MEJORAS EN EL SISTEMA ELECTORAL

Ahora sí, están los que son en el partidor; después de ver la proliferación de precandidatos que hubo desde finales del año pasado, todos moviéndose por el aval, ese artificio aberrante que le han colgado a la democracia colombiana y que solo ha servido para consolidar mafias en el ejercicio del poder.

Ahora vendrá la etapa de competencia, que en concordancia con la lamentable cultura política nacional, los contrincantes se dedicarán a escudriñar el pasado personal de los candidatos para montar el debate sobre los ataques personales por lo hecho en el pasado y no por el proyecto futuro. Para nada se tendrá en cuenta las propuestas sobre políticas públicas ni sobre el estilo de gobierno que se plantea hacia el futuro. Un desvío total de la esencia de gobernar, que se debe concentrar en el manejo del Estado y por supuesto en los mecanismos objetivos para ejercer la gestión pública.

Pero las normas vigentes resaltan la importancia del programa de gobierno propuesto, aunque la praxis política lo deja de lado. Dice el Artículo 3° de la Ley 131 de 1994, que los programas deben “surtir posteriormente su publicación en el órgano oficial de la entidad territorial respectiva o, en su defecto, las administraciones departamentales o municipales ordenarán editar una publicación donde se den a conocer los programas de todos los aspirantes, sin perjuicio de su divulgación pública de acuerdo con la reglamentación en materia de uso de medios de comunicación”, supuestamente, para que la opinión pública conozca su contenido y con base en ello, decida su actitud frente al voto. Vamos a ver si las entidades territoriales cumplen la ley y proceden a realizar dicha publicación, lo que ayudaría mucho a la pedagogía sobre el proceso electoral, atrayendo la atención de la gente sobre el contenido del programa y restándole importancia a la foto del afiche pegado en la pared o a los chismes sobre el pasado del candidato.

También vendrán los famosos debates a través de los medios de comunicación, donde, por lo general, se descubre la ignorancia de los periodistas sobre temas de gestión pública; y se pretende que en dos minutos el candidato resuelva asuntos de la agenda pública que en la práctica requieren varios meses de serios estudios e igualmente, el conocimiento de la situación desde adentro de la administración. Les toca a los participantes, especular anticipadamente sobre temas que aún no conocen, ni las condiciones y recursos para resolverlos.

Pero bueno, todo eso es parte de nuestra feria electoral, que cada cuatro años se repite para que el funcionamiento del régimen político, siga igual y las mismas elites de poder, en este caso territoriales, se mantengan administrando el Estado en los niveles subnacionales.  Mientras la cultura política siga siendo la misma que hoy existe, probablemente no habrá cambios, a pesar de que varios de los aspirantes en sus discursos hagan referencia al cambio y la renovación; confundiendo también renovación con la edad del personaje y no con las ideas y los antecedentes de la persona.

Esperemos a ver los próximos tres meses que se viene en el escenario electoral y confiemos que este año se logre algún avance en el mejoramiento de los procesos, donde se destaque el bien común y el interés general, por encima de las conveniencias y pasiones personales tanto de los candidatos, como de los electores, quienes también sobreponen sus conveniencias individuales para tomar la decisión del voto, sin considerar los aspectos de carácter público. Ojalá que este año, se vean mejoras en el sistema electoral.

EL TEMPLO DE LA DEMOCRACIA

La teoría sociológica y el imaginario popular dicen que el Congreso de la República es el principal escenario de la democracia y que ahí confluyen los representantes de las comunidades, que los ciudadanos eligen para concentrarse a analizar la solución de problemas y necesidades de la sociedad con el fin de que en este espacio, se dicten las medidas necesarias para satisfacer el bien común y lograr el bienestar general. No obstante, el degenera miento institucional que viene ocurriendo en Colombia desde hace más de medio siglo, ha desviado la esencia del organismo y ha torcido su misión en el marco de la estructura social. En nuestra realidad ocurre otra cosa bien distinta.

