada dijo la prensa bogotana que este años se destinarán más de 17 billones para pagar los ingresos y utilidades de los especuladores internacionales del dinero y agiotistas del mundo.

Desde el siglo 17 que se creó el Estado Moderno, una de las funciones que se le encomendó fue la de administrar lo público para lo cual se estableció el mecanismo de los impuestos, como instrumento para financiar la prestación de dicho servicio. Entre todo lo público, uno de los más públicos es la vejez, por cuanto es de interés general ya que nos compete a todos, si es que el señor Arismendi también se va a envejecer. La constitución política reza que lo público es lo que nos compete a todos y por ello es de interés general. En cambio nunca se dijo que era papel del Estado convertirse en el marrano que les brinda ingresos y ganancias a los capitalistas rentistas.

Ahora han armado tremendo escándalo por la carga fiscal de las pensiones, como si eso no fuera una de las funciones naturales del Estado. Los colombianos pagamos aproximadamente 75 billones en impuestos, precisamente para que se utilicen en financiar lo público como en este caso el sostenimiento de los viejos; pero si de estos ingresos el 23 % se utiliza para pagar los intereses asegurándoles el negocio a los parásitos sociales de la especulación monetaria, y eso sin contar con los abonos al capital, pues lógicamente el cumplimiento de los fines esenciales del Estado se convierte en una carga.

El problema no son las pensiones. El problema es la estructura de financiamiento del Estado que desde la consolidación del Capitalismo Rentista, se agarró del Estado como medio de sostenimiento del sistema. La política fiscal se ha reducido a pagar cumplido el servicio de la deuda y a sostener las finanzas públicas abriendo un hueco más grande para tapar el hueco anterior, mediante la colocación de papeles en el mercado de capitales para pagar los colocados en años anteriores, creándose con ello un déficit estructural creciente que no tiene cuando acabar.

Que no se aterre el seño Arismendi y los periodistas de Caracol, cuando el Estado asigna recursos para cumplir su función natural. Que se aterre cuando el modelo se sature y se produzca la explosión social como se avecina en Grecia, Portugal y los demás países de la Europa Oriental.

TOCARON A LOS BANCOS

Hace varios años, antes de 1991, depositar dinero en la cuenta de ahorro en un banco era bueno: aunque poco pero se ganaba renta. Hoy se deposita algún dinero, se cuenta con que ahí está, pero cuando se va a retirar, ya el banco se lo ha robado con la complicidad del gobierno. Otra de las herencias del gobierno de Uribe fue la de expedir normas para legalizar los atropellos de los bancos contra los clientes, o sea los indefensos ciudadanos que están bancarizados. Por eso el afán de aumentar los colombianos bancarizados, es decir para ampliar la base de víctimas del atraco inmisericorde de los bancos.

En los orígenes del capitalismo y aun en la época del capitalismo empresarial, los bancos prestaban un servicio público fundamental para el desarrollo económico: se encargaban de concentrar el ahorro social y canalizarlo hacia el financiamiento de las inversiones estratégicas. Pero ahora se han convertido en una empresa de negocio donde lo único que importa es que los banqueros se llenen los bolsillos a costa de cualquier cosa.

Estábamos acostumbrados y ellos también, a ver cómo el gobierno de Uribe se arrodillaba ante el poder de estas empresas y les brindaba todo tipo de condiciones para que ellos lograran sus propósitos. Por eso ahora que el Ministro de Hacienda les puso el dedo en la llaga han llevado sus gritos hasta el cielo. Ahí vimos a María Mercedes Cuellar exponiendo, como siempre, sus absurdos argumentos para justificar los atropellos de este sector parásito de la economía, que se está llevando la mayor tajada del Excedente Económico y con ello estrangulando las opciones de desarrollo del aparato productivo.

Y para colmo de males, los bancos son uno de los más grandes violadores de los derechos humanos. Hay que verlos cuando se acerca la fecha de pago de algún deudor, cómo torturan psicológicamente a la víctima, convirtiéndose en un factor que incrementa la tasa de morbilidad nacional. Ser usuario de un crédito bancario es tener asegurado el estrés y con ellos los daños orgánicos que se derivan de este mal.

Después el Presidente Santos trató de congratularse con ellos por la frase del Ministro. Pero es que el Presidente es conciliador y ojalá que sea por eso; pues la actitud del Ministro Echeverry ha generado la esperanza a los colombianos de que por fin llegó al poder un gobierno que le ponga límite a ese apetito desenfrenado de los banqueros de acumular riqueza a costa del sacrificio del aparato productivo, del verdadero crecimiento de la economía y de la comunidad en general que por necesidad, tiene que acudir a ser víctima de la bancarización.

HACE 20 AÑOS

El 4 de febrero de 1991 se iniciaba un proceso que se anunció como la fórmula salvadora de un país que ya por esa época, comenzaba a sufrir los efectos del cambio del modelo económico mundial, cuando el sistema pasaba del capitalismo empresarial que durante dos siglos había prevalecido en el mundo, al capitalismo rentista que gracias al desarrollo de la microelectrónica estaba escalando a pasos agigantados la cumbre del poder político. La Constitución de 1886, que un siglo antes se había implantado calcando las teorías del líder del Partido Conservador inglés Disraeli, para abrirle las puertas a la expansión colonialista del imperio de la Era Victoriana, ya no se acomodaba a los intereses de los nuevos ricos del poder económico mundial que a finales del siglo XX no eran los industriales ingleses, sino los especuladores internacionales del dinero abanderados por los fondos mutuales de inversión de Estados Unidos, que contaban con defensores decididos como John Williamson del Instituto para la Economía Internacional (IIE), promotor del Consenso de Washington. Ya Colombia se había comprometido con aplicar en este país las diez recomendaciones derivadas de la conferencia realizada en noviembre de 1989, pero la Constitución vigente en ese momento, donde la reforma de 1968 de Carlos Lleras Restrepo había actualizado el Estado Interventor Benefactor para favorecer los intereses de las empresas multinacionales, no permitía que el Estado colombiano facilitara la introducción de las directrices de dicho consenso para favorecer ahora al capitalismo financiero internacional. Por lo tanto era necesario cambiar la constitución política y derogar el Estado Formal de Derecho para implantar el Estado Social Neoliberal, tal como ocurrió.

Pero el 4 de febrero de 1991, la sociedad colombiana se llenó de esperanza. La panacea de los males que ya se sentían, aunque no tanto como ahora, era la Asamblea Nacional Constituyente, por lo cual el acto de instalación hacía palpitar el corazón más fuerte y respirar con profundidad porque supuestamente, había llegado por fin, el mecanismo que acabaría con la politiquería, el clientelismo y demás manifestaciones del degeneramiento institucional que se había iniciado en 1958, cuando también por vía constitucional, se había convertido la política en el arte de repartirse milimétricamente los puestos del Estado.

Por esa época no se conocía el trasfondo del fenómeno y a los muchachos de la séptima papeleta se les trataba como héroes, sin que nadie preguntara de dónde salió el patrocinio y el impulso a ese proceso, ni tampoco cuál era el papel del señor Williamson y su IIE de la capital norteamericana. Sólo se pensaba que muerto Luis Carlos Galán, quien encarnaba la lucha contra la politiquería, otra alternativa debía existir para acabar con el clientelismo. Otros pensaban que había sido gracias al M-19 que acababa de reinsertarse, que se había logrado crear el instrumento de cambio que representaba la Asamblea Nacional Constituyente, donde se concentraba supuestamente, lo más granado de la dirigencia nacional hace 20 años.