OTRA VEZ LÓPEZ EN EL DNP

 Desde 1958, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha sido el enclave en la institucionalidad colombiana para introducir las políticas y medidas que convienen y favorecen a los núcleos de poder económico que gobiernan la economía mundial. En esa época, se trataba de implantar las relaciones internacionales neocolonialistas, ingeniadas por los industriales de los países triunfantes en la segunda guerra, para extender las empresas multinacionales hacía los países que en ese tiempo llamaban del tercer mundo. En Colombia, a través de la CEPAL, se inyectó el denominado Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones, con el cual se modernizó la economía y se concentró el “desarrollo” en cuatro polos que hoy padecen los cinturones de miseria y descomposición social. Por fortuna, era la época del capitalismo clásico con predominio del sector industrial y sustento conceptual en la teoría keynesiana, por lo cual el empleo era el principal propósito de la política macroeconómica, así que los puestos de trabajo eran abundantes. 

Pero en 1980 la modalidad de capitalismo cambió y se introdujo el capitalismo rentista cuyos núcleos de poder económico que gobiernan la economía mundial, ya no son industriales sino rentistas organizados en fondos y a quienes llaman inversores. Pero el DNP siguió cumpliendo su misión, o sea la de obedecer a las fuerzas internacionales, tarea que cumplen acogiendo las directrices de los organismos multilaterales como el FMI, el BM y el BID, que son controlados por esos mismos núcleos de poder. 

En la época del presidente Samper, a quien los neoliberales le tenían temor porque había dicho en campaña que le iba a poner corazón a la apertura y presentó una propuesta de alto contenido social, El Salto Social, el organismo de planeación se convirtió en un “palo en la rueda” para Samper insistiendo a toda costa introducir el enfoque neoliberal en la política social, en contra del enfoque humanista que, por esa época, promovía el partido liberal. La Unidad de Desarrollo Social (UDS) estaba a cargo de Jesús Duarte, un funcionario proveniente del BID, que se acompañaba de la llamada Misión Social. 

Fue cuando, después de varios episodios que mostraban el obstáculo del DNP frente a las directrices de la presidencia, Samper retiró del cargo al director del departamento y procedió a designar a Cecilia López, persona de confianza del presidente, como directora del DNP. Por supuesto, los críticos y principalmente los neoliberales, pusieron el grito en el cielo con el argumento de que la señora López no era tecnócrata, como para ocupar un cargo eminentemente técnico, lo cual es muy discutible. Porque la tecnocracia es el argumento para sustentar la injerencia de las fuerzas internacionales en la definición de políticas y programas neoliberales.

Ahora estamos presenciando un episodio similar, aunque no igual. Sigue el DNP obedeciendo a las directrices neoliberales que se oponen a los ajustes progresistas en las políticas nacionales, por lo cual el director del departamento, que no es un cargo técnico sino de direccionamiento estratégico, debe ser ocupado por un perfil que entienda y comprenda el compromiso del gobierno actual de redireccionar las políticas neoliberales hacia objetivos de mayor contenido humanista y democrático. El gobierno ha designado a otro personaje López, esta vez a Alexander, y probablemente también se dirá que no es tecnócrata. Pero la cabeza del departamento es para implantar el direccionamiento estratégico de la entidad, de modo que los ejecutivos, estos sí técnicos, puedan aplicar sus métodos e instrumentos de gestión en concordancia con la dirección de políticas institucionales, de ahí que en el caso del presidente Petro y similar a lo del presidente Samper, se repite que otra vez López en el DNP.  

EL DESVÍO DE LA CONFRONTACIÓN POLITICA

Es lamentable el escenario que han construido los principales acores de la novela política colombiana, que ha llegado a niveles tan bajos, que está poniendo en riesgo la estabilidad institucional y la convivencia pacífica de la población, ya, por cierto, bien deteriorada como consecuencia de las tres décadas de políticas neoliberales agravadas con los efectos de la ideología de la postmodernidad; pero, tras de gordo, hinchado.

