LA DEPRAVACIÓN DE LA PRIVATIZACIÓN

Desde los inicios del Estado Moderno por allá en el siglo XVII y durante más de tres siglos, los bienes públicos estuvieron asentados de manera exclusiva en el seno del Estado, por lo cual correspondía solo a este organismo producirlos, administrarlos y asignarlos a la sociedad. Pero cuando cambió la modalidad del sistema económico implantándose el capitalismo rentista, en el que los ricos no son empresarios sino que son haraganes que depositan su dinero en un fondo para vivir de los intereses, con su soporte teórico neoliberal se trasladó lo público al mercado, abriéndose las puertas para la privatización y así contribuir a uno de los dos propósitos del pensamiento neoliberal, el de disminuir el gasto público para no distraer los recursos fiscales que se deben canalizar con prioridad al pago de la deuda. 

Con ello, surgieron los empresarios inescrupulosos y agalludos que vieron en este campo una gran oportunidad de negocio, porque, sin duda, los bienes públicos son un buen objeto para realizar empresas y ganar mucho dinero, ya que este tipo de bienes tienen una demanda inelástica y no hay necesidad de hacer esfuerzos de penetración de mercado, porque los consumidores acuden a comprar sin necesidad de llamarlos. La gente hace fila para pagar de modo que el vendedor no tiene ni siquiera que hacer publicidad. 

El Estado creó las superintendencias, supuestamente, para ejercer la vigilancia y asegurar que las empresas privadas brinden un justo servicio a los consumidores. Supuestamente también, las empresas privadas tendrían que someterse a cumplir con los cánones de operación de los bienes y servicios públicos, de modo que la necesidad humana estuviera por encima de cualquier otro interés particular, por lo cual los productos se llevarían al mercado con precios razonables. 

No obstante, la corrupción se impuso por encima del interés general y el bien común. Los privatizadores, donde también se han incrustado empresas multinacionales que operan con procedimientos mafiosos, por un lado compran las decisiones del Congreso para aprobar normas que solo benefician al privatizador en contra de los intereses de la comunidad; y por otra parte compran a los funcionarios encargados de la vigilancia y defensa del consumidor de modo que siempre hay fallos que benefician al prestador del servicio sin consideraciones para el pobre consumidor. 

Con todo aquello, lo que vemos y sufrimos es un constante atropello de las empresas privadas que manejan los bienes públicos, que la comunidad tienen que aceptar resignada porque este tipo de bienes son imprescindibles para la vida humana y ante la orfandad de protección por parte del Estado, no queda de otra que aceptar resignado el atropello y el abuso que los privados brindan.

 

Hoy hay varias modalidades con las cuales los privatizadores operan para sacar la mejor tajada en contra del bienestar general; desde la expedición de normas creando nuevas obligaciones con nuevos instrumentos sobre servicios que ellos prestan con tarifas escandalosas, hasta los reglamentos de los servicios esenciales que siempre han existido como los servicios básicos domiciliarios, que en manos privadas no importa la necesidad humana sino las ganancias de la empresa prestadora. Los empresarios ya saben, desde que se meten en el negocio, lo que significa vender bienes públicos y los efectos sociales de este negocio; pero luego cuando revientan los problemas, lloran ante el Estado para que falle a su favor lo cual logran la mayoría de las veces recurriendo a la corrupción de los funcionarios que toman las decisiones. Es un calvario que el modelo neoliberal ha traído al país que mucho ha golpeado a la comunidad nacional y que se debe modificar por vía de las leyes para no seguir siendo víctimas de la depravación de la privatización.