EL DRAMA DE LOS POT

Ahora se vino el DNP con una asesoría a un conjunto numeroso de municipios para supuestamente, apoyar la formulación del nuevo POT, lo cual no es ninguna asesoría, sino la imposición de los enfoques neoliberales que difunde esa entidad, para complacer las directrices de los organismos multilaterales que a toda costa pretenden proteger el Capitalismo Rentista y por ello no respetan las iniciativas locales y las expectativas de los actores municipales. Así, contratan un grupo de profesionales sumisos y obedientes, para que vaya a los territorios a aplicar la cartilla que les dan desde Bogotá.

Los POT en Colombia fracasaron. Todos. Existe, por lo menos, una decena de factores o causas de dicho resultado lamentable en la primera cochada de planes cuyo horizonte ya expiró, por lo cual se debe cocinar la segunda tanda, con el riesgo de que se cometan los mismos errores de los primeros y la situación territorial municipal sigan en las mismas. Una de esas causas, tal vez la más notoria, fue la flagrante violación del artículo quinto de la Ley 388 de 1997, que establece, en concordancia con uno de los enfoques teóricos del ordenamiento territorial, tal vez el más utilizado, la obligación de orientar el desarrollo del territorio y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, “de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico”, queriendo decir la ley, que sin que se hayan definido previamente los objetivos de largo plazo, por lo menos a 24 años, por decir algo, y las correspondientes estrategias sociales y económicas para lograr dichos objetivos, el ordenamiento territorial se hace en abstracto, sin responder a ningún planteamiento concreto y por lo tanto el POT queda en el aire. Según la ley y los postulados teóricos que la respaldan, una vez definidos los objetivos económicos y sociales con horizonte de largo plazo y trazadas las estrategias para alcanzarlos, es necesario identificar los requerimientos o necesidades en materia de espacio y territorio que presentan dichas estrategias, para, ahora sí, darles una respuesta con el POT, consecuente y pertinente a los requerimientos en materia de espacio y territorio. Caso contrario, el POT queda reducido a las decisiones subjetivas o caprichosas de los geógrafos o arquitectos que contratan para la realización del trabajo.

Ojalá la comunidad municipal esté atenta y alerta frente a los trabajos del nuevo POT. Pues el mismo artículo de la ley vigente, determina que las acciones político-administrativas y de planificación física, deben ser “concertadas” con los actores municipales; pero lo que tradicionalmente se ha visto, es que a las organizaciones sociales las invitan a eventos, supuestamente participativos, donde les brindan almuerzo y refrigerio, para presentarles o darles a conocer, las decisiones ya tomadas, para que la foto de la presencia de la comunidad y las listas de asistencia firmadas, sirvan para demostrar jurídicamente el cumplimiento de la obligación de participación, aunque la concertación se haya quedado en veremos.

El otro aspecto a considerar en la experiencia del pasado, es que los POT quedaron reducidos a un simple articulado normativo de aplicación cotidiana y rutinaria sobre usos del suelo, ocultando la verdadera magnitud estratégica que el instrumento guarda en su seno como medio para ejercer la gerencia pública en la dimensión espacial del desarrollo territorial y con ello propiciar las condiciones adecuadas para la agilización y racionalización de los procesos de desarrollo económico y social y no solamente para generar lo que hasta hoy hemos visto y que podemos calificar como el drama de los POT.

LA CASTRACIÓN DEL LIDERAZGO SOCIAL

Desde hace un cuarto de siglo, cuando por vía constitucional se sentaron las bases jurídicas para implantar el régimen político de la Democracia Participativa, el país en general y principalmente en la esfera académica, se viene agitando la queja sobre la debilidad del componente social del engranaje político, donde debe primar la co-gestión de políticas públicas con responsabilidad compartida entre el Estado y las organizaciones sociales, queja esta que surge porque en el lado de la sociedad, la organización de las bases no es la más adecuada y por el lado del organismo oficial, no se aprecia la voluntad política para propiciar el fortalecimiento. Pero, ante todo, la democracia participativa no ha funcionado a pesar del piso jurídico que existe, por la falta de un liderazgo apropiado. En los escenarios académicos se reitera la crisis de liderazgo que existe en Colombia en todos los niveles y se resalta el efecto de esta debilidad en la participación social para la construcción del nuevo país que se prometió en 1991.

Hoy, por supuesto, mucha agua ha corrido por debajo de los puentes y los cambios en el escenario global y particularmente ocurridos en Colombia por evolución de los procesos políticos, relievan con mayor énfasis la importancia de fortalecer el liderazgo social, si se quiere aprovechar las condiciones favorables que, por lo menos en teoría, están disponibles para afrontar el devenir histórico. Pero también nuevos acontecimientos de descomposición social ya han aparecido en contra de las aspiración y sueños de las comunidades populares. Ahora lo que se ha fortalecido no es el liderazgo popular, sino las fuerzas oscuras de la violencia que pretenden imponer a la fuerza y con mecanismos criminales, los intereses de las élites de poder que siempre han manejado el país.

Son aterradoras las cifras que han publicado las ONG veedoras del fenómeno. Durante el último año en el Departamento del Cauca han asesinado veintidós (22) dirigentes populares ocupando el primer lugar, con segundo lugar de Antioquia con 10 y Norte de Santander con 6, seguido de Nariño y Valle del Cauca. Uno (1) que fuera, ya es una cifra muy alta.