En primer lugar, a la mayoría de congresistas, salvo algunas excepciones, no los elige el pueblo sino que ellos compran su elección y llegan al organismo, no a responder a los intereses de sus electores, sino a buscar la manera de sacarle el beneficio personal al cargo. Como vemos en la agenda electoral propuesta para este período de sesiones que comenzó el 20 de julio, los temas que tratará el congreso, no corresponden a las necesidades y problemas sociales del país, sino a mecanismos para ajustar la normatividad según las conveniencias de algunas élites políticas y sociales.

La mayoría de congresistas no vota un proyecto de ley a favor o en contra, con base en las conveniencias de la sociedad, sino motivados por el pago que reciben por el voto. Por una parte están los lobistas, de quienes dice la página web Gerencie.com que “Como se puede evidenciar, el papel principal de un lobista es corromper a los legisladores para que voten los proyectos que sirvan a los intereses de las grandes empresas, y en muchos casos, los lobistas van mucho más allá puesto que ellos mismos llegan a redactar los proyectos de ley que serán votados por los legisladores. Los legisladores en estos casos simplemente obedecen, cumplen instrucciones”. Por otro lado están los ministros, quienes presentan proyectos de el para favorecer los intereses que el gobierno quiere privilegiar y van de curul en curul untando de mermelada a cada uno, para que voten a favor del correspondiente proyecto de ley. Si algún congresista presenta un proyecto de ley, que por supuesto es de su interés, también le toca ir de oficina en oficina negociando el voto del congresista dentro del esquema, similar al de la mafia siciliana, de recibir favores con el compromiso de pagarlos después.

Así, el sueldo de 32 millones de pesos de la mayoría de congresistas, no todos, se convierte en la caja menor del político, quienes perciben el grueso de sus ingresos mediante el comercio del voto para aprobar o negar leyes, con lo cual se agravan los problemas nacionales porque en un Estado de derecho, el gobierno y todos los agentes públicos y privados, están condicionados a una ley ya que los primeros, solo pueden hacer lo que la ley les permite y los segundos solo lo que la ley no les prohíbe. Por ello, más relevante en el funcionamiento del régimen político, que la elección del presidente, es la elección de los congresistas, quienes durante los cuatro años de su período, se dedican a engrasar su maquinaria electoral y a hacer mantenimiento a su clientela, con quienes aseguran la reelección, para lo cual trasladan el mismo esquema mediante la entrega de puestos y contratos para asegura su permanencia en las huestes electorales que se comprometen con el político, no a partir de sus propias convicciones ideológicas, sino con base en la prebenda que reciben del congresista, que a la vez se encarga de reproducir las condiciones para la conservación de ese organismo que constituye el templo de la democracia.

LAS POTENCIALIDADES TERRITORIALES

Con frecuencia se escucha quejas y lamentaciones sobre la situación socioeconómica general del departamento del Cauca y de verdad que el caso no es como para celebrar. En lo ambiental, lo físico-espacial, lo económico, lo social y lo institucional, el estado de cosas no genera emociones ni entusiasmo, sino que por el contrario, produce comentarios adversos a las aspiraciones de la comunidad y en muchos casos con pesimismo y desesperanza.

Si bien es cierto que la idiosincrasia o cultura regional no ayuda mucho a construir futuro, porque los patrones de conducta humana no son favorables a las dinámicas del desarrollo, también es cierto que el departamento posee un gran número de factores que sirven para emprender procesos de construcción de futuro que conlleve sustanciales mejoras en las condiciones de vida. Existen potencialidades naturales y también construidas artificialmente, que si se aplican mecanismos estratégicos de aprovechamiento, muchos avances se puede lograr en el futuro, sin necesidad de que alguien de afuera, meta la mano para apalancar la construcción de los objetivos. Ese cuento de que el Cauca está atrasado por culpa del abandono del gobierno nacional, ya no tiene cabida bajo los paradigmas que explica el desarrollo en el presente siglo.

