SIMILITUDES CON FRANCIA

A pesar de que Francia es un país fundador de la Comunidad Europea y uno de los miembros del G-7, o sea uno de los países desarrollados y de los siete más ricos del mundo, los acontecimientos de los últimos días nos muestran algunos parecidos con nuestra realidad colombiana, demostrándose así, una vez más, que el modelo neoliberal de globalización financiera es implacable y que no se ahorra con nadie, aunque sea de los más poderosos europeos, a cuyos Estados y comunidades también les está afectando de manera sustancial.

En ambos países hubo movilizaciones de protesta y en ambos los grandes medios de comunicación al servicio de los poderosos, solo mostraban los desmanes y la violencia y poco señalaban las verdaderas causas de la protesta. Dijeron que en Francia se manifestaban en contra del alza del precio de la gasolina cuando la verdad es que los chalecos amarillos se refieren a 25 puntos que piden intervenir para cambiar las condiciones y ahí, es donde aparecen los más importantes parecidos con Colombia, con la diferencia de que aquí en este país, no se está protestando por ello, aunque las quejas son generalizadas, mientras que en el europeo sí.  

Piden los franceses: impuesto sobre la renta progresivo, salario mínimo de 1300 euros, contratación masiva de empleados públicos para restablecer la calidad de los servicios en escuelas y hospitales, favorecer a los pequeños comercios de los pueblos y centros urbanos; a las grandes compañías impuestos altos y a las pequeñas impuestos bajos, prohibir a la banca cobrar a los comerciantes por el uso de la tarjeta de crédito, sistema de seguridad social para todos por igual, sistema de pensiones público, fin del alza del precio del combustible, jubilación por encima de 1.200 euros/mes, proteger a la industria nacional, fin de la política de austeridad y dejar de pagar intereses de la deuda y que se declare ilegítima, y comenzar a pagar la deuda sin quitarle el dinero a los pobres sino recaudando los 80 mil millones de euros de evasión de impuestos; separar la banca especulativa de la banca de depósitos, romper los monopolios y prohibir los rescates con dinero público, crear puestos de trabajo para los desempleados, jubilación a los 60 años, limitación del precio de los  alquileres, construcción de 5 millones de viviendas de alquiler moderado, destinar todo el dinero ganado por los peajes al mantenimiento de las carreteras, salir de la Unión Europea y recuperar la soberanía política, monetaria y económica, recuperar las propiedades públicas privatizadas, regresar al Estado los servicios básicos domiciliarios privatizados, medios de comunicación sin monopolios y sin amiguismo mediático-político garantizando la pluralidad de opinión, además de otros puntos en el sistema político y en el medio ambiente. Como se ve, parece que los chalecos amarillos están pidiendo resolver problemas y necesidades de Colombia. O que allá se les metió el Castrochavismo.

Con ello se deduce que el fenómeno de los chalecos amarillos no es momentáneo, sino el comienzo de un proceso, que seguramente tardará varios años, y que significa el derrumbe del capitalismo rentista, cuya muerte está segura; pues no se puede sostener un modelo basado en exprimir al Estado para alimentar a los especuladores internacionales del dinero que no pagan tributos, siendo que este organismo tienen que recurrir a los impuestos para subsistir, tal como ocurre aquí en Colombia, donde a pesar de que allá cuentan con un PIB per-cápita de US$ 38.5 mil y acá de US$ 6.3 mil, en la presente coyuntura estamos observando las similitudes con Francia.

LA ANTIPOLÍTICA AGRESIÓN A PETRO

Primero tengo que hace una obligatoria aclaración: no soy petrista y no comparto su estilo de dirección política; soy liberal afiliado formalmente al Partido Liberal. Soy el representante legal de Corpodignidad, una organización civil afiliada al Partido Liberal mediante Resolución N° 1551 de diciembre de 2008, suscrita por Cesar Gaviria y José Noé Ríos. Comparto plenamente la plataforma política de este Partido escrita en el papel, la cual es de corte socialdemócrata e igualmente estoy con los militantes que manifiestan su inconformidad porque el Partido está en manos de la camarilla neoliberal de Cesar Gaviria.

Hecha la anterior aclaración, ahora sí me permito manifestar el desconcierto civil por las aberrantes y enfermizas acciones que las élites de poder están haciendo contra Gustavo Petro, su más connotado rival en la confrontación política que se realiza en Colombia. La opinión pública sabe muy bien, desde tiempo atrás, que la élite oligárquica colombiana es inepta y corrupta y ahora también con síntomas de criminalidad. Pero sorprende y hiere el espíritu cívico y la conciencia ciudadana, ver las atrocidades que quienes hoy detentan el poder disparan contra el ciudadano Petro. Calumnias, mentiras, guerra sucia, propaganda negra, persecución subterránea, ataques contra su organización y sus instalaciones, acorralamiento judicial, violación de derechos, interpretación amañada de normas y en fin, todo tipo de improperios y las más degradantes conductas de la dignidad humana.

Por supuesto que es costumbre y por ello común, que en todo el mundo las elites de poder, o sea quienes están usufructuando para su beneficio las mieles del fisco, se aferren al establecimiento y defiendan sus intereses; pero en el terreno de la política están establecidas las reglas del régimen y la confrontación se debe hacer en los términos del sistema político, tal como lo señaló Rodrigo Lara hace algunos días anotando que si quieren derrotar a Petro, que lo y hagan en las urnas y en franca lid electoral y no con los métodos vulgares y corruptos con que lo están tratando de hacer ahora.

Y la torpeza de la élite es mayor, porque con todos esos ataques, están victimizando a Petro y con ello arrastrando una corriente de opinión que le aumenta su fuerza política y le eleva la capacidad electoral para las próximas elecciones, de tal manera que la errada estrategia de arrasamiento anticipado, se convertirá en un bumerán que terminará perjudicando a los agresores y fortaleciendo a la víctima.

Pero lo más peligroso y socialmente dañino, es la elevación del ambiente de pugnacidad y el calentamiento de los ánimos, que se agudiza con el asesinato sistemático de los líderes sociales, creyendo que de esta manera se debilitará el movimiento opositor y las fuerzas que combaten las políticas neoliberales que hoy imperan en el país para beneficio de los grupos de poder, que las defienden a capa y espada, en un clima de violencia que no se sabe dónde irá a parar.

Los antecedentes históricos de casos similares en muchos países, muestran que están totalmente equivocados y que con esos métodos coactivos, represivos e inmorales no se logrará apaciguar las fuerzas opositoras, por lo que los promotores de dicho método tendrán que corregir su error y bajarle el volumen a la antipolítica agresión a Petro.

DISTORSIÓN EN EL DEBATE POLÍTICO

Desde el comienzo de la era republicana hace casi dos siglos, el escenario político nacional se ha repartido en bandos cuyo eje no son las propuestas ideológicas y programáticas sino los nombres de las personas que lideran las acciones colectivas orientadas al ejercicio del poder. En esa época eran los bolivaristas y los santanderistas los protagonistas que desde allá, dejaron sentado un patrón en la cultura política de corte caudillista, que mucho daño ha hecho en la necesaria relación Estado-Sociedad, sobre la cual se basa la construcción histórica.

Hoy seguimos viendo en el mismo escenario un complejo de fenómenos sociales que crean un ambiente de turbulencia de alto riesgo, que mucho perjudica las aspiraciones sobre calidad de vida de la comunidad, donde la característica más notoria es la división en cuatro fracciones a quienes no les importa el contenido ideológico y programático del quehacer político, sino las pasiones y sentimientos subjetivos a favor o en contra de una persona, sin interés por los alcances y efectos de las políticas que ellos representan. Son los actores principales, los simpatizantes y adversarios de Álvaro Uribe y Gustavo Petro, agrupados en dos bandos: por un lado los simpatizantes de Uribe y adversarios de Petro y en el otro los simpatizantes de Petro y adversarios de Uribe, donde ninguno de los dos piensa ni reflexiona sobre el contenido de sus propuestas ni sobre las implicaciones de las políticas que representan, sino en las pasiones y sentimientos personales a favor o en contra del uno o del otro. Es casi seguro que si preguntamos a quienes intervienen en las redes sociales con frases de defensa o ataques al uno o al otro, si conocen las implicaciones para el país y las comunidades de las propuestas programáticas de ambos contendientes, lo más probable es que no las conozcan, porque sus argumentos son siempre haciendo referencia al pasado o al presente de sus atributos personales.

Sin embargo, la realidad política de hoy, cuando se ha descartado la posibilidad del sistema socialista por su anacronismo y pérdida de vigencia histórica, en razón a que en el presente siglo existe otra modalidad de sistema capitalista diferente al de hace un siglo, los temarios que están en juego son dentro del mismo sistema capitalista y giran en torno al papel del Estado y las características del estilo en la gestión pública. Lo que se aprecia es una clara confrontación entre las propuestas neoliberales que hoy detentan el poder y las propuestas socialdemócratas que luchan por tomar el poder.

