LO PÚBLICO A MANOS PRIVADAS

Ahora es el caso del alumbrado lo que nuevamente nos evoca el tema de la privatización de lo público, que se introdujo en Colombia hace ya un cuarto de siglo, como efecto de la implantación del modelo de Estado Postmoderno que se construye sobre las bases del viejo Estado Social de Derecho creado por los alemanes por allá en los años treinta del siglo pasado. Se trataba de darle gusto al capitalismo financiero internacional que empujaba con fuerza las condiciones apropiadas para aplicar el Consenso de Washington.

Las manifestaciones y protestas de varios grupos de la comunidad cuando se tratan casos como la prórroga de los contratos de concesión, es señal de que, pasado todo este tiempo, el remedio resultó peor que la enfermedad. El argumento siempre ha sido el mismo: que el Estado es mal administrador, satanizando así este organismo y ocultando que los malos administradores son los recomendados de políticos que manejan la administración pública como cuotas burocráticas propias del régimen político existente. Pero transcurridos todos estos años de las privatizaciones se puede hacer el balance y claramente se observa que lo único evidente es que algunos empresarios agalludos se han llenado los bolsillos explotando los bienes que son de interés general y nos competen a todos, pues las quejas de los usuarios son reiteradas en contra de la calidad de los servicios y las altas tarifas que imponen con la complicidad de la correspondiente superintendencia o la comisión reguladora. Todos comen.

Si bien lo público es tan antiguo como la misma especie humana, desde cuando se creó el Estado hace ya miles de años, estos bienes sociales fueron incrustados en el seno del organismo para su administración. Cuando nació el Estado Moderno hace un poco más de dos siglos, con más fuerza se acentuó el papel del Estado en el manejo de lo público, así haya sido por el contraste de aferrar la defensa de lo privado, y solo fue a finales del siglo pasado, cuando para favorecer el capitalismo rentista, a la humanidad se le ocurrió sacar lo público del Estado para trasladarlo al mercado con el fin de que las empresas privadas pudieran entrar a su manejo.

La experiencia ha sido nefasta para la comunidad en general. La cultura de los países subdesarrollados no es adecuada para este modelo; pues lo que se ha visto en veinte años de operación es que los procesos se degeneran y en lugar de mejorar para el bien común, lo que ha ocurrido es la introducción de procedimientos de estilo mafioso con oscuros métodos y trámites por debajo de la mesa que violan el principio de transparencia obligado en la administración de lo público. Curiosas decisiones donde se involucran quienes aprueban y quienes firman que ocultan los verdaderos argumentos de soporte, son comunes en el mecanismo de llevar lo público a manos privadas. 

LA PARADOJA DEL TRIBUTO

Hace algún tiempo, tal vez con la sana intención de elevar los ingresos fiscales del Departamento del Cauca y los municipios, se fijó una elevada tarifa en el impuesto al sacrificio de ganado, probablemente las más alta de Colombia. Pero hoy los registros sobre ingresos de las entidades territoriales por este concepto no muestran los resultados esperados y por el contrario, los efectos en el mercando, cuya racionalidad es la que en últimas define la base tributaria, han ocasionado la pérdida de oportunidades para la economía regional en su conjunto.

Aproximadamente el 80 % de las 450 reses que se sacrifican diariamente para el consumo de Cali, llegan de Caquetá pasando en camiones por Popayán, donde bien pudieran sacrificarse, pero el valor del impuesto espanta a los empresarios quienes prefieren asumir los cotos del flete y la pérdida de peso del ganado por el viaje y llevarlos a los mataderos del Valle del Cauca. Esa es la lógica del mercado. Queda entonces en Popayán solo la demanda local por sacrificio que es muy baja y crea un cuello de botella para solucionar estructuralmente los problemas del vetusto matadero que hoy tiene serios estrangulamientos ambientales y urbanísticos. Popayán necesita un nuevo matadero pero el bajo volumen de sacrificio no permite ni el punto de equilibrio para darle factibilidad financiera al proyecto.

Fijar la tarifa del impuesto al sacrificio de ganado igual a la del Departamento del Valle es crearle competitividad al territorio lo cual, acompañado de otras acciones de marketing de servicios, podría propiciar la elevación del sacrificio en Popayán, con una parte de las destinadas al consumo de Cali y con ello abrir la posibilidad de mejorar la capacidad instalada no solo de esta capital sino también de otros municipios donde se han hecho inversiones como el caso de Santander de Quilichao. De nada le ha servido la tarifa alta a las finanzas territoriales, pero en cambio, mucho ha contribuido al incremento del degüello clandestino que no solo evade impuestos, sino que también aumenta los riesgos en materia de salubridad.

A los comerciantes de carne de Cali, les conviene más bajar el flete del ganado en pie, disminuir la pérdida de peso por el viaje y mejorar la racionalidad económica con el transporte en canal desde Popayán; pero esta ciudad debe disponer de un matadero adecuado, que puede ser optimizando el actual de manera transitoria, mientras se desarrolla el proyecto de una nueva planta de sacrificio, una vez que se haya elevado la demanda del servicio para el mercado de Cali; y de paso, sin descartar tampoco, la posibilidad del sacrificio para exportación donde esta ciudad ya tuvo vocación e imagen en el mercado internacional, que hoy se podría recuperar considerando las fortalezas actuales, por lo cual es recomendable que el gobierno departamental tome medidas sobre la tarifa que permitan sobrepasar la paradoja del tributo. 