Basta mirar en materia de organización social de base, la cantidad de experiencias y procesos sustentados en el capital social, que se han generado con espontaneidad en la organización popular y que encierran importantes valores del llamado desarrollo económico y social, concepto que aún sigue siendo discutible. Son fuentes que sirven para crear modelos de desarrollo endógeno regional y local, que han surgido, tal vez por el mismo instituto de conservación y la desconexión con el capitalismo moderno, pero, como no hay mal que por bien no venga, hoy constituyen una magna riqueza pública que se está desaprovechando.

Por supuesto, hace falta el liderazgo necesario y una estrategia tendiente a neutralizar los impedimentos y obstáculos de la idiosincrasia, pero que, en la medida en que ocurren los hechos, estos obstáculos se van disipando. Por ello, es el liderazgo el principal factor, si se tienen en cuenta, como ha ocurrido en muchos países, que para lograr avances en materia de desarrollo endógeno, el liderazgo local y regional es absolutamente necesario.

Por supuesto, los líderes sociales por excelencia son los gobernadores y los alcaldes. Lo cual significa que en este departamento no han existido los gobernantes territoriales con la suficiente potencia para conducir estos procesos de aprovechamiento de las potencialidades regionales.

Por lo anterior, estamos en una coyuntura oportuna para intervenir el asunto, ya que en este año se elegirán nuevos gobernantes, por lo cual es procedente examinar las propuestas de los candidatos, para ver  quien le mete a la mano a este tema, con miras a que en futuro próximo, se avance en el aprovechamiento de toda esa riqueza, principalmente de capital social, y se avance en la construcción de un futuro mejor sin pedirle nada a los actores del exterior, sino fortaleciendo la capacidad social existente de aprovechamiento de las potencialidades territoriales.

LA IMPERTINENCIA DEL GLIFOSATO

El tema de los cultivos de uso ilícito es un asunto de nunca acabar y el eje del análisis no es la situación socioeconómica de los cultivadores, donde se ubica el problema, sino el mecanismo con el cual se debe combatir el fenómeno, donde el que el gobierno se empeña en aplicar las directrices que vienen desde USA, sin considerar la pertinencia de ellas frente a la realidad objetiva de la causa.

En general, y obedeciendo las órdenes de Washington, el gobierno nacional siempre ha recurrido a medidas de política para solucionar el problema, lo cual no es procedente porque la causa es un fenómeno de mercado, por lo cual se debe aplicar medidas de mercado en lugar de medidas de política. Sobre el criterio equivocado de que la oferta crea la demanda, se procede a buscar la forma de erradicar el cultivo, para lo cual aplica una política que se pasea por las alternativas de: pagar al productor para que sustituya voluntariamente, erradicar manualmente por medio de operarios contratados o agentes de las fuerzas del gobierno, o fumigar con herbicida utilizando aviones, esta última llevando el debate al escenario ambiental. Y ahí se queda, en una discusión con carácter ambiental, sin considerar que tampoco se trata de esto, cuando la situación es puramente de mercado.

Los campesinos no siembran estos productos porque sean delincuentes y pretendan violar la ley; lo hacen por la mera actitud de subsistencia, ante la imposibilidad de encontrar otro mecanismo de generación de ingreso derivado de las leyes del mercado. Para que haya ingreso se requiere que el productor esté conectado con el mercado, a través de lo que se conoce como los canales de comercialización o agentes del mercado. Si los campesinos siembran coca, amapola o marihuana, es porque estos productos cuentan con canales de comercialización que les aseguran la venta del producto.

Si se quiere propiciar que los campesino siembren otros cultivos diferentes, es necesario crear canales de comercialización para los productos diferentes; caso contrario, no sirve ninguna de las alternativas de política de erradicación del cultivo, incluida la fumigación, que no solo es inútil, sino deletérea, tanto para los ecosistemas como para la vida humana.