No hay propiamente izquierda ni derecha como en el siglo pasado en época del capitalismo industrial, cuando burgueses y proletarios cruzaban sus interés montados sobre las ideas de la democracia representativa, por una parte y la dictadura del proletariado, por la otra. Hoy es el régimen de la democracia participativa instaurado sobre los fundamentos del Estado Social de Derecho, vilmente degenerado por el ideario neoliberal, y dentro del ordenamiento mundial del capitalismo rentista con el magno poder de los fondos de inversión, el factor que determina la discusión, por lo cual ésta se concentra en la forma de tratar y manejar lo público, o sea los bienes y servicios de interés general que nos competen a todos. Pero en Colombia, el sentido y los alcances o efectos de las políticas neoliberales que hoy dominan el ejercicio del poder, por una parte, y las propuestas socialdemócratas antagónicas al neoliberalismo, por la otra, no están en discusión. Tanto que el Partido Liberal cuya plataforma política es de esencia socialdemócrata y única organización colombiana afiliada a la Internacional Socialista, está aliado y dentro del bando uribista cuya esencia es de pensamiento neonazi, y se concentra en la defensa de las políticas neoliberales, demostrando claramente que en el sistema político colombiano, se presenta gran distorsión en el debate político. 

LOS ALCANCES DE LA CIBERGUERRA

En lo que va corrido de este siglo XXI, el ciberespacio se ha convertido en otro campo de operaciones bélicas, donde se concentran ataques y defensas, ya no con tanques de guerra o aviones bombarderos, sino con tropas de hackers y mecanismos informáticos sustentados en los avances de las TICS. Se han visto acciones de espionaje industrial, de saboteos a instalaciones y diversos tipos de ciberataques de carácter económico, lo cual es “normal” en un sistema de mercado donde la competencia desleal y la guerra de la mercadotecnia es válida; pero ahora se torna preocupante, desde el punto de vista sociológico, la extensión del fenómeno al terreno político y los efectos en el funcionamiento del régimen y los sistemas que enlazan a la sociedad con el Estado.

Ya se observó en la pasada campaña electoral por la presidencia de Estados Unidos, según se deduce de los informes de prensa donde se denuncia interferencias de Rusia que influenciaron a los electores. Y más claro y más cercano, lo que fue la campaña a la presidencia de Colombia, donde la guerra sucia y la propaganda negra contra uno de los candidatos, fueron factores determinantes de los resultados electorales.

Ejércitos completos con bases de operación y la suficiente dotación tecnológica, es ahora el instrumento con que los centros de poder mundial, que se concentran en los países poderosos como Estados Unidos, Rusia y China, utilizan para influenciar a los demás e imponer su dominación sobre los países dependientes y lograr que en estos se realice la voluntad de los fuertes. Tanto es así, que el Secretario General de la ONU ha dicho "Ya existen episodios de guerra cibernética entre Estados. Y lo peor es que no hay un esquema reglamentario para este tipo de guerra, no está claro si ahí se aplica la Convención de Ginebra o el Derecho Internacional pueden aplicarse en estos casos".

Se realizan ataques con virus, se hackean las cuentas, se crean cuentas falsas en las redes sociales como Facebook o twitter y a partir de ahí, se generan noticias falsas, se expanden memes con mensaje subliminales que alteran la conducta psicológica de la gente, dañan la imagen de alguna persona, calumnian, generan opinión y en general, todo tipo de conductas que distorsionan el comportamiento limpio y transparente de los ciudadanos.

Es un nuevo fenómeno político que se introduce en las relaciones Estado-Sociedad y que genera preocupación por el fortalecimiento de la capacidad de dominación de los grupos globales y los nacionales que tienen la facilidad de comprar o pagar la tecnología necesaria para estos procesos, creándose así en el terreno de la política, un nuevo y peligroso espacio dentro de los alcances de la ciberguerra.

MECANISMOS DE GENERACIÓN DE EMPLEO

Además de la causa de fondo de la crisis fiscal que hoy afronta la nación que radica en la estructura de financiamiento del Estado, impuesta por vía constitucional en 1991, hay dos factores, entre varios, que son relevantes, los cuales vienen desde el gobierno de Álvaro Uribe: uno de ellos es la elevada colocación de papeles de deuda con vencimiento en los próximos años y otra la exención o exoneración tributaria que Uribe concedió a las multinacionales y a los especuladores internacionales del dinero bajo su política de confianza inversionista, la cual disminuyó los ingresos del Estado en cerca de ocho billones al año, de modo que durante la década que ha trascurrido, ha golpeado las arcas del fisco en cerca de 80 billones de pesos, que si se hubieran percibido, hoy no estaría Duque afrontando la actual escases.

En días pasados, un twitero le señaló este caso al expresidente, ante lo cual la respuesta del hoy senador fue tratarlo de ignorante porque, según él, dicho twitero no conoce los métodos para generar empleo y reactivar la economía, lo que justificaría la exención de impuestos a los ricos de marras. Pero si consideramos los argumentos conceptuales, los sucesos históricos y los hechos prácticos, quien es verdaderamente ignorante es Álvaro Uribe, o se hace el menso para aplicar su política de favorecimiento al gran capital de mala fe y con conocimiento de causa.

En el campo conceptual, desde los años treinta del siglo pasado, se ha dejado claro que el empleo solo se aumenta si crece la demanda agregada, por lo cual durante medio siglo, la teoría keynesiana fue dominante, hasta que el capitalismo rentista despojó a los industriales del manejo del Estado. La historia ha demostrado en muchos países que las políticas fiscales de incentivos tributarios no generan los resultados que se le atribuyen; y la realidad práctica deja ver que los empresarios enganchan trabajadores solo para atender los pedidos de sus clientes. Jamás vinculan trabajadores para sentarlos a mirar el paisaje haciendo nada, solo porque sus impuestos son bajos.

Para los capitalistas, la disminución de impuestos es un buen negocio y por eso es un propósito, pensando en sus ganancias y no pensando en la creación de empleos. Por lo tanto, está históricamente demostrado, que es una falacia seguir pensando que mediante las políticas tributaria de exonerar de carga a los empresarios, sirve para generar empleo. Los fenómenos económicos demuestran con claridad, que la reactivación de la economía depende de que haya gente en la calle con dinero en la mano para comprar bienes y servicios y que los empresarios solo crean puestos de trabajo cuando su demanda así se los exige, independientemente de que les toque o no pagar impuestos. Cuando el negocio es bueno y rentable, aguanta cualquier costo incluido el de los impuestos. O sino, que lo diga el narcotráfico, que soporta todo tipo de costos incluyendo las tajadas a la autoridad, porque la gran demanda de consumo en segmentos de altos ingresos de Norteamérica y Europa, son suficientes para hacer de este negocio ilegal una operación muy rentable.

Que no se trate de engañar a la opinión pública imponiendo la carga tributaria a las clases de menores ingresos con el argumento del empleo, que esto es totalmente falso. Que se diga la verdad reconociendo el interés de la política de gobierno por favorecer a los poderosos y propiciar mayor concentración de la riqueza y no se use el argumento mentiroso de los mecanismos de generación de empleo.

EL DILEMA DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Es claro y generalmente aceptado, que Colombia necesita cambios o reformas en varios aspectos de la vida institucional, como son el sistema judicial, el régimen político, el congreso de la república, la estructura de financiamiento del Estado, el régimen territorial y el Banco de la República, entre otros, ajustes que requieren de modificaciones a la Constitución Política. Pero también está probado en repetidas ocasiones, que a través del Congreso no es posible realizar estas reformas constitucionales por cuanto los miembros de esa corporación no legislan considerando en interés general y el bien común, sino con base en sus propios intereses personales. Es decir, legislan para sí mismos y no para beneficio del país.

Pero para algunos, quienes no desean cambios profundos en las estructura del Estado, este mecanismo de reforma constitucional es peligroso, porque desde 1991 quedó sentada la doctrina de que este órgano tiene poder supremo, por encima del Congreso y con facultades, inclusive, de cambiar todo el aparato de Estado como ocurrió en 1991 para facilitar la implementación de las medidas impuestas por el Consenso de Washington, que la vieja constitución de 1886 no permitía imponer. Se derogó el Estado Interventor-Benefactor o Estado de Bienestar con soporte conceptual keynesiano y modelo administrativo burocrático, y se impuso el Estado Social de Derecho que habían diseñado los alemanes en los años treinta, con soporte conceptual neoliberal y modelo administrativo gerencial.

No obstante, en campaña presidencial, el candidato Petro propuso una Asamblea Constituyente, ante lo cual los rivales se opusieron con el argumento de que quería montar el Castrochavismo en Colombia. Pero ahora el presidente del Congreso, un miembro purasangre del neonazismo que gobierna el país, está haciendo la misma propuesta. O sea desde la otra orilla política.

En principio pudiéramos decir que sigue siendo válida la salida de las reformas por esta vía. Pero también mirando las experiencias, como la del plebiscito de aprobación del acuerdo con las Farc y la consulta anticorrupción, se deduce que la calidad de la cultura política colombiana no tiene las características adecuadas para que el elector primario designe los miembros de esta asamblea en concordancia con las verdaderas necesidades del país. Se corre el riesgo que nuevamente, con el uso de los medios de comunicación y los métodos sucios del marketing político, se conforme un organismo corporativo que imponga normas perjudiciales a los intereses del pueblo y termine ajustando el Estado a la perpetuidad en el poder de las élites que hoy pretenden ejercer su dominación sin ningún control. Si la cultura política colombiana tuviera la suficiente conciencia y el pueblo votara pensando más en el interés colectivo y menos en su beneficio personal del voto, probablemente esta sería la mejor solución; pero ante nuestra realidad ideológica, la propuesta de Macías lo que hace es recordar que la fórmula es conveniente pero peligrosa y con ello reiterar el dilema de la Asamblea Constituyente.

