LA DEPRAVACIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN

Desde los inicios del Estado Moderno por allá en el siglo XVII y durante más de tres siglos, los bienes públicos estuvieron asentados de manera exclusiva en el seno del Estado, por lo cual correspondía solo a este organismo producirlos, administrarlos y asignarlos a la sociedad. Pero cuando cambió la modalidad del sistema económico implantándose el capitalismo rentista, en el que los ricos no son empresarios sino que son haraganes que depositan su dinero en un fondo para vivir de los intereses, con su soporte teórico neoliberal se trasladó lo público al mercado, abriéndose las puertas para la privatización y así contribuir a uno de los dos propósitos del pensamiento neoliberal, el de disminuir el gasto público para no distraer los recursos fiscales que se deben canalizar con prioridad al pago de la deuda. 

Con ello, surgieron los empresarios inescrupulosos y agalludos que vieron en este campo una gran oportunidad de negocio, porque, sin duda, los bienes públicos son un buen objeto para realizar empresas y ganar mucho dinero, ya que este tipo de bienes tienen una demanda inelástica y no hay necesidad de hacer esfuerzos de penetración de mercado, porque los consumidores acuden a comprar sin necesidad de llamarlos. La gente hace fila para pagar de modo que el vendedor no tiene ni siquiera que hacer publicidad. 

El Estado creó las superintendencias, supuestamente, para ejercer la vigilancia y asegurar que las empresas privadas brinden un justo servicio a los consumidores. Supuestamente también, las empresas privadas tendrían que someterse a cumplir con los cánones de operación de los bienes y servicios públicos, de modo que la necesidad humana estuviera por encima de cualquier otro interés particular, por lo cual los productos se llevarían al mercado con precios razonables. 

No obstante, la corrupción se impuso por encima del interés general y el bien común. Los privatizadores, donde también se han incrustado empresas multinacionales que operan con procedimientos mafiosos, por un lado compran las decisiones del Congreso para aprobar normas que solo benefician al privatizador en contra de los intereses de la comunidad; y por otra parte compran a los funcionarios encargados de la vigilancia y defensa del consumidor de modo que siempre hay fallos que benefician al prestador del servicio sin consideraciones para el pobre consumidor. 

Con todo aquello, lo que vemos y sufrimos es un constante atropello de las empresas privadas que manejan los bienes públicos, que la comunidad tienen que aceptar resignada porque este tipo de bienes son imprescindibles para la vida humana y ante la orfandad de protección por parte del Estado, no queda de otra que aceptar resignado el atropello y el abuso que los privados brindan.

 

Hoy hay varias modalidades con las cuales los privatizadores operan para sacar la mejor tajada en contra del bienestar general; desde la expedición de normas creando nuevas obligaciones con nuevos instrumentos sobre servicios que ellos prestan con tarifas escandalosas, hasta los reglamentos de los servicios esenciales que siempre han existido como los servicios básicos domiciliarios, que en manos privadas no importa la necesidad humana sino las ganancias de la empresa prestadora. Los empresarios ya saben, desde que se meten en el negocio, lo que significa vender bienes públicos y los efectos sociales de este negocio; pero luego cuando revientan los problemas, lloran ante el Estado para que falle a su favor lo cual logran la mayoría de las veces recurriendo a la corrupción de los funcionarios que toman las decisiones. Es un calvario que el modelo neoliberal ha traído al país que mucho ha golpeado a la comunidad nacional y que se debe modificar por vía de las leyes para no seguir siendo víctimas de la depravación de la privatización. 

LA ENCRUCIJADA DEL FMI

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es uno de los organismos multilaterales que ha patrocinado la modalidad del Capitalismo Rentista y como tal, ha sido promotor de las políticas neoliberales que, como ya se sabe, concentran su punto de mira en bajar el gasto público y frenar la inflación, ambas acciones para favorecer a los grandes capitalistas especuladores internacionales del dinero. En sus consabidos monitoreos que hacen a los países, siempre recomiendan bajar el gasto público y medir con gotero el gasto social apoyando el desprestigio deliberado de este tipo de gasto, al que peyorativamente los neoliberales llaman populismo. 

Por eso sorprende las declaraciones de este organismo multilateral en los últimos días, que a raíz de la crisis generalizada en la economía consecuencial de la pandemia, ha salido a decir que el gobierno debe aumentar el gasto. Sorprendente porque la fórmula de aumentar el gasto para ensanchar la demanda agregada y de esta forma reactivar la economía es típicamente keynesiana, al que los neoliberales consideran como el demonio porque huele a comunismo en razón al mérito que Keynes le otorgaba al Estado y ellos asocian este mérito con el papel del organismo en las economías planificadas. 

