TERRORISMO CON EL DESEMPLEO

 Uno de las mayores vergüenzas que padecen los neoliberales, después de la pobreza extrema, es el desempleo del factor trabajo, porque en un país subdesarrollado, sin capital ni tecnología, las políticas macroeconómicas de estabilidad monetaria o freno a la inflación, por lo general generan desempleo principalmente de la fuerza de trabajo, política ésta, que ellos propician para efecto de no arriesgar la colocación del capital especulativo, que casi siempre lo hacen en papeles de renta fija, por lo que la inflación afecta la rentabilidad de su portafolio. 

De la misma manera, siempre están a la defensiva sobre este tema, porque el empleo de mano de obra, es el puente entre el componente económico de una sociedad y su componente social, así que por esta vía es por donde se transmite la pobreza que afecta a las familias y con ello, sumado a la ideología de la postmodernidad que sustenta el capitalismo postindustrial, se disemina en el conglomerado humano la descomposición social y la desintegración familiar.  

Por ello, la defensa del capitalismo rentista, organizado alrededor de los fondos de inversión y en el corazón del sistema bancario, se realiza siempre utilizando la amenaza del desempleo para proteger sus intereses y que no les vayan a tocar su establecimiento. En concordancia, han inventado unos argumentos conceptuales falsos sobre el tema del empleo, llegando siempre a la conclusión de que cualquier intento por desmontar sus privilegios produce desempleo, como el caso presente, cuando la propuesta de reforma laboral favorece a los intereses de la clase trabajadora y que obliga a remunerar más equitativamente el factor trabajo.  

El Banco de la República, que es un agente protector del sistema bancario global, que obedece al Banco de Pagos Internacional (BPI) y opera mediante las reglas de los acuerdos de Basilea, publicó un artículo, que no es un estudio científico, sino un escrito especulativo, donde anuncia, con sentido amenazante y tratando de crear pánico, que la reforma laboral ocasionará la pérdida de 450 mil puestos de trabajo. 

El banco central colombiano, igual que otros 60 bancos similares del mundo, que no responde a los intereses de la economía nacional, sino que, bajo una supuesta y falsa autonomía, sirve de rodillas a los intereses del capitalismo financiero internacional, en su calidad de agente de los intereses financieros globales utiliza el paradigma neoliberal en sus conceptos y su doctrina sobre el empleo, que no corresponden con fidelidad a los hechos demostrados en la historia económica mundial. Según los neoliberales, el empleo o desempleo, depende de la oferta y no de la demanda, como se ha demostrado históricamente. Cuando se produce el desempleo, es porque la demanda agregada se ha contraído, independientemente de la situación de la oferta. 

Los puestos de trabajo se crean independientemente de los costos que debe cubrir el empresario. Si éste tiene ventas, para atender los pedidos de sus clientes engancha personal a cualquier costo; pero si no, así se le reduzcan todos sus costos, no crea puestos de trabajo porque no tienen a quien vender. Esa es la realidad del mercado. Pero los neoliberales han creado una teoría de que el empleo se crea si los costos del empresario bajan y no han logrado demostrar con hechos la veracidad de ese postulado.

Lo que ocurre es que la preocupación de los capitalistas especuladores es el aumento de la cantidad de dinero en manos de la gente para hacer compras, porque, como la oferta no responde al mismo ritmo, les da temor que suban los precios y para ellos la inflación es su peor enemigo.  Pero su teoría sobre el empleo no ha sido posible demostrarla por lo cual el documento publicado en contra de la reforma laboral no es otra cosa que el ya consabido y tradicional terrorismo con el desempleo.

SE ENREDÓ MÁS LA MADEJA

 Desde 1991 se viene diciendo que el Estado se está transformando y que se sale del modelo burocrático para meterse en el modelo gerencial, destacando que dicho cambio se hace para cumplir el espíritu de la Constitución Política. Efectivamente, en estos treinta años el Congreso ha expedido varias leyes en ese sentido, es decir, creando el piso jurídico para construir la transformación, ya que, en un Estado de derecho, solo se puede hacer lo que la ley permite. 

Sin embargo, otros fenómenos se observan en la vida real, por cuanto existen factores estructurales que impiden o retardan la transformación, que llaman modernización, pero que, realmente, es una postmodernización del Estado. Entre esas barreras está el régimen político con sus sistemas imperantes, que impone limitaciones al logro de la viabilidad real del modelo de Estado Gerencial. Los reductos del modelo burocrático son más pesados que los propósitos de cambio y con ello se crea una confusión donde confluyen los conceptos de gerencia pública, las normas jurídicas, la operación del servicio civil, la actitud del funcionariado y las acciones cotidianas de la administración pública. 

De acuerdo a conceptos de carácter gerencial, las organizaciones deben soportarse en un sistema de procesos que están clasificados según el papel de cada uno en el engranaje de la organización y en este complejo, el todo en su conjunto, requiere del direccionamiento estratégico que señala la ruta por donde debe marchar la totalidad de la organización, hacia el horizonte definido con base en los fines organizacionales. Entonces se deduce que, si el Estado es de carácter gerencial, el organismo debe adoptar los patrones operativos que recomienda el marco conceptual. 

Pero en la vida real no es así. Los fundamentos, algunos con antigüedad mayor a dos mil años, los intereses creados por las élites para su beneficio, la baja efectividad de los procesos institucionales y la resistencia al cambio que predomina en la ideología, son fuertes factores para complejizar más el conjunto y generar todo tipo de interpretaciones, posturas y planteamientos que en lugar de converger, propician la divergencia y con ello un escenario de conflicto. 

La separación de poderes públicos tiene origen en la antigua democracia griega, cuando la clase explotada, los esclavos, no se consideraban parte de la sociedad y la ciudadanía se preocupaba por la concentración del poder en un solo órgano y la necesidad de realizar la vigilancia mutua de unos con otros, para evitar el desborde en el ejercicio del poder, en lo que hoy se llama control político. Todos se vigilaban entre todos. Pero más adelante en la historia se crea el Estado Moderno que adopta por similitud el esquema de la división de poderes y mantiene el control político entre el legislativo y el ejecutivo; pero parece, según lo vemos hoy, que el poder judicial pretende ser omnímodo, como en la época del absolutismo, yendo en contravía de los fundamentos históricos de la democracia y de los principios de la organización gerencial que se pretende para el Estado contemporáneo.

Se complica con ello el entendimiento sobre qué es lo que debe existir en la realidad; o es que existe un vacío constitucional que no permite examinar con claridad el ordenamiento institucional y el direccionamiento jurídico. Así, se afecta la intención de que el Estado sea una respuesta pertinente a la realidad histórica y lo que está ocurriendo es que se enredó más la madeja.