LA DERECHIZACIÓN DEL CONTINENTE

Desde tiempos muy remotos en la historia de la humanidad, se ha visto que los fenómenos políticos al interior de los países, son consecuencia de los sucesos económicos que ocurren a nivel mundial, donde los protagonistas son los grandes grupos de poder universal que ejercen influencia sobre los más pequeños para obtener beneficios. Para no recordar hechos de la edad antigua ni de edad media, miremos simplemente el siglo 19 y el caso de Inglaterra con su dominación en el resto del mundo, que en Colombia determinó la Constitución de 1886.

Se preguntan los observadores sobre qué está sucediendo en Suramérica, que a comienzos del siglo fue escenario de una ola de “izquierdización” de los gobiernos y que ahora al terminar la segunda década está ocurriendo todo lo contrario. Solo quedan Bolivia y Venezuela, que no durarán mucho tiempo y, con seguridad, cambiarán de bando en el próximo período de gobierno, así como, también con seguridad, ni Petro, ni ningún candidato que venga de la vieja izquierda del siglo anterior, será presidente en Colombia.

Los grupos de poder mundial, que manejan recursos en sumas incalculables, tienen dinero para hacer lo que quieran, casi todas las veces con métodos ocultos ante la opinión pública, pero suficientemente efectivos para lograr sus propósitos. Usan los aparatos ideológicos para maniobrar la cultura política, los medios de comunicación, de los cuales son propietarios, para manejar la propaganda negra y la guerra sucia contra sus opositores, financian campañas y candidatos, compran conciencias, líderes populares y electores; influyen en las autoridades electorales y tienen sofisticada tecnología para manipular los sistemas electrónicos de escrutinio. Nadie ha contado los votos físicamente uno a uno, para ver si el conteo coincide con el escrutinio de los sistemas electrónicos.

Los analistas de la geopolítica y la geoestrategia actual, que no creen en la autonomía e independencia política de los países emergentes, consideran que los cambios de gobierno son una consecuencia de la confrontación entre el “Nuevo Orden Mundial” y la “Nueva Ruta de la Seda”. El primero que gira en torno a la Reserva Federal de USA y cuyos agentes operadores son los fondos de inversión, que tienen secuestrados a los gobiernos mediante el control de los bancos centrales y políticas de freno a la inflación y disminución del gasto público, es decir acciones concentradas en el sector monetario de la economía, mientras que por otro lado, está China montada sobre el sector real de la economía financiando infraestructura y sentando las bases para el comercio global de mercancías. El Capitalismo Rentista auspiciado por el Club Bilderberg con su política del Nuevo Orden Mundial, está asustado porque siente pasos de animal grande con los avances de China y su Nueva Ruta de la Seda y por ello está tomando precauciones para evitar que los países occidentales pasen a la influencia de los chinos; y por ello, está usando todo su poder para promover gobiernos que favorecen sus intereses mediante políticas neoliberales, esas que promueven los grupos que se denominan de derecha.

Por supuesto, es una pelea de tigre con burro amarrado, porque, tarde o temprano, el sector real, donde están los bienes y servicios, pasará por encima del sector monetario que solo teje ilusiones a través de los sistemas electrónicos, donde no hay mercancías para satisfacer las necesidades humanas; y por eso el peso de la economía real de la infraestructura y el comercio de los chinos, prevalecerá, aunque hoy las precauciones de los fondos estén promoviendo la derechización del continente. 

IMPACTO EN LAS FINANZAS PÚBLICAS

Aprobado el Presupuesto General de la Nación para 2019, hecho ocurrido la semana pasada, varias reflexiones caben sobre las cifras y la consecuencia de este ejercicio, es tremenda preocupación por una parte, y dolor de patria por la impotencia que de ahí se deriva.

Se estima que los ingresos legítimos del Estado, que son los tributarios, serán de 145 billones aproximadamente, pero de esta suma, el 46 % o sea casi la mitad, se va para pagar el servicio de la deuda, es decir para aplicar la regla universal del Capitalismo Rentista que viene operando plenamente en Colombia desde 1991. Por lo tanto, quedan 78 billones para cubrir todos los demás gastos del Estado, incluyendo el funcionamiento y la inversión. Pero de estos 78, el 43 % se los lleva el sector de Defensa Nacional, o sea la guerra, quedando solo 44.5 billones para pagar lo que falta, como es el funcionamiento, la infraestructura, el gasto social y la inversión en capital humano, donde salud y educación son fundamentales. O sea que menos de la tercera parte de la plata que los colombianos pagamos para financiar el suministro de los bienes públicos por parte del Estado, se destina a este fin y a cubrir los egresos con los cuales se solucionan y satisfacen los problemas y necesidades de toda la comunidad nacional.

Por supuesto, esto no es culpa de Carrasquilla; porque si fuera Petro, estaría en las mismas, siendo este el primer presupuesto del período. Esto es una consecuencia de la estructuras de financiamiento del Estado que se impuso en 1991 por la vía constitucional, con introducción en la Ley 51 de 1990, y todo, como efecto universal del modelo del Capitalismo Rentista que con el núcleo en la Reserva Federal de USA, rige para todo el mundo occidental y cuyos perjuicios son incalculables no solo para Colombia sino para todos los países que giran en la órbita de la FED.

Para el 2019 se estima que Colombia pagará un poco más de 30 billones solamente en intereses de la deuda, o sea recursos de nuestros impuestos que se irán para el bolsillo de los especuladores del dinero de los cuales la mayoría son fondos de inversión extranjeros. Para formarnos una idea, si tomamos esta cifra en valor presente nominal y la calculamos para el cuarto de siglo que ha transcurrido desde la imposición del modelo, quiere decir que le hemos entregado 750 billones de pesos a los capitalistas rentistas, sin incluir abonos al principal, con lo que ellos se han enriquecido y en esa misma cantidad los colombianos nos hemos empobrecido. Si tomamos la cifra del presupuesto de inversión del próximo año estimada en 35 billones, quiere decir que con lo que hemos pagado solo en intereses, podríamos realizar inversiones durante 21 años, o lo que es igual, que tendríamos hecha hoy la inversión acumulada que tendremos en el año 2041.

Por supuesto, el cambio de la estructura de financiamiento del Estado para asimilarla a la que existía antes de 1980 en todo el mundo, es muy difícil, por cuanto los grupos de poder económico beneficiarios de este modelo que son los fondos de inversión, aplican todo su magno poder para mantener el esquema, utilizando todo tipo de maniobras, la mayoría camufladas e ilegales, que introducen en los países bajo su influencia produciendo así el tremendo y deletéreo impacto en las finanzas públicas.

LA UNIFICACIÓN DE PERÍODOS DE GOBIERNO

Ante el embeleco uribista de unificar los períodos de los gobernantes territoriales con el del presidente, no se sabe con qué subterránea intensión, han surgido las posturas que se oponen a la propuesta, las cuales principalmente manifiestan argumentos jurídicos opuestos a la decisión que ya se aprobó en el primero de los ocho debates constitucionales exigidos. Porque, de verdad, dos lesiones a antiquísimos fundamentos del derecho se violan con esa majadería, como son el de 1648 (Westfalia) donde se estableció que el poder nace del pueblo, no del Congreso, y el de 1910 (Alemania), cuando se estableció que el Estado solo puede realizar acciones que tengan normas previamente establecidas, es decir, que no existen las normas retroactivas. La reforma se pretende realizar pasando por encima del mandato del elector primario que eligió hasta diciembre de 2019 y mediante una norma posterior a la fecha de la elección.

Pero muy poco, casi nada, se ha dicho acerca de las conveniencias y la racionalidad de la reforma en términos de la gestión pública, o sea en el campo de la respuestas que el Estado debe dar a las expectativas de la sociedad, que espera de su organismos rector, que propicie el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, para lo cual debe aplicar los más adecuados procesos de gestión pública, dentro del marco de la democracia participativa, que aunque es un discurso constitucional, el Estado aún está en deuda con la sociedad sobre su aplicación y desarrollo. La democracia participativa en Colombia es un cuento escrito que no se realiza.

Para fortalecer la democracia participativa es necesario ir más allá de la descentralización administrativa que desde hace tres decenios viene realizando el centralismo bogotano, en forma atropellada, para adentrarse en la descentralización política sobre la base del empoderamiento de las comunidades locales, de tal modo que la unificación de los períodos de los tres niveles de gobierno, implicaría la modificación de, por lo menos, una docena de leyes más, comenzando por la Ley 152 de 1994, más la 388 de 1997, más la 1454 de 2011 y otras más, para implantar los mecanismos de hacer los procesos de gestión de abajo hacia arriba con políticas públicas Botton Up, totalmente al contrario de lo que es hoy que se realizan de arriba hacia abajo con políticas Top Down.