Claro que el FMI tiene razón porque la historia ha demostrado que la forma de aumentar el empleo y dinamizar la economía es por la vía de la demanda agregada, donde el gasto del gobierno tiene un importante papel; pero en el enfoque convencional la fuente de este incremento del gasto es el cobro de los impuestos a los ricos, que hoy son los especuladores del dinero que se alimentan con la renta que les produce los papeles del mercado de capitales, y por otro lado la emisión de dinero, que hoy no se puede realizar porque el banco central ya no lo maneja el gobierno sino que está al servicio del BPI. Ambas medidas que le causan escozor a los neoliberales y por supuesto al FMI. 

Así las cosas, se produce un fresquito por el reconocimiento que hace el organismo multilateral al importante papel del gasto público; pero también se crea una gran preocupación cuando vemos el complemento de la recomendación del Fondo, ya que dice que la fuente de ese aumento del gasto del gobierno, debe ser un mayor endeudamieto por la vía de la colocación de papeles en el mercado de capitales, y ahí sí, tras de gordo hinchado; pues bien alto que está el saldo de la deuda pública y harto que se está comiendo el servicio de la deuda que ya para el 2021 se llevará el 38 % del presupuesto nacional, para seguir incrementando este concepto en las finanzas públicas que ya tienen saturada la base tributaria. 

El otro aspecto que se percibe, es la preocupación del organismo por la situación que afrontan sus protegidos que tienen tanto capital acumulado y ya no saben qué hacer con ello debido al estancamiento de la economía, generándoles lucro cesante y disminución de la tasa de interés que afecta sus ingresos. Entonces el Fondo quiere tirar al agua a los Estados endeudándose más para salvar el negocio a los especuladores del dinero; pero con ello y debido al alto nivel de endeudamieto presente de los estados, lo que hace es agilizar el camino al desastre total cuando los gobiernos se vean imposibilitados para pagar la deuda y entonces los agiotistas terminan matando la gallina de los huevos de oro y para ellos, el remedio sale peor que la enfermedad, viéndose con ello que la situación de hoy se ha convertido en la encrucijada del FMI.  

CONFRONTACIÓN CAPITALISMO-SOCIALISMO

En Colombia, nadie, ningún caudillo ni movimiento político significativo, está proponiendo la implantación del socialismo en este país; ni siquiera el Partido Farc que durante medio siglo lucho dizque para cambiar el sistema vigente. Pero los defensores del actual establecimiento, quienes están sacando tajada del régimen actual, sin considerar el daño que el modelo neoliberal de la globalización hace al conjunto total de la sociedad colombiana, utilizan este argumento para atacar a quienes están en su contra, aprovechando el desprestigio internacional que el socialismo tiene y su falta de vigencia histórica; utilizan publicidad engañosa, sarcasmos, mentiras y todo tipo de mecanismos que distorsionan la realidad, con el propósito de restarle corriente electoral a sus opositores con el único fin de mantenerse en el poder. 

Lo cierto es que el capitalismo y el socialismo son sistemas, conformados por los tres componentes de producción-distribución-consumo y por lo tanto su característica básica es que no son estáticos sino dinámicos, por lo cual cuentan, como todo sistema, con un mecanismo interior que garantice el dinamismo y por supuesto el movimiento, de tal manera que es ahí, en el mecanismo que hace funcionar el sistema, donde se encuentra la diferencia entre el sistema capitalista y el sistema socialista. 

El mecanismo que hace funcionar el capitalismo es el mercado, o sea el juego de la oferta y la demanda y como tal, las decisiones sobre: qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce y para quién se produce, las toma el mercado para lo cual se utiliza el argumento de la rentabilidad. El mercado es la autoridad económica. Mientras que en el socialismo el mecanismo que hace funcionar el sistema es la planeación y las decisiones sobre las variables de la economía las toma el Estado a través de su oficina central del plan, con enfoque centralista e imperativo. En el capitalismo las unidades económicas y los agentes de la economía toman las decisiones dependiendo de las condiciones del mercado y la rentabilidad que este produce, para lo cual intervienen los gerentes que imprimen el dinamismo y la iniciativa que conduce al crecimiento y los cambios cualitativos; en el socialismo las unidades económicas deben hacer lo que ordena el plan, para lo cual tienen directores burocratizados sin iniciativa ni dinamismo y los propietarios de los medios de producción tienen que someterse a realizar lo que el plan ordena o de lo contrario los medios serán nacionalizados; claro, si se someten al plan, pueden conservar la propiedad privada del medio de producción. 

