El PND Colombia Potencia de la Vida es el único compromiso serio del gobierno para ejecutar durante el período constitucional, ya que es una ley de la república de obligatorio cumplimiento; ahí se consignan las acciones que se deben realizar en el ejercicio gubernamental y se destacan los aspectos relacionados con la democracia participativa y la descentralización política, que han sido un discurso escuchado durante más de 30 años pero que no se manifiestan en la realidad de la gestión pública. El gobierno contempla la intervención de la organización comunal y en general de las organizaciones de base, en la ejecución de los programas principales del plan de gobierno.
No obstante, la voluntad del ejecutivo no basta para que este propósito de haga realidad, ya que existen elementos de carácter práctico, operativos, que son, en últimas, los factores que determinan la viabilidad real de las políticas gubernamentales. El interrogante obligado es sobre, cuál es la idoneidad o la capacidad organizacional, el equivalente a la capacidad institucional de los organismos públicos, que poseen las organizaciones de base como para que asuman la tarea de ser ejecutores de programas de gobierno en el ámbito local. Lo cierto es que esta capacidad o idoneidad para ser protagonistas en la gestión pública es muy limitada. Tanto en aspectos administrativos como operativos y técnicos, en el momento presente las organizaciones de base, en su mayoría, no cumplen con los estándares mínimos para asumir el papel correspondiente en esta materia.
Así que el gobierno debe comenzar por el principio, si no quiere que fracasen las políticas del PND, lo cual significa adelantar primero una fase de fortalecimiento de la capacidad operativa de las organizaciones de base, para luego sí, que estas puedan entrar en la gestión de proyectos públicos. Por supuesto, revisando la estructura administrativa del orden nacional, corresponde al Ministerio del Interior asumir la responsabilidad del fortalecimiento de la capacidad operativa o el equivalente a la capacidad institucional de los entes públicos, si de verdad existe la intensión de avanzar en la construcción de la democracia participativa, lo cual quiere decir que, aunque la responsabilidad y carga del plan de gobierno es de toda la Rama Administrativa del Poder Público, por razones de su competencia el prólogo del proceso se convierte en reto del Mininterior.