El interrogante obligado es entonces, de qué sirve el propósito constitucional de construir el régimen político de la democracia participativa con intervención conjunta de las dos partes, el Estado y las organizaciones sociales, si para que haya participación se necesitan líderes sociales, cuya carencia es bastante reconocida, pero si quienes asumen el rol en sus comunidades son asesinados por las fuerzas del mal. Parece que está condenada Colombia a la imposibilidad de sentir la democracia y permitir la construcción de políticas públicas de manera concertada bajo los cánones de la gobernanza, por culpa de los violentos que no toleran la defensa de los derechos y que con sus prácticas criminales están llevando a la castración del liderazgo social.

EL ENFOQUE TERRITORIAL DEL DESARROLLO RURAL

Desde el año 2012, cuando se cerró el texto del punto uno del acuerdo con las Farc, y teniendo en cuenta que el numeral 1.2.3. obliga a formular los planes de acción para la transformación regional (PDET), el enfoque territorial para el desarrollo rural ha tomado fuerza en los escenarios académicos e institucionales, sobre la base de que este enfoque es relativamente nuevo en la literatura sobre desarrollo rural, por cuanto la conceptualización, si bien es cierto se fundamenta en viejos principios, su importancia corresponde al presente siglo.

Dice el acuerdo con las Farc, que el enfoque debe tener en cuenta las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios y sus habitantes, así como sus necesidades diferenciadas en razón de su pertenencia a grupos en condiciones de vulnerabilidad y la vocación de los suelos, para lo cual se debe elaborar un diagnóstico con la participación de las comunidades en el que se consideren bajo el enfoque territorial las transformaciones que posibiliten los cambios estructurales en las condiciones de vida de las comunidades rurales.

Como retórica, nadie se opone a este discurso y probablemente responde de manera pertinente a las aspiraciones de las comunidades rurales. Pero como ejercicio práctico institucional y participativo, genera varios interrogantes cuyas respuestas tardan varios años en resolver, siempre que se comience ya con su implementación.

En enfoque tradicional había sido el de considerar la actividad agropecuaria como el eje del desarrollo rural y medianamente el Programa DRI había contemplado conjugar otros aspectos relacionados con el desarrollo integral. Pero no se consolidó una estructura capaz de relevar el sentido humano y el conjunto ambiental del complejo rural de manera que la estrategia de desarrollo se fundamente en el marco del ordenamiento territorial combinando todos los elementos que integran el complejo territorial. Hoy para efecto del cumplimiento de los acuerdos, casi hay que comenzar de cero, con el peligro de que se imponga desde el centralismo bogotano el enfoque neoliberal y se reduzca la estrategia a los rigores cuantitativos de los indicadores que cuadriculan los aspectos cualitativos del desarrollo humano.

Los actores e instituciones locales deben estar alerta y tomar la iniciativa para salir adelante y propiciar el direccionamiento estratégico de manera consecuente con los verdaderos requerimientos de las zonas rurales, cuyas características son particulares en cada lugar, por lo cual no puede haber modelos estándar para abordar en el enfoque territorial del desarrollo rural.

DERRUMBE DE LA GLOBALIZACIÓN

La historia nos muestra que los imperios no se caen por ataques desde afuera sino cuando en su interior ocurren pugnas y divisiones, como sucedió en el imperio Romano que se dividió cuando un emperador se convirtió al cristianismo y con ello el debilitamiento.

Los del G-7 crearon la globalización para fortalecer el Capitalismo Rentista o Capitalismo Postindustrial, con el propósito de que los flujos del factor capital pudieran circular por todos los países como Pedro por su casa; pero no hicieron lo mismo con el factor trabajo, sino que fue por razones del instinto que la gente de los países azotados por la globalización, propició las corrientes migratorias motivadas por el rebusque y grandes masas de trabajadores se trasladaron a Norteamérica y Europa.

Ahora aparecen en el seno de los mismos países del G-7 los fenómenos políticos contrarios a la globalización. En Inglaterra surgió el Brexit para apartarse de la Unión Europea, en Francia ya hay una candidata que va en contravía del fenómeno y puntea en las encuestas y lo más sonado, en USA el presidente Trump viene haciendo declaraciones contrarias a los intereses globales.

Claro que en Francia y USA las acciones políticas atacan el fenómeno de la globalización del factor mano de obra, que es ilegal. Propuestas nacionalistas con xenofobia son argumentos que les traen réditos electorales, como sucedió con Trump y ahora con Le Pen en Francia. Pero no se sabe qué sucederá en USA si Trump más adelante lanza diatribas contra la globalización del capital que es lo que les interesa a los ricos rentistas de ese país, quienes se sostuvieron en el poder desde la época de Reagan.

La crisis de 2008 fue un campanazo de alerta contra el modelo, que encierra en su seno los factores económicos que lo llevarán a la crisis, pero que los interesados, en este caso los diversos tipos de fondos de inversión, tratan de sostener a toda costa, lo que significa el aplazamiento de la crisis; pues las medidas y fórmulas que proponen no corrigen las deficiencias estructurales que están minando la esencia del balance económico. Entonces pasa como en Europa, que hay muchos multimillonarios que se han enriquecido a costa del crédito público, mientras los Estados están quebrados y el servicio de la deuda, a favor de estos prestamistas privados, los está ahogando. No puede sostenerse un modelo desbalanceado, donde el peso del sector monetarios es muy superior al sector real de la economía, que cada día se deseca más.

No sabemos lo que vendrá en los próximos años; pero si las tendencias políticas en los países del G-7 siguen como se está presentando hoy, probablemente dentro de diez o quince años ya estaremos viendo otra situación en el ordenamiento económico mundial, que seguramente no será regresar al capitalismo clásico empresarial de vocación industrial, pero sí será un fenómeno diferente que surja después del derrumbe de la globalización.