Hoy existen unos absurdos técnicos y metodológicos desde el punto de vista de la teoría de la planificación, como ese de superponerle a una misma comunidad municipal tres planes de gobierno, uno encima del otro, mal llamados planes de desarrollo, los cuales constituyen la carta de navegación del gobierno nacional y de las entidades territoriales, cuya elaboración afronta varios traumatismos metodológicos por la obligatoriedad de algunas normas y la simultaneidad de los planes del gobernador y del alcalde. A esto se le suma el sentido centralista, que es al revés, imponiéndose el más amplio sobre el más bajo, cuando debería ser al contrario, como dije antes, haciendo la planificación de abajo hacia arriba para dar cumplimiento a la autonomía municipal consagrada en el Constitución por motivo de que el municipio es la célula básica del Estado.

El anterior es solo un ejemplo; pero son muchos los argumentos relacionados con la gestión pública, diferentes a los del derecho, que demuestran la irracionalidad de esa iniciativa, si ella se aplica de manera aislada o sea sin el complemento de otras normas inherentes a la gestión, como son las leyes sectoriales que determinan la operación del Estado y que por ello, debido a la forma como se está tramitando, es más conveniente para el país, no seguir con el propósito de la unificación de períodos de gobierno.

EL PERFIL DEL GOBERNADOR

Hace unos días publicó una columna el excontralor Álvaro Urbano haciendo referencia a los requisitos y condiciones que debía poseer la persona quien ocupe el cargo del gobernador del departamento, exponiendo una lista larga de atributos y cualidades para ser un gobernante eficaz y efectivo; y de verdad que, debido a que desde 1991 Colombia derogó el Modelo de Estado Burocrático y se embarcó en el Modelo de Estado Gerencial, los gobernantes territoriales son los gerentes públicos por excelencia dentro del territorio de su competencia, por lo cual sus dotes deben ser consecuentes con el rol gerencial que la norma jurídica les impone, aunque por motivo del régimen político, el proceso de transformación de la administración pública ha sido lento y muy poco se ha avanzado en este cuarto de siglo.

Simultáneamente con la publicación de la columna de Álvaro, entró a circular por las redes sociales un mosaico de fotos con el grupo de aspirantes a dicho cargo, en la cual hay de todo, como en botica, algunos más conocidos que otros, pero todos con la legítima aspiración que todo ciudadano puede tener haciendo uso de sus derechos. Para algunos comentaristas hablar de ese tema es todavía prematuro, pero los antecedentes sobre procesos electorales, muestran que un año es apenas suficiente para realizar una campaña, que la misma norma legal impone cuando regula el régimen de inhabilidades. El tiempo vuela.

Si bien es cierto que debido al carácter gerencial del gobernante los atributos personales son importantes por cuando, ante todo, el gobernante territorial es un líder que dinamiza procesos públicos mediante la gobernanza y constituye el rector de los procesos sociales, económicos e institucionales, también existe la Ley 131 de 1994 que establece la obligación a los candidatos de inscribir un programa de gobierno y aunque en el sistema político no se cumple, la ley dice que cuando el elector vota, no lo hace por una persona sino por un programa de gobierno.

Haciendo ahora, en las primeras de cambio y de manera preliminar, el ejercicio de confrontar los principales atributos que plantea Urbano, pues todos creo que nadie los cumple, y las propuestas sobre programa de gobierno, me atrevo a resaltar la opción de Blanca Inés Chávez, cuyos lineamientos de programa son novedosos, pertinentes, viables y responden cabalmente a las causas de las situaciones que hoy afronta el departamento en los principales aspectos del complejo territorial, por lo que, considerando que, según se deduce de los resultados de las últimas elecciones, la gente quiere y desea un cambio que permita renovar a los viejos dirigentes que desde el siglo pasado están protagonizando los procesos electorales y colocando sus fichas en los cargos de dirección, el nombre de la doctora Chávez merece ser tenido en cuenta para hacerle seguimiento cuidadoso en este proceso político que está comenzado, a ver qué ocurre el próximo año con miras a constatar si el departamento acierta con el perfil del gobernador. 

LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY 30

Pasados casi 26 años desde cuando se expidió la nefasta Ley 30 que rige la educación superior en Colombia, ya comienzan a aflorar los efectos deteriorativos de este muy importante componente del complejo social, como es la formación profesional del capital humano, que como consecuencia de la aplicación del enfoque neoliberal introducido en el país por el enterrador del Partido Liberal, ya no aguanta más el acumulado de más de dos décadas operando con aberrantes elementos en el funcionamiento de las universidades.

Está convocada una marcha de la comunidad académica para protestar por el descuido del gobierno sobre el financiamiento de las universidades oficiales y, aunque la única eficaz y efectiva protesta es la votación el día de las elecciones, no deja de ser muy significativa la expresión de inconformidad que hoy ha saturado el espíritu estudiantil. Dicha ley, sancionada el día de los inocentes de 1992, establece las normas para el financiamiento de las instituciones, el cual, como todo el eje del enfoque neoliberal, sólo busca bajar el gasto público, que es la gran preocupación del capitalismo rentista que impera en el país. Por supuesto, manejada con este criterio neoliberal la universidad colombiana, con el transcurrir del tiempo se iban a acumular las dificultades financieras hasta llegar al punto donde hoy se encuentra, casi en la frontera del cierre definitivo, por cuanto el ritmo de crecimiento de los gastos para atender el aumento de la población estudiantil, la investigación, la innovación tecnológica, la infraestructura, entre otras, es mayor que el ritmo con el que el gobierno incrementa las asignaciones presupuestales año a año.

Pero no es solo en materia financiera como se manifiesta el deterioro, sino también en cuanto a la calidad, que también ya está reventando hoy. Esta ley magnifica el papel de los diplomas académicos de los docentes y reduce la calidad a la vinculación de profesores con postgrados, como si los simples títulos fueran suficientes para garantizar la competencia pedagógica y el conocimiento del profesor, por lo menos en las disciplinas de las ciencias sociales. Así, con el afán de crear fuentes alternativas de ingresos propios, las universidades entraron en un mercado de posgrados, en muchos casos irresponsables, actuando como mercachifles del saber que compiten para capturar clientes que paguen las costosas matrículas en los programas de postgrado. Y se vuelve un círculo vicioso porque a los profesores los vinculan con el mismo criterio y hoy se ven en las especializaciones y maestrías del campo de las ciencias sociales, muchos casos de personajes incompetentes que están ahí porque poseen un título, llegando al punto que hoy para ser profesor vale más un diploma que la sabiduría y la experticia, cuando la opinión pública sabe que en esta rama del saber, lograr el título no garantiza el conocimiento. Con ello, casos aberrantes se ven, como los que suelen suceder en trabajos de grado de cursos de especialización y maestría, donde muchas veces, los jurados actúan sujetos a sus propias pasiones subjetivas y movidos, tal vez, por sus condiciones psíquicas, se alejan de la objetividad de su rol perjudicando al estudiante. Sobre esto, se han visto situaciones donde el jurado no entiende el producto académico del estudiante y descalifica al alumno por culpa de sus propias limitaciones intelectuales.

Lo programado para esta semana es solo el comienzo, de un desfogue social que, tratándose de un tema público de esta magnitud, no se sabe hasta dónde puede llegar. Porque no se tratas de una calentura coyuntural de algunos líderes estudiantiles, sino de una explosión derivada de factores estructurales que requieren cambios profundos, que como señale arriba, van más allá de los aspectos financieros y abarcan temas desde el comienzo mismo de los principios epistemológicos del saber, que hoy están sometidos a la dominación cultural del eurocentrismo, desconociendo, por ejemplo, la construcción de ciencia a partir del conocimiento popular, para citar solo este elemento. Y lo grave es que del gobierno no se puede esperar nada, por lo cual será desde el seno mismo de la comunidad educativa, desde donde se lidere el proceso de cambio para neutralizar las consecuencias de la Ley 30.

LA DIMENSIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS

Si bien es cierto cuando el público habla del debate político los comentarios se refieren a candidatos, avales o aspiraciones, el verdadero tema central de la discusión es el relacionado con el manejo de los bienes públicos y en este caso, el aspecto que demuestra ser el de mayor trascendencia, es el de su privatización, por cuanto los grandes problemas sociales de pobreza y exclusión y también los más relevantes en el campo institucional, que hoy son los derivados de la corrupción, se desprenden también de lo que han sido las consecuencias del traslado de lo público al escenario del mercado, después que durante más de tres siglos estuvo en el seno del Estado, fenómeno este que se consolidó en los años ochenta, después que el capitalismo rentista se tomará el poder de Estado para colocar este organismo a su servicio y  usarlo como fuente de sus ingresos.

La privatización de lo público ha permitido crear los negocios más aberrantes y perversos, para beneficiar intereses privados y sacrificar el interés general y el bien común; en la mayoría de los casos, sin sacar un solo peso de los recursos fiscales, por lo que la corrupción queda camuflada y la comunidad suficientemente golpeada, siendo esta la principal causa del empobrecimiento generalizado y el enriquecimiento de unos pocos, la mayoría de veces, empresarios multinacionales que operan con procedimientos mafiosos untando de tajada a los funcionarios que firman las concesiones y delegaciones para la administración de los bienes públicos. El negocio es sencillo: los funcionarios que firman reciben una comisión y autorizan altas tarifas que los usuarios pagan por recibir el servicio, de cuyos fondos reciben un porcentaje que el corrupto privatizador les paga.