Desde cuando terminó el comunismo primitivo, que la mitología cristiana llama paraíso terrenal, y surgió el modelo de producción esclavista, la especie humana ha estado polarizada en dos bandos que actúan con base en sus intereses, en concordancia con el instinto natural y, particularmente en Colombia, desde 1810 cuando apareció la Patria Boba, siempre ha estado presente el conflicto en la historia nacional. Pero ahora, desde el año 2023, la situación ha llegado a extremos lamentables por la confrontación entre los neoliberales, representados por los partidos tradicionales, y los humanistas, representados por los movimientos progresistas.

El caso sería normal, como lo ha sido durante toda la historia de la humanidad, si no fuera por la actitud y formas con que se manifiesta la confrontación. En ambos bandos toman posturas sectarias, motivadas, más por el dogma que por los conceptos y el pragmatismo frente a una realidad objetiva; ya previamente los actores tienen legítimamente su postura política definida, de modo que ningún argumento les va a convencer de la postura contraria, por lo cual la discusión es insulsa. Pero lo grave es que los ataques y defensas de ambos bandos, se sustentan en posiciones subjetivas movidas por sus propias pasiones y totalmente alejadas de las condiciones objetivas de la realidad concreta.

No se presentan ni muestran argumentos sólidos basados en hechos reales, sino mentiras, suposiciones y distorsiones de la conducta de los protagonistas del proceso político. Para atacar y defender, se tienen en cuenta la propia concepción previa y juicio subjetivo sobre el antagónico, en lugar de los hechos y la utilización de conceptos técnicos para juzgar, por lo cual el clima se ha calentado tanto, que ya invoca altos riesgos sociales derivados del desvío de la confrontación política.

EL RETO DEL MININTERIOR

 El PND Colombia Potencia de la Vida es el único compromiso serio del gobierno para ejecutar durante el período constitucional, ya que es una ley de la república de obligatorio cumplimiento; ahí se consignan las acciones que se deben realizar en el ejercicio gubernamental y se destacan los aspectos relacionados con la democracia participativa y la descentralización política, que han sido un discurso escuchado durante más de 30 años pero que no se manifiestan en la realidad de la gestión pública. El gobierno contempla la intervención de la organización comunal y en general de las organizaciones de base, en la ejecución de los programas principales del plan de gobierno. 

No obstante, la voluntad del ejecutivo no basta para que este propósito de haga realidad, ya que existen elementos de carácter práctico, operativos, que son, en últimas, los factores que determinan la viabilidad real de las políticas gubernamentales. El interrogante obligado es sobre, cuál es la idoneidad o la capacidad organizacional, el equivalente a la capacidad institucional de los organismos públicos, que poseen las organizaciones de base como para que asuman la tarea de ser ejecutores de programas de gobierno en el ámbito local. Lo cierto es que esta capacidad o idoneidad para ser protagonistas en la gestión pública es muy limitada. Tanto en aspectos administrativos como operativos y técnicos, en el momento presente las organizaciones de base, en su mayoría, no cumplen con los estándares mínimos para asumir el papel correspondiente en esta materia.

Así que el gobierno debe comenzar por el principio, si no quiere que fracasen las políticas del PND, lo cual significa adelantar primero una fase de fortalecimiento de la capacidad operativa de las organizaciones de base, para luego sí, que estas puedan entrar en la gestión de proyectos públicos. Por supuesto, revisando la estructura administrativa del orden nacional, corresponde al Ministerio del Interior asumir la responsabilidad del fortalecimiento de la capacidad operativa o el equivalente a la capacidad institucional de los entes públicos, si de verdad existe la intensión de avanzar en la construcción de la democracia participativa, lo cual quiere decir que, aunque la responsabilidad y carga del plan de gobierno es de toda la Rama Administrativa del Poder Público, por razones de su competencia el prólogo del proceso se convierte en reto del Mininterior.