Un mecanismo de mercado requiere, entre otras acciones, identificar productos competitivos en el mercado global, es decir que los consuman masivamente, igual que el perico, los ricos de Europa y Estados Unidos, para que los precios sean competitivos al productor; que el Estado intervenga para crear una estructura de comercialización adecuada, o sea con construcciones de infraestructura y con procesos de superestructura que conlleven la sincronización de canales y el direccionamiento de procesos. Pero el enfoque neoliberal basado en el Estado mínimo y con ello que el organismo le saque las nalgas a su responsabilidad dejando tirados los procesos de economía popular, como el caso de las economías rurales de minifundio, impiden que se aplique la solución adecuada al problema.

Es más el peso que tienen las políticas macroeconómicas, en este caso de disminución del gasto público, que la falta de propuestas adecuadas para la sustitución de cultivos de uso ilícito, porque aprovechando la biodiversidad, productos alternativos que sean promisorios en el mercado global, sí los hay; pero sin presencia permanente del Estado en la solución de comercialización, no es posible combatir el fenómeno y por ello seguirá reinando la impertinencia del glifosato.  

¿QUÉ OCURRE CON EL PROGRAMA?

Lo que hemos visto en los últimos días es un desfile de precandidatos que andan, la mayoría, lagarteándose el aval para convertirse en candidatos. En su periplo, conversan, o se toman un café como dicen ellos, para ver cómo se arman las componendas y los negociados que, también ellos, llaman “acuerdos programáticos” y que son negocios para definir cómo se reparten el botín burocrático y los recursos públicos. Eso es normal, pues es la particularidad del régimen político, que en nuestro medio se llama Régimen Democrático. Así que no hay motivo para alarmarse, mientras la cultura política del país posea el bajo nivel que hoy tiene.

El tema principal del proceso electoral es el candidato, o sea el personaje, a quien los contrincantes le husmean su pasado hasta de la época escolar, porque, según la cultura política colombiana, el factor que determina la calidad de la gestión pública y el modelo administrativo del Estado, son los antecedentes de la persona que aspira a ocupar el cargo de gobernante. La teoría y los paradigmas de gestión pública lo mismo que las normas jurídicas que la sustentan, se van para la basura.

Sin embargo existen, tanto la ley como la teoría, que rigen la operación del Estado y definen los términos para que dicho organismo cumpla con su misión, de responder a las expectativas de la comunidad en materia de solución de problemas y satisfacción de necesidades. Pero eso al régimen democrático no le importa. Lo que prima son los avales y las alianzas entre las microempresas electorales, para recopilar el volumen de votos necesario para el triunfo.

Hoy está vigente la Ley 131 de 1994, la cual en su Artículo 3° dice que “Los candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deberán someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, que hará parte integral de la inscripción ante las autoridades electorales respectivas” y en el Artículo 1° establece que “los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura”, de lo cual se deduce el espíritu de la norma, que otorga un peso muy significativo al programa y al valor derivado del triunfo entre los que disputan la elección, en razón a que es el elector primario quien lo impone.

Pero lo que vemos en campaña es que el significado del programa, que debería ser el centro de la discusión y el eje de la campaña, pasa a segundo lugar, porque pesa más el aval, el carisma del candidato y sobre todo, como ellos mismos dicen, “el que tiene la plata”, porque la misma cultura política de marras, ha hecho encarecer tanto el costo de las campañas, que el factor determinante no es la calidad humana, la formación académica, la experiencia administrativa o las competencias gerenciales del aspirante, sino “el que tenga la plata”.

De todas maneras, quedan todavía algunas semanas hasta finales de octubre, para ver cuáles son los programas que ofrecen los aspirantes, los cuales se espera que sean consecuentes y pertinentes con la realidad territorial, que respondan a los problemas y necesidades de las comunidades, pero ante todo que sean viables dentro de la competencias de la entidad territorial, en el plazo del período de gobierno y bajo los determinantes de los recursos disponibles. Por supuesto, también se espera que sean soportados con un paquete doctrinario que, a pesar de la existencia de un Estado y un gobierno nacional neoliberales, permita aliviar en algo las dificultades de las clases populares y contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida, aunque sea dentro de los alcances y limitaciones que al gobierno territorial se le permite, por lo cual seguiremos formulando el interrogante a los candidatos sobre ¿qué ocurre con el programa?