La finalidad de la privatización no es el mejoramiento del servicio en calidad, cantidad y precio, sino el enriquecimiento de los empresarios que reciben los bienes públicos para su manejo. Así, gran parte de los ingresos de la población, que obligatoriamente tienen que comprar los bienes o servicios a quien los brinda en el mercado, pasan a manos del privado, porque no puede dejar de consumir este tipo de bienes.

Para acabar de completar, los contratos son leoninos para el Estado de modo que todas las de ganar las tiene el privado y las de perder las tiene el Estado; porque repito, el objeto no es beneficiar el interés general y el bien común, sino asegurar las ganancias del empresario privado. Así lo vemos en las carreteras concesionadas y los peajes, las empresas de servicios básicos domiciliarios, la infraestructura de servicios públicos colectivos, sin tener en cuenta la privatización de la seguridad social, donde en salud y pensiones los casos son aterradores, principalmente en pensiones que le adjudicó los jóvenes cotizantes a los fondos privados, los que por más de veinte años solo reciben dinero, dejando a Colpensiones los viejos que no pagan cotización, pero que reciben las mesadas, creando así una grave presión contra el presupuesto nacional, que ahora les preocupa por el riesgo que genera en el pago cumplido del servicio de la deuda.

Pero el Congreso de la República, escenario obligado a tratar los temas de importancia para el país, se dedica a otra cosa, dentro del mismo enfoque donde priman los intereses personales y el beneficio individual por encima del interés general y el bien común, los congresistas legislan pensando en su propio beneficio sin importarles un carajo la situación que vive el pueblo que los elige y los vuelve a elegir, como es este tema de la dimensión de los bienes públicos.

LA AUSENCIA DEL PARTIDO LIBERAL

La actual coyuntura política que vive el país permite sacar conclusiones sobre la falta que hace el Partido Liberal. Claro, está ahí en el escenario político; pero eso que hay hoy es otra cosa, que no se identifica con la tradición y la identidad política nacional. Ese partido es parte de los ancestros y la cultura política nacional, identificado como la organización que representa los intereses del pueblo o las clases menos favorecidas. Pero hoy, después de que el padre del Neoliberalismo en Colombia, Cesar Gaviria, lo llevara a la destrucción, ha dejado un vacío político que hasta ahora, no ha sido posible llenar.

Ese nefasto personaje Cesar Gaviria, quien le debe mucha información al país sobre lo ocurrido entre 1988 y 1993, que la opinión pública no conoce porque han sido operaciones encubiertas, se tomó el Partido Liberal y arrasó los postulados doctrinarios aprobados por la Constituyente Liberal del año 2002, donde participó como uno de los ideólogos, Hernando Agudelo Villa (qepd). En ese evento, el partido se declaró Socialdemócrata y adoptó una plataforma consecuente con esta línea de pensamiento, que luego Gaviria tiró por la borda para ubicar la organización en la más vulgar y descarada línea del pensamiento neoliberal. Le tocó a Gustavo Petro en la campaña presidencial pasada, agitar propuestas programáticas concordantes con el pensamiento liberal, pero por sus antecedentes políticos en la vieja izquierda del siglo XX, dio la papaya para que la extrema derecha montara una campaña de mentiras y engaños al elector, que al final dio con el regreso al gobierno de la más extrema postura neoliberal, embadurnada con el ideario neonazi. Si esas mismas propuestas hubieran sido agitadas por el Partido Liberal, donde pertenecen, a los enemigos les habría quedado muy difícil utilizar para el ataque los mismos argumentos que utilizaron contra Petro.

Ahora surge un fenómeno al interior del Partido que nuevamente abre las esperanzas. Un grupo de 22 dirigentes reconocidos renunció a la organización y se propone rescatar las banderas consignadas en la plataforma doctrinaria, que son totalmente opuestas a las políticas neoliberales que están destruyendo a Colombia. Por supuesto quienes han usurpado el nombre del partido alrededor de Gaviria, han minimizado el hecho por el tamaño del grupo; pero no reconocen que en el nivel de líderes medios y populares existe una gran masa de agentes del verdadero pensamiento liberal que probablemente responderán al llamado de estos dirigentes. Muy pocos creen que en Colombia hay ocho millones de petristas; de ahí hay por lo menos la tercera parte que son liberales y otra tercera parte que son antiuribistas.

Gaviria está aferrado al Partido por el manejo de los cuantiosos recursos financieros de la organización y por mantener el tráfico de avales, con el que ha sostenido la adhesión de los mercaderes electorales que hoy son mayoría en la dirigencia del partido; y todo, para ver cómo coloca a su hijo Simón, por un lado, y le responde a los intereses de los grupos internacionales que lo tuvieron por varios años colocado en la OEA, por el otro. Pero a pesar de todo ese poder, se espera que el grupo de disidentes que acaba de nacer, retome la senda política correcta y direccione una estrategia que permita en el escenario político nacional acabar con la ausencia del Partido Liberal.

EL AÑO DEL MIPG

El 11 de este mes se cumplió un año de la expedición del Decreto 1499 de 2017 y por ello bien vale hacer unas reflexiones sobre esa norma, que, como se puede apreciar después de este tiempo, es otra de las pataleadas de ahogado del centralismo bogotano por armar un modelo de gerencia pública capaz de aplicar el espíritu de la Constitución Política en materia de transformación del Estado, para alejarlo de una vez por todas, del modelo burocrático que imperó en época del Estado del Bienestar que fue el propio en la fase del Capitalismo Industrial y que ahora le llaman populista.

Inicialmente fue la Ley 87 de 1993 y más adelante la Ley 489 de 1998, que fue complementada con la Ley 872 de 2003, que hace un año fue derogada mediante el decreto en referencia, que se expidió con la fuerza que le otorgó la Ley 1753 de 2015, mejor dicho un sancocho normativo que muestra el desorden del nivel central, que cada cierto tiempo cambia las disposiciones sobre el andamiaje del Estado en relación con la gestión pública.

Pasado este año, también se puede comprobar el desconocimiento que el nivel nacional tiene de la realidad administrativa en las entidades territoriales. Digamos que es válido el intento por unificar en un solo instrumento el marco de referencia para definir los patrones administrativos en los niveles territoriales; pero no es razonable inspirarse en fuentes extranjeras para abordar la problemática gerencial en realidades tan diversas y en muchos casos tan rudimentarias en que se realiza la administración pública de los municipios colombianos; y lo peor aún, atropellando principios elementales de la teoría que sustenta la gestión pública.

Es cierto que en Colombia rige el enfoque jurídico de la administración pública, heredado del viejo Estado de Derecho que los alemanes crearon en 1910. Pero tampoco para creer que a punta de leyes y decretos, de manera automática y como por encanto, se dinamizan los procesos institucionales y los sociales, sin que medie una acción deliberada y planificada de los actores para impulsar los procesos necesarios hacia el logro de los objetivos. Ellos, los bogotanos, creen que acá en los municipios de categoría seis, es como soplando y haciendo botellas y que basta con dictar la norma y acompañarla con una sofisticada y anti-estratégica guía, para que las administraciones municipales se ajusten a los deseos de quienes tienen la decisión en el nivel central. Por eso hoy vemos a la mayoría de municipios, por lo menos en el suroccidente del país, luchando atormentados por cumplir, sin que haya convencimiento de sus bondades, las consabidas políticas de arriba hacia abajo al cumplirse el año del MIPG.

LA ESENCIA DEL CAPITALISMO POSTINDUSTRIAL

Lo que hizo carrasquilla no tiene nada especial. Actuó, simplemente, siguiendo los patrones de la modalidad de capitalismo que hoy impera, cuyo origen se remonta a 1930, cuando los rentistas asimilaron la experiencia de la crisis de 1928 que a muchos llevó a la ruina. La causa de esa fatalidad fue que ellos habían colocado su capital de especulación en manos de los industriales y estos habían tenido pérdidas por los efectos en la economía causados por la guerra mundial del decenio anterior. El aprendizaje era sencillo: no colocar el capital en manos de los privados, que deben ir al mercado y tener éxito, para poder pagarles la deuda, sino, coger al Estado de marrano para colocar su dinero en manos de este organismo, bajo el supuesto de que el Estado nunca quiebra. 

Desde entonces los rentistas iniciaron un proceso de avance y conquistas jurídicas para proteger el negocio, que comenzó con la sustentación conceptual, para lo cual utilizaron los planteamientos del neoclasicismo; en los años cuarenta se constituyeron como secta en la reunión de Mont Pelerin; en los años cincuenta penetraron la institución académica con las teorías de Milton Friedman; en los años sesenta ingresaron a la política sustentándose en el “Manifiesto Capitalista”, hasta que coronaron con la toma del Poder de Estado en la elección de Thatcher y Reagan en RU y USA, respectivamente. Desde ahí y durante los años ochenta, cocinaron todo el paquete teórico y normativo que se cristalizó internacionalmente en el Consenso de Washington y en Colombia con la Ley 51 de 1990, la Constitución de 1991 y posteriormente, se extendió a los municipios con los “Bonos Carrasquilla”.