Por supuesto, el dinamismo y el impulso que generan los gerentes, cada uno por su cuenta, es lo que produce los cambios cuantitativos y cualitativos que se encierran en el desarrollo económico y es la falta de estos gerentes lo que conduce al decaimiento del aparato productivo y toda la economía en las economías planificadas, por lo cual hay un consenso generalizado en el mundo que el mercado es necesario y que los sistemas planificados no tienen vigencia histórica. Por eso el socialismo no cabe en Colombia y es una falacia decir que se debe frenar a los socialistas los cuales no existen. Pero a la vez, una de las leyes del mercado es que crean la desigualdad en todos los niveles: entre regiones, entre sectores de la economía, entre ramas empresariales, entre unidades económicas, entre clases sociales, entre sectores urbanos, entre todo. Por ello, es necesario que intervenga el Estado con mecanismos de política económica para que neutralice o alivie las desigualdades que produce el mercado, pero sin cambiar el sistema.

 

Entonces, es absurdo y de mala fe, el argumento del socialismo para crear mala imagen a quienes se oponen al actual establecimiento neoliberal que está siendo manejado con enfoque fascista, que, además, requiere una idiosincrasia o cultura especial que, precisamente, en Colombia no existe y que nunca permitiría el establecimiento de dicho sistema, por lo cual es torcido y  maquiavélico plantear en el debate político la confrontación capitalismo-socialismo.

NECESARIO CIERRE DE LA ECONOMÍA

A mediados del siglo pasado, Colombia adoptó el modelo de desarrollo industrial recomendado por la CEPAL para toda América Latina, el cual exigía un enfoque de economía cerrada para fines de proteger las unidades económicas que se instalaran dentro del país, las cuales eran principalmente, plantas industriales subsidiarias de empresas multinacionales. El modelo duró hasta 1980 y a partir de ahí, con la consolidación del Capitalismo Rentista y otros patrones de ordenamiento económico, llegó la transición y en febrero de 1990, Virgilio Barco decretó la apertura económica, para acomodar el país a las condiciones de la globalización mundial. Desde entonces viene la economía abierta y con ello el desangre total del aparato productivo nacional por la fuga del Excedente Económico, con su consecuencial efecto en el desempleo y el sometimiento de la economía nacional a la dependencia del sector externo con sus letales consecuencias en la balanza de pagos y el empobrecimiento secular generalizado. 

Pero ahora, para la pospandemia, es decir a partir de 2021, las condiciones son diferentes y se tendrá que pensar en un modelo distinto, que garantice la auto-sostenibilidad mediante procesos endógenos, en el que nuevamente se tendrá que considerar el cierre de la economía, por lo menos relativo, y la protección del aparato productivo nacional, el cual no será conformado mayoritariamente por subsidiarias de empresas extranjeras, sino constituido principalmente por empresas colombianas construidas a partir del aprovechamiento de los recursos de nuestro patrimonio natural. Caso contrario, apague y vámonos, porque sino, la crisis económica será total con efectos sociales altamente peligrosos.

El problema está ahora, es en la forma de hacerlo. Cuáles son las medidas de política que se deben aplicar, pero sobretodo, en la viabilidad real de estas políticas porque existen varios impedimentos y obstáculos, como son: una clase dirigente entreguista y vende patria, como se puede ver en los textos de los TLC donde a Colombia le aplicaron la ley del embudo; porque el país se sometió a las reglas de la OMC que impiden las medidas proteccionistas; por el dominio que ejerce el capital extranjero sobre las elites de poder que administra el Estado colombiano; por la debilidad empresarial del aparato productivo nacional; porque el fortalecimiento empresarial requiere liderazgo y no se vislumbra este factor en la clase empresarial colombiana; porque la competitividad interna es débil frente a las empresas extranjeras; porque el país no dispone de tecnología propia en las ramas de alta demanda en el mercado mundial; porque los recursos naturales están sometidos a la explotación inmisericorde de las multinacionales y el campo totalmente abandonado y en un ambiente de violencia;  porque el aparato universitario que forma el capital humano y la tecnología, anda en otro cuento derivado de la Ley 30 de 1993; y para completar el decálogo y no seguir citando restricciones y barreras, porque la idiosincrasia colombiana o cultura que llaman, le rinde pleitesía a las mercancías extranjeras y desprecian los productos nacionales, lo que configura, tal vez, el más grave de los factores que crean la dificultad para el fortalecimiento de la producción nacional y los procesos endógenos. La mentalidad de los colombianos es extranjerizante y en el mercado desprecia los valores autóctonos.

Así las cosas, el reto es gigantesco pero obligatorio; pues además de que el país no tendrá las suficientes divisas para importar y el capital extranjero disminuirá su llegada al país, la subutilización de los recursos nacionales, donde el desempleo de la mano de obra es relevante, conlleva una crisis social con efectos políticos impredecibles y condiciones de vida que lesionan la dignidad humana. De modo que el Congreso de la República tiene la responsabilidad de expedir las leyes pertinentes para permitir las medidas de política y debe dejar de estar vendiendo el voto para expedir leyes que benefician intereses particulares; pues de otra manera, sin las leyes apropiadas, no se podrá contar para la reactivación económica y la reconstrucción social de la pospandemia, con el necesario cierre de la economía.