ACTIVISMO Y GESTIÓN

No se sabe si es porque se avecina el fin de año, porque se comienza a agitar el debate electoral o por las calificaciones de imagen de la firma Cifras & Conceptos, pero a los gobernantes territoriales les ha dado en estos días por difundir y publicitar su actividades realizadas, pretendiendo decir que están haciendo un buen gobierno. Sacan a relucir un listado de acciones y trámites, la mayoría supuestamente para conseguir recursos financieros, como si todas las tareas de gobierno se redujeran a conseguir dinero. En muchos casos inflan la magnitud y en otros hasta tratan de ganar indulgencias con camándula ajena.

Si estuviéramos antes de 1991, probablemente toda esa serie de actuaciones podrían ser bien calificadas desde el punto de vista de la administración pública; pues en esa época prevalecía el modelo de Estado Burocrático donde los agentes del gobierno eran funcionarios y su evaluación dependía del cumplimiento de sus funciones, independientemente de que estas produjeran o no algún fruto. Pero hoy cuando por norma constitucional en Colombia rige el modelo de Estado Gerencial, todo ese cúmulo de acciones no pasa de ser simple activismo. Los agentes son servidores públicos que realizar actividades dentro de los procesos de gestión y la evaluación del desempeño se realiza con base en los resultados o productos de los procesos.

La “nueva” gestión pública, que ya lleva más de veinte años, es la administración orientada a resultados, que se aleja sustancialmente de la vieja idea de que gestión es hacer trámites en Bogotá. La legislación derivada de la Ley 489 de 1998 es clara cuando se refiere a la gestión como la generación de productos o logro de resultados como consecuencia de la realización de los procesos. Algo similar al concepto del sector privado.

Según la ley, gestión es la aplicación de los principios de planificación, ejecución y control en el cumplimiento de las funciones y competencias de la entidad o el cargo, con el fin de dejar satisfecha a la ciudadanía, por lo cual la baja calificación de imagen en la opinión pública es una mala gestión; pues esto significa que la ciudadanía no está conforme.

Se requiere entonces que los gobernantes territoriales le bajen el volumen a los comunicados periodísticos informando sobre lo divino y lo humano que han hecho y se concentren más en mostrar los resultados medidos en términos de los indicadores de producto previstos e igualmente comparados con los indicadores de impacto, donde se muestra lo que verdaderamente le interesa a la comunidad. No basta con hacer diligencias y sacar promesas del gobierno nacional, ni ejecutar el presupuesto de funcionamiento viajando o firmando documentos sin que se vea el impacto en la realidad social y económica, por lo cual la opinión pública no se debe tragar falacias y tener muy clara la diferencia entre activismo y gestión. 

SECTOR HISTÓRICO DE POPAYÁN

Por motivo del nuevo edificio que construirá la Universidad del Cauca nuevamente se ha presentado un cruce de opiniones acerca de las características arquitectónicas del futuro inmueble, algunas a favor y otras en contra de las especificidades del diseño, presentando argumentos unos y otros basados en las apreciaciones sobre el sector histórico de la ciudad, debate que suele presentarse cada cierto tiempo en el que se confrontan posturas de modernismo con las de tradición.

En los años setenta del siglo pasado, época en que tomó relevancia el tema, se destacó los valores de conservación de construcciones con varios siglos de antigüedad que guardaban rasgos de origen español y materiales de la época, factores que justificaban su tratamiento especial. Pero luego vino el terremoto de 1983 que afectó notoriamente los inmuebles, algunos con destrucción total, lo cual obligó a la reconstrucción de los mismos estrangulando así el argumento que justificaba la conservación. Hoy la autenticidad histórica está perdida porque en su mayoría la antigüedad no va más allá de treinta años; pero el significado social, ya con otros argumentos, también le otorgan peso al análisis sobre las actuaciones urbanísticas dentro de este sector de la ciudad.

No es consecuente realizar el análisis escueto y mecánico de la aplicación de las normas establecidas en la reglamentación del POT, aisladas de un contexto que también tiene soporte jurídico en la Ley 388 de 1997. La función pública no se aplica de manera fría y exegética sin considerar los fundamentos de la ética pública y demás normas que constituyen la sombra del árbol que cubre todo el conjunto del complejo público. Los artículos 2, 3 y 5 de dicha ley son claros en obligar a considerar los aspectos culturales en las actuaciones de la administración territorial que también señala el artículo 36 de la misma ley.

Si bien el valor del sector histórico de Popayán hoy no se basa en la antigüedad de las edificaciones, no se debe desconocer su significado en la psiquis de la población y su papel en el seno del complejo social donde juega un rol de identidad y pertenencia muy grande, además de las contribuciones como albergue de importantes actividades públicas de cobertura internacional. El sector es punto de encuentro de las comunidades y benefactor de las mismas con elementos de paisaje urbano y ambiente construido que mucho aportan a la condición emocional de los habitantes y al sostenimiento de la idiosincrasia o cultura local, por lo cual encierra una simbología espiritual que entra obligatoriamente, a hacer parte de los elementos de juicio en la toma de decisiones sobre licencias urbanísticas; de modo que la administración pública del urbanismo no puede limitarse al subjetivismo del funcionario de turno, corriendo el riesgo de atropellar con razón o sin ella, la conciencia colectiva y los valores intrínsecos que esta porción de territorio ha logrado introducir en el concepto de calidad de vida de la población, que hoy le ha construido una especial connotación al sector histórico de Popayán.