Primero estrangularon las finanzas del Estado arrebatándole el banco central y exonerando de impuestos a los ricos, de modo que el organismo se viera obligado a recurrir a ellos en busca de recursos, para lo cual expidieron las leyes respectivas. Así, la principal fuente de ingresos del Estado es la colocación de títulos de deuda en el mercado de capitales, los cuales compran los especuladores internacionales del dinero a cambio de jugosos intereses. Luego, es enviar a la Dian a cobrar impuestos para que les paguen cumplidamente el vencimiento de los títulos.

Carrasquilla lo que hizo fue trasladar el perverso esquema a los municipios y en lugar de la Dian, que estos no tienen, recurrir a las transferencias de la Nación para asegurar el pago de los papeles. Pero, dentro de los postulados neoliberales, el mecanismo es totalmente sano y normal. Es mas bien, una inteligente jugada para realizar el misto negocio, pero no con el nivel central que ya está saturado, sino con entidades territoriales. Es crear una nueva alternativa para la colocación del capital en manos del Estado, y con ello negocio seguro, de importantes sumas de dinero provenientes de los elevadísimos montos de capital de especulación que tienen los Fondos de Inversión en sus manos y que ya no saben dónde colocarlo porque la acumulación es demasiadamente elevada y los riesgos son cada vez mayores. Carrasquilla simplemente, sin ética pública ni sentido humanista, propició la creación del piso legal para permitir una operación que en la actual modalidad del sistema económico salvaje es absolutamente normal y que constituye la esencia del capitalismo postindustrial.

EL CARTEL DE LA RESERVA FEDERAL

Durante casi toda la historia de la economía, la moneda o el dinero, siempre fue un medio de cambio, donde su uso era para pagar transacciones de compra-venta de cualquier mercancía, requerida por su utilidad o capacidad de satisfacer una necesidad humana. Pero ahora en época del Capitalismo Rentista, uno de los atributos de esta modalidad del sistema económico, es que han convertido el dinero en una mercancía en sí misma. Sin contener satisfactores de necesidades humanas, el dinero ahora es objeto de compra-venta para sacar ganancia, lo cual ejecutan mediante métodos especulativos.

En tales condiciones, son por supuesto, las autoridades monetarias las más importantes instituciones y por ello son presa de la rapacidad de los grupos de poder, en cuyo curubito se ubica la Reserva Federal de Estados Unidos, organismo privado que desde 1913, disfruta de la competencia de emitir o imprimir los dólares oficiales de todo el mundo. Es el único banco central privado que existe y son solo ocho los potentados apellidos que gozan de tan magno privilegio: Rothschilds, Moses Seif, Lazard, Warburg, Kuhn-Loeb, Goldman-Sachs, Lehman y Rockefeller, quienes siempre han defendido a capa y espada su imponente negocio, hasta asesinando, como lo hicieron con el Presidente Kennedy, cuando este trató de crear un sistema de emisión de dinero directamente desde el gobierno.

La FED, como se le conoce, ocasiona devaluaciones y revaluaciones y todo tipo de traumatismos en el sector monetario de las naciones emergentes cuando le da la gana. Sube su tasa de interés y propicia el flujo de dólares hacia Estados Unidos desde todos los países, produciendo aumento en el precio del dólar como ocurrió en Argentina recientemente y en Colombia hace algunos años. Es natural que los especuladores internacionales del dinero prefieran comprar papeles de USA que los de países subdesarrollados. También ha ocurrido que bajan la tasa de interés a cero y así los dólares se van para otros lugares fuera de USA, generando revaluación de las monedas nacionales.

Dos de los principales enemigos de la FED son la Banca Islámica y los narcotraficantes, ambos tenedores de los dólares que ellos imprimen, porque se salen de su control y dominio, el cual ejercen presionando los bancos centrales de todo el mundo occidental, con mucho poder desde el Acuerdo de Bretton Woods en 1944, en pleno Capitalismo Industrial, y mayor aún desde 1989 con el Consenso de Washington. Por eso las encarnizadas guerras en contra de los musulmanes y los traficantes. Hoy dominan los bancos centrales de la mayoría de países y desde su sede imponen las políticas monetarias de todos, originando traumatismos en las economías nacionales derivados de los fenómenos cambiarios que surgen por los flujos de dólares de un país a otro. Son propiamente los dueños del mundo, que operan con un poder extraordinario y utilizando métodos propios de una mafia, por lo que muchos analistas le han calificado como el Cartel de la Reserva Federal.

EL ENFOQUE DE POLÍTICA TRIBUTARIA

La reforma tributaria anunciada, que el gobierno argumenta con los consabidos engaños y mentiras como el que está diciendo de generar empleo cuando la verdad es el pago del cuantioso servicio de la deuda de los próximos años, es de enfoque neoliberal. Es decir, basada en impuestos indirectos, que gravan más a los pobres, y exenciones a los ricos. Por supuesto, para que la propuesta pase en el trámite del Congreso, el gobierno tendrá que repartir mermelada de puestos y contratos a los congresistas, pues es bien sabido que estos personajes nunca votan gratis favorablemente un proyecto de ley.

Pero ese no es el único enfoque de política que existe. Sabemos que también está el enfoque socialdemócrata cuyas propuestas para una reforma tributaria que incremente los ingresos corrientes de la nación, son diferentes. En el caso colombiano, se trataría de acciones como las siguientes: volver a establecer el impuesto sobre el patrimonio que existía el siglo pasado; acabar con el cuento chimbo de la doble tributación que libra de impuestos a los propietarios con el argumento de que las empresas ya pagaron; hacer que las empresas de minería paguen impuesto a la renta, que no tributan con el argumento de que pagan regalías, sin considerar que son dos cosas diferentes; eliminar los tratamientos privilegiados a las multinacionales extranjeras; cobrar impuestos justos y equitativos por la remesa de utilidades para el exterior; cobrar aranceles a la importación de productos elaborados en el país por empresas nacionales; pero sobre todo, cobrarle impuesto de renta a los verdaderos ricos, que hoy son los capitalistas rentistas de todo el mundo, agrupados en los fondos de inversión, los especuladores internacionales del dinero, que ahora les llaman inversionistas y que con el sometimiento que han hecho al Estado, son los verdaderos causantes de la crisis fiscal que viven casi todos los países del mundo occidental. Ah, y que Carrasquilla pague impuestos por el dinero que tiene clandestinamente en Panamá.

Es apenas lógico que, si el Estado quiere aumentar sus ingresos por la vía tributaria sin acudir a la fórmula de emisión de dinero, que fue la que le dio la magnitud al Poder de Estado durante dos siglos en época del Estado Moderno, debe acudir a quienes tienen plata; pues no habrá mucho que recoger buscando dinero donde no hay, como ocurrió con la reforma tributaria de Santos, que fue un fracaso porque no incrementó los ingresos corrientes del gobierno. Siempre se ha dicho que los negocios con pobres son malos, de modo que, además de los problemas sociales que ocasionará el enfoque neoliberal y los perjuicios en materia de reactivación económica derivados de la contracción de la demanda agregada por afectar el consumo final, no le proporcionará a las finanzas públicas, el aumento de ingresos esperado y la situación seguirá igual, mientras no cambie la estructura de financiamiento del Estado.

Por supuesto, para aplicar otro enfoque de política tributaria, tendría que haber ajustes en la estructura de financiamiento del Estado, que hoy es correspondiente al Consenso de Washington de 1989 y que se introdujo mediante la Ley 51 de 1990; lo cual significa, también, que debe haber cambios políticos que permitan orientar el funcionamiento del Estado con propósitos diferentes a los actuales, que consisten en colocar el organismo al servicio del capitalismo financiero internacional. Pero por ahora esto no será posible, por lo cual es perder el tiempo criticar la propuesta de Carrasquilla, que está en el cargo cumpliendo el cometido para el que fue nombrado y en concordancia con los intereses de quienes legalmente detentan el poder porque el pueblo colombiano así lo quiso y por lo tanto no hay forma de cambiar el enfoque de política tributaria.           

ORIGEN DE LA REFORMA TRIBUTARIA

El escándalo de los últimos días se generó por los anuncios del gobierno sobre la próxima reforma tributaria, que tendrá que llevar al Congreso y para su aprobación, aplicar los acostumbrados métodos de repartir mermelada mediante puestos, contratos y corrupción en general, reforma que es obligatoria por la imposición de los organismos multilaterales, en razón a las obligaciones derivadas del servicio de la deuda para los próximos años. El debate no está en que si se hace o no la reforma, sino en cuáles son las fuentes de ingreso que se utilizarán y los grupos sociales que se afectarán con las cargas tributarias.

La causa de fondo del problema fiscal es la estructura de financiamiento del Estado que desde 1990 es perversa, para favorecer el capitalismo rentista y que se instituyó radicalmente por la vía constitucional en 1991. Por ello la solución definitiva no es viable, por lo menos en el mediano plazo, y se tendrá que recurrir a las fórmulas ortodoxas de las reformas tributarias, que alivian la carga unos pocos años; y así se mantendrá la solución hasta que el modelo explote por su inviabilidad real. Por ahora simplemente se trata de hacer el debate si los recursos se le sacan a los pobres o se le cobran a los ricos.

Por aparte de la causa de fondo derivada de la estructura de financiamiento, está el principal motivo de la reforma originado en el servicio de la deuda pública. Para el año 2019, el gobierno tiene que pagar la bicoca de 51.8 billones de pesos para atender vencimientos de deuda que justamente, no las adquirió Santos sino Uribe, pues los títulos de Clase B se emiten, por lo general a más de ocho años de plazo. En 2020 la obligación será de 24.2 billones, en el 21 será de 30.9 billones y en el 22 será de 31.1 billones, según un informe publicado por el Ministerio de Hacienda sobre el Perfil de la Deuda Pública Colombiana.

Por otro lado, los ingresos susceptibles de canalizar para este pago tienen un comportamiento preocupante para los organismos multilaterales, que son los guardianes del servicio de la deuda y quienes desestabilizan presidentes cuando ellos no pagan cumplido, ya que en el año 2018 los ingresos corrientes, incluidas las privatizaciones, se estiman en 140 billones de pesos y para el 2019 se han presupuestado 144.7 billones. O sea que mientras las obligaciones por pagar se han de incrementar en 133 %, los ingresos disponibles para el pago solo se van a aumentar en 3.3 %. Según el informe del Ministerio, en 2018, las obligaciones por pagar eran de 22.3 billones.

Es el absurdo del mecanismo de financiamiento, de abrir un hueco para tapar otro, lo que hace que cada ministro se limite a colocar títulos de deuda en los mercados de capitales, con fecha de vencimiento de modo que le toque a futuros gobiernos pagar; y  por ello, estos deben recurrir a soluciones como la de reforma tributaria. Lo otro es el debate si para el efecto se les cobra impuestos a los ricos, o a los pobres como el caso que se anuncia para la próxima reforma, que no es sorprendente porque eso se advirtió suficientemente en época de la campaña electoral. Aquí solo se trata de ver con claridad el origen de la reforma tributaria.

EL ENFOQUE TERRITORIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL PACÍFICO COLOMBIANO

La planificación es un tema que cogió fuerza en la segunda mitad del siglo pasado y durante ese período se han hecho diversos planteamientos y modificaciones en las esferas institucionales y académicas, los más fuertes, después de 1980, cuando el sistema económico mundial introdujo cambios profundos en sus estructuras y en la manera de relacionarse con el Estado. El tema del método ha sido aspecto importante y las reflexiones conceptuales orientadas a la construcción de una teoría de la planificación, han destacado la importancia de este factor en los ejercicios prácticos de la aplicación del instrumento para el diseño de rutas hacia objetivos de desarrollo. Por supuesto, Colombia no ha sido la excepción en el debate sobre el tema y también tiene experiencias destacadas iniciadas desde los años 20, cuando se definió un plan de obras de infraestructura principalmente de vías, y después de 1958 cuando vino la institucionalización con la creación del DNP (Departamento Nacional de Planeación) y con ello toda la historia que se conoce ampliamente.

En época del Presidente Belisario Betancur se lanzó el “Plan de desarrollo integral para la Costa Pacífica” (PLADEICOP) que se consideró como el primer esfuerzo institucional con el liderazgo de la CVC. En el gobierno de Cesar Gaviria se difundió el “Plan Pacífico” como “una nueva estrategia de desarrollo sostenible para la costa pacífica colombiana” según reza el Documento DNP-2589 de marzo de 1992. Mediante la ley del PND 2014-2018, la 1753 de 2015, se creó el fondo para el desarrollo del “Plan Todos Somos PAZcífico” administrado por el Ministerio de Hacienda, con el fin de financiar la atención de las necesidades más urgentes, el cual tenía como objetivo “Contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de la franja del Litoral Pacífico y disminuir las brechas existentes con respecto a la franja Andina del Pacífico colombiano y al resto del país.” Son tres esfuerzos institucionales de gran magnitud que se han realizado con el apoyo del Gobierno Nacional. Sin embargo, el estado general de la región sigue dejando insatisfacciones y no es atrevido afirmar que hoy la situación de descomposición social y de calidad de vida es igual o peor de la que se vivía en 1980, por lo cual es absolutamente necesario revivir la reflexión y el análisis sobre los procesos necesarios para mejorar las condiciones generales de vida que reinan en la región pacífica.

El primer punto que merece un examen es, si la franja del litoral se debe considerar como objeto de planificación de manera aislada del conjunto total de territorios que abarcan la territorialidad gubernativa, tal como se consideró en los ejercicios de planificación citados. Hoy, cuando pensamos en la zona pacífica, no solo nos referimos a la región homogénea del litoral, sino a los Departamentos de Chocó, Valle, Cauca y Nariño en su conjunto, con todas las interacciones económicas y sociales, que se realizan entre el litoral y la zona andina, aún en territorios donde no existe la comunicación carreteable como el departamento de Cauca. Si bien la delimitación político administrativa no coincide con los linderos regionales de homogeneidad natural, social y económica, los procesos institucionales y las relaciones de complementariedad según las especificidades de cada zona, justifican el tema de la reflexión, para que se tome el pacífico, desde el litoral marítimo hasta el cordón magistral de la cordillera central.

También es necesario pensar en cuál es el verdadero potencial franja pacífica. Si es únicamente el mar con sus riquezas y recursos, restándole importancia a los elementos continentales donde la biodiversidad y la riqueza turística ocupan lugar meritorio, o si también se consideran estos aspectos. Se piensa en la pesca y el transporte internacional, pero no se le brinda el justo valor a la fauna, la flora y el paisaje, que encierran factores de valioso aprovechamiento económico, ni tampoco a la potencialidad energética de las corrientes hídricas que drenan hacia el pacífico desde la cordillera occidental, ni a la dotación del subsuelo de esta cadena montañosa.

Otro tema que merece consideración se refiere al valor de la región en el contexto nacional, el cual ha constituido el principal argumento para justificar la intervención del Gobierno, según se deduce de los documentos institucionales de las políticas nacionales citadas anteriormente. La costumbre es destacar la importancia del litoral para el desarrollo nacional, lo que significa ubicar en primer lugar los intereses de los importadores y exportadores ubicados en la ciudad capital y de las empresas localizadas en el denominado Triángulo de Oro del viejo modelo industrialización del país, pasando a segundo plano, las verdaderas necesidades humanas de las comunidades asentadas a lo largo y ancho de la misma franja geográfica.

Hoy este aspecto se reviste de especial importancia si tenemos en cuenta el Punto 1 del acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera​ celebrado con el antiguo grupo guerrillero Farc, cuyo título es “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” y que se refiere, no a las prebendas y tratamientos que se le darán a los antiguos combatientes, sino a los procesos que el cumplimiento del acuerdo obliga para ejecutar en las zonas rurales del país y que probablemente servirán para sentar las bases de las condiciones favorables al clima de convivencia armónica y pacífica que tanto anhelamos los colombianos. En dicho acuerdo el gobierno se compromete a promover el cambio de enfoque en la gestión del desarrollo pasando del Enfoque Sectorial que tradicionalmente se ha aplicado en el país desde tiempos inmemoriales, a la introducción del Enfoque Territorial para el desarrollo rural, el cual ha tomado fuerza internacionalmente durante lo que va corrido del presente siglo.

Dice el documento de la CEPAL presentado en un evento realizado en Costa Rica en 2005, que “La persistencia de la pobreza rural y la necesidad de enfoques innovadores para su abordaje, cambios en la concepción del rol de la agricultura y de la agricultura familiar, la necesidad de un abordaje más holístico de los temas rurales, son algunos de los elementos que han marcado de manera importante este resurgimiento. Conceptos como agricultura ampliada, nueva ruralidad, territorialidad, servicios ambientales, cultura local, descentralización, gobernabilidad y cooperación local se han abierto paso en la literatura sobre desarrollo rural y están haciendo sentir su influencia en el pensamiento de muchos gobiernos y agencias de desarrollo.”

Por su parte, se anota en el acuerdo suscrito con el grupo insurgente colombiano “que la RRI (Reforma Rural Integral) concibe el territorio rural como un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural, en el que las comunidades —hombres y mujeres— desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural” y más a delante afirma que “la RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono, a través de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, como instrumentos de reconciliación en el que todos sus actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento”, para terminar señalando que “los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque territorial, diferencial y de género que implica reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios, de las mujeres en todo su ciclo vital, de las comunidades rurales y de grupos en condiciones de vulnerabilidad , garantizando la sostenibilidad socio-ambiental”.

Entonces, en razón al citado acuerdo, el país se coloca a tono con los procesos que desde los años noventa se vienen considerando para abordar el desarrollo rural en Latinoamérica, como son los ejercicios realizados por el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) con la cooperación de la GTZ (agencia de cooperación alemana) en Centroamérica, las iniciativas realizadas en quince Estados del nordeste y norte del Brasil, el trabajo en Colombia realizado con la colaboración de la Corporación Latinoamericana Misión Rural y el caso de desarrollo local en Ecuador, entre otros. Ahora, nos toca examinar las condiciones para aplicar dicho enfoque en el caso colombiano, aprovechando las enseñanzas resultantes de la experiencia del sur del departamento del Tolima cuyo informe final fue presentado en diciembre de 2009, y particularmente, examinar las condiciones para su aplicación en la zona pacífica, vista no solamente como el litoral, sino como los territorios que hacen parte de la región político-administrativa que ya se señaló.

Una mirada rápida efectuada con sentido académico por estudiantes de la Maestría en Administración Pública de la ESAP en el municipio de Jamundí durante los años 2016 y 2017, permite sacar algunas conclusiones de primera mano, que muestran aspectos interesantes para la aplicación del Enfoque Territorial, donde el papel del Concejo Municipal no debe dejarse de lado, pero ante todo, destaca la necesidad de introducir reformas legales para ajustar funciones y competencias de esta corporación administrativa, a los retos históricos que las circunstancias actuales le han impuesto al ordenamiento institucional del país.

Según las conclusiones de los estudiantes, cuatro objetos de análisis se deben considerar para la implementación del Enfoque Territorial, de modo que se trascienda y vaya más allá de lo que hasta ahora ha realizado el Gobierno a través de la Agencia de Renovación Territorial (ART), organismo creado para tal efecto. Dicha entidad, actuado con la premura del tiempo y seguramente afrontando las dificultades propias del despegue de un proceso, se concentró en la expedición de normas jurídicas, todas pertinentes y necesarias para establecer el piso legal, pero con alcances limitados en materia de gestión pública, cuyo enfoque contemporáneo recomienda ir más allá de la simple normatividad legal, considerando que la norma, por sí sola, no dinamiza los procesos sociales, económicos e institucionales necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

Uno de los aspectos a considerar, es el relacionado con el ordenamiento territorial. Se conoce que en el campo académico existen cerca de una decena de enfoques teóricos sobre esta materia pero, considerando el predominio de las leyes, la obligación es la de adoptar los conceptos asociados a la norma del artículo 5 de la Ley 388 de 1997, donde se aprecia que el ordenamiento territorial municipal se refiere al acondicionamiento del espacio, según los requerimientos que sobre la dimensión territorial, exigen las estrategias económica y social formuladas para lograr los objetivos de desarrollo y todo sometido a los limitantes que imponen las condiciones ambientales y características culturales de identidad y tradición. De ahí surge la pregunta de si al formular Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, se crean determinantes particulares en los procesos económicos y sociales que contienen requerimientos especiales en materia de espacio y territorio, para que el ordenamiento territorial brinde la respuesta pertinente y consecuente a dicho enfoque, el cual es integral y suprasectorial. Sería interesante considerar la propuesta de Orlando Fals Borda presentada en 1997, cuando dice que “En las circunstancias del conflicto armado y para llegar a su alivio o solución, la contribución principal del ordenamiento territorial es la de indicar cómo construir o reconstruir espacios sociogeográficos y administrativos bien determinados donde, como en los casos recientes de conversión de corregimientos en municipios, se siga expresando libremente la voluntad de la sociedad civil como poder autónomo o gobierno popular”.

Si el sentido del Enfoque Territorial es el de formular políticas de abajo hacia arriba (Bottom-Up) y si el propósito es el de propiciar el desarrollo humano integral, el punto de partida en el proceso, son las necesidades humanas de la misma población y la forma de satisfacerlas. Esto implica que los satisfactores de las necesidades, las acciones y medios para llegar a su satisfacción, deben responder a las aspiraciones de las mismas comunidades, y deben ser definidos con base en su propia cultura. Pero, el interrogante que surge después de examinar el trabajo de campo ya citado, es, si la disposición de los agentes comunitarios, o si las comunidades están acondicionadas para realizar este ejercicio. La costumbre del enfoque sectorial tradicional es que los programas se diseñan de arriba hacia abajo (Top-Down) y la población simplemente se limita a recibir lo que las entidades le brinden de manera unilateral. Por ello, es necesario adelantar una fase inicial de educación ciudadana, donde haya creatividad e iniciativa de parte de los actores sociales, para identificar las características que debe tener la oferta institucional y a partir de la tradición y la identidad territorial, definir mecanismos, acciones y canales de oferta para llegar a la población. Tal como están hoy las condiciones mentales de las comunidades, será muy difícil lograr la creatividad y el ingenio necesario para definir herramientas institucionales innovativas que correspondan de manera pertinente a su propia cultura.

Un tercer elemento de análisis se refiere al enfoque de la gestión pública, que en este caso es relevante en los niveles territoriales principalmente el municipal. Si bien es cierto que desde hace más de un cuarto de siglo Colombia adelanta la trasformación del Estado, pasando del Modelo Burocrático al Modelo Gerencial que es más pertinente para ajustarse a los cambios, de todas maneras, el ordenamiento institucional que hoy existe es de carácter sectorial y así mismo están concebidos los instrumentos fiscales. Dar un saldo intempestivo para realizar la gestión pública desde las administraciones municipales aplicando el Enfoque Territorial sin antes realizar los acondicionamientos estructurales y operativos, no es razonable. Por ello, se requiere identificar los aspectos inherentes a la administración municipal que sea necesario ajustar, para que la función administrativa sea más adecuada a la dinamización y rectoría de los procesos económicos y sociales con el nuevo enfoque que se pretende implementar, el cual es de carácter holístico y suprasectorial.

Finalmente, el tema que más interesa en este escenario donde están presente las corporaciones administrativas municipales, se refiere a la Democracia Participativa y a la Descentralización Política, dos conceptos estrechamente ligados, que se han discutido muchas veces en escenarios académicos e institucionales, pero que en la realidad de la organización social y las relaciones Estado-Sociedad, aún no alcanzan las características suficientes para lograr la finalidad consagrada en la Constitución Política y reconocida como indispensable para avanzar hacia los objetivos de desarrollo.

La Democracia Participativa va más allá de la simple concurrencia a las urnas para elegir gobernantes y legisladores. Esa era la pauta de la vieja Democracia Representativa, pero no es suficiente para aplicar el espíritu de la norma constitucional, el cual requiere que haya intervención de los actores sociales en los tres procesos de gestión pública, planificación, ejecución y control, de igual a igual con los organismos del Estado. La Democracia Participativa es un cambio en las relaciones Estado-Sociedad, donde las relaciones sean horizontales y de doble vía, mediante mecanismos de concertación donde se apliquen los patrones de la gobernanza para avanzar hacia los objetivos de desarrollo.

Surge entonces la pregunta de sí la comunidad está sensibilizada, motivada, capacitada, preparada, pero, sobre todo, organizada adecuadamente para entrar en la concertación de políticas públicas; y si hoy existen los escenarios y mecanismo adecuados para ejercer la gobernanza, los cuales cuentan, sí, con el piso jurídico necesario, pero, como se anotó anteriormente, la sola base legal no es suficiente para dinamizar procesos de gestión pública.

El otro interrogante es sobre los puentes o elementos de contacto entre el Estado y la Sociedad, para que la participación en los procesos de gestión no se convierta en una montonera anarquizada que rompa los principios técnicos de la Co-gestión con responsabilidad compartida entre estas dos fuerzas sociales. La pregunta es: por cuál conducto entre los dos actores, que exista hoy, se puede canalizar la comunicación de doble vía entre el Estado y la sociedad civil, si lo que vemos es una sociedad atomizada, dispersa y sufriendo un profundo grado de conflicto y confrontación, sin la cohesión necesaria para sentarse de igual a igual a concertar con el Estado. Igualmente, dónde está el liderazgo obligado para la conducción de los procesos sociales.

Y sobre la descentralización política también hay bastantes temas de reflexión. El país viene hablando ya hace tres decenios sobre la descentralización administrativa y varias normas jurídicas de alcance constitucional y legal se han implementado en esta materia, aunque, muchas de esas normas se han quedado en el papel; porque lo que vemos es que cada día más, el centralismo bogotano castra las iniciativas administrativas de las entidades territoriales, aunque también cada vez les traslada responsabilidades sin los correspondientes recursos de financiamiento que son necesarios.

Pero más que la descentralización administrativa, el enfoque territorial del que veníamos hablando, necesita la descentralización política, entendida esta como el empoderamiento de las comunidades locales para tomar las decisiones necesarias a la construcción de su propio futuro, en correspondencia con sus verdaderas necesidades y bajo el respeto de su propia cultura e identidad.

Aquí, el interrogante principal se refiere al cómo lograr el fortalecimiento de las comunidades para el ejercicio de la participación real y la democracia participativa en la gestión de su desarrollo, si, como lo anotamos arriba, la comunidad no está debidamente preparada. Es necesario adoptar un mecanismo que permita suplir las deficiencias organizacionales, operativas y técnicas de las comunidades, porque, de todas maneras, el propósito de la descentralización política es necesario para el país. Esto significa que es ahí, donde tenemos que fijar la mirada e indagar en la actual dotación institucional la viabilidad del instrumento.

La invitación, por lo tanto, es a la reflexión sobre el papel y los alcances del Concejo Municipal en las actuales circunstancias que vive el país y ante las necesidades en materia de construcción de convivencia armónica, de los cambios de enfoque en la gestión pública, del liderazgo social y del empoderamiento de las comunidades locales. El Concejo Municipal hoy tiene dos procesos misionales, ambos ubicados en el costado que lo articula con el gobierno municipal, pero tiene un faltante jurídico que crea un vació en el costado que debe articular la corporación con las organizaciones sociales, para que se convierta en el “cordón umbilical” a través del cual se canalicen las interacciones Estado-Sociedad para la construcción del nuevo país que la ciudadanía está esperando y ambicionando.

PONENCIA PRESENTADA EN EL III CONGRESO DE CONCEJALES DEL PACIFICO ORGANIZADO POR FEDECON PACÍFICO EN AGOSTO DE 2018